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Comisión de Paz aplaza audiencias públicas en Nariño

Viernes 14 de Junio de 2019 10:28 Relacionado con: Noticias

Las reuniones estaban previstas en Pasto y Tumaco.

Bogotá D.C., junio 14 de 2019 (Prensa Senado) Por causas relacionadas con la no confirmación de los invitados del Gobierno Nacional a las audiencias programadas este fin de semana en Pasto y Tumaco, la Comisión de Paz y Posconflicto, anunció el aplazamiento de los eventos.


De acuerdo al comunicado de prensa (Anexo), la decisión la asumieron los senadores que conforman la Comisión, debido a que solo asistirían delegados de los ministerios, motivo por el cual consideraron que no es viable, puesto que se requieren respuestas concretas a cumplir y los representantes del gobierno, no tendrían la autoridad para asumirlas.


Las audiencias programadas para este viernes y mañana sábado, tratarían los temas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, líderes y comunidad en general, ante la alteración del orden público y amenazas, temas que se tratarìan en la ciudad de Pasto, mientras que en Tumaco se tenía dispuesto analizar los aspectos ambientales y su desarrollo dentro del proceso de paz.

El comunicado de prensa de la Comisión de Paz, es el siguiente:



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También se aplicará en las zonas comunes de los conjuntos residenciales y zonas aledañas de colegios y jardines infantiles.

Bogotá D.C., junio 12 de 2019 (Prensa Senado). De manera unánime, la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de ley que restringe el consumo de estupefacientes y alcohol, en espacios públicos, como paques, sitios aledaños a colegios y zonas comunes de los conjuntos residenciales.


La iniciativa, de autoría de los congresistas Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Carlos Acosta (Colombia Justa Libres), busca la protección prevalente de los derechos de los niños, mediante la imposición de medidas de carácter penal y correctivo, con el fin de atacar el consumo, distribución y porte de sustancias psicoactivas en el espacio público, particularmente en  lugares frecuentados por menores de edad y sus zonas aledañas, tales como instituciones o centros educativos, parques regionales, zonales y de bolsillo y zonas comunes de propiedad horizontal. Igualmente, busca dotar de herramientas tecnológicas a la Policía Nacional y en especial a la Policía de Infancia y Adolescencia, para vigilar y controlar el expendio de dichas sustancias en esos lugares.


En este sentido, los códigos Nacional de Policía y Convivencia, de la Infancia y la Adolescencia y el Penal consagran diferentes reglamentaciones, con el fin de proteger a los menores de edad y garantizar sus derechos y busca evitar el consumo, el porte y la inducción al consumo de drogas o sustancias psicoactivas. Sin embargo, el fallo emitido por la Corte Constitucional dejaba sin piso las medidas que se habían determinado para prohibir el consumo en zonas públicas y en particular en los sitios que frecuentan los menores de edad como los parques, establecimientos educativos y áreas comunes en sus sitios de residencia.


Es así como la iniciativa que ahora pasará a su última etapa de aprobación a la plenaria del Senado, el próximo jueves, establecerá parámetros de convivencia y vigilancia del consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores de edad como entornos escolares y espacio público.


Las medidas que se adoptarían como sanciones a los infractores, señala el proyecto, serían multas económicas, destrucción de las sustancias y los infractores tendrían que asistir a un programa comunitario o de actividad pedagógica de convivencia. En caso de reincidencia, serían objeto de arresto por 24 horas, para mayores de edad. Es de señalar que también se propone restringir el porte de la dosis mínima de drogas en dichos lugares, como medida de prevención.


Así mismo, en los departamentos, municipios y distritos se podrán crear entidades responsables de la administración, desarrollo, mantenimiento y apoyo de áreas circundantes a centros educativos y parques, con especial atención al desarrollo de políticas de seguridad para parques, plazoletas y entornos de instituciones educativas de enseñanza preescolar, básica y media, para lo cual deberán coordinar con las autoridades de policía esquemas de vigilancia, a través de cámaras de televisión que operarán durante las 24 horas del día, con el fin de evitar el expendio y consumo, incluso de la dosis personal, de las sustancias psicoactivas que hayan sido establecidas previamente como fiscalizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces y reglamentada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.


Por su parte, el Ministerio del Interior, a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon), o quien haga sus veces, gestionará de la mano de los entes territoriales, la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad.


A su vez, les corresponderá a los alcaldes establecer las restricciones y excepciones al consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos, los cuales, además, deberán contar con una delimitación visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. Dicha reglamentación deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley.


Ahora el proyecto pasa a su última exposición ante la plenaria de Senado para su aprobación y luego será sancionado por el Presidente de la República, para su próxima aplicación en todo el territorio nacional.


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Durante cuatro horas se expusieron diversas posesiones en el debate de control político, en la Comisión Primera.


Bogotá D.C., junio 11 de 2019 (Prensa Senado)
. Un video donde se mostraron maltratos a soldados bachilleres del Ejército en una actividad de entrenamiento, desencadenó una serie de reacciones en la sesión de la Comisión Primera y originó la citación a un debate de control político a los ministros de Defensa, Guillermo Botero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que respondieran algunos interrogantes sobre dichas prácticas.


La citación la adelantó el senador Gustavo Petro (Colombia Humana), quien formuló algunas preguntas a los ministros, quienes en el desarrollo de la sesión fueron respondiendo, no sin antes escuchar diversas opiniones en torno a los hechos por parte de los senadores que forman parte de la Comisión, expresando rechazo, recomendando y solicitando que se adelante un ajuste sustancial a los métodos para entrenar a los miembros de la Fuerza Pública.


Con el fin de ambientar de manera más concreta el debate, fue invitada una testigo del video en referencia , una exsuboficial del Ejército, quien afirmó que dos de sus sobrinos eran las víctimas del maltrato por parte de un oficial cuando realizaban ejercicios físicos, mientras otro los maltrata con un bastón exigiendo una mayor actividad más intensa.


El senador Petro inició la sesión señalando que el debate no era un ataque contra las Fuerzas Militares, pero sí llamar la atención para que se ajusten las prácticas con respeto a las personas, sin acudir a la violencia física, ni psicológica y los militares como tales, reciben órdenes de sus superiores y es necesario cuestionar a los que imparten esas órdenes.


Por su parte, el senador Roy Barreras (Partido de la U) denunció que existen evidencias que apuntan a señalar que existen enemigos silenciosos de las Fuerzas MJilitares que operan a través de informes de prensa y citó como prueba dos informes de TV emitidos recientemente, donde se contradicen en declaraciones en torno a la pasada reunión en el Catatumbo. Uno de ellos indica que era una reunión con líderes para desprestigiar a la Fuerza Pública y el otro aclara que se trata de un informe sesgado en favor de un grupo político y ante estos hechos, Barreras anunció instaurar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, sobre el debate señaló: “Los ejercicios son entrenamientos naturales de las Fuerzs Militares y no es un delito, es parte del entrenamiento de oficiales y suboficiales que deben soportar los rigores de su actividad “.


A su vez, el senador Santiago Valencia (Centro Democrático) intervino explicando que los videos de militares es parte del entrenamiento de los soldados en la base de Tolemaida y del curso de Lanceros que es exigente y diseñado para soportar duras pruebas físicas y psicológicas, propias de la guerra y agregó: “En ningún Ejército del mundo se entrena con guerra de almohadas. La guerra es dura y por eso hay que entrenarse de igual manera y pese a ello hay que mostrar el lado humano como los militares lo han sido cuando han prestado asistencia humanitaria a los guerrilleros heridos, caso contrario que no hacían los guerrilleros con ellos”. Así mismo contrastó que “también que hay que decir la verdad. Nuestros hombres del Ejército están pagando sus faltas en la cárcel, mientras ningún guerrillero está preso pagando sus delitos”, concluyó.


Por su parte, el senador Alexander López (Polo Democrático) fue enfático en señalar que un entrenamiento militar no puede hacerse vulnerando los derechos humanos y que los videos que mostró el senador Petro como vulneración de los derechos humanos son del año 2017 en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y no debe permitirse que continúen esos entrenamientos con dosis de maltrato y agregó: “Hace 16 años se están asesinando civiles para mostrar resultados y eso no puede seguir así y solicitó a los ministros de Defensa y del Interior replantear su política para evitar más casos. No es odio contra el Ejército, el objeto de este debate, sino respeto, pero sí contra quienes han violentado las leyes“. Agregó que la situación interna es preocupante si se tiene en cuenta que 3.430 miembros de la Fuerza Pública son investigados por delitos de homicidio, 3.354 con medidas de aseguramiento y 749 condenados. Esto evidencia que es vital depurar la Fuerza Pública", concluyó el senador López.


“Me uno al recomendar las demás solicitudes de la depuración que se debe hacer al interior de las Fuerzas Militares con el respeto ante todo por los Derechos Humanos que deben prevalecer en los entrenamientos a los militares”, señaló por su parte el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal).


El movimiento político de las Farc con su senador Julián Gallo, dijo que muchos han estado incursos en la violación de derechos humanos y por eso se ha firmado el compromiso de no repetición en el acuerdo de paz, suscrito en la Habana y en ese punto, como en los demás suscritos, están inmersos para cumplirlos”.


El senador Juan Carlos García (Partido Conservador) señaló que el Ejército viene realizando acciones positivas no solo por la seguridad, sino en acciones sociales y humanitarias, además de las obras para la comunidad con apertura de vías, puentes y asistencia en salud como en apoyo a la comunidad en desastres “afirmó.


Al cierre del debate de control político, el senador Petro reveló que también es preocupante la situación interna de los miembros de la Fuerza Pública en materia de salud mental, si se tiene en cuenta que en el lapso del 2004 al 2019 se han registrado 1.155 suicidios, que al ponerlo en contexto significa que el suicidio ha sido más eficaz que los muertos por la guerrilla, aspecto muy preocupante que debe ser analizado por la cúpula militar y desarrollar las acciones necesarias para evitar estos trágicos sucesos, puntualizó .


Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que en las Fuerzas Militares se viene aplicando la depuración y están llamando a calificar servicios a quien infrinja los derechos humanos y agregó que en el interior de las Fuerza Pública no se persigue a nadie por pensar diferente y agregó que adelantará todos los esfuerzos necesarios por ser cada vez mejores en la de defensa de los colombianos.

A su vez la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que el desprestigio a la labor de las Fuerzas Militares no es nuevo y más cuando se hace eco en los medios nacionales e internacionales sin verificar tales actuaciones. "Sin embargo, hemos enviado los videos a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y tipifique si existió algún delito en esa actuación". Igualmente destacó que el hecho que los militares también se vienen acogiendo a la JEP es la confianza en la justicia y van a responder por sus hechos de manera voluntaria. Recordò al expresidente Álvato Uribe no le tembló la mano para enviar a la justicia a los militares envueltos en los casos de los falsos positivos y quienes ahora estan pagando sus delitos.


La Ministra del Interior insistió también en la dificil situación que vivieron los militares secuestrados, quienes fueron amarrados, encadenados y encerrados en jaulas, donde se evidenció la violación de los derechos humanos y la forma de enfrentarse a tal situación, obedece a un entrenamiento para confrontar a los grupos delincuenciales. 


Al responder el cuestionario sobre la existencia de las denominadas 'aguilas negras', respondió que son grupos de delincuencia común y narcotraficantes que buscan causar miedo a las comunidades y las autoridades están tras la pista para dar con ellos.


Otro aspecto que destacó la alta funciionara fue el entrenamiento de la Fuerza pública, sobre lo cual dijo: "En los cursos de los Lanceros no se violan los derechos humanos y son rudos y exigentes para crear militares que se preparen de la mejor forma".

 
 


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También fue invitado el Procurador General de la Nación.


Bogotá D.C., junio 10 de 2019. (Prensa Senado).
El debate dirigirá hacia el tema del mantenimiento y cumplimiento de los acuerdos de paz y de la protección de la vida, seguridad y los derechos humanos de la ciudadanía, para lo cual la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el de Defensa, Guillermo Botero Nieto, responderán un cuestionario para disipar varios interrogantes que se han planteado en la Comisión Primera.


La citación fue realizada por los senadores, Gustavo Petro (Colombia Humana) y Santiago Valencia (Centro Democrático), quienes también han invitado al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien también despejará varias dudas sobre el desarrollo del acuerdo de paz y su aplicación a la fecha.


De otra parte, la Comisión Primera estará debatiendo en la sesión ordinaria, el proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 351 de la Constitución Política que en la actualidad no permite que el Congreso aumente las partidas del presupuesto de gastos propuesto por el gobierno, ni tampoco incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo. Con la reforma prevista, las plenarias de Senado y Cámara podrán efectuar modificaciones al proyecto de presupuesto hasta el 20% de inversión, mediante traslados entre partidas que estén relacionadas con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, siempre que no se alteren aquellas partidas que el Congreso no puede eliminar o reducir.


La iniciativa que será objeto de debate, señala en otro de los apartes que en todo caso, en la sustentación de las proposiciones de modificación de las partidas presupuestales, los congresistas tendrán el deber de hacer públicas las gestiones que hagan relacionadas con el presupuesto y estas tendrán que cumplir con los principios de eficiencia, transparencia, participación ciudadana y equidad territorial. El Congreso en cada una de sus cámaras garantizará espacios para la participación de la ciudadanía, con el fin de exponer las modificaciones propuestas.


En otro de los apartes del texto ya aprobado en la Cámara se señala que el Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341. Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a lo prescrito en el inciso final del artículo 349 de la Constitución.

La sesión se adelantará a partir de las 10:00, en las instalaciones del Capitolio Nacional, donde se enuentra la sede del recinto de la comisión.


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El Presidente de la nueva comisión tendrá el apoyo de las instituciones nacionales para cumplir sus objetivos en favor de los menores y adolescentes.


Bogotá D.C., junio 5 de 2019 (Prensa Senado).
Con un acto lúdico, donde los senadores se convirtieron en niños en un aula de clase, se instaló oficialmente la Comisión Accidental de la Niñez del Senado de la República para explicar los derechos de los menores para su normal desarrollo con garantías de salud, educación, alimentación y protección.


El evento que colmó las instalaciones del auditorio Luis Guillermo Vélez asistieron invitados especiales, encabezados por la primera Dama de la Nación, María Juliana Ruíz; la alta Consejera para Asuntos de la Niñez de la Presidencia de la República, Carolina Salgado; la directora del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, Juliana Pungiluppi; alumnos de dos importantes colegios de la ciudad, profesores, representantes a la Cámara que conforman la comisión en esa corporación, docentes y directivas de entidades del orden nacional, quienes le dieron la bienvenida a la nueva cèlula legislatica del Senado, cuyo objeto será el trabajo y gestión en favor de la niñez y los adolescentes del país.


Así mismo se firmó una declaración de compromisos por los senadores, la Señora María Juliana Ruíz, representantes a la Cámara y funcionarios del Estado, que estaban presentes en el recinto de la Comisión en Senado, para exponer las metas y objetivos con los cuales la comisión dirigirá sus esfuerzos a partir de la fecha.


La Comisión quedó conformada así: Como presidente,  el senador Edgar Palacio Mizrahi, (Colombia Justa Libres), quien dijo: "El objeto de la misma es el trabajar con todo esfuerzo por los niños que no son el futuro, sino nuestro presente y nuestra misión concreta es proteger y educar a nuestros niños, cuyos derechos prevalecen frente a cualquier otro y de allí que nosotros, los mayores, debemos protegerlos y educarlos para que nuestro futuro sea viable y mediante la recién creada comisión, nuestro papel será el de buscar soluciones a todos los problemas que aquejan a esa vulnerable población”, reiteró.


Por su parte, el designado vicepresidente, el senador Richard Aguilar (Cambio Radical), reiteró su compromiso por trabajar en la búsqueda de mecanismos que permitan ofrecer a las niñas, niños y adolescentes un mejor futuro mediante una gestión coordinada con los entes nacionales y privados.


A su vez, el senador Palacio Mizrahi, destacó la respuesta del Gobierno nacional para apoyar el nacimiento de la comisión con la asistencia de la Primera Dama de la Nación como de las directivas de entidades que tienen que ver con los temas de la niñez y con las cuales trabajará conjuntamente para lograr las metas propuestas para el beneficio de los menores y se declaró en sesión permanente para buscar respuestas y soluciones a través de dicha comisión que también trabajará con la Cámara de Representantes.


“Los niños son el futuro y no sólo es una frase de cajón, sino la realidad y si no van a tener una atención adecuada, no tendremos un próspero futuro. Es urgente trabajar con todo esfuerzo por los niños que no son el futuro, sino nuestro presente y nuestra misión es proteger y educar a nuestros menores. Los derechos de los niños prevalece sobre cualquier otro derecho y de allí que nosotros los mayores, debemos protegerlos y educarlos para que nuestro futuro sea viable", destacó el Presidente de la Comisión, en su intervención de inauguración.


Otros asistentes fueron los senadores Nicolás Araujo (Centro Democrático), Iván Marulanda (Alianza Verde), Ritter López (Partido de la U), Rodrigo Villalba (Partido Liberal), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) y los representantes a la cámara Carlos Acosta, Eloy Chichi e Irma Luz Herrera.




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La iniciativa fue debatida en las comisiones primeras del Congreso, en sesión conjunta.


Bogotá D.C., junio 4 de 2019 (Prensa Senado).
El objeto de la iniciativa propuesta por el Gobierno Nacional es la de establecer aspectos que puedan mostrar ante la comunidad en general el cumplimiento de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de las Juntas Administradoras Locales, JAL.


La iniciativa gubernamental dispone, entre otros aspectos, la presentación de sus actividades anuales y mediante audiencias públicas que se deberán realizar en cada región del país ante la comunidad que los eligió para representarlos en las diversas gestiones ante el gobierno.


El ponente del proyecto de ley, senador Santiago Valencia (Centro Democrático), explicó que el objeto específico es la aplicación de mecanismos que permitan establecer transparencia en las actuaciones de los funcionarios de dichas corporaciones y de esa manera garantizar que no se presenten irregularidades en la gestión y evitar la corrupción.


Por su parte, el senador Gustavo Petro (Colombia Humana) dijo a los integrantes de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes que era vital la aprobación del proyecto, puesto que con el se le otorga a la ciudadanía en general la certeza que se está obrando con legalidad y transparencia de cara al pueblo. Además propuso que es necesario proponer la creación de una fiscalía anticorrupción que se dedique exclusivamente a investigar y juzgar a los corruptos, advirtió.


Otro aspecto que contiene el proyecto es el de disponer de las herramientas electrónicas y redes sociales para que la comunidad pueda acceder, a través de un aplicativo a conocer las agendas, compromisos y gestiones que adelantan los congresistas, diputados, concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales, JAL, y así poder tener acceso al desarrollo y estado de los proyectos como conocer si se cumplen, los costos y ejecución de los mismos, aspecto que será ajustado para establecer la contratación de manera transparente para evitar algún sesgo al momento de calificar las gestiones.


Ante este capítulo, la senadora Angélica Lozano (Partido Verde) afirmó que dicha aplicación existía en la página electrónica del congreso denominada, Mi Senado, pero hace varios años desapareció y era muy útil cumpliendo funciones similares y daba acceso a la información señalada y no se explica por qué fue sacada del aire. “Por recursos económicos y tecnológicos no es, la causa de su desactivación es por la falta de voluntad política”, reiteró.


Representantes a la Cámara expresaron que el Congreso debe estar acorde con la modernización y más con el uso de las redes sociales a la que tienen acceso todos los colombianos con esa herramienta, donde se puede verificar la transparencia de las gestiones y útil para frenar la corrupción.


El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la sesión conjunta y se le harán varios ajustes, especialmente en lo relacionado a los mecanismos de rendición de cuentas como también disponer de la entidad de Función Pública para que oriente y verifique el cumplimiento de los requisitos para elaborar la documentación y formularios para dicho proceso, además de comprobar los contenidos y en caso de encontrar inconsistencias, tramitar ante los organismos de control los hallazgos para que obren en derecho ante la justicia.


El citado proyecto fue aprobado por unanimidad y se procedió a designar una comisión que se encargará de ajustar los textos de acuerdo con las proposiciones aprobadas para tal fin y exponer los nuevos textos en la plenaria para su aprobación.



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El ente institucional representará los intereses y derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.


Bogotá D.C., mayo 31 de 2019 (Prensa Senado).
Con el objeto de trabajar por el desarrollo integral, la promoción, el respeto y garantías de los derechos de los menores y los adolescentes, el próximo miércoles 5 de junio, se instala oficialmente la Comisión Accidental que la conformarán 16 senadores.


La iniciativa liderada por el senador Edgar Palacio Mizrahi (Colombia Justa Libres) tiene como finalidad legislar en favor de los derechos de los menores, adolescentes y la familia, además por promover acciones de control político con el fin de garantizar sus derechos y ser el canal especial para buscar soluciones ante el sector público, privado y de la sociedad civil en la búsqueda integral del desarrollo.


La hoja de ruta que ha determinado la comisión se encaminará en tratar los temas que afectan a dicha población en los temas de Violencia; (sexual, maltrato y adolescentes en conflicto con la ley) Ruralidad (desarrollo y protección de la infancia), Derechos Humanos (bienestar y protección / política pública de infancia), Discapacidad (Salud y Educación ), Pobreza y hambre (desnutrición infantil, Seguridad alimentaria y crecimiento y desarrollo), Educación (ciencia, tecnología e innovación, escuela de padres, política pública y educación ambiental) y Familia (entornos seguros); para lo cual se implementará un tablero de control e indicadores de cumplimiento en cada tarea que se proponga en la comisión como además se realizarán informes de gestión por parte de cada senador que la conforman.


El universo que comprende la atención de ésta población, se basa en el último censo poblacional de ese sector comprendido en cerca de 15 Millones 545 mil 633 de los cuales 118 Mil son niños con discapacidad o capacidades distintas y 3.6 millones de menores que se ubican en las zonas rurales.


Un total de 16 senadores conformarán la naciente comisión accidental en cabeza del senador Edgar Palacio Mizrahi (Colombia Justa Libres), Iván Marulanda (Alianza Verde), Daira Galvis (Cambio Radical), Fernando Nicolás Araújo (Centro Democrático), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), María del Rosario Guerra (Centro Democrático), Ritter López ( Parido de la U), Rodrigo Villalba (Liberal), Eduardo Emilio Pacheco (Colombia Justa Libres ), Gabriel Velasco ( Centro Democrático), Carlos Eduardo Guevara ( MIRA), Mauricio Gómez Amín (Liberal), Richard Aguilar ( Cambio Radical), José Luis Pérez (Cambio Radical), María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y Ciro Ramírez (Centro Democrático).


El evento se adelantará el miércoles 5 de junio en las instalaciones del Congreso de la República, en el auditorio Luis Guillermo Vélez, a partir de las 2:00 pm, donde asistirán también representantes del Gobierno, entidades que tienen a su cargo el tema de la infancia, niñez y adolescencia como de sectores privados y establecimientos educativos, quienes presentarán una muestra cultural.


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Son muchos los retos que tenemos de cara al fortalecimiento de nuestras democracias”: senador Cepeda Sarabia.


San José, Costa Rica, mayo 31 de 2019 (Prensa s. Efraín Cepeda).
- Por votación unánime fue elegido este jueves el Senador Efraín Cepeda como Primer Vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), organismo internacional conformado por 27 partidos políticos de 22 países latinoamericanos y del Caribe que defiende los valores demócrata-cristianos. La elección se dio en el marco del Congreso "Hacia el fin del populismo: desafíos en América Latina", realizado en San José de Costa Rica este 29 y 30 de mayo.


"Recibo con mucho orgullo esta dignidad que me otorgan los partidos miembros de la ODCA, como su Primer Vicepresidente para el periodo 2019-2022. Son muchos los retos que tenemos de cara al fortalecimiento de nuestras democracias, a la reivindicación de los valores humanistas cristianos en nuestras sociedades, a continuar con la lucha por la defensa de los derechos humanos, la libertad y la equidad, y a la participación de nuestras mujeres y jóvenes en la política", manifestó El senador conservador.


El senador Efraín Cepeda es miembro de la ODCA desde hace 10 años y hasta antes de su nuevo nombramiento cumplía como Vicepresidente para el área Andina. Es el único Senador de Colombia, en representación del Partido Conservador, miembro de la Junta Directiva de esta organización internacional.


"Hace un año, durante mi presidencia del Senado de la República, promoví el primer encuentro de la ODCA en Colombia que realizamos en Bogotá, y con orgullo me complace anunciar que será Colombia nuevamente anfitriona del próximo Congreso internacional para hablar de derechos humanos y democracia", afirmó el senador.


Esta organización vela por el estudio y análisis de las problemáticas en materia social de los países de América, para crear conjuntamente estrategias comprendidas en resoluciones y documentos de los que cada país es responsable para su promoción con sus pueblos y gobiernos.


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Dicha unidad fue creada dentro del acuerdo de paz y en sus primeros ocho meses de labores, presentó su primer informe de su gestión.


Bogotá D.C., mayo 29 de 2019 (Prensa Senado).
La nueva entidad del Estado de carácter humanitario y extrajudicial, dirige, coordina y contribuye a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, tanto vivas como muertas y en este último caso, la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos, explicó inicialmente la directora de la entidad, Luz Marina Monzón.


“Hemos realizado inicialmente un balance general de las desapariciones reportadas oficialmente, recogidas del Observatorio de Memoría y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, gracias a los acuerdos interinstitucionales y con organizaciones de la sociedad civil para acceder a la información sobre víctimas de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro y excombatientes regulares e irregulares, cuyo paradero es desconocido”, indicó.


Por su parte, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) manifestó que la ubicación de personas desaparecidas es importante para la reparación de las víctimas en el proceso de paz y de allí que es vital la labor que se adelanta por parte de la Unidad en su objetivo, mientras la senadora Victoria Sanguino (Farc) afirmó que ese grupo político ha colaborado para la ubicación de desaparecidos, pero que "también se requiere de la ayuda del Estado, a través de las autoridades para encontrar otros ciudadanos, cuyo paradero se desconoce y nuestro compromiso es ayudar en esta labor humanitaria para la reconciliación de los colombianos", reiteró.


A su vez, el senador Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libre), señaló: “Es muy benéfico para la paz del país contar con una entidad que se encargue exclusivamente de este tema, en especial para las familias de las víctimas para que calmen su dolor y puedan llegar a un propósito de reconciliación nacional”.


Otros datos


El informe expuesto por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los últimos 50 años llega a los 38.357 secuestros, de los cuales 333 fueron registrados como personas desaparecidas.


Otro aspecto que expuso la entidad es el relacionado con el reclutamiento de menores, cuyo registro señala un total de 17.895 y donde 154 están reportados como no ubicados.

De acuerdo con el informe entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, desde el año 195, se han reportado 142.653 personas desaparecidas, de las cuales 97.176 continúan sin conocer su ubicación.


De otro lado, la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas ha registrado 171.150 desaparicones forzadas.


Siete países de Europa (Suiza, Italia, España, Francia, Alemania, Noruega y Suecia) han acogido a las familias de las víctimas en calidad de exiliadas, así como Canadá.


Un total de 10 equipos conformados por investigadores se han ubicado en ciudades y municipios, donde arrojan el mayor número de personas desaparecidas en los que se cuentan San José del Guaviare, Villavicencio, Barrancabermeja, Cúcuta, Barranquilla, Sincelejo, Apartadó, Rionegro, Cali y Puerto Asís. Según se anunció, al finalizar el año se tiene previsto contar con 17 equipos más en otros territorios que se dedicarán a reforzar las actividades de búsqueda con el apoyo de las autoridades, excombatientes y sociedades civiles de víctimas.


En la actualidad se viene trabajando en las búsquedas con el apoyo de 10 excombatientes que participaron de manera directa en el conflicto armado, quienes vienen colaborando aportando información para ubicar las víctimas en diferentes zonas del país.


Finalmente se informó al finalizar la sesión de la Comisión de Paz y Posconflicto, que en tres meses se estará exponiendo un nuevo informe sobre las actividades cumplidas con su objetivo, entre ellos la identificación de 2.100 cuerpos hallados; 500 en el departamento de Nariño y 1.600 en el Norte de Santander.

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En la sesión intervinieron, la Ministra del Interior, el Fiscal General de la Nación y el Alto Comisionado para la Paz


Bogotá D.C., mayo 28 de 2019. (Prensa Senado).
El recién creado partido de excombatientes de las Farc realizó en la Comisión Primera un debate de control político al Gobierno nacional, en el que solicitó un balance sobre el acuerdo de paz firmado hace dos años y reiteró su preocupación sobre la muerte de exguerrilleros y líderes sociales en el país.


El autor de esa citación fue el senador Julián Gallo, quien reclamó por la muerte de 133 desmovilizados a la fecha, así como de los 681 líderes sociales, sobre lo cual solicitó a la Fiscalía General de la Nación el esclarecimiento de los hechos, como de los autores de los homicidios, además por los avances de los compromisos pactados en las zonas de implementación para los desmovilizados.


Por su parte, la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, respondió los interrogantes plantados en la sesión, informando inicialmente que todas las autoridades se han dirigido oportunamente para responder en los momentos de los hechos, por lo cual se ha aclarado el 50 por ciento de los casos y se han judicializado los autores materiales de esos punibles, a la vez que señaló que el Gobierno ha aumentado el tiempo para atender a los 10.500 excombatientes en las zonas de implementación, cuyo plazo se había fijado solo para dos años, ampliándolo por más tiempo para seguir contribuyendo a perfeccionar el acuerdo de paz.


El senador Gallo también señaló que pese a conocer dichos resultados es necesario hacer un alto en el camino y buscar los mecanismos que apunten a la erradicación de la violencia política en el país que tantas víctimas ha dejado. "Debemos confrontarnos con ideas y no con acciones violentas en un universo de convivencia y que desaparezca la estigmatización".


Sin embargo, reiteró su preocupación por los dineros que se requieren para continuar con el acuerdo en lo referente a la atención de los excombatientes que se encuentran reunidos en las 19 zonas veredales y que requieren más recursos económicos para continuar en el proceso de reinserción.


A este interrogante contestó la ministra Gutiérrez que se han entregado a la fecha recursos por 25 mil millones para alimentación, sumado a 167 mil millones para las rentas mensuales que se les suministra a los desmovilizados y 11 mil millones para los proyectos productivos, con lo cual se puede afirmar que el Estado ha venido cumpliendo con los acuerdos y ha ido más allá de los mismos con los beneficios que se les están otorgando.


Otro punto cuestionado por el senador del naciente grupo político Farc, fue el que tiene que ver con las investigaciones y operativos para dar con los responsables de las muertes de exguerrilleros como de los líderes sociales que han perdido la vida, a manos de grupos armados, al tiempo que preguntó qué acciones han emprendido las autoridades.


El encargado inicialmente de responder sobre estos temas fue el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien anunció la creación de un cuerpo élite conformado por miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación para atender amenazas contra líderes para lo cual viene promoviendo un número único de denuncia para estos casos, donde se activa el recién creado Plan de Acción Operativo (PAO), diseñado para la protección de los líderes sociales y periodistas que son objeto de amenazas.


Así mismo, el fiscal General de la Nación, Fabio Espitia, en calidad de encargado, reveló que las disidencias de las Farc, Clan del Golfo, los Caparrapos, entre otros, son los autores de las muertes de los excombatientes y se vienen adelantando investigaciones para dar captura y judicializar a otros autores de los homicidios, pese a que a la fecha se han resuelto el 50% de los casos reportados.


Reiteró, así mismo, que el Gobierno viene haciendo todos los esfuerzos para responder a las inquietudes de las Farc protegiendo a los excombatientes como a sus familiares y seguir cumpliendo con recursos y gestiones en favor de los desmovilizados, mientras siguen dirigidas las operaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de los líderes sociales como de quienes dejaron las armas y se han reincorporado a la sociedad civil.


Igualmente intervino la directora de la Unidad Especial de Investigación Criminal de la Fiscalía Ggeneral de la Nación, Martha Mancera, quien reveló que organizaciones criminales son las autoras de las muertes de los excombatientes de acuerdo con los resultados obtenidos en los operativos y agregó que Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Putumayo y Arauca son las regiones donde más hechos se registran, alrededor del 70% en zona rural y el restante en urbana.


El senador citante preguntó por los avances en el fortalecimiento de los esquemas de seguridad y en particular la labor que viene cumpliendo la Unidad Nacional de Protección, donde también han sido incorporados algunos excombatientes, ante lo cual la funcionaria de la Fiscalía respondió que en la actualidad esa entidad protege a 7.390 personas, entre ellos 4.467 líderes y se han realizado esquemas colectivos de seguridad para 598 colectivos.


Al concluir la sesiòn, la Ministra del Interior sostuvo que el Gobierno seguirá cumpliendo con los compromisos en los acuerdo de paz, así como entregando los recursos necesarios para los programas de reincorporación y socialización de los desmovilizados.

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