Explicamos qué es esta justicia especializada, sus hitos clave y la puja política en el Congreso a pocas semanas de vencerse el plazo para su aprobación.
Por: Catalina Silva
Bogotá D. C, 15 de mayo de 2026 (Prensa Senado)
El Senado de la República avanza contrarreloj en el debate del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria. Presentamos una guía práctica para entender qué está en juego en el Legislativo.
1. ¿Qué es y para qué sirve?
Es una rama especializada del poder judicial para resolver, de forma rápida y exclusiva, los conflictos sobre la propiedad, uso y posesión de tierras rurales en Colombia.
Sirve para que los habitantes del campo cuenten con jueces técnicos que entiendan la realidad rural, permitiendo solucionar disputas con seguridad jurídica.
2. Hitos clave: ¿Cómo llegamos aquí?
● 1989: Se hace un primer intento (Decreto 2303), pero los despachos agrarios terminan absorbidos por juzgados civiles comunes.
● 2016: La creación de esta jurisdicción se firma como un compromiso estatal en el Acuerdo de Paz.
● Junio de 2023: El Congreso aprueba el Acto Legislativo 03 y eleva la Jurisdicción Agraria a rango constitucional.
● Marzo de 2026: Se sanciona la Ley Estatutaria 2570, definiendo la estructura de juzgados y tribunales.
● Mayo de 2026 (Actualidad): Se tramita la ley procedimental, que es el "manual de instrucciones" indispensable para que la jurisdicción pueda operar.
3. ¿Cuáles son los puntos de conflicto?
● La postura de la Oposición: Partidos de la oposición advierten que las facultades otorgadas a los jueces y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre terrenos baldíos podrían vulnerar la propiedad privada o abrir la puerta a expropiaciones.
● La postura del Gobierno: Partidos de gobiernos y sus aliados argumentan que dilatar el proyecto perpetúa la informalidad de más de 6 millones de folios inmobiliarios sin títulos y frena los derechos del campesinado.
4. La fecha límite: ¿Qué pasa si no se aprueba?
El Congreso tiene como plazo máximo el 20 de junio de 2026. Si el proyecto no se vota antes de esa fecha, se archivará automáticamente.
Esto obligaría a reiniciar todo el trámite desde cero el próximo año, dejando a los jueces agrarios que ya fueron nombrados por la Judicatura sin un código legal para operar.
Para evitarlo, el Gobierno mantiene activos sus mensajes de urgencia e insistencia para que el proyecto tenga prelación absoluta en el orden del día.