La presidenta de la CNSC, Luz Amparo Cardoso, afirmó a los congresistas que esa entidad sí garantiza con transparencia los procesos de selección de las personas que participan en las convocatorias para los cargos de empleo público.

Bogotá D.C. septiembre 02 de 2019 (Prensa Senado). La Comisión Séptima de Senado citó a debate de control político a la presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Luz Amparo Cardoso, para que rindiera informe sobre los dos primeros trimestres del presente año de esa entidad.

La funcionaria de la CNSC habló sobre las competencias de la entidad, en los procesos de selección y convocatorias, para quienes aspiren al empleo público. Luz Amparo manifiestó que, en las convocatorias del primer semestre de este año, había 222.349 vacantes y 10.952 mil ofertas laborales.

También indicó que con el aplicativo SIMO, que es el Sistema de Apoyo, para la Igualdad en Merito y la Oportunidad, es un sistema que permite evaluar el funcionamiento de la carrera administrativa en Colombia. Añadió que, en los mayores niveles jerárquicos, que buscan empleo en el sector público son los profesionales 558.412 personas registradas, lo asistencial con 242,825 y en el nivel técnico 179.989, todos entre los 22 y 28 años de edad son los rangos que se registran.

Agregó que la evaluación del desempeño es una herramienta para medir y determinar la permanencia en el empleo público, para determinar si los funcionarios se ajustan a los objetivos de la entidad donde labora, agregando valor a los metas institucionales.

Sostuvo que con la implementación del aplicativo se encuentran registrados 92.300 funcionarios de carrera Administrativa y 7.100 funcionarios están en periodo de prueba, con el fin de ser evaluados. Asimismo, señaló que la entidad creó un curso virtual para jueces y magistrados, con el mismo sistema. Al finalizar la Presidenta de la CNSC expresó que actualmente tienen una planta de personal de 83 funcionarios y se requieren 140 personas, esa es la planta aprobada, pero no está provista, por no contar con presupuesto y 174 contratista quienes apoyan en la labor misional.

Por su parte, la senadora Laura Fortich (Partido Liberal) solicitó a la Presidenta no crear falsas expectativas, a quienes aspiran a las vacantes ofertadas, igualmente preguntó sobre la participación de las personas en condición de discapacidad.

Entre tanto, el senador Alberto Castilla apuntó: “No se justifica que de las 1.726 tutelas presentadas a la entidad por los aspirantes, 1.303 son por una inconformidad. ¿Cómo se entiende esto?",  preguntó el congresista.

El senador Aulo Polo (Alianza Verde) dentro de las observaciones hechas manifestó que los procesos para los concursos de la CNSC, son muy lentos. Dijo que esa entidad no tiene en cuenta los ascensos de los funcionarios de carrera administrativa y que no se evidencia la aplicación de la Ley del primer empleo. "Esta es un instrumento para la estabilidad laboral de los colombianos".

Ante los cuestionamientos hechos por los congresistas, la funcionaria del CNSC aseguró que sí existen garantías, para que las personas interesadas participen en las convocatorias.

 Se mantienen los contralores territoriales, quienes serían elegidos por concurso de méritos, único y nacional, conforme a lo acordado en la reforma al control fiscal, que pasa a estudio de la plenaria, en último y octavo debate.

Bogotá D.C., septiembre 02 de 2019 (Prensa Senado). Tras ocho horas de discusión, la Comisión Primera aprobó hoy, en séptimo debate, el proyecto de acto legislativo que reforma el sistema de control fiscal del país y otorga al Contralor General de la República la función excepcional de control preventivo y concomitante, facultad que puede ser encomendada a los contralores territoriales o sus delegados, pero en materias específicas.

Luego de una prolongada controversia, que ocupó buena parte de la sesión y en la se escucharon diversas proposiciones a favor y en contra, esa célula legislativa acordó mantener las contralorías territoriales, cuyos titulares serán elegidos, con base en un concurso de méritos, único y nacional, con el fin de evitar que haya interferencia de las autoridades departamentales y municipales.

Igualmente se decidió avalar que el período de los contralores territoriales será de cuatro años y no coincidirán en su elección con los alcaldes y gobernadores.

Los aspirantes al cargo de contralores municipales y departamentales, no podrán haberse desempañado un año antes de su elección como miembros de los concejos municipales, ni de las asambleas departamentales, ni haber ocupado un cargo público en la rama Ejecutiva.

Los senadores también dispusieron que en un término no superior a un año se fortalecerán los presupuestos de las Contralorías.

Elección del Contralor

También se convino que el Contralor General será elegido por concurso de méritos, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, par-ticipación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años. No podrá ser reelegido, ni tampoco haber sido miembro del Congreso, ni tener investigaciones en su contra.

Por ocho horas, la Comisión Primera debatió ampliamente esa reforma constitucional, que pasó a estudio de la plenaria del Senado, en un último debate de la segunda vuelta.

El citado control fiscal será preventivo, concomitante, posterior y selectivo, como lo propuso el senador ponente, Roy Barreras.

En medio de la discusión, el contralor general, Carlos Córdoba, pidió autonomía presupuestal, ya que, según dijo, la entidad cuenta con unos recursos de 570 mil millones de pesos, 200 mil millones menos que el presupuesto de la Procuraduría. “No hay un solo auditor médico para vigilar la salud de los colombianos. Tenemos solo un ingeniero de petróleos. Buscamos tener independencia económica. Esperamos tener las tecnologías del siglo XXI y ayudar a que los recursos públicos no se pierdan”.

Seguidamente tomó la palabra la senadora Angélica Lozano, quien dijo que el Contralor ha generado un buen número de contratos en lo que lleva en su cargo, cuyas cifras han superado la contratación de los años 2016, 2017 y 2018.

Por su parte, el senador Fabio Amín resaltó que la Contraloría General tiene 10.223 sujetos a vigilar, con menos de 4.170 empleados de ese ente de control y que por ello era peligroso aplazar la reforma a la Contraloría.

También se aprobó el artículo que dice que la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría Ge¬neral de la República y de todas las contralorías territoriales se ejer¬cerá por el Auditor General de la República, elegido por el Con¬sejo de Estado mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, par¬ticipación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años.

Precisamente, durante el debate intervino el auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien afirmó que se aprobaron 5.137 auditorías para 6.905 entidades y que falta auditar un buen número de organismos y que es necesario que el marco normativo y jurisprudencial amplíe el campo de acción de la Auditoria y sus competencias frente al pronunciamiento de fondo sobre el ejercicio auditor realizado por las Contralorías y que sería bueno revisar la función que cumplen algunas contralorías, en especial las territoriales.

En medio del debate y antes de votarse el articulado, el senador Alexander López había dicho que en el país no hay herramientas precisas que permitan medir con exactitud la magnitud de la corrupción.

Ese comentario fue secundado por su colega Gustavo Petro, quien afirmó que Colombia es considerado uno de los países más corrupto del mundo. Según un informe que comentó, el primer país más corrupto es Nigeria, el segundo Irak y el tercero Colombia.

Agregó que el proyecto busca el establecimiento administrativo, pero no contribuye mucho a combatir la corrupción.

En medio de la discusión, la senadora Angélica Lozano anunció que demandará dicho proyecto de acto legislativo ante la Corte Constitucional, al considerar que va en contravía de principios rectores de la Carta Fundamental.

En medio del debate, el senador Rodrigo Lara, quien al comienzo del debate no fue muy partidario del control preventivo y concomitante de la Contraloría, afirmó que en ocasiones se intervienen empresas que funcionan bien, como ha ocurrido con algunas entidades de salud.

Senador Roosevelt Rodríguez siempre se mostró amigo de que el control preventivo y concomitante deberán realizarlo también los contralores territoriales.

A la sesiòn concurrieron también presidentes de importantes gremios económicos, quienes respaldaron los alcances de esa iniciativa.

Rechazan asesinato en Cauca

Al inicio de la sesión, el senador Temístocles Ortega rechazó los hechos ocurridos anoche en Suárez, Cauca, donde fue asesinada la candidata a la Alcaldía de ese municipio. Al pronunciamiento de rechazo se unió la senadora Paloma Valencia, quien llamó la atención de lo que está pasando en esa región con el tema de la que llamó minería criminal y dijo que el oro hoy vale más que la coca.
Otros senadores como Julián Gallo también se refiere al tema y pidió al gobierno avanzar en acuerdos de paz, para que de esa forma pueda el Estado hacer presencia en ese departamento.