Bogotá D.C., Julio 10 de 2012 (Oficina de Prensa del Senado).- El proyecto de ley incorpora criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios que ejecuten las entidades estatales. De igual forma, busca lograr la implementación de prácticas respetuosas o sostenibles con el ambiente por parte de las entidades públicas, razón por la cual se establecen unos criterios mínimos para que las entidades del Estado, cuenten con elementos conceptuales y técnicos a la hora de adquirir bienes y/o servicios, tomando como base el análisis del ciclo de ciclo de vida, es decir, no sólo debe considerarse el precio final del bien y o servicios, sino analizar el aspecto económico, ambiental y social de las materias primas utilizadas, el transporte empleado, el proceso productivo desarrollado, el diseño del producto o servicio final, la disposición y posibles prácticas de recuperación o reintegración a la cadena de valor nuevamente los residuos que se generen del bien y/o servicios puesto en el mercado.

El proyecto de ley contiene una serie de medidas que buscan dar respuesta a un sinnúmero de problemas que en la actualidad se derivan de la ausencia de conciencia ecológica ciudadana, así como de la reiterada conducta omisiva del Estado en relación con la problemática ambiental a la que hoy se enfrentan tanto Colombia como toda la humanidad.

La iniciativa  de autoría y ponencia del senador Félix José Valera Ibáñez (Partido Verde) pretende implementar toda una estrategia de herramientas y compras públicas con criterios ambientales, que habrá de ser aplicada por todas las entidades que conforman la administración pública. En este aspecto es importante destacar que, debido a su volumen de compra, las entidades estatales puede ejercer una influencia dominante en el mercado; ya que si una parte sustancial de las autoridades públicas incrementa su demanda de bienes y/o servicios con criterios ambientales, forzará a la industria a aumentar sustancialmente la producción de los mismos, reduciendo de esta forma los impactos asociados.

Es significativo resaltar que en las bases del actual Plan Nacional de Desarrollo, se estableció como una de sus metas que el 10% de las compras públicas sería verde; al igual que en el marco de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, se estableció como una de sus estrategias de sostenibilidad la compra responsable de productos y servicios sostenibles, enfocada a repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios, a partir de la inclusión de criterios económicos, sociales y ambientales en las adquisiciones.

Lo anterior se justifica en la exposición de motivos del proyecto "La compra verde tanto privada como pública tiene un futuro prometedor, esperándose un incremento importante en la misma. Este aumento tendrá un impacto ambiental positivo innegable, pero además afectará a las empresas que mantengan criterios ambientales adecuados de proceso y de producto, aumentando su cuota de mercado y mejorando su competitividad".

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