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Noticias de Presidencia

Inconformes se mostraron algunos miembros de la célula legislativa por considerar que el Ministerio de Ambiente no ha atendido las sugerencias que se han realizado a propósito del Plan Nacional de Desarrollo.

Comisión Sexta SenadoBogotá, D.C., 02 de marzo de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- Durante un debate de control político, los miembros de la Comisión coincidieron en pedir a la Ministra de Ambiente y Vivienda , Beatriz Uribe, tener en cuenta las propuestas que se han presentado para fomentar el desarrollo del sector.

La ministra Uribe dijo que el gran reto del sector es la construcción de un millón de viviendas, logrando además que un millón de colombianos pueda acceder a dicha oferta. Para ello, se han designado $78 billones, de los cuales solo $10 billones corresponden al aporte del Estado.

El senador Alexánder López (Polo Democrático) se mostró de acuerdo con la meta del millón de viviendas; sin embargo pidió a la ministra revisar la forma como dicho proyecto incluirá también proyectos para construir escuelas, hospitales y espacios para la recreación, con el fin de ofrecer condiciones dignas a quienes se beneficien de estos planes.

La jefe de la cartera de Ambiente y Vivienda, también se refirió a los megaproyectos que pretenden “reorganizar las ciudades, de manera que lo más pobres tengan mejores oportunidades”.

Por su parte, el senador Eugenio Prieto (Partido Liberal) pidió a la Ministra, incluir la Política Integral de Vivienda dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pues tal como lo afirmó “la Comisión ha recibido poca atención por parte del Ministerio y el Gobierno en general para atender las propuestas y cuestiones que durante meses hemos planteado acerca de esta locomotora”.

Respecto a los Planes Departamentales de Agua, la ministra señaló que “debemos exigir propuestas serias y llamativas a nivel local y nacional por parte de los gobernantes y las instituciones, sin embargo en la actualidad existe una debilidad en la estructuración de proyectos y la inexistencia de operadores especializados en ofrecer servicios dignos de acueducto, alcantarillado y aseo en las comunidades más vulnerables”.

Con relación al mismo tema se pronunció el senador John Sudarsky (Partido Verde) quien hizo alusión a los vacíos que evidencia el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la oferta del suelo para la ejecución de los proyectos, luego de preguntarle a la ministra Uribe sobre “¿cómo se logrará que los proyectos de agua potable y alcantarillado no se conviertan en focos para la corrupción en las diferentes regiones del país?”.

De igual forma, el senador López Maya insistió en que “el agua será el gran común denominador para el desarrollo de los países en el futuro, sin embargo eso no lo hemos querido entender en Colombia". El legislador también propuso revisar las tarifas de los servicios de agua y alcantarillado en los estratos más bajos.

Por último, la senadora Olga Suárez (Partido Conservador) aseguró que  “la Comisión no ha recibido respuestas concretas sobre el accionar del sector vivienda dentro del Plan Nacional de Desarrollo, además según lo establecido en el documento, consideramos que no se tuvieron en cuenta los planteamientos que, desde el año pasado, hemos realizado desde las sesiones descentralizadas”.

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Partidos logran concertar ponencia sobre ley de víctimas

Martes 01 de Marzo de 2011 18:17 Relacionado con: Noticias

No obstante, hay artículos donde se mantienen diferencias marcadas entre el Partido de la U, el Polo y el Liberal y que se definirán en los debates. (Ver texto completo de la ponencia).

Ponencia_Comision_Primera_01_03_11_Bogotá, D.C., marzo 01 de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- En un ambiente de total camaradería los voceros de los partidos  de la U, Liberal, Polo y Conservador firmaron la ponencia y el articulado del proyecto de ley de víctimas, en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado.

El vocero del Partido de la U, senador Roy Barreras finalmente estampó su firma en la ponencia y articulado radicados, recibiendo el aplauso de sus colegas, el conservador, Hernán Andrade Serrano, el integrante del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, y el senador liberal, Juan Fernando Cristo. De esta forma se superó el impase de las últimas horas, en que Barreras mantuvo discrepancias en 9 de los artículos de la iniciativa.

No obstante, el presidente del Senado, Armando Benedetti lamentó que la U, el partido con mejor imagen y al cual pertenece el Presidente Santos, haya quedado como si estuviera en la oposición el día de ayer al no firmar el texto de la ponencia por estar en desacuerdo con nueve temas.  “Quedamos como si fuéramos la piedra en el zapato. No comprendo cómo ponen a la U como opositor, si tenemos 28 votos de 100”, afirmó.

El senador Cristo explicó que son 5 los temas gruesos y los cambios en la ponencia del proyecto original: el reconocimiento a las víctimas a partir del 1 de enero de 1986; se crea el recurso de revisión para las sentencias de restitución de tierras y que estudiará una sala especial dentro de la Corte Suprema de Justicia; se fortalecen las medidas de protección para víctimas, testigos y funcionarios que participen en los procesos de reparación y restitución de tierras para los afectados.

El senador Cristo confirmó además que en cuanto a la restitución de tierras, se mantuvo la fecha del 1 de enero de 1991, a partir de la cual se reconocerá este derecho. Además, explicó que se crearon una serie de artículos nuevos que cierran los boquetes en la legislación colombiana, “a través de los cuales avivatos y abogados pretenden colarse y esquilmar al Estado”.

Y confirmó que  se crea la Agencia Presidencial para la atención de las Víctimas del Conflicto.  Justamente en este último tema, es donde el Partido de la U dejó una constancia de su desacuerdo y será uno de los temas para debatir en el transcurso del trámite.

Las diferencias

El senador Barreras comentó que además, hay otros dos artículos donde se mantienen las diferencias. El primero, es el que llamó “contrato de transacción”, es decir el que le cierra la puerta a que alguna víctima reclame dos o más veces la reparación a la que tiene derecho, una vez sea demostrado.  Y el segundo, es el que implanta el sistema de oralidad en los procesos judiciales para la reparación.

Ante la pregunta de la Oficina de Prensa de Senado en el sentido del lento avance y líos en la aplicación de este sistema judicial en el país, el senador reconoció que existen problemas, pero que confía en que se solucionen en el corto plazo. “Tenemos mucha esperanza en este sistema. Múltiples fallas han hecho que no sea funcional. Los jueces tendrán un plazo máximo de 4 meses para resolver la queja del despojado y que sea expedita. Se están montando salas especiales para restituir tierras en los tribunales y en la Corte Suprema de Justicia”. En los otros 6 artículos en que había desavenencias ya hubo acuerdo.

Finalmente, el senador Hernán Andrade confirmó que el primer foro sobre la ley de víctimas se llevará a cabo este jueves en la Corporación Universitaria del Huila, Corhuila, a las 10 de la mañana. “Hacía años no había tanta espera para una ponencia. Los 56 ponentes nos pusimos de acuerdo, Por supuesto que hay diferencias y habrá, pero parodiando a Álvaro Gómez nos pusimos de acuerdo en lo fundamental. Este es un mensaje a la sociedad. No es que con los 20 millones que les vamos a dar se van a recuperar las víctimas. Es un mensaje de paz, porque el conflicto no ha terminado.  Es una ley muy “sui generis” como nos toca legislar en Colombia. Siempre en circunstancias atípicas”, declaró.

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'Horror invernal todavía se ve en Atlántico': senador Efraín Cepeda

Viernes 25 de Febrero de 2011 10:21 Relacionado con: Noticias

Comisión especial del Senado recorrió las zonas afectadas y comprobó que el apoyo anunciado no llega a los miles de damnificados.

CEPEDA_EFRAIN__1Bogotá D.C., 25 de febrero de 20011 (Prensa senador Efraín Cepeda).- Un vehemente llamado al Gobierno Nacional formuló el expresidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, porque todavía "no se ve el apoyo pronto y rápido" para atender a los miles de damnificados por la ola invernal que ahogó a buena parte de los municipios del departamento del Atlántico y otras regiones del Caribe colombiano.

"Lo que esa comisión vio no es la mitad de la mitad del horror que nos tocó presenciar en el sur del Atlántico en los municipios de Campo de La Cruz, Santa Lucía, Sabanalarga, Manatí, corregimiento de Algodonal, La Peña, parte de Suan, a los habitantes y viviendas con el agua en los tejados y hoy todavía no llega el apoyo de la nación", se quejó Cepeda Sarabia en su intervención en la Plenaria del Senado, que terminó con el respaldo no solo del presidente de la corporación Armando Benedetti, sino también de otros legisladores presentes en el recinto.

"Muchos de los afectados, agregó, han podido volver a sus viviendas pero todavía hay muchos municipios y damnificados que siguen bajo el agua, y que necesitan urgentemente el apoyo, la ayuda del gobierno nacional".

Cepeda le propuso al gobierno "implementar muy rápidamente los programas que antaño se hacían de mejoramiento de vivienda para que la gente las conserve con solo haciéndole las refacciones pero que requiere del rápido apoyo del Estado a la gente y a los estudiantes que inician el año escolar estacionados temporalmente en albergues como en Sabanalarga, en donde hay seis mil damnificados en los colegios de ese municipio".

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SALAZAR_JOSE_DARIO_1Mediante acto legislativo propondrán prohibirlo en todas sus formas. El presidente del Partido Conservador dice que a pesar del fallo de la Corte Constitucional de 2006, el aborto ilegal se sigue practicando en Colombia.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- Prohibir en el país la práctica del aborto en todas sus formas planteará un acto legislativo que el senador y presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, con el respaldo de senadores de otros partidos, tramitará ante el Congreso en los próximos días.

El artículo 11 de la Constitución Política señala que: "el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte". La propuesta que retoma de nuevo la prohibición total quedaría así: "Se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural".

El aborto en Colombia es un delito regulado en el Código Penal en los artículos 343, 344 y 345. Un fallo de la Corte Constitucional, en el 2006, eliminó la pena de uno a tres años que se contemplaba para quien se practique un aborto. La despenalización se aplica en tres casos especiales: cuando la mujer haya sido objeto de violación, cuando haya una malformación grave en el feto o cuando el embarazo revista riesgo para la madre.

Según el Ministerio de Protección Social, el aborto ilegal es la tercera causa de mortalidad materna del país. Señala que muchas mujeres mueren en Colombia a consecuencia de abortos practicados de modo ilegal y, por tanto, la mayoría de las veces inseguro.

Si hay malformaciones del feto o peligro para la madre, la Corte sentenció que, para poder practicar el aborto, debe haberse expedido una certificación médica. En caso de abuso sexual, debe haber una denuncia ante las autoridades competentes o un concepto de una autoridad médica, como el Instituto de Medicina Legal.

Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es un problema social que cada día se incrementa y se estima que anualmente ocurren en el mundo aproximadamente 600 mil muertes maternas, de las cuales el 90 por ciento suceden en países subdesarrollados, especialmente en aquellos con escasos acceso a los servicios de salud. La causa más frecuente de morbimortalidad materna es el aborto practicado en forma insegura.

A continuación presentamos la entrevista que la Oficina de Prensa del Senado le hizo al autor de la iniciativa, el presidente del Partido Conservador y senador José Darío Salazar Cruz.

Oficina de Prensa del Senado. Usted presentará un acto legislativo donde plantea la modificación del artículo 11 de la Constitución, para prohibir taxativamente en el país la práctica del aborto en todas sus formas. ¿Cuenta con el respaldo de sus colegas para que sea una realidad?

Senador José Darío Salazar Cruz "Espero contar con el respaldo de muchos colegas y otros se opondrán, como es normal,  en el foro democrático del Congreso".

O.I.P.S. ¿Cómo se  separa el concepto de la Corte Constitucional  de la moral?

J.D.S.C. "Creo que la Corte ha cambiado su posición varias veces. En dos o tres sentencias anteriores se opusieron a darle vía libre al aborto, en algunos casos. Después terminaron modificando la Constitución Nacional, seguramente porque hubo una mayoría. El derecho a la vida es un derecho inviolable en términos absolutos, la Carta Política lo dice. La Corte Constitucional o algunos de los magistrados que son guardianes de la misma, resolvieron modificar el artículo 11. Pienso que existen unos valores supremos como el de la vida que está por encima de cualquier otro valor, de otro derecho fundamental.

La vida empieza desde el momento de la concepción y los Estados no pueden irse por soluciones facilistas, como la que dice que: 'como hay violaciones y no se pueden impedir, hay que matar a la persona que viene y que va a nacer'.

El Estado tiene que adelantar políticas que nos permitan la seguridad para que esas violaciones no se hagan y no irnos por la solución facilista de matar a quien viene en el vientre. El Estado debe dar una orientación psicológica, de responsabilidad a quiénes van a ser madres. Creo que el Estado colombiano tiene que darle a estas personas dignidad y trabajo, para que no cometan estos actos, muchas por vergüenza como el incesto, otras porque pueden pensar en cómo sostener al niño, porque no tienen cómo trabajar y otras porque no tienen orientación psicológica o porque fueron violentadas por falta de seguridad.

El Estado lo que tiene que ofrecer es eso, pero no llevar a la madre hasta  el extremo de declarar a su hijo su enemigo, su contrario, al que hay que eliminar por la vergüenza, o porque no quiere hacerse cargo o porque hay inmadurez. Allí hay una pérdida o quiebra de valores.

¿Cuántas personas quieren tener un niño?, las filas para adoptar aquí y en el exterior son enormes. Si no quiere tenerlo, entréguelo.

Este no es un problema religioso, es un problema de moral; ni siquiera es un problema jurídico, de defensa a la vida de manera integral, y esa es nuestra posición.

En el caso, por ejemplo, de la violación, ¿qué culpa tiene el niño de una violación? Y en el caso de la malformación ¿dónde empieza la malformación?, ¿En el síndrome de Down, en el labio leporino?, ¿Que el niño venga sin manos? ¡¡Cuántos artistas nos ofrecen los mejores dibujos hechos con sus piececitos!!. El aborto causa traumas terribles al que lo haya hecho por inmadurez, por falta de responsabilidad, en especial cuando ve a un niño de 5 o 7 años y se imagina cómo estaría su hijo dándole felicidad.

Queremos es evitar esa mortandad absurda y espantosa y esa falta de madurez, de responsabilidad del Estado y de quienes así actúan en lugar de ofrecerle protección a la madre".

O.I.P.S. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en promedio se pueden registrar dos muertes mensuales por abortos mal practicados.

J.D.S.C. "Nosotros esperamos que hayan políticas de Estado, en donde se concientice a la madre y se le faciliten las herramientas y los instrumentos para evitar esas prácticas. El proyecto no va encaminado, como dicen los populistas, "a meter a las madres a la cárcel". Los escucho decir "¡tras de que son violadas, las van a mandar a prisión!" .El aborto está penalizado en Colombia, con excepción de esos tres casos, pero no hay una sola mujer que haya ido a la cárcel, porque la pena es mínima. Decir lo contrario es una mentira, es una manera de atemorizar, de hacer populismo".

O.I.P.S. ¿Los fallos en Colombia están riñendo con la moral?

J.D.S.C. "Hay leyes inmorales. Me parece que esa es una sentencia inmoral, por eso tratamos de modificarla .  Mientras tanto, se está cumpliendo".

O.I.P.S. ¿Considera que se ha caído en un irrespeto constante creciente a la vida y hemos perdido la cultura de la vida?

J.D.S.C. "No tengo ninguna duda, un país donde se asesina, donde hay 15 mil homicidios al año y que no están contados estos que son los abortos. Creo que hemos caído lo más bajo en esta sociedad".

OIPS. Pero aunque no se despenalice el aborto, éstos se siguen practicando ¿Que hacer al respecto?

J.D.S.C. "Si el aborto se penaliza, no puede practicarse y el Estado tiene que sancionar duramente a quienes lo practiquen. Hoy se penaliza con excepción de tres casos. En el momento en que se penalice, el Estado tiene que actuar, con sus jueces y sus fiscales, para sancionar a quienes violen la norma".

Las cifras

Las siguientes son las cifras que entrega la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en su portal (http://www.paho.org/spanish/DD/PUB/Sap28.pdf).


En el mundo

• De los 210 millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados, es decir 2 de cada 5 embarazos.

• De los embarazos no planeados, 46 millones (58%) terminan interrumpiéndose, 19 millones de estos en países en vía de desarrollo. En América Latina se practican 3 millones 700 mil abortos inseguros.

• El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es 68 mil, equivalente al 13% de la mortalidad materna. En América Latina, el aborto inseguro es responsable del 17 % de las muertes maternas.

• Dos tercios de los abortos practicados al año corresponden a mujeres de 15 a 30 años. En América Latina más del 50% de los abortos se practican a mujeres de 20 a 29 años y casi el 70% a mujeres menores de 30 años.

• El riesgo de morir durante el parto de las jóvenes de edades entre 15 y 19 años es dos veces mayor que el de las mujeres de 20 a 30 años. Este riesgo es cinco veces mayor en las menores de 15 años. En el mundo, la principal causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 años, son los embarazos tempranos, sus riesgos y complicaciones.

En los países en desarrollo 14% de los abortos se han practicado a menores de 20 años.

En Colombia

De acuerdo con Profamilia y sus encuestas periódicas, en un estudio adelantado por el médico gineco-obstetra, epidemiológo y experto de la Universidad Nacional de Colombia, Alejandro Rodríguez Donado,  “del total de embarazos que se registran en el país cada año, el 26% terminan en partos no deseados y el 24% en abortos” (Ver documento).  No obstante reconoce que el subregistro de abortos es el principal problema para concretar una cifra precisa, que nadie calcula con exactitud, no solo en el país, sino en el mundo.

Asegura el centro de salud reproductiva y sexual del país, que entre todo el grupo de mujeres colombianas de entre 15 a 55 años, el 22,9% en promedio tuvo un aborto inducido, es decir una de cada cuatro mujeres.

Según cifras del Centro de Investigación Sobre Dinámica Social, CIDS, de la Universidad Externado de Colombia, el grupo de mujeres de 19 años es donde más se registra esta práctica, con el 44,5%.

Ahora, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Protección Social también tienen un promedio de cifras sobre el aborto y que publican en el llamado “Informe Quincenal Epidemiológico Nacional. En uno de estos informes, correspondiente al año 2007, se indica que “el aborto se practica en todos los estratos socioeconómicos: 16,6%, en el estrato alto; 24,1%, al estrato medio-alto; 21,8%, al estrato medio-medio;  21,6% al estrato medio-bajo y 24,4% al bajo”. La tendencia se mantiene en la actualidad, siendo el estrato más bajo de la población donde más se registra esta práctica.

Lo cierto es que el tema del aborto nuevamente ocupará la atención de los que están a favor de la iniciativa y de los que no la comparten.

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PAREDES_MYRIAN_ALICIA__6Los colombianos ya no estarán obligados a apostillar el certificado judicial para ingresar al Ecuador, tras hacerse público un decreto firmado por presidente Rafael Correa que lo elimina.

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa senadora Myriam Paredes).- La solicitud elevada el pasado 30 de septiembre desde la ciudad de Ipiales por la senadora Myriam Paredes a nombre del sector gremial, académico e industrial de Colombia, y en particular del departamento de Nariño, para que el Gobierno ecuatoriano levantara el requisito impuesto por las autoridades del vecino país a los connacionales, se hizo efectivo y fortalece el diálogo diplomático y comercial entre Bogotá y Quito.

Con la medida se beneficiarán más de 90 mil ciudadanos colombianos que anualmente realizaban el trámite de apostillaje del certificado judicial en el puente internacional de Rumichaca y de paso, se ahorran 25 mil pesos por la diligencia del documento.

De acuerdo con una disposición del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos el certificado judicial es un trámite gratuito a partir del primero de enero de 2011 y los ciudadanos pueden obtenerlo ingresando a la página www.certificadojudicial.gov.co .

Adicionalmente, sólo se debe tramitar de manera  presencial cuando vaya a obtenerse  por primera vez o el solicitante no lo hubiese hecho en los últimos cinco años.

Contacto Oficina de Prensa senadora Myriam Paredes, celular 316 6907191

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La red terciaria en el sector vial fue el denominador común de los reclamos hechos por los senadores en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Comision_Plan_de_Desarrollo.16_02_11Bogotá D.C., 16 de febrero de 2011(Oficina de Prensa del Senado)-. En Comisiones Económicas Conjuntas, los senadores  clamaron por proyectos viales y transparencia en concesiones, en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, ante el director de Invías, Carlos Rosado, y el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez.


Los congresistas aprovecharon esta sesión para resolver sus dudas sobre algunos  proyectos que no se encuentran incluidos en el Plan y que son de suma importancia para el desarrollo del país. El senador Camilo Sánchez (Partido Liberal) manifestó su preocupación porque con las concesiones viales se repitan hechos como el del Plan 2.500, cuyo plazo para la ejecución era de un año, pero se incumplió.


El senador Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical) rechazó el lamentable estado de las vías de Sucre, pero destacó que la prioridad en el Plan debe ser la recuperación de  la red terciaria en el sector vial. A su juicio, el “presupuesto destinado para ese fin es deficitario”, motivo por el cual pidió estudiar en detalle la cuantía y la forma en que se puedan satisfacer estas demandas. “Si no recuperamos la terciaria, las locomotoras seguirán lentas”, afirmó.

 José Iván Clavijo (Partido Conservador) aludió a la incomunicación que le espera a su departamento, Norte de Santander, si no se toman decisiones rápidas, a lo que añadió que la “vía Cúcuta – Bucaramanga es penosa para el país”.

El senador Mauricio Lizcano (Partido de la U) reclamó que proyectos como la Autopista de la Montaña o el Aeropuerto Palestina no se encuentren en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, se pronunció sobre las concesiones y rechazó que, entre más se demora este proceso, más plata ganan los concesionarios. Al respecto, el director de Planeación, Hernando José Gómez, dijo que los recursos para la Autopista de la Montaña están asegurados y aclaró que las vías contratadas en el anterior gobierno se van a concluir.

A propósito de la red terciaria, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) aseguró que las comisiones económicas jalonan los recursos para la red terciaria y expresó sus dudas sobre algunos macroproyectos como el Puerto de Barranquilla, la Circunvalar de Barranquilla, la recuperación de navegación por el río Magdalena y el Puente Pumarejo, entre otros.

La senadora Piedad Zuccardi (Partido de la U) aseguró que Tierrabomba necesita un Plan de Protección del Litoral y preguntó por el monto que invertirá en el Canal del Dique. Asimismo, el  senador Aurelio Iragorri (Partido de la U), señaló que faltaron proyectos importantes como el Metro y Transmilenio, e insistió en el déficit presupuestario para las vías terciarias.  “Después de la emergencia, hay que buscar que cada municipio tenga 1.000 millones de pesos y conservar las vías terciarias”, concluyó.

Por lo pronto, el debate seguirá en los foros regionales que se llevarán a cabo el 17 de febrero en Barranquilla y el 18 en San Andrés, así como en la siguiente sesión en la que se espera la asistencia del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, al igual que otros funcionarios gubernamentales para continuar con la discusión.

 

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El Plan Nacional  de Desarrollo  en el capítulo sobre Consolidación de la Paz   señala que para "la Consolidación de la paz", plantea superar los retos de  acceso, eficacia y eficiencia  que presenta el sistema judicial.

Plan Nacional de DesarrolloBogotá D.C., 15 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- Los dineros que se deben destinar a la justicia colombiana y su operación deberían incluirse en forma directa dentro del Plan Nacional de Desarrollo, sometido a estudio del Congreso de la República, y no en cada proyecto de presupuesto anual, dicen senadores de la República.

Para el senador del Partido de la U, Roy Barreras, el tema de fondo es que "la verdadera reforma a la justicia tiene que incluir la garantía constitucional de un porcentaje del presupuesto nacional que no esté sujeto a las variaciones de cada gobierno. La autonomía de la justicia tiene que tener garantía y sus recursos desde la Constitución y ese es el punto que resolverá el tema de la falta de ella", dijo.

Por ejemplo, el Plan dice que para "la Consolidación de la paz", fue designado un total de $76.634.877; para seguridad, orden público y  seguridad ciudadana, $59.500.505;  para derechos humanos, DIH y justicia transicional, $1.071.755, entre otros montos.

Dice el texto que "a modo de ejemplo, desde el inicio de los procesos de la Ley de Justicia y Paz, se ha apoyado la búsqueda de la verdad en más de 38.000 delitos que relacionan a 50.000 víctimas; proceso que ha llevado a la exhumación de 3.407 cadáveres en 2.815 fosas. No obstante, los retos del país en esta materia son todavía considerables".

Para el coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, senador Gabriel Zapata (Partido Conservador), el estudio de este proyecto se enfoca a "darle un impulso y un respaldo desde el punto de vista financiero económico a la Rama Judicial".

Añadió que con sus declaraciones "el Ministro del Interior (Germán Vargas Lleras) está planteando de una forma concreta las necesidades para poder dinamizar, rebajar la impunidad en este sector y agilizar no solamente las investigaciones sino las sentencias. Creo que es un compromiso con el país y con todos los colombianos la modernización de la Rama Judicial y las posibilidades de poder ponernos al día en todo lo que compete en investigaciones, en decisiones y atender las denuncias que hacen los colombianos", declaró.

Reconoció que el Plan no contempla un monto específico, por ejemplo para el hacinamiento carcelario y programas de resocialización al delincuente, y dijo que "igual diría que para nosotros es importante terminar con todo ese hacinamiento que tenemos en todas las cárceles del país, se han dado unos pasos, pero todavía falta otra serie de construcciones importantes que puedan habilitar las posibilidades de trasladar a los internos de las cárceles con hacinamiento. La resocialización es importantísima porque es la recuperación para la sociedad civil de personas que desafortunadamente han cometido algún tipo de delito y debemos buscar que se vuelvan a reincorporar a la sociedad y que vuelvan con la responsabilidad de pertenecer a ella".

Ahora, ante el interrogante sobre la ampliación de infraestructura para el sistema penal acusatorio en estos próximos cuatro años, el senador Zapata aseguró que "ese es un problema de marca mayor, decir que esa es la modernización de los aspectos procesales. Esto demanda una buena cantidad de personas para poderle dar trámite a todo lo represado,. No hay que olvidar que hay un represamiento de más de un millón de expedientes en todos los despachos, o sea es necesario dar la mano para poder lograr el nivel que se está buscando con este tema. Diría que todo esto hace parte del componente del Plan Nacional de Desarrollo, del compromiso del presidente Jun Manuel Santos y vamos a darle todo el respaldo para poder modernizar en este caso la justicia", puntualizó.

No obstante, el senador Jorge Robledo fue más crítico del Plan y dijo que "tengo la impresión de que el Gobierno no contempló eso; el presupuesto de la Rama Judicial está desbalanceado. Ese es el principal problema del sector, si no hay con qué hacer esos debidos procesos, pues nunca va haber justicia pronta y cumplida y por supuesto aquí lo que no hay es justicia. Si el gobierno no apropia los recursos suficientes a la justicia, ésta siempre cojeará, ese es un problema que se ha tenido desde hace rato y ningún Gobierno toma las medidas suficientes, pero si les echa la culpa a los jueces de que las cosas no se hagan como deben hacerse".

También dice que "las mejoras en seguridad y la reducción de la impunidad a través de mejoras en el acceso, la eficiencia y la eficacia de la justicia no son suficientes para garantizar la observancia de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Se requieren pasos complementarios en aspectos como: la cultura ciudadana en derechos humanos, los derechos a la vida, la libertad e integridad personal, la lucha contra la discriminación y el respeto a las identidades".

Por eso en todos estos apartes, los legisladores hicieron caer en cuenta que no hay montos ni indicadores de gestión definidos para hacer un verdadero plan en cuanto a los recursos y desarrollo de la justicia en Colombia.

Metas del Plan:

  • Avanzar hacia una justicia eficiente;
  • implementar gradualmente la oralidad;
  • flexibilizar y armonizar procedimientos judiciales;
  • establecer nuevas tecnologías de información y modelos de gestión al sistema;
  • fortalecer la defensa judicial del Estado;
  • consolidar justicia no formal  para soluciones pacíficas de controversia;
  • desarrollar una política criminal coherente y  establecer una política penitenciaria a través de un plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, entre otras.

Ver texto Capítulo 4 Consolidación de la Paz, en el Plan Nacional de Desarrollo

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El legislador reiteró que el Partido Conservador respalda totalmente al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos

CEPEDA_EFRAIN__1Bogotá D.C., 14 de febrero de 2011 (Prensa senador Efraín Cepeda).- Horas antes de la cumbre del Partido Conservador con el ministro de Defensa Nacional, Rodrigo Rivera Salazar, el coordinador ponente en el Senado del Plan Nacional de Desarrollo, Efraín Cepeda Sarabia (Conservador), garantizó la aprobación de los “recursos que sean necesarios con destino a la adquisición del material militar o el aumento del pie de fuerza armada para los próximos 4 años”.

“Que el Ministro, dijo el directivo conservador, nos diga cuáles son las necesidades que requiere el Ejército, la aviación, la Fuerza Naval y la Policía para fortalecer la seguridad nacional, que nosotros en el Congreso de la República nos emplearemos a fondo para aprobar el material que nos pida y que garantice la seguridad de todos los colombianos”, afirmó Cepeda.

Cepeda Sarabia participará este martes en la mañana, de la reunión del Directorio Nacional Conservador con el titular de la cartera defensa Rivera Salazar.

“El Partido Conservador respalda ciento por ciento el gobierno del presidente Santos”, reiteró el ex presidente del conservatismo.

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Responsabilizaron a las Farc de lo sucedido y advirtieron que esa guerrilla  daño el optimismo para un futuro diálogo de convivencia.

FACHADA_CAPITOIO_4Bogotá, D.C., 14 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- Los presidentes del conservatismo y la U, así como otros congresistas, calificaron de “engaño de las Farc”, las frustradas liberaciones proyectadas para el domingo anterior.

De acuerdo con el presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, lo ocurrido con algunas liberaciones de uniformados el fin de semana “es una farsa de las Farc porque siguen jugando con el país”.

“Distraen la comandancia del Ejército mientras colaboran para que se vuelen sus comandantes”, anotó.

Según el presidente de la U, Juan Lozano, “cualquier maniobra o distracción que se haga con las liberaciones es jugar con el dolor y los sentimientos de los colombianos y de los familiares de los ciudadanos secuestrados”.

“Por eso respaldo al Presidente Juan Manuel Santos, quien debe avanzar con la firmeza y la serenidad con que ha trabajado y debe prevalecer el imperio de la ley para que las liberaciones no caigan en el show, en las distracciones y en el tráfico del dolor humano”, recalcó.

Para el senador liberal Juan Fernando Cristo, “Las Farc se encargaron de dañar este proceso  y los colombianos no pueden ilusionarse con dejen el terrorismo y el secuestro”.

Cristo insistió en que ese grupo insurgente desencantó a todo el país y ahora más que nunca las mesas de negociación están muy lejos porque ellos se siguen equivocando”.

“Hay que lamentar lo que ocurrió para los secuestrados y sus familias, porque dañó el ambiente optimista y la nueva actitud que supuestamente tenían las Farc frente a un posible diálogo político”, explicó.

El senador liberal, Juan Manuel Galán, insistió en que no se puede permitir que se siga jugando con las expectativas e ilusiones de los familiares de los secuestrados. “Es un juego perverso, siniestro e indigno de las Farc, por lo que el país debe seguir pidiendo que liberen a todos los secuestrados”, subrayó.

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Presidente del Congreso destacó la decisión del gobierno de retirar el artículo que pretendía aumentar la edad de jubilación del Plan Nacional de Desarrollo.

BENEDETTI_ARMANDO__11Bogotá D.C., 10 de febrero de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- El anuncio del Gobierno de retirar el artículo que aumentaría la edad de jubilación de mujeres y hombres, a los 62 y 65 años,  respectivamente, fue celebrado por varios congresistas que coincidieron en señalar que su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, era inoportuna.


El presidente del Congreso, Armando Benedetti, (Partido de la U), destacó “la capacidad y grandeza del presidente Juan Manuel Santos de admitir errores de su administración y comprender que ese era un tema muerto en el Congreso”.


También pidió entender que el vicepresidente Angelino Garzón, quien se opuso a este artículo, “ha sido coherente con lo que es, un sindicalista y defensor de sus causas, y no se puede pretender que Garzón sea un sindicalista cuando viaje al exterior y deje de serlo en la carrera séptima de Bogotá”. Benedetti manifestó que la propuesta debe ser presentada en otra ley, pero mediante otro mecanismo, porque el 70 por ciento de los colombianos está sin pensión.


Por su parte, el vocero del Polo Democrático, Jorge Robledo, manifestó que ese 'reversazo' hay que celebrarlo y que fue tal el reclamo general, que a Santos no le quedó alternativa distinta que “echar para atrás ese adefesio”.


La senadora Piedad Zuccardi dijo que está totalmente de acuerdo. Señaló que ella había expresado su preocupación por la inclusión del artículo. La congresista se identificó con el planteamiento del vicepresidente Angelino Garzón, en el sentido de que los asesores y ministros deben evitar que el Presidente tome decisiones en contra de la ley, a lo que agregó que el proyecto debe discutirse en Comisión Séptima.


Finalmente, el senador José Iván Clavijo (Partido Conservador) se mostró de acuerdo con la decisión, cuya presentación, al igual que los anteriores congresistas, calificó de “inoportuna”, no sólo por su contenido sino porque tenía dudas jurídicas al respecto. A su juicio, “este es un tema de consenso no sólo del Congreso, sino de la clase trabajadora”.

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