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Noticias senador Efraín Cepeda

Mañana sesiona la Comisión para incluir propuesta a favor de la niñez en el PND.


Bogotá D.C., marzo 19 de 2019 (Prensa Senado).
Propuestas con miras a que se apruebe en la plenaria la inclusión de un capítulo dedicado exclusivamente para la protección y atención de las niñas y adolescentes en el Plan Nacional de Desarrollo, serán objeto del debate que se cumplirá este 20 de marzo en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos.


Dentro de los puntos que se tratarán se contemplan entre otros, la creación de una unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y el ICBF para atender las denuncias por maltrato, violaciones sexuales y vulneración de derechos, donde las víctimas sean atendidas de manera ágil y se judicialicen de manera pronta y oportuna a los victimarios.


Otro de los puntos es el relacionado con la atención de los menores en materia de salud y nutrición, donde el gobierno garantice su alimentación y en especial en las zonas apartadas del territorio nacional, donde se articulen los estamentos locales y regionales para dar una rápida respuesta a las niñas, niños y adolescentes para su seguridad alimentaria.


De otro lado, se buscará que en materia de educación se disponga de una cobertura más amplia con plenas garantías de calidad y en particular para las zonas de las poblaciones vulnerables y alejadas de los cascos urbanos, aspecto que irá articulado con la prioridad


Los integrantes de esa célula legislativa han señalado que el objetivo de la propuesta es contribuir a mejorar las condiciones de los menores y que por ello se dedicarán a la búsqueda de la aprobación del capítulo en el PND, donde se garantizará una atención en defensa de los derechos de los menores y de manera especial en lo pertinente a la rápida asistencia a las víctimas de los maltratos de toda índole y el castigo ejemplar para los autores de delitos contra los menores.


La sesión se cumplirá en el recinto de la comisión Sexta del Senado, a partir de las 8:00 am, donde se conocerán en detalle las propuestas que irán a debate a la plenaria buscando su aprobación para la incorporación al documento definitivo del PND, que se estará aprobando en próximas sesiones del Senado y la Cámara de Representantes.

Tanto las que fueron objeto de violencia de los grupos armados al margen de la ley como de sectores estatales, tuvieron un espacio para exponer sus denuncias.


Bogotá D.C., marzo 18 de 2019 (Prensa Senado).
Voces en contra y a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se escucharon en el desarrollo de la audiencia pública convocada por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), en el Salón de la Constitución del Senado de la República, en la mañana de este lunes.


También intervinieron en ese encuentro, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático), Victoria Sandino (Farc), Jhon Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) y los representantes a la Cámara Juanita Goebertos y Angela María Robledo, lo mismo que delegados de la Procuraduría y de la Fiscalía generales de la Nación.


Por su parte, víctimas de los grupos ilegales, procedentes de varias regiones del país, en particular de los departamentos de Norte de Santander, Huila, Guainía y Meta, expresaron su descontento por el que consideraron el lento actuar de la JEP frente a las denuncias, a la vez que reclamaron verdad, reparación y aplicar el peso de la justicia para los autores de delitos como violación sexual, secuestro, reclutamiento de menores y desapariciones por miembros del desmovilizado grupo de las Farc. Algunas víctimas indicaron que sus denuncias no han sido atendidas debidamente por la JEP.

Por su parte, otro grupo de víctimas de la Fuerza Pública se pronunció en favor de las acciones que viene desarrollando la Justicia Transicional, al considerar que en estos temas se ha avanzado de manera positiva y señalaron que no están de acuerdo con las seis objeciones a la JEP, que ha presentado a consideración del Congreso de la República, el presidente Iván Duque, por considerarlas inconvenientes.


Pese a que los ánimos se caldearon en un momrnto de las discusiones, el evento cumplió con su objetivo de conceder un espacio importante para que todas las personas que se consideraran víctimas en el conflicto armado tuvieran el tiempo para expresar sus opiniones, denunciar y demandar apoyo por parte de la JEP, como de las autoridades del Gobierno.


La Comisión de Paz emitirá un pronunciamiento oficial en torno al tema que se ha realizado en dos audiencias públicas para presentar las respectivas recomendaciones, con el objeto de responder las inquietudes de la población y propiciar que el proceso de paz se desarrolle tal como fue concebido para responder a los afectados.

En el evento se esperan conocer apreciaciones, solicitudes y reclamos frente a la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz.


Bogotá D.C., marzo 16 de 2019 (Prensa Senado).
En el recinto del Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, las víctimas del conflicto armado tendrán la oportunidad de expresar sus inquietudes frente a la gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.


La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) invitó a dicha población vulnerada, a partir de las 8:00 de la mañana, donde además de las directivas de la JEP fueron convocadas la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como la Comisión de la Verdad y los líderes de las organizaciones de víctimas, para dar respuesta a las inquietudes que sean planteadas en el desarrollo del evento


La Comisión de Paz y del Posconflicto de Senado y Cámara vienen adelantando diversas actividades con el objeto de facilitar a las comunidades conocer respuestas concretas y claras mediante la realización de asambleas públicas, que se vienen programando para su realización en varias regiones del país, respondiendo así a los reclamos y conocer las soluciones que puedan exponer las diversas entidades y en especial de la JEP, a cargo de temas sensibles como es la situación de las familias de las víctimas.

Alianza contra la corrupción, un capítulo clave en PND

Viernes 15 de Marzo de 2019 15:09 Relacionado con: Noticias

Tolerancia y cero corruptos, metas que se cumplirían a través del uso de la tecnología.


Bogotá D.C., marzo 15 de 2019. (Prensa Senado).
Fortalecer las instituciones para combatir la corrupción, afianzar la legalidad y el relacionamiento colaborativo con el ciudadano, es el propósito que lleva al Gobierno a incluir un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo para combatir la corrupción mediante modernas herramientas tecnológicas.


Para tal efecto, se ha anunciado destinar recursos por el orden de los 3 mil 163 millones de pesos que se invertirán en metodologías que garanticen transparencia en los actos administrativos como en la selección de personal en el sistema de contratación.


Es así como el Gobierno plantea en el PND, a través de la Secretaría de Transparencia, formular e implementar una política pública de transparencia, integridad y legalidad orientada a fortalecer las herramientas para promoverla, con el acceso a la información y la lucha contra la corrupción en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos autónomos e independientes y a nivel territorial.


La política pública de transparencia contendrá el desarrollo de un componente de integridad con lineamientos que logren la apropiación de comportamientos preventivos en el servidor público, privados y en la ciudadanía mediante el diseño e implementación de un programa de capacitación dirigido a los servidores públicos y contratistas, además de la conceptualización y reglamentación de los conflictos de intereses generando así las capacidades en la identificación y gestión de los mismos.


Otro elemento es implementar líneas de acción dirigidas a romper paradigmas culturales que valoran más los métodos de atajos y la sensibilización respecto a la responsabilidad en la corrupción, además de la implementación de procedimientos éticos en entidades y cargos vulnerables a la corrupción.


En el sector privado, donde se incluyen además a las empresas estatales, se incentivarán los programas de cumplimiento contra la corrupción con la firma de pactos de integridad y en general, la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción. Otro componente que se incluirá en los procesos de selección de personal a cargo del Comité Nacional del Servicio Civil, CNSC, teniendo en cuenta dilemas éticos y conflicto de intereses.


El Gobierno también diseñará e impulsará cátedras de ética, participación ciudadana, prevención, acceso a la información y lucha contra la corrupción en universidades y colegios, lideradas por la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, considerando los instrumentos existentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y articulado de la Cátedra de la Paz y la asignatura de urbanidad y cívica.


La Vicepresidencia realizará capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos de entidades territoriales para prevenir riesgos de corrupción por medio de jornadas de transparencia, con enfoque territorial en los 32 departamentos del país.


Por su parte, la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia en conjunto con los ministerios de Justicia y del Interior impulsarán un proyecto de ley que establecerá los lineamientos claros sobre la actividad del Cabildeo - que es una forma profesional de ejercer la libre participación política para incidir en el proceso de toma de decisiones de los actores e instituciones -  tendrá como mínimo que cumplir con requisitos estrictos para evitar la corrupción como será la definición y sus límites, la definición de los actores que pueden desarrollar dicha actividad, el registro único de empresas o personas que realizan esta labor, el régimen de derechos y deberes, tanto de funcionarios públicos como de cabilderos y el régimen sancionatorio para quienes ejerzan esta actividad por fuera de lo establecido en el proyecto de ley.


La transparencia y el acceso a la información tendrá un aspecto muy determinante, dado que se pondrá en línea el Portal del Estado Abierto como punto principal de interacción de la oferta institucional hacia la ciudadanía en responsabilidad del MinTic, con la coordinación de La Urna de Cristal, el Departamento Nacional de Planeación y la Vicepresidencia. El portal debe tener entre otros, los desarrollos tecnológicos existentes para incentivar la participación, el control social, la simplificación de trámites y servicios, y los esfuerzos en consulta pública.


A través del Portal debe darse acceso público a, entre otros, los cambios de uso de suelo en los POT, el escrutinio de hojas de vida de candidatos a juntas directivas de empresas públicas, la presentación rigurosa de la agenda del Gobierno, las agendas del Presidente y de los miembros del gabinete, seguimiento al presupuesto en línea con indicadores de desempeño y ejecución, con especial énfasis en la contratación pública, mediante la visualización de los contratistas de grandes proyectos.


El Archivo General de la Nación deberá fortalecer los programas de gestión documental de las entidades del orden nacional y territorial y compatibilizar sus lineamientos con la Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la información pública.


Por su parte, las entidades nacionales y territoriales deberán adoptar lineamientos de la estrategia del lenguaje claro del DNP, con el fin de garantizar el acceso , la comprensión y la utilidad de las comunicaciones públicas dirigidas a los ciudadanos.


Representantes de víctimas del grupo desmovilizado de las Farc exigieron a la Comisión interceder ante la JEP para que sean escuchadas.

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2019. (Prensa Senado). Un pronunciamiento oficial por parte de la Comisión de Paz del Legislativo en el que se solicita a la Presidencia del Congreso establecer si dicha rama del Poder Público tiene la competencia para objetar las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en temas ya fallados, se basó inicialmente la sesión, cuyo objeto era debatir dichas facultades.


Sin embargo, por tratarse de un tema muy particular fue abierto un espacio para escuchar a la Corporación Rosa Blanca, liderada por Lorena Murcia, quien denunció que su colectivo no ha sido atendido por la JEP, por lo que pidieron ser escuchados y que se adelante la reparación a las mujeres que fueron reclutadas y objeto de violencia sexual por parte del desmovilizado grupo subversivo de las Farc.


Respaldando a las víctimas en su solicitud, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), solicitó que las víctimas sean atendidas así como se estableció en el acuerdo final de paz y que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ejerza el papel para el cual fue creada y que de cabida a todas las personas que han solicitado ser escuchadas y que tengan derecho a ser reparadas por parte de los victimarios.


El congresista Fernando Araújo (centro Democrático) se refirió también a la necesidad de adelantar un minucioso estudio al interior de la JEP para depurarla, dados los cuestionamientos que ha surgido a su nterior, por los últimos hechos de corrupción y además que sea verificados los listados que entregaron en su momento los excombatientes para evitar que se hayan infiltrado narcotraficantes para evadir a la justicia.


Por su parte, la legisladora Aida Abella (Decentes) hizo referencia a la necesidad de que el Estado diga la verdad en torno a los autores intelectuales de las muertes de los integrantes del partido Unión Patriótica, en los años 80 y 90 , y se le informe al país las causas que motivaron dichas acciones.


El senador Jorge Torres (Farc) señaló que pese a su condición de ex movilizado, no procedía ninguna inhabilidad para hablar y opinar sobre objeciones y de ningún otro tema, debido a que se encuentra cobijado por el Acuerdo Final para la Paz.


Finalmente, la congresista Paloma Valencia (Centro Democrático) reiteró la necesidad de adelantar una acción que permita que se cumpla con la reparación a las víctimas y en especial a las mujeres que fueron objeto de violencia sexual por parte de los grupos armados al margen de la ley y que la JEP desarrolle su papel para el cual fue creada.

Un total de 29 proposiciones serán radicadas para adjuntar al Plan Nacional de Desarrollo.

Bogotá D.C., marzo 11 de 2019 (Prensa Senado). En el recinto de la Comisión Sexta, sesionarán mañana los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para definir el capítulo que propondrán adjuntar al Plan Nacional de Desarrollo para la protección de los niños, ante el preocupante aumento de los hechos violentos que se han registrado contra esta vulnerable población.


Los senadores han venido realizando reuniones para definir el documento donde se exponen las diferentes acciones en favor de los menores en protección y judicialización de los autores de los diversos delitos que se han cometido contra ellos.


La coordinación de las diversas entidades como el ICBF, Fiscalía y Procuraduría genrales de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y Policía Nacional, entre otros, serán convocados para articular acciones que permitan una defensa sólida como la atención de las víctimas, a través de un capítulo exclusivo para una atención ágil y adecuada.


Cada legislador ha venido investigando y analizando los diferentes factores que han ocasionado violencia contra los menores y han propuesto una serie de medidas que se han plasmado en proposiciones que se reunirán en un documento que presentarán a debate en las plenarias de Senado y Cámara, para su aprobación y que sea parte del Plan Nacional de Desarrollo.


La comisión de DD.HH. sesionará, a partir de las 9:30 de la mañana, para aprobar las propuestas y reunirlas en el documento, con la previa reunión técnica que sostendrán los senadores con la Dirección de Planeación Nacional.

Así se convino en Foro Regional celebrado en Neiva. El Huila tiene designada una inversión del 1.8%, en Plan Nacional de Desarrollo. Los congresistas presentarán documento con prioridades de la región.

PND otorgaría estímulos a producciones audiovisuales

Viernes 01 de Marzo de 2019 16:33 Relacionado con: Noticias

Los productores recibirían un certificado de inversión descontable del impuesto de renta.
 
Bogotá, D.C., marzo 5 de 2019 (Prensa Senado). Las empresas productoras de obras audiovisuales, tanto nacionales como extranjeras, que realicen sus obras rodando total o parcialmente en territorio colombiano y celeben contratos con Filmación Colombia, tendrían beneficios especiales para incentivar esta labor que fomentará el empleo y la promoción del país.
 
La contraprestación del Fondo Fílmico Colombia establecida en la Ley 1556 de 2012, puede otorgarse igualmente a otros géneros audiovisuales realizados en Colombia conforme al Manual de Asignación de Recursos que expida el Comité Promoción Fílmica Colombia. No menos de un cincuenta por ciento (50%) del Fondo Fílmico Colombia será asignado a obras cinematográficas, salvo que no haya postulaciones suficientes o avaladas por el Comité Promoción Fílmica Colombia.
 
Según se señala en el artículo 103 del proyecto de ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo, PND, habría varios beneficios para quienes ejerzan dicha actividad, en las que se cuenta una contraprestación por dicha actividad, equivalente al cuarenta por ciento (40%), del valor de los gastos realizados en el país por concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios cinematográficos y el veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el manual de asignación de recursos.
 
Destaca igualmente que las obras audiovisuales no nacionales de cualquier género o formato, producidas o postproducidas en Colombia de manera total o parcial y sean previamente aprobadas por el Comité Promoción Fílmica Colombia, darán derecho a la solicitud de un Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia, siendo descontable del impuesto de renta hasta por un valor equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la inversión que realicen en Colombia.

Para poder acceder al Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia debe demostrarse que la inversión se realizó sobre la contratación de personas naturales o jurídicas colombianas que provean servicios audiovisuales necesarios para las diversas etapas de la realización, producción o postproducción, incluidos servicios de hotelería, alimentación y transporte para la obra respectiva.

Se advierte en el documento que en el caso de las empresas productoras de obras cinematográficas nacionales, podrán o no realizar la contratación a través de sociedades colombianas de servicios cinematográficos. Además, el titular o productor cinematográfico deberá garantizar integralmente al personal que contrate o vincule laboralmente en el país, los derechos y prestaciones sociales consagradas en la legislación colombiana.
 
De otra parte señala que las obras audiovisuales a las que se refiere este artículo del PND podrán optar por la contraprestación o el certificado. Ambos mecanismos de estímulo no son compatibles en una misma obra.

En el documento que es analizado actualmente por los Congresistas se explica que el Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia es un valor negociable que se emite a nombre del productor extranjero responsable del proyecto, el cual puede negociarlo con personas naturales o jurídicas declarantes del impuesto de renta en Colombia. El ingreso que obtenga el productor extranjero por la transferencia del Certificado no constituye para él ingreso tributario en Colombia y no es susceptible de retención en la fuente en el país.
 
La contraprestación del Fondo Fílmico Colombia establecida en la Ley 1556 de 2012 puede otorgarse igualmente a otros géneros audiovisuales realizados en Colombia conforme al Manual de Asignación de Recursos que expide el Comité Promoción Fílmica Colombia. No menos de un cincuenta por ciento (50%) del Fondo Fílmico Colombia será asignado a obras cinematográficas, salvo que no haya postulaciones suficientes o avaladas por el Comité Promoción Fílmica Colombia.
 
Es de señalar que el Gobierno nacional lo reglamentará luego que sea aprobado por el Congreso y sancionado por el Presidente de la República.


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Será administrado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional..

Bogotá D.C., marzo 1° de 2019 (Prensa Senado).
C
on el objeto de agilizar y modernizar el sistema judicial, el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha destinado recursos por el orden de los 20.800 millones de pesos dentro del capítulo Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para construir el conocimiento de la Colombia del futuro, disponiendo dineros también para la rama Judicial en ese sentido.


Es así como se conformará el Registro Único para las decisiones en aspectos penales que gracias a la modernización en sistemas, facilitará la labor que adelantarán el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, con soluciones administrativas y tecnológicas para garantizar la constante actualización de los datos del registro.

Para tal efecto, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, en un plazo de seis meses, luego que sea sancionado el PND, definirá los parámetros y protocolos para diligenciar la información garantizando la operatividad del Registro único de Decisiones Judiciales en materia penal, con los sistemas de información misional del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría y la Fiscalía generales de la Nación.

Dicho registro de decisiones judiciales en materia penal, tendrá dos subsistemas, uno sobre antecedentes penales y anotaciones judiciales y el segundo contendrá las sentencias absolutorias o condenatorias como también las decisiones de tipo penal que hagan tránsito a cosa juzgada.

Es de señalar que la operatividad de los subsistemas deberá ser reglamentado por el Gobierno nacional, luego que sea aprobado el documento final del PND que viene siendo analizado por el Congreso.

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La entidad adscrita al ministerio arrastra un déficit por el orden de los 300 mil millones de pesos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria, señaló que es necesaria la modernización del software y de la entidad a su cargo.

Bogotá, D.C., febrero 26 de 2019 (Prensa Senado). La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló hoy que la Unidad Nacional de Protección, UNP, requiere una urgente asignación de recursos para poder seguir resguardando a 7.400 personas, por cuanto solo hay presupuesto hasta junio próximo.

Indicó que además se han recibido cinco mil solicitudes y se esperan más en vísperas de las elecciones regionales para los candidatos de las diferentes corporaciones de elección popular, lo que ahonda la crisis para los 1.200 escoltas de los cuales 800 corresponden a excombatientes de las Farc- Up y para resolver la situación se requieren cerca de 300 mil millones de pesos.

Las revelaciones las hizo la ministra Gutiérrez en el desarrollo de la sesión de la Comisión Primera, donde se analizaron varios aspectos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, PND, donde fueron citados la rama Judicial y el sistema electoral para escuchar sus inquietudes en torno a la propuesta del Gobierno.

A su vez, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, destacó que el presupuesto proyectado para su cartera no es suficiente para los planes de modernización requeridos para la descongestión carcelaria, donde se necesitan 1.2 billones de pesos para 15 mil nuevos cupos, así como para la ejecución de una estructura modular, donde se desarrollarían programas de resocialización con la participación interinstitucional del SENA, Universidades y otras entidades del Estado.

Anunció de otra parte la implementación para un nuevo Código Penal para procesos de despenalización con la disminución de trámites, digitalización, capacitación especial, justicia rural y ampliación para cobertura en zonas distantes, programas de anticorrupción y transparencia. Todos los proyectos requieren de una mayor inversión, concluyó, agregando que es necesario reestructurar el PND para dicho sector.

En cuanto al sistema electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria, señaló que es necesario la modernización del software ya que el actual sistema utilizado para el conteo de las votaciones es obsoleto, a la vez que dijo que si no se le brindan las herramientas para su modernización, es mejor pensar en la desaparición de esa entidad.

El senador Gustavo Petro (Colombia Humana) argumentó que debido a esa deficiencia se han presentado hechos de corrupción ante la fragilidad del sistema.

A su vez, el senador Armando Benedetti (Partido de la U) afirmó que la corrupción y fraude se inicia con la asignación de los jurados de votación, donde no existe un filtro de garantía en el proceso de selección y fiscalización de su labor eficiente y transparente en las mesas de votación.

El senador Carlos Guevara (MIRA) reiteró que es necesaria una capacitación adecuada y fiscalizar la actuación de los jurados y recalcó que esa debilidad facilita que se cometan fraudes como se pudo comprobar al solicitar en las pasadas elecciones el reconteo y verificación de la votación de su partido, donde se logró determinar el no conteo de sufragios en cientos de mesas en el país.

"No existe un Código Electoral que permita la transparencia en el sistema", afirmó por su parte el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical), quien invitó a plantear ajustes al sistema electoral, dado que por falta de éste se registran irregularidades con votos fantasmas y otros tipos de anomalías en el desarrollo de los comicios para favorecer a los corruptos.

Otro tema abordado sobre el contenido del PND lo mencionó el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), al señalar que le preocupa que de aprobarse los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 1151 de 2007, que creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en el PND, se descarga el papel del Congreso en decretos, dado que a través de dicha norma se entregarían facultades al Gobierno para definir precio del combustible, aspecto que debe ser debatido por el Congreso.

Finalmente el senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) dijo que existe una mala interpretación del Código de Policía y por eso se hace necesario citar al Ministro de Defensa y al Director de la Policía Nacional para que no se tomen medidas absurdas por falta de capacitación a quienes las aplican.

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