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Noticias senador Efraín Cepeda

El senador Guillermo García Realpe pidió el apoyo del Gobierno para la ejecución de proyectos, que benefician a la Región Pacífica.

GARCIA_REALPHE_GUILLERMO__6Bogotá D.C., 10 de febrero de 2011 (Prensa senador Guillermo García).- En el marco del lanzamiento de la Región Pacífica, que se realizó en la ciudad de Cali los días 8 y 9 de febrero, el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Guillermo García Realpe, asumió la vocería del departamento de Nariño y pidió el apoyo del Gobierno para lograr la ejecución de muchos proyectos, que beneficiarían a la región.


Al momento de su intervención,  en la plenaria del  Foro Región Pacífica , el Senador anunció que representará a su departamento y se refirió a la necesidad de materializar las vías del corredor Tumaco - Pasto, Puerto Asís - Brasil,  la variante El Estanquillo - Timbío de la carretera Panamericana,  así como Junín –Barbacoas y la vía binacional Espriella - río Mataje.


“Es necesario participar de este proceso de integración, y aprovechar la presencia del vicepresidente, Angelino Garzón; el ministro del Interior, Germán Vargas; el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y los gobernadores de los cuatro departamentos, para lograr acuerdos concretos que nos ayuden no sólo con nuestro problemas de vías, sino con otros asuntos como la hidroeléctrica del río Patía, la geotermia Chile y Azufral  y la vía acuática Tumaco  - Buenaventura”, afirmó el Senador.

Al cierre de su intervención,  felicitó a los impulsadores  y organizadores de la iniciativa, pues el proyecto busca la integración de los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca para la creación de la Región Pacífica.

Oficina de Prensa senador Guillermo García Realpe, contacto Periodístico:  318 330 81 38

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Este y otros aspectos sustanciales serán debatidos la próxima semana por las Comisiones Económicas Conjuntas.


Comisiones_Conjuntas_Economicas_09_02_11Bogotá D.C., 9 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa de Senado).- El punto más polémico del Plan Nacional de Desarrollo es, sin duda, la inclusión del tema pensional en el articulado. En la actualidad, las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62, pero, en esta iniciativa gubernamental, se contempla el aumento de las edades de jubilación a los 62 y 65 años, respectivamente. 

En Comisiones Terceras y Cuartas  conjuntas,  el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, aclaró que dicha medida entraría en vigencia en el año 2040, puesto que “el aumento de edad será sólo para los nuevos cotizantes”.

Gómez explicó que “nos pareció un principio de responsabilidad con el país iniciar este debate, que es bien importante en términos de lo que va a ser el futuro del sistema de pensiones para las siguientes generaciones”.

Por su parte, el senador Camilo Sánchez (Partido Liberal), aseguró que este es un tema relevante que no puede tratarse por debajo de la mesa. “No puede ser un mico, ni sorprendernos en temas como éste, que es un asunto que le compete a Comisiones Séptimas”. Al respecto, Gómez afirmó que “no lo vimos como un tema excluyente para incorporarlo a la Ley del Plan de Desarrollo”.

De igual forma, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, señaló que Colombia, a diferencia de otros países del mundo, tiene una población joven y una esperanza de vida mucho mayor lo que, a largo plazo, tendrá efectos financieros en el régimen pensional. No obstante, reiteró que “el sistema es sostenible”.

Sobre las discrepancias de algunos congresistas con la inclusión del tema pensional, Echeverry aseguró que, una vez diseñado el Plan, "siguen las concertaciones con las Mesas y con el Congreso”.

El próximo miércoles, 16 de febrero, cuando vuelvan a sesionar las Comisiones Terceras y Cuartas conjuntas, los congresistas tendrán la palabra y se expresarán sobre el tema pensional y el Plan Nacional de Desarrollo, en general.

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Senadores liberales formulan reparos al Plan Nacional de Desarrollo

Miércoles 09 de Febrero de 2011 17:04 Relacionado con: Noticias

Aunque la bancada Liberal reiteró su apoyo al Plan Nacional de Desarrollo, planteó una serie de observaciones, incluida la inconveniencia de aumento de edad para pensión.

Reunion_Partido_Liberal_09_02_11Bogotá, 9 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa de Senado).- Las regalías, el tema pensional y las concesiones fueron algunos de los puntos en los cuales los congresistas liberales centraron sus observaciones al primer análisis del Plan Nacional de Desarrollo, realizado con el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez.


Aunque la bancada del Partido Liberal forma parte de la Unidad Nacional  sus integrantes formularon algunos reparos. El senador Álvaro Ashton, vocero del Partido Liberal e integrante de la Comisión Cuarta, manifestó su desacuerdo con la inclusión del tema pensional en el articulado, pues considera que “no es pertinente que esté en el Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno se equivocó, este es un tema que debe pasar por Comisiones Séptimas”, explicó.


Por su parte, el senador Juan Manuel Galán, propuso replantear las concesiones viales, propuesta que fue atendida por el propio Gómez que, al finalizar,  reconoció que su situación es complicada y, por lo tanto, consideró pertinente reestructurarlas nuevamente.


“¿Cómo se asegura que los recursos de las regalías lleguen a las zonas más pobres?”, preguntó el senador Luis Fernando Velasco, quien añadió que sería “inadmisible” que estos recursos fueran a las zonas más ricas.

Al finalizar la reunión, Gómez respondió algunas de las observaciones y manifestó la disposición del Gobierno de seguir trabajando de la mano con el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo.

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Desde la Comisión Séptima se solicitó fortalecer el proyecto que regulará los clubes deportivos y que está en tercer debate reglamentario.

Comision_Septima_08.02_11Bogotá D.C., 8 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- Incluir penas ejemplares no excarcelables para los responsables de la violencia en los estadios y escenarios deportivos y estructurar un amplio catálogo de regulación del fútbol profesional y aficionado, pidieron diversos senadores de la Comisión Séptima al Gobierno, en el tercer debate de la iniciativa que plantea la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas.

Durante un debate realizado en el recinto de esa célula legislativa, el senador Antonio José Correa (PIN), insistió en que “el proyecto en trámite debe integrar artículos específicos que dispongan sanciones severas para los adictos a las drogas que dañan los espectáculos deportivos”.

“Hay que dotar a Coldeportes y a la Supersociedades para que le metan la mano al fútbol profesional y aficionado, para que hayan controles efectivos y se evite la evasión de impuestos y las operaciones oscuras”, recalcó.

El senador Guillermo Santos (Liberal) dijo: “tenemos que erradicar de plano esas conductas delincuencialess y recurrir a la represión si es necesario y hay que superar la improvisación que pueda tener la actual propuesta en trámite, acabando con la delincuencia que termina agrediendo a todos los ciudadanos”.

Proyecto insuficiente

Según la senadora Gilma Jiménez (Partido Verde), “el fútbol es un negocio grande que ha movido mucha plata, incluso la del narcotráfico y el proyecto que se estudia no responde a la coyuntura de la crisis que tiene ese deporte, por lo que hay que pensar en si se debe seguir apoyando un espectáculo de incontrolable violencia y negocios ilícitos”.

“Hay que elaborar un estatuto integral porque el actual proyecto es superficial frente al desafío que se tiene. También hay que analizar si se suspende o no el estadio de Bogotá, por los desmanes registrados el pasado fin de semana”, anotó.

Los senadores Eduardo Merlano (La U) y  Édinson Delgado (Liberal), coincidieron en que la propuesta que se analiza debe fortalecerse en temas como la vigilancia y la democratización accionaria de los clubes deportivos.

La senadora Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático) se declaró partidaria de incluir en el texto de la iniciativa el tema de la seguridad en los escenarios deportivos “para atacar de raíz el problema de la violencia y corregirlo y para acabar la anarquía que existe en el fútbol”.

El viceministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, confirmó que desde la Presidencia de la República se solicitó incluir sanciones severas para los violentos que afectan los espectáculos deportivos.

Según Iragorri, el endurecimiento de esas penas se incluirá en el Estatuto de Seguridad y el Código de Policía que se analizan en el Congreso.

A su turno, Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades, fue enfático: “De no aprobarse el actual proyecto todo será más caótico en lo laboral, en vigilancia y en organización”.

Jairo Clopatofsky, director de Coldeportes, dijo que la iniciativa que se estudia sólo responde por la reorganización de los clubes de fútbol en un 40 por ciento y que, de ser posible, desde el Congreso, “se deben garantizar facultades especiales al Presidente de la República para que pueda legislar más rápido sobre esta delicada materia”.

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Primeras diferencias surgen en Senado sobre proyecto de víctimas

Martes 08 de Febrero de 2011 16:22 Relacionado con: Noticias
Comision_Primera_08_02_11Se buscará consenso en torno a temas como quiénes pueden ser considerados víctimas, la fecha de reconocimiento de víctimas y la creación de una Unidad encargada de aplicar la ley.

Bogotá D.C., 8 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- Opiniones encontradas en torno al temas como a qué personas se les debe considerar víctimas, la fecha en la que se les reconocería esa condición, la creación de una Unidad Administrativa Especial, encargada de ejecutar los programas, estuvieron en la mesa de la reunión de ponentes del proyecto que a partir de ahora inicia trámite en el Senado..

"Se trata de presentar una ponencia que sea instrumento importante para iniciar el proceso de reconciliación" aseveró el senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal)

Cristo Bustos dijo que "se trata de construir una institucionalidad que le garantice a las víctimas que esta ley se pueda implementar y sea eficaz. No nos convence el texto aprobado por la Cámara de Representantes y queremos introducirle modificaciones que vamos a estudiar con el Gobierno y nos reuniremos con el ministro de Agricultura para tocar el tema de restitución de tierras".

Dentro de lo acordado, los ponentes proponen la creación de una Unidad Administrativa Especial, que dependería de la Presidente de la República, y que sería la entidad coordinadora y ejecutora de toda la política de víctimas. Hay consenso entre los ponentes de que hay que crear una nueva institucionalidad que garantice la aplicación de la ley.

Con relación a la fecha a partir de la cual se reconocerían a las víctimas, los senadores consideran que debe ser entre 1980 y 1982 y no como fue aprobado por la Cámara a partir de 1991.

Los ponentes aspiran a estar radicando la ponencia el próximo lunes. Se llevarán a cabo audiencias públicas con las víctimas (que no suspenderán el trámite del proyecto) en Pasto, Neiva, Tunja, Quibdó, para escucharlas.

Los ponentes les hicieron una propuesta al gobierno, relacionada con la creación de Unidad Administrativa Especial, diferente a Acción Social, que maneje todo el tema de restitución a las víctimas. Propuesta que se estudiará para ver cómo se puede articular.

Uno de los temas que generó controversia fue el tratamiento de víctimas que podrían tener los miembros de los grupos armados ilegales. Los senadores esgrimen que en el momento en el que el combatiente le sea violado el Derecho Internacional Humanitario, cambiaría su condición y él o su familia podrían ser objeto de reparación.

El senador Jorge Londoño dijo "cualquier persona que haya sido víctima de violación de un derecho fundamental, establecido en el DIH, debe ser resarcida por parte del Estado".

Para definir quiénes pueden ser considerados víctimas, se designó a los senadores Jorge Londoño (Partido Verde) y Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático), encargados de redactar de nuevo ese artículo. "Se trata de aclarar que si cualquier persona que pertenezca a un grupo al margen de la ley y es víctima, debe ser resarcido. Nosotros no entenderíamos que a un ser humano se le desconozca un derecho fundamental y no se le pueda catalogar como víctima a él y sus parientes" señalo Londoño.

Cristo Bustos, dijo "muchos colombianos de bien pueden tener familiares en grupos al margen de la ley y ser a la vez víctimas del conflicto".

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Columna del senador Eugenio Prieto (Partido Liberal)

PRIETO_EUGENIO_SOTO__8Bogotá D.C., 8 de febrero de 2011.   La inversión extranjera directa (IED) en el sector minero, ha crecido en los últimos cinco años a un ritmo vertiginoso en Colombia (US$ 2.500 millones anuales), ocupando cerca del 20 por ciento del total de la IED, lo cual siempre resulta beneficioso para la economía, y teóricamente para elevar el nivel y la calidad de vida de los colombianos. Para ello, el gobierno ha estimulado abiertamente esta actividad, más que limitantes, se ha promovido la explotación minera, sin reparar en el daño que produce al ambiente y sin examinar a fondo si, efectivamente, la relación costo beneficio pone en un punto de equilibrio esta ecuación.


Recuérdese para el efecto, el proyecto de Código de Minas del año 1996, blanco de innumerables críticas, precisamente por desconocer la ancestralidad, pretendía permitir que, por la vía del permiso, fuese procedente la explotación minera de territorios que hacían parte del patrimonio cultural y ecológico de la nación, tales como parques nacionales, reservas naturales, áreas naturales únicas, santuarios de flora y fauna, y zonas arqueológicas o de patrimonio histórico y cultural; lo que representaba una elección definitiva en pro de la economía, de la que finalmente el gobierno desistió, más por la intensidad de las presiones nacionales e internacionales, que por una verdadera convicción de formulación de políticas conservacionistas.

Sin embargo, con la Ley 685 de 2001, el medio ambiente y todas las garantías que la Constitución otorgó a las diversas etnias y a su territorio, fueron abiertamente desconocidas, gracias a la declaratoria de utilidad pública de la actividad minera, la cual hizo impensable el equilibrio entre cultura y economía, entre medio ambiente y lucro, entre economía y diversidad etnográfica. El primer inconveniente que trajo esta declaratoria fue el de chocar abiertamente con la concepción que de la tierra tienen las comunidades indígenas y negras, en cuyos territorios hay innumerables riquezas mineras susceptibles de explotación.

Es de tener en cuenta, que para ellos antes que lucro, el territorio es el lugar en el cual se entiende la vida en relación íntima, en unión absoluta hombre-cosmos. No basta aquí la implementación de un modelo de desarrollo, usualmente importado, sino de una política que, consultando y respetando su especial cosmovisión, ponga en equilibrio sostenible las necesidades actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

Por consiguiente, es necesario, antes que atribuir responsabilidad directa y exclusiva a las CAR, en materia del desastre ambiental y la tragedia invernal, proponer y expedir una legislación y política ambiental y minera que resuelva, por lo menos a largo plazo, la gran encrucijada del desarrollo sostenible, esto es, la innegable necesidad de armonizar la relación hombre-ambiente con la interacción y transformación que aquel produce sobre éste.

Por otra parte, una legislación minera con un enfoque exclusivamente económico no alcanza a resolver la mayoría de los problemas que esa actividad genera, bien en forma directa o indirecta. Erosión, destrucción de la biodiversidad y de la capa de ozono, desertización, falta de servicios públicos básicos, desigualdades sociales, son algunos de los precarios premios que puede otorgar la decisión política de privilegiar -a rajatabla- la economía por la vía de la actividad minera. A ello se suma la incoherencia en la formulación de los planes de desarrollo, que no se construyen desde la concertación tecno política que privilegie la diferencia y el dialogo de los actores del territorio, sino con igual enfoque económico y una visión estrictamente occidental, que excluye y niega, las miradas de otras cosmovisiones.

Asimismo, la economía, dadas las realidades surgidas del calentamiento global, y los errores históricos que hemos cometido en el uso y explotación del suelo y el subsuelo, tiene la inaplazable tarea de ponerse a tono con un nuevo entendimiento del territorio y del sentido de pertenencia de quien lo habita. De admitir, de una vez por todas, que la cultura es intransferible y que el entorno propio es el que nutre de un especial contenido la noción de existencia, de proyecto de vida, y sobre todo, de la forma de ocuparlo. Quedan muchos puntos por discutir. Las formas y los sitios de explotación, la duración de las concesiones, la responsabilidad social de las empresas mineras, el compromiso ecológico y el respeto por el entorno, entre otros.

Pero sobre todo, falta por comprender que no se trata de una relación estrictamente comercial, pues como dijera Seattle, jefe de la tribu de los Dwamish, en carta que dirigiera en 1855 al entonces presidente de los USA, Franklin Pierce, en respuesta a la oferta que el gobierno les hiciera para comprar sus tierras, "¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, o el calor de la tierra?... No son nuestros la frescura del aire, ni la transparencia del agua…"

Y agrega de manera profética: "Hay una cosa de la que estamos seguros: la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, pues el mismo no es sino un hilo de ella. Está buscando su desgracia si osa romper esa red. El sufrimiento de la tierra se convierte a la fuerza en el sufrimiento de sus hijos. De eso estamos seguros, todas las cosas están ligadas como la sangre de una misma familia".

Oficina de Prensa senador Eugenio Priego, celular: 3115801280

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Comision_Primera_02_12_10_1Según el coordinador de ponentes la iniciativa abre el camino hacia la paz y la reconciliación nacional.

Bogotá D.C., 7 de febrero de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- "Estamos trabajando en la ponencia para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas para allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional y en eso estamos caminando firmes", advirtió el senador y coordinador de ponentes, Juan Fernando Cristo (Liberal), al referirse a la Ley de Víctimas que esta para tercer debate en la Comisión Primera del Senado, luego de ser aprobado en la Cámara de Representantes.

Cristo explicó que dentro de los temas modificados está el de la institucionalidad. "Esta debe ser mejorada; las medidas de protección para las víctimas que participen en el proceso de restitución de tierras, queremos fortalecerlas; a la fecha a partir de la cual se comienzan a reconocer las víctimas, creo que podemos generarle un consenso para modificarla y no excluir a la víctimas de la década de los 80 tanto a las víctimas de las Farccomo del paramilitarismo", anotó.

En su opinión, se requieren ajustes al capítulo de restitución de tierras. "Esto con el fin de garantizar que sea un proceso ágil y eficaz y que no se convierta en una frustración para los despojados y desplazados por la violencia".

Ponencia de consenso

"Son tantos los temas que queremos discutir y con esta ponencia estamos caminando firmes, sin prisa pero sin pausa. Acordamos que no vamos a imponer una fecha fatal para la ponencia. Vamos a trabajar para presentarla que sea profunda, seria y que justifique las modificaciones de Cámara y que sea una ponencia de consenso entre los partidos de coalición del  Gobierno así como el Partido Verde y el Polo Democrático" señaló Cristo.

"El proyecto inicialmente era contemplado como una ley de justicia transicional que se aplicaría en 15 años. El Ministerio de Hacienda propuso que se redujera el tiempo de aplicación a 10 años y si el Ministerio considera que se debe ampliar nuevamente el plazo, no le veo ningún problema, porque lo importante es sacar una ley que se eficaz, que las víctimas entiendan que es una política de mediano y largo plazo", dijo el senador liberal.

A juicio de Cristo, "necesitamos una ley de víctimas con una enorme legitimidad para que sea eficaz, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y una ley de víctimas con el apoyo de las propias víctimas de la violencia".

Lo esencial del proyecto

En el texto de la iniciativa se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, por hechos ocurridos a partir de 1991, siempre que este menoscabo sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos.

El proyecto destaca que el hecho de que el Estado reconozca la calidad de víctima, no podrá ser tenido en cuenta por ninguna autoridad judicial o disciplinaria como prueba de la responsabilidad del Estado o de sus agentes.

Así mismo, precisa que si el Estado debe concurrir subsidiariamente a indemnizar a la víctima, el pago que este deberá reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual vía administrativa.

La propuesta también incluye que los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados como víctimas, salvo en los casos contemplados en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley.

Contempla además que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescindible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a las normas Internacionales.

Igual dispone que la ayuda humanitaria no constituye reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho la víctima.

Respecto a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas señala que no serán objeto de la presente ley, pues harán parte de leyes específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos.

En esencia la propuesta busca establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas, sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la restitución de tierras.

Con relación a la restitución de tierras, el Estado adoptará las medidas requeridas para la restitución de las mismas a los despojados y, de no ser posible, determinará y reconocerá la compensación correspondiente.

La iniciativa fue presentada por el Ministro del Interior y de Justicia y los senadores Armando Benedetti Villaneda (Partido de la U), Juan Lozano Ramírez (Partido de la U), José Darío Salazar (Partido Conservador), Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), Juan Fernando Cristo Bustos (Partido Liberal).

Como ponentes fueron designados los senadores Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), Roy Barreras (Partido de la U), Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde), Hernán Andrade (Partido Conservador), Hemel Hurtado (PIN) y Luis C arlos Avellaneda (Polo Democrático).

El proyecto consta de 9 títulos, 11 capítulos y 183 artículos incluido la vigencia. Descargue el texto aprobado por la Cámara de Representantes.

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Comision_Ley_de_Victimas_03_02_11Las comisiones de Paz y Seguimiento al Drama Humanitario definieron agenda para crear un marco legal de nuevo proceso de paz

Bogotá D.C., 3 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- Impulsar en el Congreso un proyecto la ley que incentive a los combatientes a dejar el conflicto acordaron los senadores de las Comisiones de Paz y de Seguimiento al Drama Humanitario, luego de una reunión en la sede de la Comisión Primera.

En el encuentro en el que estuvieron los senadores Roy Barreras (Partido de la U), Alexandra Moreno y Carlos Baena (Movimiento MIRA), Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), Félix Valera (Partido Verde) y Antonio José Correa (PIN), también se avanzó en lo que será la agenda legislativa de las Comisiones de Paz y Acuerdo Humanitario.

En ese escenario se proyectó la discusión del marco legal para alcanzar la paz en Colombia, revisando a profundidad materias como el Estatuto de Roma, la ley de víctimas, los procesos de paz en América Latina; la desmovilización y resocialización en Colombia; el secuestro en el país; las bandas criminales (Bacrim) y el papel de la Comunidad Internacional y la incidencia del narcotráfico en el tema del conflicto.

El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), afirmó: "vamos a realizar audiencias públicas con los distintos sectores del país, con el fin de debatir de manera académica, sin afanes, sin prisas, sin la premura una negociación de paz y vamos a debatir unos temas que consideramos fundamentales; lo vamos hacer durante todo el año".

Se acordó que con el Gobierno, los gremios, las organizaciones sociales y laborales, los académicos y las universidades, se debatirán temas puntuales como la incidencia del Estatuto Penal de Roma, las posibilidades de una negociación de paz, el tema de la Bacrim , el narcotráfico, el secuestro y la situación de los desmovilizados.

"Proyectos de ley, como el de víctimas que está en curso en el Senado, son instrumentos importantes para construir la paz en Colombia", dijo el senador Cristo Bustos.

Con relación al proyecto de combatientes, el senador Cristo dijo: "Vamos a presentar un proyecto de ley de beneficio a los combatientes del conflicto, a los excombatientes, no solamente de los grupos violentos sino del Ejército, la Policía y la Fuerza Pública. Hemos hablado de cómo resolver el tema de las regiones azotadas por el conflicto que han sido tradicionalmente abandonados".

Para el senador Félix Valera (Partido Verde), "el Congreso será el canal expedito para que lo utilicen todos los sectores que tienen el compromiso de restablecer los niveles de paz que se requieren".

"Vamos a jugar un papel importante, vamos a ser receptores de los mensajes claros de las esperanzas que desean los colombianos que se encuentran en la dificultad del conflicto, como víctima, victimario o secuestrado. Este congreso tiene que ser la sala expedita para reconstruir ese marco social que tanto estamos necesitando", anotó.

El senador Roy Barreras (Partido de la U), presidente de la Comisión de Paz, sostuvo: "Hay que construir un marco legal para la paz y avanzar hacia allá, y ello requiere de una agenda temática y amplia que hemos presentado de cara a los colombianos. Ello debe incluir qué tanto perdón vamos a ofrecer los colombianos para poder aclimatar la paz. Qué estamos dispuestos a ceder y qué vamos a ofrecer, porque esa será la tarea de las dos Comisiones, brindándole herramientas al Gobierno para avanzar en el camino de la paz".

Cristo también dijo que la idea es comenzar las audiencias y en la medida en que vayan avanzando, se van identificando temas y presentando soluciones  e instrumentos legales que complementen la ley de víctimas. "Nosotros en el Partido Liberal estamos convencidos que la ley de víctimas es el instrumento de paz definitivo para la sociedad colombiana", recalcó.

"No podemos garantizar la paz si solamente reparamos las víctimas actuales y no garantizamos que no haya más víctimas. Para que no las haya, hay que cesar la violencia y para cesarla se necesita un marco legal y un ambiente político que lo hay y comprometer al gobierno en esa tarea", aseveró el senador Barreras.

El senador Antonio José Correa (PIN), dijo que en el país existen unas zonas de riesgo que no deben convertirse en política de un Gobierno de turno, sino en una ley de la República. "Por ejemplo el departamento de Córdoba, década tras década, ha sufrido la envestida de la violencia. Tenemos que hacer una ley de la República que vaya en pro de esas zonas de riesgo del país. Hay que incentivar el aumento del pie de fuerza y la inversión social, para que los jóvenes no sean reclutados por los grupos al margen de la ley y que exista una sera y verdadera política de paz para esas zonas especiales", dijo Correa.

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Para el senador Juan Fernando Cristo, "las medidas son erráticas". Para Jorge Enrique Robledo "el Gobierno se está aprovechando de la emergencia, de dolor ciudadano, de la confusión del país para hacer cosas indebidas" .

comision_inviernoBogotá D.C., 2 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- Los diversos senadores con asiento en la Comisión Accidental expresaron distintas opiniones respecto al alcance de las mismas.

Los senadores se reunieron con representantes a la Cámara y el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en la Comisión Primera, para analizar los decretos emitidos por el Gobierno,  tales como la creación de organismos en los departamentos para la entrega efectiva de soluciones a las personas afectadas por la ola invernal.

El senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) insistió en señalar que las medidas adoptadas no son convenientes. "Se están mirando dos proyectos: la privatización de Ecopetrol y el de la toma que hizo el señor Presidente de las CAR. Pienso que estos dos decretos son abiertamente inconstitucionales, ilegales. Ecopetrol, porque es evidente que no existe una urgencia que lo justifique. Han debido traerlo al Congreso para que lo aprobara o no, es inconstitucional. El de las CAR es peor, porque es inconstitucional, porque no existía urgencia de saltarse al Congreso. Estamos ante un gobierno que se está aprovechando de la emergencia, de  dolor ciudadano, de la confusión del país para hacer cosas indebidas".

El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal) señaló "estamos analizando las medidas del Gobierno frente al tema de la emergencia invernal y escuchar al Ministro de Hacienda. Las políticas del Gobierno han sido un tanto erráticas y tienen confundida a la opinión pública, lo cual no es bueno. Las medidas de emergencia tomadas por el gobierno, no son malas, pero ese tema hay que analizarlo a fondo".

Por su parte, el senador Germán Carlosama (Movimiento Indígena), dijo "consideramos que deben existir unos organismos que asuman la responsabilidad y hagan bien la inversión de los recursos para que no se extravíen en el camino, porque muchas veces lo que uno conoce es que los que menos se benefician son los afectados, buscamos que sea la vía adecuada para que los afectados reciban los recursos directamente".

Para el senador Carlos Baena (Movimiento Mira), "estamos garantizando que las ayudas efectivamente les lleguen a las personas y que existan controles para que no se vayan a utilizar con fines de politiquería o destinarlos a la campaña electoral, sino que realmente existan los controles a nivel territorial, porque todo fue descentralizado, es decir aquí hay unos controles en la junta del Fondo de Calamidades y el Fondo de Adaptación, la Contraloría, la Procuraduría, pero a nivel territorial, nosotros pensamos que hay que fortalecer los mecanismos de control en cada uno de los departamentos y en cada una de las alcaldías para que realmente estas ayudas lleguen a los damnificados".

El senador Antonio José Correa (PIN) dijo "estamos preocupados porque  en la región de La Mojana existen cuatro bocas abiertas, propensas a que apenas empiecen las lluvias se filtre el agua, cause daños mayores y aumente el número de damnificados en la Región. Le pedimos a Invías para que cierre las bocas sobre todo la de Santanita que posee más de 600 metros. Es el momento de lanzar los campanazos de alerta".

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseveró que si antes de mañana los gobernadores de siete departamentos no han designado a un operador que canalice esos recursos hacia la población, el Gobierno les quitará la competencia.

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