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Desde la plenaria del senador, el legislador del Partido de la U Manuel Enríquez Rosero demando dle Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, presencia inmediata del estado, para encontrar una solución a la crisis social y económica de esa región del país.

Bogotá 23 de agosto de 2016 (PRENSA HS MANUEL ENRIQUEZ ROSERO).- Con estadísticas en mano sobre los efectos sociales y económicos en el departamento del Putumayo, tras 26 días de paro, el senador Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U) demandó la presencia del Gobierno en esa sección de Colombia, con el propósito de encontrar una solución, a través del diálogo ciudadano.

La posición del legislador se produjo en la plenaria del senado, tras advertir que la situación los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel tiene paralizado el comercio, la actividad turística, así como la seguridad alimentaria, no solo de esta región el país, sino de buena parte de la zona sur y andina.


“Los habitantes del Putumayo reclaman del Gobierno una acción integral y una respuesta desde el Estado a la erradicación forzada de cultivos ilícitos, nuevos métodos de fumigación, explotación de hidrocarburos y la defensa de los derechos humanos”, comentó.

El senador Manuel Enríquez Rosero exhortó al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo a liderar a nombre del Gobierno la construcción de una solución a los 26 días de paro en el departamento del Putumayo, que se traduzca en la ´puesta en marcha de una estrategiaintegral social y económica, para sus habitantes, afectados por décadas por la violencia y la ausencia de una hoja de ruta para la comercialización de sus productos agrícolas.

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El gobierno actuó en la liquidación de manera que la devolución no pudiera darse.

Bogotá D.C., agosto 23 de 2016 (Prensa S. Jorge Robledo).- Como un hecho inaceptable calificó el senador Jorge Enrique Robledo la actuación de los administradores y liquidadores de Saludcoop, ambos nombrados por el gobierno de Juan Manuel Santos, quienes decidieron hacer imposible la devolución de los 1,4 billones de pesos –más 300 mil millones de intereses– que la EPS le robó al sistema de salud, y que de acuerdo con un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República se le deben devolver al sistema de salud.

En el proceso de liquidación de Saludcoop, la Contraloría, en primer término, le solicitó al liquidador no incluir los 1,4 billones de pesos en la masa liquidatoria, petición que fue rechazada. Esto a pesar de que, Según el Consejo de Estado (2007), los recursos de la salud no le pertenecen a la EPS sino al sistema de salud, luego “mal podrían entrar en su liquidación como si fueran de su propiedad”. Y en los mismos términos lo estableció la Superintendencia de Salud en Circular Externa 104 del 17 de abril del 2000.La Contraloría además solicitó, como segunda opción, que si los $1.4 billones entraban en la liquidación, que se clasificara como acreedor de primera clase, para evitar que los recursos de la EPS no le alcanzaran para pagar la billonaria sanción. Pero la respuesta del liquidador, que respalda el Ministro de Salud (http://bit.ly/2bJx6Qb), fue rechazar las pretensiones de la Contraloría y ubicar la sanción en el último lugar de prelación de deudas –el quinto, como deuda quirografaria–, de manera que dicha plata se perdió definitivamente.

Estas y otras denuncias se ampliaran en el debate de control político citado por el senador Robledo sobre las irregularidades en la liquidación de Saludcoop y la situación de Cafesalud que se adelantará el próximo martes 30 de agosto en la plenaria del Senado.

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Bogotá D.C.,  agosto 23 del 2016 (Prensa S. Fernando Araújo).- La Plenaria del Senado de la República lamentó profundamente el sensible fallecimiento del arquitecto, cofundador del Banco Davivienda y gestor de Cementos Tequendama, Gabriel Humberto Zárate Sánchez, acaecido en la ciudad de Bogotá el pasado 17 de agosto.

En la proposición de moción de duelo presentada por el Senador Fernando Nicolás Araújo se exaltaron las cualidades de Gabriel Zarate como un hombre que se identificó por su sencillez, espíritu emprendedor para hacer empresa en el país y, en suma, revestido de inteligencia, virtudes, valores y principios.“Durante su vida, este santandereano dedicó con entusiasmo sus esfuerzos en los sectores de la construcción y financiero, que según voces de sus más cercanos amigos Gabriel trabajaba a diario para hacer patria. Pero, sobre todo, se distinguió con una pasión desinteresada y un convencimiento sin igual en fomentar la educación del país a través de sus aportes en diferentes fundaciones con ese propósito”, cita el texto de la proposición.

Gabriel Zarate ostentó los cargos como miembro principal de las juntas directivas de los Bancos República de Venezuela, de Granbanco, del Banco Superior y, durante gran parte de su vida, del Banco Davivienda.“El Honorable Congreso de la República, expresa su más sentido pésame a sus familiares y allegados, quienes hoy se encuentran de luto, por tan lamentable pérdida”.

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Bogotá, 23 de agosto de 2016 (CD). Ante la sesión Plenaria de este martes, el senador Ernesto Macías dejó una constancia en la que exige a los organismos de control, a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno Nacional, realizar una investigación urgente y a fondo, que permita determinar responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, tras la tragedia ocurrida la semana anterior en el estadio de Neiva:

“El Estadio de Fútbol de Neiva, principal escenario deportivo del departamento del Huila, se encontraba en obras de remodelación desde diciembre del 2014, sin embargo, en su ejecución, el 12 de septiembre de 2015, cuando se realizaban labores de fundición de uno de los andamiajes de la estructura de la zona occidental del complejo deportivo cedió y se derribó.

Posteriormente, el viernes pasado 19 del presente mes de agosto, el derrumbamiento de una de las placas de concreto, generó una emergencia hacia las 5 de la tarde en la ciudad de Neiva, dejando como resultado cuatro personas fallecidas y varios heridos.

Ante la tragedia anunciada, toda vez que en mayo del presente año se alertó a través del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE, la identificación de cuatro proyectos en estado crítico en el departamento del Huila, donde se encuentraba la adecuación y remodelación del estadio de fútbol por un valor inicial de $21.200 millones y con posteriores adiciones que hoy superan o llegan aproximadamente a los 30 mil millones de pesos, el Gobierno Nacional se limitó ha advertir mediante alertas y catalogar el proyecto como crítico, sin consecuencias contundentes.

Resulta inexplicable e injustificable que se permitiera continuar con el desarrollo de las obras en el estadio de Neiva, pese a ser considerado el proyecto como crítico y ver al Director  de Planeación, en una visita al Estadio el día antes a la tragedia, ante los medios de comunicación anunció simplemente que muy pronto sería inaugurado.

En razón a los lamentables hechos, que enlutan hoy a cuatro familias huilenses, solicito a los Organismos de Control, a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno Nacional, el cual no puede eludir la responsabilidad en este caso se realice una investigación urgente y a fondo, que permita determinar responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales; pero, además, que no se abandone a la ciudadanía huilense que exige la pronta terminación de la obra.

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Sincelejo, agosto 23 de 2016 (Prensa S. Mario Fernándes).- El senador sucreño Mario Fernández Alcocer solicitó al Presidente de Satena, Mayor General del Aire, Pedro Ignacio Lozano Quinche, que se estudie la posibilidad de incluir 2 frecuencias adicionales al vuelo nocturno que opera esta aerolínea desde el aeropuerto Las Brujas, de Corozal, y que ha sido un éxito a la fecha.

Actualmente Satena tiene la ruta nocturna Bogotá-Corozal / Corozal-Bogotá los días martes, viernes y domingo. La solicitud del Parlamentario es que se considere implementar dos frecuencias más los días lunes y jueves, con el fin de seguir mejorando la oferta para los viajeros del Departamento de Sucre hacia y desde la capital.

“Teniendo en cuenta que el número de viajeros entre Corozal y Bogotá se ha incrementado considerablemente gracias a esta ruta nocturna, y la disponibilidad de equipos que tiene Satena para cubrir la misma, hemos solicitado al General Pedro Lozano que revisen la opción de incrementarla dos días más, esto con el fin de seguir mejorando la oferta y la competitividad de nuestro aeropuerto”, anotó Fernández Alcocer.

El senador liberal manifestó su satisfacción por la buena acogida que ha tenido este vuelo nocturno entre los viajeros sucreños, pues esto motiva a otras aerolíneas a decidirse operar desde el terminal aéreo Las Brujas. 

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Villavicencio, 22 de agosto 2016 (CD). La senadora Nohora Tovar Rey denunció que en el proyecto de presupuesto para el año 2017, que se discute en el Congreso de la República, disminuye el 17% al deporte colombiano colombiano.

“No puede ser que la respuesta del Estado para nuestros deportistas que nos llenaron de orgullo en las recientes Olimpiadas, sea la disminución de recursos, es paradójico que celebremos sus triunfos y posteriormente el Gobierno los castigue”, denunció la Congresista.De igual forma, hizo una comparación con las asignaciones del presupuesto del Gobierno Nacional al insistir que: “El plebiscito del Presidente Santos, contará con 350 mil millones en recursos para su realización, mientras que el deporte se queda con apenas 300 mil millones de pesos, esas son las prioridades del Gobierno actual”.

Finalmente, la Congresista del Centro Democrático, anunció que objetará estas intenciones del Gobierno que van en contravía de los méritos de los deportistas: “Los recursos para cumplir el ciclo olímpico y la formación de por sí, ya son escasos, recortarlos sería caótico”.

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Medellín, 22 de agosto de 2016 (CD). El expresidente y senador Álvaro Uribe advirtió que el Gobierno debe emprender una política seria de austeridad en lugar de reducir el presupuesto dirigido al deporte.

"Me parece que en lugar de bajarle el presupuesto al deporte lo que tiene es que cortar burocracia, eliminar la mermelada, austeridad por donde tiene que haber", pidió el expresidente.Recordó además que los resultados actuales de los deportistas colombianos, son el resultado del incremento de los recursos para este sector que se gestaron durante su administración.

"El gobierno nuestro le creó cuatro puntos al impuesto de IVA a la telefonía celular para poder financiar el deporte colombiano, yo creo que fue un logro importante que empezó a mejorar la preparación olímpica, y uno se pone muy contento al ver estas medallas que se han conseguido ahora en Río de Janeiro", destacó.Uribe Vélez añadió que este Gobierno no sólo debe recuperar la austeridad y los recursos para el deporte, sino en general todas las políticas que se han perdido y que se había comprometido a mantener.

“Empezar a recuperar la seguridad y la inversión porque se ha acabado todo. Yo hago una reflexión: este Gobierno prometió mantener y fortalecer las políticas de seguridad democrática, confianza de inversión y cohesión social; las pudo mejorar, las abandonó”, expresó.“Ahora nos chantajea, ahora nos dice que sí gana el NO, en lugar de darse el Gobierno a la tarea de reorientar los acuerdos, dice que abandona la paz. Este gobierno nos pasa del engaño al chantaje, del chantaje al engaño. Por eso NO a estos acuerdos, si a la paz como lo manda la Constitución”, añadió el expresidente Uribe.

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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizó audiencia pública con el objetivo de atender los diferentes sectores que están relacionados en el Proyecto de Ley  267 DE 2016 C - 054 DE 2015 S. “POR LA CUAL SE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DEL PAÍS..." siendo presidido el evento por los Representantes a la Cámara Oscar Hernan Sanchez, Alvaro Hernan Prada y Carlos Edward Osorio, Igualmente por la coautora del proyecto Senadora Doris Vega

Bogotá, D.C., 23 de Agosto de 2016 (Prensa del Senado). Con la asistencia de las Juntas Administradoras Locales de diferentes regiones del país Cundinamarca , Santander Meta, Valle, Antioquia, Risaralda, Casanare, entre otros, se llevó a cabo en esta célula legislativa la audiencia donde los ediles expresaron sus puntos de vista sobre el trámite del proyecto que establece el reconocimiento de honorarios, el cual ya fue aprobado por el Senado y se encuentra pendiente su último debate en la plenaria de Cámara.


Sobre este tema los ediles solicitaron a los congresistas aprobar la ley pero garantizando realmente unos honorarios por la labor Constitucional y legal que ellos ejercen, por que dejar este reconocimiento a facultad de los alcaldes es no avanzar en el propósito. Por este motivo dieron a conocer aspectos que ya han sido aprobados con otra ley anterior que tenía el sentido de favorecerlos pero que en la práctica las instituciones encargadas no los desarrollan ó quedaron restringidos en su aplicabilidad. Como es el caso de la cotización pensional que se les quizo reconocer en la ley 1551 pero al quedar atado al régimen subsidiado se generan las restricciones que este sistema conlleva y no ha permitido a los ediles obtener el beneficio con los aportes. Así mismo sucede con el beneficio de capacitación y formación al que ya tienen derecho pero que no lo hacen efectivo las entidades competentes. De igual manera solicitaron el mismo trato en cuanto a la reposición de los votos obtenidos por el proceso electoral que ellos deben adelantar para llegar al cargo, teniendo en cuenta que participan en las elecciones regionales como lo hacen todos los demás aspirantes a los cargos de elección popular y a quienes si se les otorga este favorecimiento.

En la audiencia hizo su intervención la coautora del proyecto senadora Doris Vega, argumentando el hecho positivo de haber sido  aprobada en la comisión primera de cámara la modificación del articulado para hacer obligatorio y no facultativo el pago de honorarios a los ediles que pertenezcan a municipios con más de 100 mil habitantes.

Asi mismo participó la Federación Colombiana de Municipios mediante su delegada, quién advirtió la dificultad presupuestal de los municipios y la necesidad de buscar opciones para obtener recursos y poder cumplir con esta Ley.

Para concluir le pedimos a la Senadora Doris Vega nos diera sus apreciaciones sobre los resultados encontrados con esta audiencia: "Muy positivo haber escuchado todas las partes implicadas en esta iniciativa lo cual nos lleva a hacer unos ajustes en algunos artículos como modificar el nombre de los actos administrativos que las JAL expiden para quedar acorde con la denominación de la corporación  y pasen a llamarse "acuerdos locales" y eliminar lo de resoluciones ó acuerdos comunales.

Así mismo nos dimos cuenta que entre todos podemos buscar soluciones para la ejecución de esta nueva norma. No debemos seguir manteniendo en el olvido a estos servidores públicos que son la base de la política y quienes ayudan a fortalecer la democracia. Hemos visto aquí como resultan fórmulas para ayudar en el reconocimiento de sus honorarios y hacer cumplir la ley, como por ejemplo pensar en la creación de una estampilla para recoger fondos en los municipios, ó vincular a las gobernaciones para qué aporten algo a quienes también son trabajadores oficiales en su departamento;  seguiremos escuchando propuestas porque no podemos hacer lo más fácil que es decir no hay plata y ya, dejar desamparados todos estos ciudadanos que también hacen patria. El Estado Colombiano no puede seguir aprovechándose de la buena voluntad y el don de servir de estos seres humanos qué quieren hacer algo por su comunidad pero qué no se les reconoce al menos para que puedan realizar decorosamente las actividades del cargo.

Si queremos una PAZ real en Colombia, debemos empezar por otorgar el derecho a la igualdad en nuestros semejantes, y este proyecto busca reconocer ese derecho hacia los miembros de una corporación que se hace elegir democráticamente." puntualizó la Coautora del proyecto senadora Vega.

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Ultima modificación: Martes 23 de Agosto de 2016 14:07
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Villavicencio, 22 de agosto 2016 (CD). La Senadora de la República Nohora Tovar Rey denunció que en el proyecto de presupuesto para el año 2017 que se discute en el Congreso de la República, disminuye el 17% al deporte colombiano colombiano: “No puede ser que la respuesta del Estado para nuestros deportistas que nos llenaron de orgullo en las recientes Olimpiadas, sea la disminución de recursos, es paradójico que celebremos sus triunfos y posteriormente el Gobierno los castigue”, denunció la Congresista.

De igual forma hizo una comparación con las asignaciones del presupuesto del Gobierno Nacional al insistir  que “ El plebiscito del Presidente Santos, contará con 350 mil millones en recursos para su realización, mientras que el deporte se queda con apenas 300 mil millones de pesos, esas son las prioridades del Gobierno actual”.

Finalmente la Congresista del Centro Democrático, anunció que objetará estas intenciones del Gobierno que van en contravía de los méritos de nuestros deportistas “Los recursos para cumplir el ciclo olímpico y la formación de por sí, ya son escasos, recortarlos sería caótico”, puntualizó Tovar Rey.

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Cali, agosto 19 de 2016 (Prensa S. Alexander López).-Esta semana en la ciudad de Washington D.C., el Senador Alexander López conjuntamente con representantes de la Junta Directiva de Sintracihobi (Sindicato que agrupa a las Madres Comunitarias, Fami, Sustitutas y Tutoras que cuidan niños y niñas entre cero y cinco años para los programas de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), con el acompañamiento político de WOLA, sostuvieron reuniones con el Congreso de los Estados Unidos con el objetivo de denunciar que el Estado colombiano está violando el acuerdo laboral de Santos y Obama, el cual obliga a ambos países a garantizar que se acabe con la tercerización laboral que obstaculiza el derecho de la sindicalización y debilita los derechos laborales de trabajadores en Colombia.

El Senador López denunció que “el ICBF gira recursos del Gobierno a más de 3,000 operadores privados y estos con este dinero contratan a las madres comunitarias para realizar una labor misional del Instituto que consiste en cuidar, atender, alimentar y brindar educación inicial para los niños bajo su protección. El gobierno las considera “voluntarias” y no “trabajadoras” y así les niega servicios sociales, un salario digno y pensiones.”La analista Gimena Sanchez de WOLA agregó, “el Estado Colombiano se presenta como el “modelo” global sobre cómo asegurar derechos laborales en el contexto de acuerdos comerciales. Pero en realidad es más retorica que realidad. Recibimos cada semanas múltiples ejemplos de violaciones al Plan de Accion Laboral por sindicatos y trabajadores colombianos y colombianas, y la respuesta del Ministerio de Trabajo en Colombia es de cuidarse a sí mismo frente a las autoridades estadunidenses, al no aceptar responsabilidad e ni siquiera intentar cambiar estas críticas situaciones.”

Adicional a esto el Sindicato ha reiterado las múltiples denuncias sobre la crisis humanitaria que aqueja más de 14.000 madres y exmadres comunitarias que a pesar de haber trabajado por más de 20 años para el Instituto y haber superado la edad de pensión, aún no tienen posibilidad de acceder a una pensión digna. “Tenemos madres comunitarias enfermas, discapacitadas, amputadas y que aún en estas condiciones no tienen otra opción que seguir trabajando porque no tienen derecho a una pensión”, declaró Eduviges Campo, fiscal del Sindicato y quien hizo parte de la delegación en la capital de Estados Unidos. Ella se pregunta si es de esta manera que el Gobierno de Colombia agradece a las mujeres que han cuidado con amor y atención a las futuras generaciones colombianas.Esta situación fue expuesta antes los Comités del Senado EEUU de labor y apropiaciones para fondos a Latinoamérica, además de Representantes que pertenecen al grupo de congresistas encargados de monitorear la situación de derechos laborales en Colombia.

La delegación también sostuvo reuniones con el Departamento de Labor y Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos Laborales, Oficina de Relaciones Internacionales, Oficina de Trabajo Infantil, y Oficina de Represéntate de Comercio del Gobierno de Estados Unidos. Además de monitorear el Plan de Acción Laboral, estas instituciones están encargadas de garantizar que los condicionamientos de derechos humanos ligados a la ayuda militar para Colombia cumplan con la proteccion de sindicalistas y líderes sociales.Caridad Vásquez, integrante de la Junta Directiva del Sindicato expresó que “es difícil pensar en un escenario de posconflicto que garantice una paz duradera cuando se siguen vulnerando derechos como a las madres comunitarias, quienes han sido en la práctica constructoras de paz durante toda su vida laboral, cuidando y educando a los niños en las ciudades y en el campo. Sin nosotras el conflicto armado hubiera tenido consecuencias más graves”. Por lo que hizo un llamado para que los gobiernos de ambos países trabajen conjuntamente para encontrar solución a la situación pensional de todas estas mujeres.

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