Santa Marta, 12 de mayo de 2020 (Columna del s. Fabián Castillo).- Aunque se esperaría que la emergencia por la COVID-19, al ser el reto más grande de los tiempos recientes en la atención en salud, ratifique la necesidad de más eficiencia y menos politización de la toma de decisiones públicas, la ideología y el actuar político nublan la razón de algunos actores, además ponen en evidencia el rol poco eficaz de las autoridades. Por un lado, si dejan que los recursos se sigan desangrando entre los hospitales públicos y las EPS, se les acusa de incapaces o corruptos, pero, si deciden intervenir, serán acusados de exagerar las medidas y estar guiados por intereses políticos y no por datos técnicos.
En primer lugar, es incomprensible la postura asumida por el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, que además de irresponsable es temerosa con su propia salud y la de las personas que presenciaban su espectáculo para nada adecuado en el actuar de una máxima autoridad departamental. Es increíble no solo ver la forma como se pone en peligro la vida de las personas presentes entre funcionarios y representantes de los medios de comunicación, sino también la forma irrespetuosa con la que increpa a otro funcionario público y algunos miembros de la prensa a quienes se convocan bajo condiciones de riesgo sanitario y para no responder sus preguntas, ante una intervención a todas luces necesaria pues el mismo reconoce y denuncia que el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche está en deplorables condiciones.
No se entiende como el Gobernador argumenta que es una arbitrariedad no anunciada con anterioridad, ignorando el procedimiento legal que impide tal aviso -y si se pudiera hacerlo ¿para qué avisar? ¿Hay algo que ocultar? - además no se entiende como controvierte la decisión contra dicha institución que pone en riesgo la salud de los samarios y magdalenenses, más aún cuando los datos de contagio han demostrado que no se han tomado las muestras necesarias y la taza de contagios es alta, por lo que se espera un incremento de las hospitalizaciones. Es solo mezquindad preocuparse por quien maneja dicha entidad y no por la salud de las personas.
Ahora bien, aclaremos que tampoco es persecución política pues el Hospital hace parte de ese 60% de instituciones públicas que tienen serios problemas financieros y es también una más junto al Hospital Regional de San Marcos (Sucre), el Hospital Sandiego de Cereté (Córdoba) y el Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas), de las entidades de salud que fueron intervenidas durante el trascurso de esta pandemia, y que ahora también se unen hacen al grupo de 10 que el mismo Superintendente había anunciado, tenía sobre la lupa desde mes de enero de este año.
A todas luces, no hay ninguna persecución política y es una medida más que justa, necesaria, pues aunque se considere abrupta la forma en que se hizo, es hora de que el departamento, el distrito de Santa Marta y su red pública se pongan en sintonía con las transformaciones que desde el sector se han venido impulsado desde hace unos dos años, en sinergia entre la Comisión VII del Senado, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y los entes de control, para depurar el sistema de salud de no solo de malas administraciones, sino también de malas EPS.
Para la muestra un botón: Durante el periodo 2014-2019 solo fueron liquidadas cuatro EPS y en el año pasado tras dos meses de controles políticos por parte de distintas autoridades a estos aseguradores, se liquidaron totalmente tres EPS adicionales a COMFACOR que fue liquidada en el primer semestre, así como también se revocó habilitación parcial a otras 3 EPS, solo en el año 2019.
Con todo esto, hago un llamado a la sensatez de los funcionarios públicos, esta situación del coronavirus nos tiene que dejar enseñanzas para el futuro, nos debe motivar al cambio y ante todo nos lleva a dignificar las necesidades de las personas que nos eligieron para ser su voz y para defender sus derechos ciudadanos, mucho más allá de cualquier interés personal.