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En un evento académico en la capital de Córdoba se discutió el proyecto que pretende aclarar algunos vacíos en la ley de restitución de tierras.

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Ultima modificación: Jueves 26 de Mayo de 2016 15:23
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Bogotá D.C., mayo 26 de 2016 (Prensa S. Samy Merheg).
- El senador Samy Merheg, como autor del proyecto de ley, logra  en  plenaria del Senado  del 24 de mayo del año en curso; la aprobación  en  último debate con el que se busca la vinculación de la nación a la celebración de los 60 años de la Universidad del Tolima.


De acuerdo con lo expuesto, el proyecto de ley tiene como finalidad que la Nación se vincule a la celebración de los 60 años de la Universidad del Tolima, autorizando las apropiaciones presupuestales que se estimen necesarias con el fin de financiar y concurrir en obras y actividades que redunden en el mejoramiento del servicio público y educativo que la Universidad presta a los jóvenes de esta región del país, para que estos se vean beneficiados con una educación en condiciones de calidad que les permita su desarrollo profesional y personal garantizando con ello, la reducción de los índices de pobreza en esta región y la mejora de sus condiciones de vida y de sus familias.


La Universidad del Tolima ha hecho grandes esfuerzos por formar líderes y profesionales en el departamento. En el cumplimiento de ese objetivo ha sido necesario el desarrollo de su infraestructura física y tecnológica, la adecuación de sus laboratorios y el fortalecimiento de sus procesos académicos en su sede central y en las zonas donde esta institución tiene presencia activa.


Por tal motivo, es preciso que se incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones necesarias que permitan ejecutar y entregar al servicio de la comunidad universitaria de la Universidad del Tolima, las siguientes obras de infraestructura y fortalecimiento: Construcción y dotación del edificio de Investigaciones, Estudios Previos y Construcción de la Seccional Sur de la Universidad del Tolima en el municipio de Chaparral al Sur del departamento.

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Senador Samy Merheg logra aprobación de ley de honores para obtener apropiaciones presupuestales de   Universidad de La Paz en Chaparral Tolima

 

Bogotá D.C., mayo 26 de 2016 (Prensa S. Samy Merheg).- El senador Samy Merheg, como autor del proyecto de ley, logra  en  plenaria del Senado  del 24 de mayo del año en curso; la aprobación  en  último debate con el que se busca la vinculación de la nación a la celebración de los 60 años de la Universidad del Tolima.

De acuerdo con lo expuesto, el proyecto de ley tiene como finalidad que la Nación se vincule a la celebración de los 60 años de la Universidad del Tolima, autorizando las apropiaciones presupuestales que se estimen necesarias con el fin de financiar y concurrir en obras y actividades que redunden en el mejoramiento del servicio público y educativo que la Universidad presta a los jóvenes de esta región del país, para que estos se vean beneficiados con una educación en condiciones de calidad que les permita su desarrollo profesional y personal garantizando con ello, la reducción de los índices de pobreza en esta región y la mejora de sus condiciones de vida y de sus familias.


La Universidad del Tolima ha hecho grandes esfuerzos por formar líderes y profesionales en el departamento. En el cumplimiento de ese objetivo ha sido necesario el desarrollo de su infraestructura física y tecnológica, la adecuación de sus laboratorios y el fortalecimiento de sus procesos académicos en su sede central y en las zonas donde esta institución tiene presencia activa.


Por tal motivo, es preciso que se incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones necesarias que permitan ejecutar y entregar al servicio de la comunidad universitaria de la Universidad del Tolima, las siguientes obras de infraestructura y fortalecimiento: Construcción y dotación del edificio de Investigaciones, Estudios Previos y Construcción de la Seccional Sur de la Universidad del Tolima en el municipio de Chaparral al Sur del departamento.

 

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Ultima modificación: Viernes 27 de Mayo de 2016 14:54
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Bogotá, 25 de mayo de 2016 (CD). En el marco del debate de control político del Informe Final de la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo, explicó que un déficit fiscal del 4% del PIB podría llevar el nivel de endeudamiento a los niveles que tenía el país en 1997 -98 antes de la crisis de 1999.

En primer lugar, el legislador precisó que el déficit fiscal se debe a que Santos derrochó los ingresos petroleros. Desde el año el año 2013 a la fecha, el gasto de funcionamiento del Estado crece más que la inversión, y que el 61,7% del Presupuesto General de la Nación 2016, no es económicamente productivo. Por lo tanto, el Senador Araújo expresó que para una reforma tributaria estructural, es necesario un análisis riguroso sobre la eficiencia del Gasto Público, debido a que con uno derrochón y burocrático no hay reforma que lo aguante.

De igual forma, el Congresista  argumentó como la política fiscal del Presidente Juan Manuel Santos ha sido un fracaso, puesto  que su gobierno no ahorró durante la bonanza petrolera y aumentó el gasto público ineficiente, “si se hubiesen ahorrado los excedentes del petróleo por encima del ingreso del 2010, no sería necesario realizar ajustes importantes ahora. De no haber sido por las rentas petroleras el déficit habría permanecido alrededor del 5% durante todo el Gobierno de Santos”, indicó Araújo. 

En tercer lugar, el congresista demostró preocupación frente el aumento del IVA de 16% a 19%, debido a que este impuesto es regresivo, extiende los efectos de la inflación y conlleva a una disminución del consumo de las personas, con fuertes implicaciones sobre el crecimiento económico del país. Lo anterior, en fundamento a que más del 90% del recaudo nuevo para el Gobierno será proveniente del IVA.

Por último, el Congresista precisó que desde 2010 la percepción de la corrupción en nuestro país es cada  vez más alta, donde el 84% de los colombianos a febrero 2016 opinó que la corrupción  en el país está empeorando. De igual forma, Colombia ocupa el puesto 83 de 167 países según Corruption Perceptions Index (2015) en corrupción, en consecuencia, si no se combate esto de nada valdrá una reforma tributaria.

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Ultima modificación: Lunes 29 de Noviembre de 1999 19:00
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El senador aclaró que la Comisión de Instrucción no le hará el juego político a nadie: “no vamos a hacer persecuciones, pero tampoco nos vamos a dejar intimidar”.

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Ultima modificación: Lunes 29 de Noviembre de 1999 19:00
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Bogotá D.C., mayo 26 de 2018 (Prensa S. Mauricio Lizcano).- La plenaria del Senado y de Cámara aprobó la conciliación del proyecto de ley de autoría del senador Mauricio Lizcano que busca establecer una Red Unidos para la superación de la pobreza extrema.

Lizcano dijo que “el propósito de la iniciativa es elevar a rango legal la red para la superación de la pobreza extrema – Red Unidos – para así mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema y buscar que las mismas dejen atrás esa condición”.

Al elevar a rango de ley la Red Unidos no se podrá modificar o derogar por el gobierno y se blinda los programas hacia el futuro. La norma permitirá que los más pobres puedan acceder de manera preferente a los diferentes servicios sociales del estado como las casas gratis, las becas para estudiantes, microcréditos y trabajo entre otros.

Explicó que “la Red Unidos está conformada por las entidades del Estado que presten servicios sociales dirigidos a la población en pobreza extrema, alcaldías y gobernaciones, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil que actuarán coordinadamente a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad”.

La Red Unidos atenderá nueve frentes para mejorar las condiciones de vida de las familias en pobreza extrema. Estas son: 1. Identificación, 2. Ingresos y Trabajo, 3. Educación y Capacitación, 4. Salud, 5. Nutrición, 6.Habilitación, 7: Dinámica familiar, 8. Bancarización y Ahorro y 9. Acceso a la Justicia.

PROYECTO DE LEY 216 DE 2015 CÁMARA, 101 DE 2014 SENADO

por medio de la cual se establece la Red para la Superación de la Pobreza Extrema “Red Unidos” y se dictan otras disposiciones.

  1. Objeto                Elevar a rango de ley la política de la Red de Superación de la Pobreza Extrema “Red Unidos”, para así mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema, buscando que las mismas dejen atrás esta condición.

Esta red articula y coordina las distintas estrategias y entidades que ayudan a la población en pobreza extrema, convirtiéndola así en una política de Estado eficiente y no en una estrategia temporal de un gobierno particular. 

Ejes fundamentales de la ley    

  1. Convertir una política de Gobierno que ha sido efectiva en la lucha contra la pobreza extrema, en una Política de Estado.

A partir de esta Ley, el acompañamiento especial que se le hacen a las familias que se encuentran inmersas en la pobreza extrema será continuo y permanente, hasta que se cumpla las metas que indican que esta familia ya superó esta condición. Es decir, cuando exista cambio de Gobierno, el acompañamiento seguirá vigente.

  1. Visibilidad del acceso preferencial.

A partir de esta Ley todos los servicios del estado como: educación, trabajo, vivienda, nutrición, bancarización… serán priorizados hacia las personas que se encuentran inmersas en esta condición.

Programas sociales como familias: acción, viviendas gratis, temas de nutrición del ICBF o primer empleo, entre otros, deberán amparar en primer lugar a las familias que están en pobreza extrema.

  1. Se aclaran los roles del sector central y las entidades descentralizadas.

Las entidades descentralizadas deberán realizar un plan de acción de lucha contra la pobreza extrema el cual contará con el acompañamiento del Departamento para la Prosperidad Social, logrando así metas unificadas y acciones conjuntas, coordinadas y articulas.

¿Qué es la pobreza extrema?  

Es el estado más grave de pobreza, que no depende exclusivamente del nivel de ingresos, sino de la disponibilidad y acceso a servicios y necesidades básicas, como alimentos, agua potable, sanidad, techo y educación.

¿Por qué elevar esta política a rango de ley?    

Esta estrategia no ha sido elevada a rango de ley, por lo que corre el riesgo de ser modificada o derogada por un gobierno posterior.

Colombia se comprometió con los demás países de las Naciones Unidas a erradicar la Pobreza Extrema como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Desde 2006 los esfuerzos gubernamentales para erradicar la pobreza extrema se han incrementado a través de la estrategia Unidos, logrando resultados importantes.  Según el DANE, el porcentaje de colombianos en pobreza extrema cayó del 14.4% en 2010 a 7.9% en 2015. La estrategia, entonces, funciona. 

Hoy la estrategia Unidos, antes llevada a cabo por la Agencia Nacional contra la Pobreza Extrema – ANSPE, ha quedado en pausa debido a la absorción de esta entidad en cabeza del Departamento para la Prosperidad Social – DPS.  Es necesario salvar esta política, haciendo que perdure en el tiempo.

¿Qué medidas ha llevado a cabo esta política? 

La antes llamada Estrategia Unidos, ahora Red Unidos, ataca en nueve frentes distintos a la pobreza extrema para así para mejorar las condiciones de vida de las familias en esta situación.

Estos aspectos son: 1. Identificación, 2. Ingresos y Trabajo, 3. Educación y Capacitación, 4. Salud, 5. Nutrición, 6. Habitabilidad, 7. Dinámica Familiar, 8. Bancarización y Ahorro, y 9. Acceso a la Justicia.

Son estrategias completas y articuladas que permiten no sólo ayudar a las familias en condición de pobreza extrema, sino a sacarlas de esta misma.

Tipos de medidas planteadas en el proyecto    

•Establecer el sistema de coordinación nacional de la Red Unidos dentro del Sistema de Promoción Social, liderado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

•Articulación de oferta institucional de servicios sociales, garantizando la eficiencia de los mismos.

•Políticas de focalización de beneficios y acceso preferente a la población en pobreza extrema.

•Medidas de articulación entre las autoridades nacionales y locales para la lucha contra la pobreza extrema, con competencias y responsabilidades claras que faciliten la coordinación.

•Obligación de reporte al Congreso de la República del programa de Pobreza Extrema en Mediano Plazo.

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Ultima modificación: Lunes 29 de Noviembre de 1999 19:00
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Bogotá D.C., mayo 25 de 2016 (CD). Un llamado al sentido común hizo este miércoles el senador José Obdulio Gaviria a la plenaria de la Corporación, al salir al paso a las presiones que ejercen algunos políticos y medios de comunicación sobre que el término para el estudio del caso del magistrado Jorge Pretelt en la Comisión de Instrucción es de cinco días, para lo cual aseguró que no está de acuerdo con dicho plazo.

“No estoy de acuerdo con que sean cinco días no más, no pueden serlo, eso no obra dentro de la lógica, la explicación es que como no hay términos está fijado automáticamente en cinco días no es cierto”, manifestó el senador Gaviria, quien paso seguido dijo que “nosotros, incluso, anteriormente como Comisión habíamos decidido que eran 60 días y esos 60 días creo, más o menos, son suficientes para hacer un trabajo responsable y tomar una determinación que favorezca ante todo a la justicia”. 

Durante su intervención para rechazar las presiones indebidas, el senador que actúa como instructor del caso del magistrado Pretelt enfatizó que “quiero recomendar a los colegas del Senado que en un ejercicio de sanidad mental intenten dejar sobre mi cabeza y sobre mi cuerpo todas las piedras y el agua sucia que quiera enviar cierto sector de la prensa y ciertos sectores de la política”.

Y añadió que “de lo contrario, haríamos un papel que nadie en una sociedad moderna en un país civilizado y en una democracia quisiera cumplir y es obrar contra derecho”.

Al sustentar que el término que se quiere implementar es imposible de cumplir, el senador Gaviria dijo que “este expediente tiene 3.120 folios y 2.500 anexos” y recordó que algún miembro de la Corporación “me escribe diciendo que el término para el estudio juicioso de semejante expediente es de cinco días, incluyendo la redacción del proyecto de decisión del Senado”.

“Entonces ustedes verán que esa persona está sometida a alguna presión, por ejemplo, podría ser de un Ministro enseñado él a hacer los proyectos de auto o los proyectos de ponencia. Por mi oficina no pasan ministros, si van es a tomar tinto, los atenderemos con todo gusto, pero de ninguna manera a proyectarnos decisiones”, manifestó.

Por lo anterior, aseguró que “esta decisión yo espero que sea votada unánimemente por la Comisión de siete miembros de instrucción y que sea recibida con todo el acatamiento y respeto por la plenaria, Si no, pues, no habrá problema porque la decisión, de todas maneras, será una decisión democrática, pero de ninguna manera presionada”.

Y concluyó: “A mí me parece que la pusilanimidad es la peor recomendación que nos puedan hacer. Soportemos con tranquilidad, dado que estamos hablando de una decisión que responde a nada menos que a la administración de justicia, cualquier entrometimiento de medios de comunicación, de personas con intereses políticos o de individuos que simplemente tienen una mente acriminadora y que quieren que el Senado o absuelva de una manera irregular o linche a un magistrado”.

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Ultima modificación: Lunes 29 de Noviembre de 1999 19:00
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“Le haríamos un gran favor a esta lucha de la resistencia civil renunciando a esa Comisión y que ustedes, señores de la Unidad Nacional, hagan con este caso del magistrado Pretelt lo mismo que han hecho con todos los temas de este país, impunidad por todas partes”: expresó el Congresista.

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Ultima modificación: Jueves 26 de Mayo de 2016 10:29
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Bogotá D.C., mayo 25 de 2016 (Prensa S. Jaime Amín).- El senador Jaime Amín presenta el día de hoy un Proyecto de Ley por medio del cual busca que una institución jurídica clásica, como son los títulos valores, se adapten al contexto de la sociedad tecnológica del siglo XXI y de la internet. De esta forma, no solo se logrará que dichas instituciones sigan siendo utilizadas de manera más práctica dentro del contexto digital propio de esta era, sino que contribuirán significativamente al crecimiento de la economía digital, basados en parámetros de seguridad y confiabilidad en las transacciones que realizan los ciudadanos.

Como bien es sabido, los títulos valores fueron creados cientos de años atrás bajo el supuesto de la materialización de derechos incorporados en documentos físicos. Sin embargo, la aparición de los computadores, la informática, y en general el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones, además de la rapidez con la que se hacen transacciones comerciales, han hecho que estos derechos tiendan a inmaterializarse, en la medida en que dichos derechos ya no están insertos únicamente dentro de un documento tangible, sino que pueden estar representados también en mensajes electrónicos de datos. En tal sentido, este innovador proyecto pretende en términos generales regular la creación, circulación, aceptación, aval y demás actos cambiarios de los títulos valores electrónicos.

Dentro de esta iniciativa legislativa se define claramente cuales documentos constituyen un título valor electrónico, los requisitos para la creación de los mismos y demás actos cambiarios realizados respecto de estos; se define para los alcances de la reglamentación propuesta los conceptos de documento electrónico, mensaje de datos, firma electrónica y firma digital entre otros.

De igual forma, este estructurado proyecto establece la creación de Centrales de Registro Electrónico, desarrollando dentro de su articulado toda una serie de normas tendientes a establecer claramente las funciones de estas nuevas entidades, su reglamento de operación y requisitos para ser constituidas.

Así las cosas, estas nacientes entidades jugarán un papel muy importante dentro del ordenamiento jurídico colombiano por varias razones. En primer lugar, será obligatorio suscribir un contrato de depósito de títulos valores y entregarlo a alguna de estas centrales como requisito indispensable para realizar cualquier actividad que involucre un título valor electrónico. De igual manera, los certificados expedidos por estos entes constituirán documentos probatorios que acreditarán y evidenciaran el contenido de las anotaciones electrónicas.

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Ultima modificación: Jueves 26 de Mayo de 2016 10:28
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Bogotá D.C., mayo 26 de 2016 (Prensa S. Milton Rodriguez).- Durante el debate de la Comisión V del Senado de la República al Desarrollo Rural y el Sector Agropecuario en Colombia, el senador Milton Rodríguez visibilizó la realidad del campo colombiano planteando varios interrogantes al Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, a propósito de la reestructuración institucional aprobada en el Congreso, y anticipó un debate  sobre el gasto de los parafiscales del sector agropecuario en Colombia.

“En qué se gastaron los $10 billones recaudados entre el año 2008 al 2012 de los parafiscales del sector agropecuario, hay que desmantelar esas bandas criminales de la parafiscalidad donde rige la evasión y la falta de control” aseguró el Senador Rodríguez.

De acuerdo a un informe presentado por Misión Rural, el sector presenta un atraso de más de cuatro décadas y se requieren 15 años de inversión continua en el campo cercana a los $200 billones para poder saldar la deuda con los campesinos en Colombia; por tal razón el Congresista solicitó al Gobierno Nacional explicaciones sobre las nuevas políticas  que aplicará para combatir dicha situación.

Preguntas frente a la solución a la crisis de las pequeñas y medianas familias campesinas, de tal manera que puedan generar mayores ingresos; al funcionamiento del Fondo de Tierras y la existencia de un banco suficiente para poderle entregar a los pobres la posibilidad de acceder a una parcela  que  puedan trabajar;  y a la puesta en marcha de la Política para el Desarrollo de la Agroindustria, fueron planteadas al jefe de la cartera agropecuaria.

En materia de bienes públicos para el servicio de la ruralidad, el Senador Rodríguez señaló que todos deben implementarse en el marco del desarrollo sostenible, y requirió respuestas referentes a las vías terciarias; a la seguridad en el campo colombiano, y a la política del gobierno para que los jóvenes puedan acceder a un bachillerato técnico y a carreras tecnológicas relacionadas con el sector agropecuario.

“Es más costoso traer a Bogotá una carga de café de Yacopí, Cundinamarca que transportarlo del Puerto de Barranquilla a Europa”, indicó el Congresista.

Así mismo afirmó que “no existe una Política clara de Seguridad Alimentaria; los índices de vivienda rural son bajos y  por el contrario se inauguran cientos de viviendas urbanas;  no hay presupuesto para los acueductos rurales para el consumo humano ni para inyectarle a los distritos de riego que son un desastre; y no hay regulación de caudales que permita mitigar el impacto de fenómenos como los de la niña y el niño en un futuro”.

El cuestionario hacia el Ministro culminó con temas dirigidos hacia la asistencia técnica para las parcelas de los campesinos; el costo de los insumos;  la falta de una Política de Asociatividad en Colombia y la comercialización de los productos del sector agropecuario. “Esos oligopolios de los almacenes de las grandes superficies son los que están causando los mayores índices de pobreza y desigualdad en el país, nada sacamos con invertir en tema de bienes públicos sino mejoramos los precios de los productos y su comercialización” aseguró el Senador.

Por su parte el Ministro de Agricultura indicó que la Política Marco es "Colombia Siembra" y  reconoció que no existen los recursos necesarios para superar el tiempo de atraso “se necesitan $13 billones para superarlo y el año pasado se invirtieron $1.2 billones. En este gobierno se cumplirán y superarán las metas del Plan de Desarrollo; pasamos de $3.8 billones a $9.8 billones desembolsados en créditos; se generaron 195.000 nuevos empleos, en su mayoría en agricultura familiar, y se brindó asistencia técnica a más de 3000 mil personas” aseguró el Ministro Iragorri.

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Ultima modificación: Jueves 26 de Mayo de 2016 10:32
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Bogotá D.C.,  mayo 25 del 2016 (Prensa S. Fernando Araújo).- En el marco del debate de control político del Informe Final de la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, el Senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo, explicó que un déficit fiscal del 4% del PIB podría llevar el nivel de endeudamiento a los niveles que tenía el país en 1997 -98 antes de la crisis de 1999.

En primer lugar, el legislador precisó que el déficit fiscal se debe a que Santos derrochó los ingresos petroleros. Desde el año el año 2013 a la fecha, el gasto de funcionamiento del Estado crece más que la inversión, y que el 61,7% del Presupuesto General de la Nación 2016, no es económicamente productivo. Por lo tanto, el Senador Araújo expresó que para una reforma tributaria estructural, es necesario un análisis riguroso sobre la eficiencia del Gasto Público, debido a que con uno derrochón y burocrático no hay reforma que lo aguante.

De igual forma, el Congresista  argumentó como la política fiscal del Presidente Juan Manuel Santos ha sido un fracaso, puesto  que su gobierno no ahorró durante la bonanza petrolera y aumentó el gasto público ineficiente, “si se hubiesen ahorrado los excedentes del petróleo por encima del ingreso del 2010, no sería necesario realizar ajustes importantes ahora. De no haber sido por las rentas petroleras el déficit habría permanecido alrededor del 5% durante todo el Gobierno de Santos”, indicó Araújo.

En tercer lugar, el congresista demostró preocupación frente el aumento del IVA de 16% a 19%,  debido a que este impuesto es regresivo, extiende los efectos de la inflación y conlleva a una disminución del consumo de las personas, con fuertes implicaciones sobre el crecimiento económico del País. Lo anterior, en fundamento a que más del 90% del recaudo nuevo para el Gobierno será proveniente del IVA.

Por último, el Congresista precisó que desde 2010 la percepción de la corrupción en nuestro país es cada  vez más alta, donde el 84% de los colombianos a febrero 2016 opinó que la corrupción  en el país está empeorando. De igual forma, Colombia ocupa el puesto 83 de 167 países según Corruption Perceptions Index (2015) en corrupción, en consecuencia, si no se combate esto de nada valdrá una reforma tributaria.

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Ultima modificación: Lunes 29 de Noviembre de 1999 19:00
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