Bogotá, D.C., 28 de marzo de 2012 (Columna senadora Claudia Wilches).- La tan esperada reforma a la Justica ha tomado un rumbo diferente, más allá de debatir o argumentar sobre la descongestión del sistema judicial, de otorgar un verdadero servicio de justicia a los colombianos y de depurar el sistema. Se ha creado un campo de batalla político en el que las posiciones a favor y en contra, de mantener el fuero militar o de transformar esta figura han centrado la atención, desviando así el debate de una reforma que todo el país espera.

No sin menos, el fuero militar se ha llevado el protagonismo en el capítulo de la reforma a la Justicia, siendo una figura inherente a cualquier ejército en el mundo o fuerzas especiales de seguridad, en un país con las características delictivas y de violencia como Colombia y cuando hasta ahora se evidencia un avance ante el terror, se ha creado la propuesta de reformarlo sin la seguridad de que será fortalecido.

Delicada situación la que se ha generado al interior del Congreso resultado de los continuos cambios por parte del gobierno y de su posición respecto al fuero militar y es delicada porque aún las fuerzas militares pueden sentir como se define su situación en medio de luchas ideológicas, pensamientos sobre conflicto o terrorismo y pretensiones políticas, cuando a la orden del día pasan enfrentando el peligro en todos los rincones del país, sumado a que las actuaciones de su servicio pueden llegar a ser juzgadas dentro del marco de la justicia ordinaria o al menos con el conocimiento de esta.

Y aunque se haya radicado un nuevo texto ante la Cámara de Representantes las dudas aún persisten y las mayorías en el Congreso no ven con tranquilidad el futuro del fuero militar y es que mientras 450.000 familias, renuncian a sus hijos y seres queridos para que en servicio a la patria la protejan, no podemos ser sujetos pasivos e indiferentes ante sus necesidades, ya que las presiones que viven a diario deben ser recompensadas en virtud al Estado Social de Derecho que nos rige, y la protección que se les brinda al tener una justicia especializada les equipara frente a los derechos que ellos mismos entregan por salvaguardar la patria.

Por esta razón la seguridad jurídica para las fuerzas militares es también un asunto de seguridad y defensa nacional donde los intereses máximos del Estado deben ser resguardados antes de favorecer pretensiones políticas o tratar de demarcar tendencias diferenciales a la hora de gobernar.

El cambio de imagen en todo el mundo se logra también con el fin del terror y otorgando a las fuerzas militares las suficientes garantías jurídicas y constitucionales para el correcto ejercicio de su función. Una buena imagen a nivel internacional se alcanza no debilitando las acciones militares y contradiciendo la esencia de sus instituciones, sino fortaleciendo las fuerzas armadas,fomentando el respeto a los derechos humanos desde la niñez y si de Derechos Humanos se trata, enseñarlos y fomentarlos en todas las esferas de la sociedad, no pensando que el único lugar en donde se pueden respetar o transgredir son en medio del campo de batalla o al interior de las fuerzas militares.

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