El proyecto de ley busca crear la Política Pública de Cárceles Productivas en favor de la población privada de la libertad, la cual propiciará, incentivará y promoverá la participación del sector público y privado en los procesos de resocialización, rehabilitación y reinserción social de estas personas.
Bogotá D.C., noviembre 17 de 2022. Este martes 22 de noviembre, a las 10:00 a.m., el senador Gustavo Moreno Hurtado radicará en la Secretaría General del Senado de la República el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se crea la Política Pública de Cárceles Productivas (PCP) en favor de la población privada de la libertad, se establecen incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios y se dictan otras disposiciones”.
En Colombia uno de los grandes retos del sistema penitenciario y carcelario es buscar que se cumpla con la pena que se impone por la comisión de un delito y que los privados de la libertad logren un proceso de resocialización y rehabilitación que les permita transformar su reinserción social y evitar que reincidan en las prácticas delictivas.
Por lo anterior, la resocialización es de gran relevancia toda vez que es el proceso a través del cual se apela a un tratamiento humano a aquellos que se encuentran privados de la libertad, por lo que uno de los objetivos de este proyecto es fortalecer la resocialización al interior de los sistemas penitenciarios del país, con el fin de que las personas privadas de la libertad cuenten con espacios productivos de trabajo, en el que participen de manera activa las organizaciones, empresas y entidades públicas y privadas.
Asimismo, se establece que la Nación y las entidades territoriales deben crear programas de cárceles productivas para que las personas privadas de la libertad elaboren, confeccionen y produzcan bienes comerciales, alimentos, artesanías, productos agrícolas, musicales y audiovisuales, entre otros.
Entre otros temas, este proyecto de ley establece que las personas privadas de la libertad tengan derecho a una remuneración por las labores o servicios que presten en las empresas u organizaciones que participen dentro de estos programas y que sea considerado como una experiencia laboral, además de redimir parte de la pena.