Grave crisis humanitaria en la Rehión del Catatumbo, cúcuta y su área metropolitana

Bogotá D.C., 4 de agosto de 2020 (Prensa s. Criselda Lobo).- La senadora Criselda Lobo, del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, junto a la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias Públicas del Honorable Senado de la República, convocó a una Audiencia pública en sesión formal a través de proposición radicada ante la Mesa Directiva de la corporación. Dicha Audiencia se llevó a cabo el lunes 3 de agosto del presente año, en la cual el tema abordado fue Problemas de seguridad, desplazamiento y violencia que recaen sobre la región del Catatumbo.

La sesión contó con la presencia de Silvano Serrano Guerrero, gobernador de Norte de Santander; Jairo Yáñez Rodríguez, alcalde de la ciudad de Cúcuta, Juan Carlos Jácome, alcalde de Abrego y Presidente de Asomunicipios. Contó también con la presencia de del Vicedefensor del pueblo, Jorge Calero, Arnault Serra-Horguelin, como representante de la Misión ONU Colombia y el delegado de Nacionales Unidas para la Verificación del Proceso de Paz, Raúl Rosende y por parte de la Institucionalidad del Estado  hicieron presencia: El coronel John Arango, director de DDHH del Ministerio de Defensa; el teniente coronel Alejandro Castro; Michel Guerrero, coordinador de Seguridad y Protección de población Vulnerable de la Alta Consejería de DD.HH.; Ricardo Arias, director de DD.HH. del Ministerio de Interior,y Fabio Parra, director de seguridad y convivencia del Ministerio de Interior.

La intención de la Audiencia fue escuchar a representantes, líderes y lideresas de diversas organizaciones sociales que asistieron y realizaron denuncias sobre temas vienen preocupando a las comunidades tales como: El recrudecimiento del conflicto armado, violación sistemática de los DDHH, Aplicación Ley 1448/2011, garantías de protección a las comunidades afectadas y la implementación del punto 3.4.4 del Acuerdo Final de Paz, para impulsar una ruta concreta de acciones que permitan llevar control político de la gestión que implemente el Gobierno Nacional y la institucionalidad ante esta grave crisis en la región.

Las denuncias más preocupantes y que deben poner en alerta a las instituciones competentes y al Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque, son las que refieren a la grave situación de desplazamiento en que se encuentran las comunidades en zonas rurales del Departamento, debido al accionar de los actores armados y a las omisiones de las autoridades. Los líderes y lideresas piden que las familias desplazadas sean atendidas de manera integral, conforme a lo dispuesto en la ley 448 de 2011, que se les brinde seguridad y protocolos humanitarios que permitan su retorno y permanencia en el territorio.

También preocupan las denuncias sobre las acciones violentas por parte de la Fuerza Pública contra los campesinos, las organizaciones exigen también que las FFMM respondan por la omisión de sus responsabilidades ante el contexto criminal que se vive contra la población civil. Se sigue exigiendo desde los territorios la evaluación de la crisis de DDHH en el Departamento y de las acciones de la Fuerza Pública y la Fiscalía contra organizaciones criminales y paramilitares, donde se recomiende acciones para hacer efectivo el desmonte de las bandas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, definidas en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz.

Se evidenció la falta de presencia estatal en el territorio, no hay acciones reales ante los hechos y las denuncias que rodea dicha crisis, situación que viene preocupando a la Comisión de DDHH, pues continúa el incumplimiento por parte de la instituciones a políticas acordadas como el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), por el contrario se insiste en la erradicación forzada, que aparte  de no ser una práctica productiva para acabar con los cultivos, termina en enfrentamientos entre las
comunidades y la Fuerza Pública, por lo que también se exige en particular, que el PNIS sea ejecutado en todos los municipios afectados por el conflicto armado y tienen presencia de cultivos ilícitos.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República dará trámite efectivo ante las entidades competentes sobre las denuncias radicadas en dicha sesión. Adicionalmente, la Senadora Criselda Lobo hizo un llamado a la institucionalidad y al Gobierno Nacional a atender de manera integral a estas comunidades que hoy siguen padeciendo las consecuencias de la guerra y del olvido estatal. La Senadora también propuso en esta sesión la creación de una mesa de trabajo que permita junto a las comunidades y las organizaciones sociales hacer una ruta para buscar salidas que salvaguarden los derechos humanos y la integridad en la región del Catatumbo.