Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2012 (Oficina de Prensa del Senado).- Por ser esta la célula legislativa encargada de analizar las comunicaciones, además de la prestación de servicios públicos, algunos de sus integrantes expusieron su posición respecto a las constantes quejas presentadas por los ciudadanos en relación a los operadores de telefonía celular.

Existen en el país más de 51 millones de usuarios móviles, según dijo José Miguel de la calle, superintendente de Industria y Comercio, para él, motivo suficiente para redefinir el control a los operadores, pues tal como lo sostuvo, "las quejas y reclamos pasaron de un promedio de 904 mensuales en el 2010, a 2.106 este año".

Desde sobrefacturación, cláusulas de permanencia obligatorias, hasta procesos que afectan la portabilidad numérica hacen parte de la lista de reclamos que llevaron a la Superintendencia a promover la creación de un Programa de Vigilancia y Seguimiento de Instrucciones, con tal de ofrecer mayores garantías a los usuarios.

Sobre la propuesta, el senador Carlos Ferro (Partido de la U), mencionó que, "el papel de vigilancia debe ejercerse por parte del Estado para que la prestación del servicio sea óptima. Además se debe exigir a los operadores claridad en los compromisos adquiridos a través de los contratos con los usuarios y la responsabilidad que de ellos se derivan".

A su vez, el senador César Tulio Delgado (Partido Conservador), señaló que en su momento, "el legislador no tuvo la visión para regular el servicio de los operadores, por ello urge revisar la jurisprudencia para someterlos y ponerlos en cintura, pues la falta de claridad en el tema ocasionó los miles de abusos y atropellos contra los ciudadanos".

Así las cosas, el superintendente pidió que, a más tardar en agosto, las empresas de telefonía móvil deberán presentar un "autodiagnóstico de la situación", además de las estrategias para solucionar los problemas, y la definición de indicadores de gestión y metas mensuales.

De igual forma, el senador Mauricio Aguilar (PIN), respaldó la medida e insistió en que "no podemos permitir que se sigan presentando los altos costos y el mal servicio a los 51 millones de usuarios de telefonía móvil en el país. Correctivos como el Programa de Vigilancia y Seguimiento de Instrucciones, lograrán mayor eficiencia en los servicios que prestan los operadores, ofreciendo respuestas oportunas y soluciones inmediatas a las quejas y reclamos de los consumidores, de esta manera evitar el abuso de los mismos".

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, de ahora en adelante las compañías están obligadas a ser más específicas en los informes trimestrales de peticiones quejas y recursos (PQR) que entregan a la entidad. También se les exigirá un auditor externo que verifique la calidad de la atención que prestan.

Por último, el legislador John Sudarsky (Partido Verde), resaltó la necesidad de "actuar con diligencia para proteger los derechos de los usuarios de telefonía móvil, así como en todos los servicios públicos. Las empresas del sector deben trabajar permanentemente para prestar un servicio responsable y eficiente para los ciudadanos".

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