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Isabel Colomna

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Según estadísticas de Medicina Legal en el año 2018 se registraron más de 70 mil casos de violencia intrafamiliar, de los cuales unas 24 mil fueron contra mujeres.


Bogotá D.C. enero 21 de 2019 (Prensa Senado).
  El Congreso fortalece la legislación para castigar a los agresores, tomar medidas de protección y asistir a las víctimas de la violencia intrafamiliar, donde el 86 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres.

 

Los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal manifiestan que en el año 2018, unas 24.684 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en el interior del hogar, especialmente por parte de sus parejas y exparejas. 4.538 niños, niñas y adolescentes también sufrieron este flagelo, 20.587 parejas se agredieron, 7.761 hombres también sufrieron violencia, 873 adultos mayores resultaron afectados y 6.427 casos se dieron entre otros miembros de la familia que también padecieron malos tratos. La mayoría de las mujeres no denuncia por miedo a ser revictimizada, por parte de las entidades que administran justicia. Las más afectadas oscilan entre los 20 y 29 años de edad.

 

El proyecto de ley que fue aprobado por el Senado y pasó a debate a la Cámara de Representantes señala que la legislación penal colombiana reconoció la violencia intrafamiliar como un delito autónomo en 1996. Esa primera regulación de este fenómeno delictivo abordó la problemática integralmente, por lo tanto, además de la judicialización de la conducta, consagró medidas de protección y asistencia a favor de las víctimas y asignó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la función de desarrollar políticas públicas, planes y programas para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. Estas medidas se han mantenido.

 

Posteriormente, la reglamentación aumentó gradualmente las penas, estableció y amplió las circunstancias de agravación del delito, el que tiene un carácter querrellable. Desde el 2012 ya no tiene ese carácter. En consecuencia, cualquier persona puede denunciar hechos presuntamente constitutivos de violencia intrafamiliar. Las autoridades deben iniciar las investigaciones de oficio. Además, el tipo penal no admite la conciliación y la víctima no puede desistir ni interferir para lograr el archivo o preclusión de la investigación penal.

 

De igual manera se introdujeron modificaciones para fortalecer esta normatividad, debido a que existen numerosos problemas para contrarrestar la violencia intrafamiliar en el país. Por esa razón, es necesario extender el catálogo de medidas direccionadas a evitar la reincidencia de los ataques, prevenir la victimización secundaria, a través de la prueba anticipada, y promover procesos más rápidos y efectivos a través del procedimiento penal abreviado.

 

Así mismo, la iniciativa expresa que la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o en estado de indefensión.


También señala que la pena se aumentará en una cuarta parte, cuando el responsable tenga antecedentes penales por haber cometido alguno de los delitos previstos en el Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar o cuando tenga antecedentes por el delito de violencia intrafamiliar, siempre que la condena hubiese sido proferida dentro de los cinco años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho.

 

A la misma pena quedará sometido quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia y realice alguna de las conductas de violencia intrafamiliar. Con relación a la violencia sexual y violencia intrafamiliar, el juez podrá, a solicitud de cualquiera de los intervinientes en el proceso, disponer la realización de audiencias cerradas al público.

 

Entre tanto para la Corte Constitucional resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos o cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar que requiere el legislador limitan la capacidad de obtener el goce efectivo de los derechos que se buscan proteger cuando se acude a instancias.

 

Según un informe de Medicina Legal, en el año 2018 se registraron unos 24.684 casos en mujeres (un 86 po ciento) y 4.026 hechos contrra hombres. Del total de víctimas, 762 fueron menores de edad. En la ciudad de Bogotá se registraron 7.340 casos de violencia intrafamiliar, en los departamentos de Antioquia 3.211; Cundinamarca 2.339; Valle del Cauca 2.114; Santander 1.411 y Atlántico 1.297. Se conocieron más de 20 mil casos de violencia familiar por parte de la pareja o ex parejas.

 

Las armas que predominan son las contundentes, blancas y de fuego, ocasionando incapacidad de la víctima y en algunos casos hasta la muerte. Los hechos suceden en el interior de las familias. Las denuncias indican que los actos de violencia se dan entre las 6:00 y las 9:00 de la noche y los días que más se registran estas situaciones son los fines de semana.


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Balance Legislativo del senador Fernando Araújo

Miércoles 26 de Diciembre de 2018 11:15 Relacionado con: Noticias

El legislador dijo que se ha logrado debatir y avanzar en temas de interés nacional y del Caribe colombiano, como son el Plan de Desarrollo, la Ley de Financiamiento, la solución al problema de Electricaribe, entre otros.



Bogotá D.C., 26 de diciembre del 2018 (Prensa Senado). 
Al terminar el primer período legislativo correspondiente al 2018-2019, el senador Fernando Araújo (Centro Democrático) presentó informe de sus labores como congresista.


Dentro de las iniciativas presentadas por Araújo en su actividad legislativa está la que busca crear el Fondo para financiar los proyectos que tienen como finalidad erradicar la pobreza extrema en Cartagena para el año 2033, y así celebrar los 500 años de fundación de la ciudad heróica. Esta propuesta pasará a segundo debate. También se socializó en audiencia pública en Cartagena, con la asistencia de los gobiernos Nacional, Distrital, Departamental, el sector productivo, la academia y la sociedad civil. 

 

Otros proyectos de ley:

 

Por otro lado, el congresista lideró la iniciativa para combatir la corrupción de los recursos públicos destinados a la financiación de la salud (PL-52/17 Senado), Actualmente se encuentra acumulada en la reforma anticorrupción, apoyada por la Fiscalía General de la Nación y se espera el último debate en la plenaria del Senado, para convertirse en Ley de la República.

 

Asimismo, radicó el proyecto que rinde honores a las Fuerzas Militares por la operación Jaque, con el fin de conmemorar los 10 años de uno de los mayores éxitos de los militares contra las FARC (PL-103/18 Senado). Además, esta propuesta crea la beca de formación para los miembros de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ya fue aprobada en primer debate y está pendiente su estudio para segundo debate.

 

Otro de los proyectos abanderados por Araújo ha sido la lucha contra el microtráfico. "Esta iniciativa, junto con el Fondo Cartagena 500 años, hace parte de mis compromisos de campaña. Se busca combatir el flagelo del microtráfico, incentivando la denuncia comunitaria. Y no solo esto, sino lograr que la transformación de los inmuebles anteriormente usados para estas actividades, sirvan para el beneficio de la comunidad", puntualizó el legislador cartagenero.

 

“Se acordó entre los ponentes archivar la iniciativa que pretendía eliminar los tres ceros al peso colombiano, pues su impacto fiscal es innecesario y el déficit fiscal del próximo año impide cumplir con el cambio de moneda propuesta por el Gobierno Santos”. 


El   congresista, junto con la bancada costeña y diferentes dirigentes del Caribe, se reunieron con el Presidente Duque, logrando un plan eficaz para resolver el problema de Electricaribe. “La ruta trazada por el Gobierno contempla que la Nación asumirá el Pasivo pensional, el cual está calculado en cerca de $1.2 billones de pesos, otorgándoles garantías a los pensionados y trabajadores de la empresa”, señaló Araújo. 

 

De igual forma, manifestó que el mercado energético del Caribe podrá dividirse en dos o tres mercados, generando mayor inversión y otros operadores y para esto es necesario ampliar el tope del 25% de participación del mercado de los operadores, sin llegar al 50%.

 

A lo anterior agregó: “Se facultará a las gobernaciones que sean accionistas de los nuevos operadores y para ello se dispondrá de los recursos de regalías. Para invertir en redes de distribución en el año 2019, es necesaria la aprobación de un crédito público de 735 mil millones de pesos para la Nación. Así, estas medidas buscan mejorar la prestación del servicio de energía en la costa Caribe, a partir del próximo año”. 

 

Frente a los temas de la Paz de Colombia, el senador se adhirió como miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República y solicitó a la JEP que emita pronta respuesta frente a la extradición de Jesús Santrich.

 

El diálogo popular ha sido fundamental en el ejercicio del congresista, en total se realizaron 31 actividades en la región, entre visitas a la comunidad, reuniones con los ciudadanos y foros participativos. 

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Según la congresista, en el país existe una cartera de 2.2 billones de pesos, por concepto de impuestos por pagar.

 Bogotá D.C. Noviembre 6 de 2018 (Prensa Senado). - La Comisión Tercera del Senado realizó un debate de control político sobre el aumento descontrolado del impuesto predial en el país, con la presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, Evamaría Uribe, el subdirector Territorial de Planeación Nacional, Diego Dorado; los secretarios de Hacienda de Barranquilla, Bogotá y Medellín,  y el director de la Federación de Municipios, Gilberto Toro.

 

La congresista María del Rosario Guerra (Centro Democrático), citante al debate, dijo que es importante resaltar la actualización catastral, teniendo en cuenta el impacto que ocasionará sobre los contribuyentes. “Si la actualización se hace de una sola vez y el predial se carga totalmente en una vigencia, muchos contribuyentes no tendrán la capacidad de pago. Por eso la importancia de tener mecanismos de pagos, ya sea por cuotas o diferido a dos o tres años, de tal manera que se cumpla con esa obligación tributaria”, afirmó la legisladora.

 

También habló del rol de los concejos municipales. “Ellos deben entender que no pueden solamente con ánimo fiscalista definir el impuesto a pagar. Tienen la posibilidad de poner freno a esos aumentos, con el fin de estimular a los contribuyentes y así generar la inversión y desarrollo en la región”.

 

De la misma manera, la senadora señaló la importancia de actualizar y organizar los planes de ordenamiento territorial, POT, para permitirles a las autoridades locales, tener herramientas de trabajo. “Tenemos que ponerles control a estos aumentos desmedidos del impuesto predial, ya que la población no soporta más”. Agregó que el aumento del predial no debe ser superior al año anterior y el 60 por ciento del avalúo catastral, en la actualidad está en un 100 por ciento. “Por eso están en una asfixia fiscal que no les permite pagar y por lo tanto no se logran los recudos”, aseveró la senadora.

 

Por su parte, el ministro Carrasquilla dijo que el incremento en el predial, causado por valorizaciones de mercado, se puede diferir de alguna manera. “Se debe encontrar la forma para que los contribuyentes puedan pagar y esas actualizaciones no les produzca un golpe tan inmediato, para atender las necesidades del municipio”.

Entre tanto, la directora del IGAC, Evamaria Uribe, dijo que trabajará para modernizar la entidad, con el fin de ofrecer una actualización en la cartografía del país. “Esta modernización la haremos con convenios interadministrativos, para poner a funcionar una redición de los temas técnicos”.


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