Senado de la República

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Legislación Reglamentaria del Senado de la República de Colombia

Instó a los congresistas a trabajar para crear leyes que establezcan la cadena perpetua a los violadores de niños, erradicación del narcotráfico, combatir la corrupción, implementación de la paz sin impunidad e impuslo a la economía, entre otros temas.

La iniciativa fue debatida en las comisiones primeras del Congreso, en sesión conjunta.


Bogotá D.C., junio 4 de 2019 (Prensa Senado).
El objeto de la iniciativa propuesta por el Gobierno Nacional es la de establecer aspectos que puedan mostrar ante la comunidad en general el cumplimiento de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de las Juntas Administradoras Locales, JAL.


La iniciativa gubernamental dispone, entre otros aspectos, la presentación de sus actividades anuales y mediante audiencias públicas que se deberán realizar en cada región del país ante la comunidad que los eligió para representarlos en las diversas gestiones ante el gobierno.


El ponente del proyecto de ley, senador Santiago Valencia (Centro Democrático), explicó que el objeto específico es la aplicación de mecanismos que permitan establecer transparencia en las actuaciones de los funcionarios de dichas corporaciones y de esa manera garantizar que no se presenten irregularidades en la gestión y evitar la corrupción.


Por su parte, el senador Gustavo Petro (Colombia Humana) dijo a los integrantes de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes que era vital la aprobación del proyecto, puesto que con el se le otorga a la ciudadanía en general la certeza que se está obrando con legalidad y transparencia de cara al pueblo. Además propuso que es necesario proponer la creación de una fiscalía anticorrupción que se dedique exclusivamente a investigar y juzgar a los corruptos, advirtió.


Otro aspecto que contiene el proyecto es el de disponer de las herramientas electrónicas y redes sociales para que la comunidad pueda acceder, a través de un aplicativo a conocer las agendas, compromisos y gestiones que adelantan los congresistas, diputados, concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales, JAL, y así poder tener acceso al desarrollo y estado de los proyectos como conocer si se cumplen, los costos y ejecución de los mismos, aspecto que será ajustado para establecer la contratación de manera transparente para evitar algún sesgo al momento de calificar las gestiones.


Ante este capítulo, la senadora Angélica Lozano (Partido Verde) afirmó que dicha aplicación existía en la página electrónica del congreso denominada, Mi Senado, pero hace varios años desapareció y era muy útil cumpliendo funciones similares y daba acceso a la información señalada y no se explica por qué fue sacada del aire. “Por recursos económicos y tecnológicos no es, la causa de su desactivación es por la falta de voluntad política”, reiteró.


Representantes a la Cámara expresaron que el Congreso debe estar acorde con la modernización y más con el uso de las redes sociales a la que tienen acceso todos los colombianos con esa herramienta, donde se puede verificar la transparencia de las gestiones y útil para frenar la corrupción.


El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la sesión conjunta y se le harán varios ajustes, especialmente en lo relacionado a los mecanismos de rendición de cuentas como también disponer de la entidad de Función Pública para que oriente y verifique el cumplimiento de los requisitos para elaborar la documentación y formularios para dicho proceso, además de comprobar los contenidos y en caso de encontrar inconsistencias, tramitar ante los organismos de control los hallazgos para que obren en derecho ante la justicia.


El citado proyecto fue aprobado por unanimidad y se procedió a designar una comisión que se encargará de ajustar los textos de acuerdo con las proposiciones aprobadas para tal fin y exponer los nuevos textos en la plenaria para su aprobación.



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Presentan proyecto que busca el fomento y protección para Mipymes

Miércoles 15 de Mayo de 2019 14:40 Relacionado con: Noticias



El Centro Democrático radicó la iniciativa para impulsar, blindar y estimular a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Pagos en tiempos más justos y reglas de juego más equitativas, forman parte de la propuesta.

Bogotá D.C., mayo 15 de 2019 (Prensa Senado). El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en representación de la bancada del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar un marco regulatorio para el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Colombia, y aumentar el bienestar social y la equidad.

En la Secretaría General del Senado, el congresista explicó que el proyecto tiene un primer capítulo de plazos máximos para que las Mipymes tengan liquidez y que los consumidores, los grandes almacenes y tiendas de cadena, entre otros, que se proveen de las Mipymes, les paguen a tiempo.

El segundo capítulo, que fomentará el emprendimiento para aumentar los recursos del Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), cuenta con una serie de medidas concretas de apoyo. Entre estas se encuentran la diferenciación de las tarifas para el registro Invima, los certificados de bomberos, una consideración de criterios diferenciales en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, riesgos laborales y prorroga a 90 días para la declaración del IVA, a cargo de las Mipymes.

Además, exige que el Estado esté actualizando permanentemente los proveedores y el inventario de Mipymes, para efecto de compras públicas e impulsar que sean proveedoras del Estado y se faciliten las compras mínimas.

El proyecto de ley en su conjunto contempla cuatro ejes:
1. Plazos máximos de pago
2. Fomento al emprendimiento y su financiación.
3. Medidas de apoyo para las Mipymes (incluye simplificación de trámites y beneficios en compras públicas, acceso al financiamiento y asociatividad).
4. Marco Institucional que busca mayor eficiencia en las instancias de diálogo con las Mipymes y el ecosistema emprendedor.

La meta es que se logre superar uno de los principales obstáculos que enfrentan las Mipymes, el reducido flujo de caja y capital de trabajo, debido en gran medida a las condiciones inequitativas de pago a las que se enfrentan en el mercado.

Primer encuentro de Legislación para Mipymes 2030

Martes 14 de Mayo de 2019 22:11 Relacionado con: Noticias


Este encuentro de legislación para micro, pequeñas y medianas empresas es organizado por el Congreso de la República, la Comisión Accidental Mipymes del Senado y cuenta con el apoyo de Acopi. En el evento se analizará la situación actual y los retos de este segmento.


Bogotá D.C., mayo 14 de 2019 (Prensa Senado). El evento, que se realizará este jueves 16 de mayo en el edificio nuevo del Congreso de la República (entrada al auditorio: calle 8ª con carrera 7ª), entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., tiene como objetivo acercar a las ramas Legislativa y Ejecutiva a las realidades del segmento Mipyme, con relación al uso de la mejora normativa, permitiendo un mejor desempeño y aporte a la economía.

La instalación estará a cargo de los senadores Ernesto Macías Tovar; presidente del Congreso, y Efraín Cepeda Sarabia y de la presidenta nacional de ACOPI, Rosmery Quintero Castro.
Los interesados en el evento pueden consultar la agenda a continuación:

Bloque 1

Ponencia: Experiencias latinoamericanas en mejora regulatoria y productividad
Hora: 8:30 a 9:00 a.m.
Conferencia inaugural
Andrés Blancas Martínez, economista experto en Política Regulatoria (OCDE).

Bloque 2
Los empresarios Mipymes te cuentan
Panel 1: Mejora regulatoria y productividad
Hora: 9:00 a 9:45 a.m.
Se expondrán las experiencias de Estado Simple, Colombia Ágil y Compras Estatales.
Entre los panelistas se encuentran el ministro de Comercio, Industria y Comercio, Juan Manuel Restrepo, la directora del DNP, Gloria Alonso Másmela; el director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O'meara Riveira, y el director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, Fernando Segura Restrepo.

Panel 2: Estabilidad laboral y formalización empresarial
La estabilidad laboral reforzada, la flexibilidad laboral y los Conpes por formalidad, son los temas centrales que abordarán panelistas como Alicia Arango Olmos, ministra de Trabajo; Diana Cárdenas, viceministra de Protección Social, y Saúl Pineda Hoyos, viceministro de Desarrollo Profesional.
Hora: 9:45 a 10:20 a.m.


Bloque 3
Ponencia: La mejora regulatoria desde la rama Legislativa: Caso México
Hora: 10:20 a 10:50 a.m.
Ramón Archila Marín, coordinador de Estados y Municipios (Conamer).

Bloque 4
Los empresarios Mipymes te cuentan
En este panel se hablará sobre legislación fiscal: Régimen Simple (nuevo esquema Ley de Financiamiento) e impuestos territoriales. El panel de expertos estará conformado por Lisandro Junco, director de gestión de Ingresos (DIAN); Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, y Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación de Municipios.
Hora: 10:50 a 11:30 a.m.

Bloque 5
Mesas técnicas para la construcción de inventario normativo
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
• Legalización fiscal
• Legalización laboral
• Compras estatales

Bloque 6
Conclusiones y aporte del inventario de normas fiscales, laborales y compras estatales para la agenda legislativa 2019-2022.
Nota: la agenda está sujeta a cambios.

Doc

Alianza contra la corrupción, un capítulo clave en PND

Viernes 15 de Marzo de 2019 15:09 Relacionado con: Noticias

Tolerancia y cero corruptos, metas que se cumplirían a través del uso de la tecnología.


Bogotá D.C., marzo 15 de 2019. (Prensa Senado).
Fortalecer las instituciones para combatir la corrupción, afianzar la legalidad y el relacionamiento colaborativo con el ciudadano, es el propósito que lleva al Gobierno a incluir un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo para combatir la corrupción mediante modernas herramientas tecnológicas.


Para tal efecto, se ha anunciado destinar recursos por el orden de los 3 mil 163 millones de pesos que se invertirán en metodologías que garanticen transparencia en los actos administrativos como en la selección de personal en el sistema de contratación.


Es así como el Gobierno plantea en el PND, a través de la Secretaría de Transparencia, formular e implementar una política pública de transparencia, integridad y legalidad orientada a fortalecer las herramientas para promoverla, con el acceso a la información y la lucha contra la corrupción en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos autónomos e independientes y a nivel territorial.


La política pública de transparencia contendrá el desarrollo de un componente de integridad con lineamientos que logren la apropiación de comportamientos preventivos en el servidor público, privados y en la ciudadanía mediante el diseño e implementación de un programa de capacitación dirigido a los servidores públicos y contratistas, además de la conceptualización y reglamentación de los conflictos de intereses generando así las capacidades en la identificación y gestión de los mismos.


Otro elemento es implementar líneas de acción dirigidas a romper paradigmas culturales que valoran más los métodos de atajos y la sensibilización respecto a la responsabilidad en la corrupción, además de la implementación de procedimientos éticos en entidades y cargos vulnerables a la corrupción.


En el sector privado, donde se incluyen además a las empresas estatales, se incentivarán los programas de cumplimiento contra la corrupción con la firma de pactos de integridad y en general, la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción. Otro componente que se incluirá en los procesos de selección de personal a cargo del Comité Nacional del Servicio Civil, CNSC, teniendo en cuenta dilemas éticos y conflicto de intereses.


El Gobierno también diseñará e impulsará cátedras de ética, participación ciudadana, prevención, acceso a la información y lucha contra la corrupción en universidades y colegios, lideradas por la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, considerando los instrumentos existentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y articulado de la Cátedra de la Paz y la asignatura de urbanidad y cívica.


La Vicepresidencia realizará capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos de entidades territoriales para prevenir riesgos de corrupción por medio de jornadas de transparencia, con enfoque territorial en los 32 departamentos del país.


Por su parte, la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia en conjunto con los ministerios de Justicia y del Interior impulsarán un proyecto de ley que establecerá los lineamientos claros sobre la actividad del Cabildeo - que es una forma profesional de ejercer la libre participación política para incidir en el proceso de toma de decisiones de los actores e instituciones -  tendrá como mínimo que cumplir con requisitos estrictos para evitar la corrupción como será la definición y sus límites, la definición de los actores que pueden desarrollar dicha actividad, el registro único de empresas o personas que realizan esta labor, el régimen de derechos y deberes, tanto de funcionarios públicos como de cabilderos y el régimen sancionatorio para quienes ejerzan esta actividad por fuera de lo establecido en el proyecto de ley.


La transparencia y el acceso a la información tendrá un aspecto muy determinante, dado que se pondrá en línea el Portal del Estado Abierto como punto principal de interacción de la oferta institucional hacia la ciudadanía en responsabilidad del MinTic, con la coordinación de La Urna de Cristal, el Departamento Nacional de Planeación y la Vicepresidencia. El portal debe tener entre otros, los desarrollos tecnológicos existentes para incentivar la participación, el control social, la simplificación de trámites y servicios, y los esfuerzos en consulta pública.


A través del Portal debe darse acceso público a, entre otros, los cambios de uso de suelo en los POT, el escrutinio de hojas de vida de candidatos a juntas directivas de empresas públicas, la presentación rigurosa de la agenda del Gobierno, las agendas del Presidente y de los miembros del gabinete, seguimiento al presupuesto en línea con indicadores de desempeño y ejecución, con especial énfasis en la contratación pública, mediante la visualización de los contratistas de grandes proyectos.


El Archivo General de la Nación deberá fortalecer los programas de gestión documental de las entidades del orden nacional y territorial y compatibilizar sus lineamientos con la Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la información pública.


Por su parte, las entidades nacionales y territoriales deberán adoptar lineamientos de la estrategia del lenguaje claro del DNP, con el fin de garantizar el acceso , la comprensión y la utilidad de las comunicaciones públicas dirigidas a los ciudadanos.


PND creará hoja de ruta única para Paz, Posconflicto y Victimas

Lunes 25 de Febrero de 2019 10:52 Relacionado con: Noticias

Se disponen inversiones para 170 municipios que componen las 16 subregiones en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.


Bogotá D.C., febrero 25 de 2019. (Prensa Senado).
En el capítulo del Plan Nacional de Desarrollo, PND, denominado Pacto por la Legalidad, el Gobierno aglutina los aspectos que tienen que ver con la seguridad efectiva y justicia transparente y destina inversiones por 126 mil 142 millones de pesos.


Para tal efecto se establecerá una implementación de la política de estabilización como herramienta que articule los instrumentos derivados del Acuerdo de Paz, con los planes y programas sectoriales y territoriales, además con los mecanismos de financiación y de ejecución para garantizar la participación de entidades, recursos de los mismos y así consolidar una acción coordinada del Gobierno, las autoridades locales y la cooperación internacional, entre otros.


La coordinación de la hoja de ruta estará a cargo de la Alta Consejería para el Posconflicto o quien haga las veces con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y la Agencia para la Renovación del Territorio y deberá tener un acuerdo de inversión y cronograma de ejecuciones anualizado para cada subregión, en el cual se identifiquen los proyectos como los responsables de los mismos, los compromisos, las fuentes de financiación y recursos apropiados en las entidades competentes del orden nacional y de las entidades territoriales, de acuerdo con las competencias y autonomía. Los proyectos definidos de impacto regional podrán ser gestionados a través de los pactos territoriales.


La Alta Consejería para el Posconflicto o el funcionario que asigne el Presidente de la República formará parte del Ocad Paz con voz y voto. Así mismo, los proyectos que se financien con cargo a los dineros asignados se orientarán al desarrollo de las inversiones previstas en la Hoja de Ruta, en los municipios que integran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, promoviendo la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y complementando la oferta interinstitucional del Gobierno nacional.


Dentro del PND se contempla el fortalecimiento del Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, cuyos recursos serán los derivados de los bienes extintos que no hayan sido entregados por las FARC EP, los cuales tendrán como destinación el Fondo de Reparación a excepción de los predios rurales, mientras la Fiscalía General de la Nación determinará los bienes que se encuentran vinculados a procesos de extinción de dominio que no correspondan al inventario.


Otro aspecto del capítulo establece la Fase de Rehabilitación Inclusiva, FRI, del Sistema de Rehabilitación Integral, SRI, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional que comprende elementos terapéuticos, educativos y de gestión que permiten alcanzar la autonomía de las personas con discapacidad y de otras poblaciones del sector para desarrollar un nuevo proyecto de vida, con miras a la inclusión del medio familiar, laboral y social.


Serán beneficiados en la fase de inclusión los miembros de la Fuerza Pública con discapacidad, sean estos activos, retirados, pensionados, beneficiarios mayores de edad con discapacidad, veteranos de Corea, activos o retirados de la Fuerza Pública que accedan a la Justicia Especial para la Paz, JEP, como los que se encuentren en transición a la vida civil o en proceso de retiro, lesionados, victimas militares y de policía, personal civil con discapacidad del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares y personal no uniformado, con discapacidad de la Policía Nacional vinculados con anterioridad a la Ley 100 de 1993, que se encuentran en servicio activo o retirados de la institución como soldados regulares que hayan adquirido una discapacidad durante la prestación del servicio militar obligatorio.


Los recursos que se destinen y asignen para el cumplimiento del citado capitulo, deberán ser consistentes con el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto del sector de defensa.

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Informe de gestión legislativa de senadora Maritza Martínez

Jueves 10 de Enero de 2019 12:41 Relacionado con: Noticias

Bogotá D.C., enero 10 de 2019 (Prensa S. Maritza Martínez). La senadora Maritza Martínez (Partido de la U) presentó a consideración de los colombianos su informe de gestión legislativa respecto al período 2018-2019. A continuación el documento en mención:

"Estimados ciudadanos,

A través del presente documento, pongo en consideración el informe de gestión para esta mitad de legislatura 2018-2019, en el cual presento el trabajo realizado en el transcurso de esta legislatura en beneficio de Colombia y la Orinoquia.

El presente documento se encuentra dividido en varias partes. En la primera de ellas encontrarán la actividad legislativa, los proyectos de ley y de acto legislativo en los cuales he participado en calidad de autora y ponente. En la segunda, encontrarán referencia al ejercicio de actividades de control político en defensa de las comunidades, los recursos públicos y el Medio Ambiente. En la tercera están consignadas las audiencias públicas y foros realizados en este primer semestre de la legislatura. Finalmente, encontrarán un recuento de otras gestiones y acompañamientos a las comunidades que hemos realizado por fuera del Senado de la República.

Sea esta la oportunidad para reiterar mi compromiso de trabajo para contribuir a la construcción de una Colombia con mayores garantías para nuestra infancia, mejores oportunidades para las mujeres, un sector agropecuario más robusto, y por una Orinoquia más fuerte, unida y en paz.

Cordialmente,

Maritza Martínez Aristizábal
Senadora de la República

1. PROYECTOS DE LEY E INICIATIVAS DE AUTORÍA

1. Proyecto de Ley 091 de 2018 - Cámara / 213 de 2018 - Senado "Por medio de la cual el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM – y se dictan otras disposiciones" (Datacrédito para padres y madres deudores morosos de alimentos)

Proponemos la Creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) como una herramienta análoga a las centrales de riesgo crediticio y financiero, que permitirá imponer sanciones estrictas, al margen de las penales, a todos aquellos sujetos que se encuentren inscritos en éste.

A través de un procedimiento judicial expedito y sencillo se podrá solicitar la inscripción de quien adeude cuotas de alimentos. Así, quien incumpla con tres cuotas alimentarias, seguidas o no, será inscrito por parte de la autoridad judicial competente en el REDAM. Quién esté inscrito en el REDAM no podrá contratar con el Estado ni actuar como representante legal de una persona jurídica que desee contratar con el mismo; no podrá acceder a cargos públicos ni de elección popular; no podrá registrar los negocios jurídicos que versen sobre bienes muebles (carros o motos, por ejemplo) o inmuebles; no podrá solicitar la expedición de escrituras públicas; no podrá salir del país; y cuando solicite o renueve y se le aprueben créditos ante entidades bancarias o de financiamiento, éstas estarán obligadas a depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el REDAM.

2. Proyecto de Ley 187 de 2018 – Senado "Por medio de la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones" (Castración Química Obligatoria para violadores y abusadores de menores de edad)

Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes están siendo violados y abusados: violentados en su sexualidad, en una etapa de la vida en la cual el Estado, la sociedad y la familia, deberían brindarles todas las garantías y condiciones de seguridad. En Colombia, ser un Niño, Niña o Adolescente es un gran riesgo.

Hemos propuesto al Congreso de la República el presente proyecto que busca:

(1) Que los delitos que se cometen contra la integridad y la formación sexuales de los Niños, Niñas y Adolescentes dejen de tratarse como delitos comunes con un agravante. Así pues, se busca la creación de dos tipos penales autónomos y especiales, que se apliquen de manera efectiva y que sean mucho más estrictos y ejemplarizantes a los que se contemplan hoy en día en el ordenamiento jurídico.

Así, hoy en día el acceso carnal violento agravado se castiga con 16 a 30 años de prisión y el acceso sexual violento agravado se condena con 10.5 a 24 años de prisión. Con el proyecto de Ley y con la creación de los dos nuevos tipos penales autónomos se castigaría el acceso carnal violento en menores de edad con una pena de 25 a 41.5 años, y los actos sexuales con menores de edad con una pena de prisión de 15 a 30 años.

(2) Establecer una Política Pública para evitar la reincidencia, estableciendo tratamiento intra y extramural para los condenados por estos delitos; se establece la medida de castración química obligatoria y se contempla el empadronamiento o registro de todos los condenados por estos delitos ante la Policía Nacional, quien deberá hacer seguimiento y monitoreo permanente a través de medios tecnológicos, todo lo anterior con el propósito de frenar la reincidencia y proteger de manera efectiva a nuestros Niños, Niñas y Adolescentes.

3. Proyecto de Ley 224 de 2018 - Cámara "Por la cual se establece el procedimiento de Fast Track judicial en favor de la niñez y la adolescencia"

El presente proyecto tiene por objeto establecer medidas que permitan garantizar la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y su acceso preferencial a la administración de justicia. Así, el proyecto plantea que se le dará un trámite preferencial y prioritario a los litigios y procesos judiciales en los que están de por medio los derechos de los menores colombianos. Adicionalmente, se busca darles aplicación a preceptos constitucionales, imponiendo a los operadores
jurídicos la obligación de seleccionar, tramitar y evacuar en primer lugar todos aquellos procesos en donde existan víctimas o partes menores de edad, todo lo anterior con excepción del trámite de tutela y graves violaciones a los DDHH y al DIDH.

4. Logramos que en la Reforma Política que cursa en el Congreso, se incluya una disposición para sancionar drásticamente a los partidos y movimientos políticos que avalen a violadores y abusadores de menores. Dentro de las sanciones que se contemplan están la no reposición de votos, la no participación en medios de comunicación y hasta la pérdida de la personería jurídica del partido.

5. Proyecto de Ley 116 de 2018 – Senado "Por medio de la cual se dictan normas para implementar e incentivar sistemas de recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias y se dictan otras disposiciones" (Energías limpias y alternativas)

El proyecto de ley pretende implementar e incentivar el establecimiento de sistemas de recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias en las edificaciones nuevas y preexistentes en el territorio nacional, lo anterior con el propósito de cuidar el recurso hídrico, mejorar la eficiencia energética y contribuir a la preservación del Medio Ambiente. Así, en todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, viviendas y obras públicas que se construyan en el perímetro urbano será obligatorio contar con un sistema que permita efectuar la recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias, esto último con el fin de ser aplicados en los inmuebles. En el caso de las edificaciones preexistentes a la entrada en vigencia de la norma, se establece que el Gobierno Nacional determinará incentivos que permitan la adopción de la medida anteriormente mencionada.

6. Proyecto de Ley 115 de 2018 – Senado "Por medio de la cual se declara una moratoria al desarrollo de la actividad del fracturamiento hidráulico para la

exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales y se dictan otras disposiciones"

Se declara una moratoria a la actividad de exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos y se establece un procedimiento para su levantamiento. Lo que pretende el presente proyecto es generar un conocimiento previo suficiente que permita construir una normatividad robusta y adecuada para las condiciones particulares de nuestra geografía, que garantice la participación de las comunidades y a su vez genere un marco de responsabilidad en el cual se tenga la certeza de que es posible mitigar los riesgos e impactos negativos que puedan derivarse del desarrollo de dicha actividad, todo lo anterior si en el marco del procedimiento que se contempla para el levantamiento de la moratoria se considera conveniente.

2. PONENCIAS PRESENTADAS

1. Proyecto de Ley 251 de 2018 – Senado / 196 de 2017 Cámara "Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones"

El proyecto promueve la conservación, protección, propagación, investigación y uso sostenible de las abejas, desarrollo de la apicultura y los polinizadores, en el entendido que son los polinizadores juegan un papel fundamental en la prestación del servicio ecosistémico de la polinización que en caso de afectarse no permite la regeneración vegetal y la inmunidad de los ecosistemas se deteriora con riesgos adicionales para el bienestar humano, por ejemplo bosques empobrecidos susceptibles a las plagas y sin posibilidad de regulación climática e hidrológica.

Para lograr ese objetivo el proyecto crea dos instrumentos institucionales:

1. Sistema Nacional de Protección de Abejas, Desarrollo de la Apicultura y Polinizadores SNAP: que es coordinado por el MADR, tiene un consejo directivo y debe definir entre otros las políticas, estrategias, programas y proyectos destinados a la armonización entre el renglón apícola y el sector agropecuario, realizar el Censo Nacional Apícola (actualizarse cada 10 años), ppromover la investigación, restauración y conservación de flora que soporta la población de polinizadores que habitan las áreas rurales y urbanas del territorio nacional, caracterizar las especies de abejas y otros polinizadores y los servicios ambientales que prestan, formular los lineamientos que permitirán identificar las zonas de concentración de polinizadores y las zonas significativas de producción de polinizadores, proteger a los polinizadores (entre ellos las abejas) de la acción contaminante de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola PQUA y su uso indiscriminado e irresponsable a través de la implementación de protocolos de evaluación del riesgo y la elaboración de estudios e investigaciones que permitan determinar los efectos de esa industria sobre las poblaciones de abejas y los agentes polinizadores.

2. Política Nacional de Conservación, Protección y Uso Sostenible de Polinizadores: que integra el SNAP y se especializa en armonizar la gestión y uso sostenible de las abejas, la apicultura, el servicio de polinización dirigida en cultivos agropecuarios y conservación de los agentes polinizadores con la creación de las Zonas de concentración de polinizadores y regular aspectos relativos al uso de agroquímicos, la deforestación y el manejo de abejas en lugares urbanos.

Para lograr articular las disposiciones relativas a la protección de los polinizadores sin entrar en una posición radical de prohibir por completo la utilización de PQUA dadas las serias afectaciones en la producción agrícola (proliferación de plagas, enfermedades y disminución de rendimientos), se propone la creación de 3 zonas que permita la coexistencia de los polinizadores, la apicultura y el desarrollo de la agricultura:

• Zona de concentración de polinizadores: áreas del territorio nacional que brindan las condiciones necesarias para la habitación y reproducción de los polinizadores, sin riesgo de verse afectados por actividades humanas y que pueden ser declaradas por las autoridades competentes.

• Zonas significativas de producción de polinizadores: áreas del territorio nacional donde se registra la presencia de apiarios y/o grandes concentraciones de polinizadores cultivados o criados.

• Zonas de refugio para polinizadores: áreas que mantienen los productores agropecuarios en el marco de sus cultivos para asegurar la alimentación y el refugio de polinizadores.
• En ese sentido, tanto el SNAP como la Política tienen el deber de establecer los criterios técnicos para identificar, delimitar y crear los 3 tipos de zonas, ejercer la vigilancia, seguimiento y control sobre los usos y aplicaciones de los PQUA en los cultivos agropecuarios que colinden con las zonas de concentración y significativas de producción, implementar protocolos de evaluación del riesgo, elaborar estudios e investigaciones que determinen los efectos de la industria agroquímica sobre las poblaciones de abejas y los agentes polinizadores e implementar los mecanismos necesarios para que los agricultores que colinden con las zonas significativas de producción de polinizadores y de conservación, se certifiquen en Buenas Prácticas Agrícolas y Apícolas.

• Un elemento importante del proyecto, es que pone en cabeza de la Autoridad Nacional Competente ANC –que viene siendo el ICA conforme a la Norma Andina para el Registro y Control de PQUA-, la competencia para prohibir el uso en el territorio colombiano de aquellos PQUA cuyo uso y aplicaciones deriven en envenenamiento y mortandad de abejas y otros polinizadores.

• El proyecto también establece disposiciones relativas a incentivos económicos y de fomento para establecer zonas de refugio que aseguren la alimentación y hábitat de los polinizadores y abejas, mediante la conservación de flora nativa y el establecimiento de colmenas, fomentar la producción en términos de aumentar el número de colmenas y los rendimientos de las colmenas, programas de sanidad de las abejas, inocuidad de los productos de la colmena, incentivar el consumo de productos apícolas, sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la protección de las abejas y otros polinizadores en los ecosistemas, la inclusión de productos de las abejas en el menú de compras estatales, entre otros.
Para frenar de manera inmediata la afectación a las poblaciones de abejas, ante la denuncia de un caso de envenenamiento y/o mortandad las autoridades -ANLA e ICA-, deberán orientar el procedimiento y protocolo de diagnóstico para la determinar los factores químicos y/o agentes biológicos que causaron el evento.

2. Proyecto de Ley 38 de 2018 – Senado. "Por la cual se crea la licencia ambiental para exploración minera y se dictan otras disposiciones"

El proyecto de ley en cuestión propone retomar una disposición existente en la Ley 99 de 1993 y el Decreto reglamentario 1753 de 1994, esto es, el requisito de licencias ambientales para la etapa de exploración minera. Dicha disposición desapareció del ordenamiento jurídico colombiano con la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001 y con el Decreto 1728 de 2002 . A raíz de lo anterior, quedaron desprotegidos los recursos naturales durante las etapas tempranas de los proyectos mineros.

Creemos que un mayor control a la explotación de nuestros recursos naturales no renovables es un paso importante para garantizar la prevalencia de los derechos de todos los colombianos e implementar un modelo de desarrollo sostenible en nuestro país.

3. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO REALIZADOS

Acorde con los preceptos establecidos en el Artículo 150 de la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, el Senado de la República tiene, entre sus diversas funciones, el ejercicio del control político al Gobierno Nacional. En uso de las facultades anteriormente mencionadas, durante la legislatura 2015 – 2016, cité, en el seno de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República:

1. Ejecución presupuestal del sector agropecuario y presupuesto asignado a las carteras de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía, dentro del Proyecto de ley No. 59 de 2018 Senado – 52 de 2018 Cámara – Presupuesto General de la Nación 2019

Citamos a los Ministros de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía para plantear nuestras inquietudes respecto al Presupuesto General de la Nación para el año 2019 destinado al sector Agricultura, Medio Ambiente y Minas.

Manifestamos que una nueva reducción del presupuesto al sector agropecuario es una decisión que debería haberse reconsiderado (11% menos recursos se asignaron para el 2019). En ese sentido, expresamos a los delegados del Gobierno Nacional que la difícil situación del sector y sus graves problemas acumulados eran razones suficientes para que, buscando sostener el gasto público sin afectar los recursos destinados a otros sectores del presupuesto.

Creemos que atender las necesidades de los habitantes rurales no solo es un problema relacionado con la economía, también hace parte de la política. Los municipios rurales de Colombia albergan al 32 por ciento de la población y ocupan más del 85 por ciento del territorio nacional.

En el caso de la Cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, consideramos inadecuada la decisión de disminuir los recursos asignados para la siguiente vigencia (18% menos), insistiendo en la necesidad de otorgar una mayor participación en el Presupuesto General de la Nación, preponderancia, capacidades y cohesión a ésta, todo lo anterior debido a la importante tarea que tiene: proteger, preservar y administrar de manera adecuada y sustentable el patrimonio natural de todos los colombianos.

Finalmente, para el caso del sector de Minas y Energía, manifestamos nuestra preocupación por los recortes planteados en el proyecto, e insistimos en la necesidad de encontrar los recursos necesarios para la garantía del ejercicio misional del Ministerio y, sobre todo, para asegurar el cubrimiento a los subsidios para la población más vulnerable perteneciente a los estratos 1, 2 y 3.

2. Implicaciones de los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012 en materia de inocuidad y sanidad en el proceso de sacrificio, desposte, desprese y disposición final para el consumo de productos cárnicos, en razón al cierre de plantas de beneficio animal (mataderos)

Citamos a los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural; Salud; y al Director del ICA y del Invima a debate de control político sobre el cierre anunciado de cientos de plantas de beneficio (mataderos) dedicadas a suplir la demanda de carne en cientos de municipios pequeños y rurales de nuestro país.

Denunciamos el desasosiego en el que se van a ver inmersos los municipios más pequeños, con alto nivel de ruralidad es inmenso, ya que de un lado se van a cerrar las plantas pequeñas de autoconsumo a nivel municipal y del otro los productores ganaderos tendrán que asumir sobrecostos de transporte por unas carreteras de muy baja calidad que caracterizan a nuestras regiones como la Orinoquia (recordemos lo que está pasando actualmente en Casanare).

Frente a lo anterior, propusimos:

1. Establecer un régimen de transición especial y acompañamiento a las plantas de autoconsumo de las regiones y municipios más pequeños, flexibilizando las requisiciones técnicas (para las entidades municipales de categoría 4, 5 y 6). Estas requisiciones técnicas deben ser acordes a la realidad de las poblaciones y el aparato productor de la Colombia rural. ¿Cómo les podemos pedir servicios públicos ininterrumpidos y planes de contingencia de electrificación a las áreas rurales, cuándo el Estado ha fallado en la provisión de esos viene público?

2. Exigir a las plantas de autoconsumo los requisitos básicos mínimos establecidos por las CAR y que el Invima ajuste sus requerimientos a la situación de los municipios donde se ubican dichas plantas.

3. Dentro de las finanzas públicas, el Gobierno debe destinar una partida presupuestal para apalancar la construcción y habilitación de las plantas de autoconsumo de las entidades territoriales que han sido azotadas por el conflicto armado interno y destinar parte de los dineros recaudados por la cuota de Fomento Ganadero y Lechero para tal fin.

Como resultado del debate de control político, logramos que el Ministerio de Agricultura, el ICA y el INVIMA acordaran crear una comisión especial de seguimiento con el Congreso de la República, todo lo anterior con el propósito de

revisar la aplicación de los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012 y encontrar soluciones a la problemática en ciernes descrita.

3. Vía al Llano: "Debate de control político sobre el colapso del puente de Chirajara y otros problemas técnicos que viene presentando la vía Bogotá Villavicencio"

Citamos a debate de control político al señor Ministro de Transporte; al Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura; y al Gerente General de Coviandes, a un debate de control político para determinar las responsabilidades frente a la caída del puente atirantado de Chirajara, así como también para determinar qué acciones se desplegarán con el propósito de dar continuación a la doble calzada actualmente en construcción.

Adicionalmente, en el marco del debate se expusieron una serie de irregularidades técnicas que se aprecian a lo largo del corredor vial, a cargo de Coviandes, como lo son: (1) continuos derrumbes sobre la vía a lo que se aúna un inadecuado mantenimiento y gestión del riesgo; (2) dilataciones de más de 30 cm en el puente La Caridad, que tienen la vocación de generar una tragedia a largo plazo si no se intervienen inmediatamente; (3) Caída y desprendimiento de rocas en los túneles de Quebradablanca; (4) Presencia intencionada de obstáculos (maletines) que hacen inoperantes ciertos sectores de la doble calzada que conecta la Orinoquia con el resto del país.

4. Emergencia ambiental Pozo Lisama 158

Citamos a debate de control político a los Ministros de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, para solicitar respuesta y atención inmediata a la tragedia que se registró en el Pozo Lisama 158, en la cual se vertieron cerca de 550 barriles a los afluentes La Lizama y Caño Muerto y que derivó en la reubicación preventiva

temporal de 79 personas que habitaban un total de 19 viviendas, se practicaron 107 evaluaciones médicas a los habitantes de la zona, el rescate de 1.357 animales que se encuentran en refugios y protección vegetal a 2.770 árboles que se ya se encuentran en inventario.

Se llamó la atención sobre la gravedad del accidente y puso de manifiesto que lejos de considerarse un evento fortuito, los antecedentes en materia de derrames de petróleo, evidencian que esta situación responde a una flagrante debilidad institucional y laxitud normativa en materia ambiental, toda vez que entre el 2008 y el 28 de febrero de 2018, Ecopetrol ha sufrido 1004 incidentes operacionales en los cuales se han vertido sobre el entorno 534 mil barriles de petróleo y derivados.

Esta aseveración se funda sobre los siguientes hechos:

• La ANLA tardó 9 días para iniciar el seguimiento a los hechos, fue una respuesta tardía que relieva la laxitud normativa en materia ambiental.

• Producto de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República a Ecopetrol para la vigencia 2016, se encontró que en los pozos Orito 17, Orito 22, Orito 31, Orito 51, Orito 116 y Orito 163, se manifestaron solicitudes de autorización de abandono no convencional, figura que no es especificada en la norma vigente para tal efecto -Resolución 40048 de 2015 que modifica parcialmente a la 181495 del 2009-, donde cabe destacar que dicha resolución indica que el procedimiento para el abandono es definitivo o temporal (no puede exceder los 6 meses) pero no contempla la figura del abandono no convencional que básicamente consiste en un abandono temporal de más de 6 meses. Es así, que en el caso del pozo Lisama 158 se encontraba en estado de suspensión desde 2016 para ser reactivado en el 2017, reactivación que nunca ocurrió; lo cual permite concluir que se ha presentado una gestión insuficiente por parte de Ecopetrol para atender el estado de los pozos en su respectiva área y que al no ser intervenidos de manera oportuna generan inactividad sin planes de abandono específicos para cada área y desatendiendo lo establecido en la norma vigente.

4. FOROS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS

1. Socialización del Proyecto de Ley 251 de 2018 – Senado / 196 de 2017 – Cámara "Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones".

Lugar: Recinto de la Comisión Quinta del Senado
Fecha: 19 de septiembre de 2018

Citados: Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Presidente del Banco Agrario, Director del ICA, Director de la ANLA y Director de AGROSAVIA.

En foro de socialización del proyecto de ley para promover la protección de polinizadores, advertimos sobre el riesgo para la biodiversidad y la seguridad alimentaria debido a pérdida de polinizadores en el territorio nacional y señalamos la urgencia de una política pública de promoción y protección.

Por su importancia para la biodiversidad, la agricultura y la seguridad alimentaria, a través del proyecto de ley 196 de 2017 - Cámara / 251 de 2018 - Senado, del cual somos ponentes, se pretende impulsar una política nacional mediante la cual se vele por la conservación de las abejas y otros polinizadores, y de esta manera promover el desarrollo apícola en el territorio nacional y la producción agrícola sostenible.

Durante el foro, que tuvo el propósito de escuchar a expertos, entidades del Gobierno Nacional; representantes de los gremios apícola y agrícola;

organizaciones de la sociedad civil y la academia, advertimos que a pesar que en Colombia no existen cifras oficiales que den cuenta de la situación de los polinizadores, investigaciones de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, señalan que por año, en el país, desaparecen alrededor de 10.500 colmenas por el uso de algunos agroquímicos, y que en los últimos 3 años se han registrado envenenamientos y muertes masivas en al menos el 34% del total de colmenas registradas en el país.

Los aportes recibidos durante el foro fueron tenidos en cuenta por en la construcción y posterior presentación de la ponencia del proyecto para primer debate, el cual fue aprobado por parte de la Comisión Quinta del Senado en los primeros días del mes de diciembre.

2. Socialización de los Proyectos de Ley 058 de 2018 – Senado / 071 de 2018 – Senado / 115 de 2018 – Senado que versan sobre la prohibición o la declaración de una moratoria al desarrollo del fracking en el territorio nacional.

Lugar: Auditorio de la Cámara de Comercio de Villavicencio
Fecha: 04 de octubre de 2018

Por iniciativa nuestra, la Comisión Quinta de Senado se trasladó hasta Villavicencio para adelantar el foro "Fracking, ¿Está Colombia preparada?", al que están citados los ministros de Minas y Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompañados del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El foro contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, la academia y la industria.

Consideramos que este es un tema fundamental para la región. El Meta produce más de la mitad del petróleo del país y eso hace que el departamento y la Orinoquia deban ser escuchados.

Este foro tuvo el propósito de que los altos funcionarios del Gobierno se desplazaran a la región, escucharan las inquietudes de las comunidades y tomaran en consideración los puntos de vista y las ideas que muchas veces no resultan tan claros desde sus despachos.

5. GESTIÓN LEGISLATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES

En la presente legislatura, además del trabajo legislativo desarrollado en el Senado de la República, realizamos las siguientes actividades en beneficio de la comunidad y en pro del interés nacional y regional:
• Participamos en plantón frente al Palacio de Justicia, rechazando la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el artículo 147 de la Ley Estatutaria de la JEP, de nuestra autoría, que establecía máximas penas de prisión para violadores y abusadores de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del Conflicto Armado Interno.
• Conformamos la Comisión Legal de la Mujer, con el propósito de generar espacios de discusión y soluciones tangibles para los problemas e inequidades que aún aquejan a miles de niñas y mujeres en nuestro país.
• En compañía del presidente y los ministros del despacho, visitamos Puerto Carreño (Vichada) e Inírida (Guainía), con el propósito de encontrar soluciones y brindar atención urgente a las comunidades afectadas por la fuerte ola invernal que azotó ambos Departamentos.
• Denunciamos en la Plenaria del Senado la crítica situación que padecen las zonas rurales de los departamentos de la Orinoquia en materia de interconexión al sistema eléctrico nacional. Expresamos a la ministra de Minas y Energía que no están llegando suficientes recursos de los fondos FAZNI, PRONE y FAER y solicitamos tomar acciones inmediatas para garantizar la prestación de este servicio al 100% del sector rural de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare.
• Expresamos nuestra preocupación en la Plenaria del Senado por la destinación de los recursos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a la resiembra de cultivos de coca en el departamento del Guaviare.
• Cierre de la Vía al Llano: Solicitamos a la Ministra de Transporte verificar hacer seguimiento y control al corredor vial Bogotá-Villavicencio, incluyendo las obras que actualmente se encuentran en ejecución. Así mismo, solicitamos que los recursos por concepto de multa generada por el incumplimiento en la entrega del tramo El Tabón – Chirajara se les reconozcan a los usuarios de la vía a través de una disminución sustancial en la tarifa de los peajes.
Logramos, a través de la Aeronáutica Civil, que diferentes aerolíneas cubrieran de manera temporal la ruta Bogotá-Villavicencio con precios especiales ante la grave situación que aquejó la vía.
• Solicitamos la intervención de la ruta alterna a la vía al Llano (Sisga – Guateque – El Secreto – San Luis de Gaceno) e insistimos en la necesidad de dotar a la ciudad de Villavicencio con un aeropuerto competitivo, abierto las 24 horas, que permita el flujo constante de pasajeros y mejore la competitividad de la región.
• Solicitamos al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura que, en consonancia con sus potestades legales, adelantara las acciones necesarias encaminadas a garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público; de esta forma, requerimos que se adopten las medidas necesarias para frenar eventuales incrementos tarifarios en los peajes de este corredor estratégico, hasta que no se constate el incumplimiento de todos y cada uno de las obligaciones contempladas en los instrumentos contractuales.
• Fruto de nuestra visita de trabajo al departamento del Guaviare, solicitamos la intervención inmediata de la vía San José del Guaviare – El Retorno – Calamar, fundamental para el desarrollo agrícola, pecuario y turístico del departamento del Guaviare, y que hoy en día se encuentra completamente abandonada.
• Constituimos la Bancada Llanera, espacio en el que confluimos todos los Senadores y Representantes a la Cámara de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare. En el marco de ésta, gestionaremos proyectos trascendentales para el desarrollo de toda la Orinoquia.
• Acompañamos al gremio arrocero en el marco de la crisis sufrida por el sector. Hemos solicitamos que se revisen las medidas para fortalecer el acceso de productores a alivios financieros y deudas con la banca y agrocomercios, así como la necesidad de proteger nuestro producto nacional frente al ingreso de arroz importado y/o de contrabando".


La erosión costera tiene en peligro la supervivencia de la Isla de San Andrés.

Bogotá D.C., enero 7 de 2019 (Prensa Senado). Los propósitos de reglamentar los límites territoriales entre municipios y departamentos se cumplieron parcialmente en el primer semestre de esta legislatura. Así quedó establecido en el balance realizado por la actual Mesa Directiva de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT).

Las tradiciones de los pueblos les permitieron a los gobernadores de Boyacá, Carlos Amaya, y Didier Tavera, de Santander, resolver el diferendo limítrofe entre estos dos departamentos, donde la COT sirvió de garante para el buen desarrollo de lo acordado.

El senador ponente Jorge Eduardo Londoño expuso claramente lo correspondiente a cada departamento, enumerando que los municipios Tipacoque, Covarachia, Boavita, San Mateo, Guacamaya y el Espino pertenecen al departamento de Boyacá, mientras que Molagavita, San José de Miranda, Capitanejo y Macaravita, corresponden al departamento de Santander.

El procedimiento se realizó según lo dispuesto en el artículo 290 de la Constitución Política y la Ley 1447, del 9 de junio de 2011. Este acuerdo se sometió a votación en sesiones conjuntas de la COT del día 12 de diciembre, donde se aprobó por unanimidad.

Las Comisón validó así la decisión entregada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, orientado por Eva María Uribe, quien indicó que su informe se fundamentó en la documentación presentada por las dos partes.

De otra parte, queda un balance positivo frente al diferendo del Cesar y La Guajira, según los intervinientes directos, el alcalde de Sanjuán del Cesar, departamento de la Guajira, Luis Manuel Daza, quien pese a los contratiempos con su homólogo de Valledupar, Augusto Huía, ya conocen el informe del IGAC, el cual aspiran sea aprobado para la solución de las partes.

La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, fijo su posición favorable al informe del IGAT y dijo que este diferendo ya ha tenido la suficiente ilustración con audiencias públicas y sesiones de la comisión lo que indica que debe votarse positivamente como lo pidió en su ponencia.

En el mismo sentido, el senador Carlos Manuel Meisel Vergara, de la misma colectividad, (CD) anunció para el reinicio de las sesiones en este nuevo año la presentación de una proposición que socialice mejor el tema, porque aún la comunidad no tiene claro a qué departamento va a pertenecer y esto limita los procedimientos administrativos.

Por otro lado, hubo fuertes llamados de atención de la COT al Gobierno por afectación que produce la erosión costera al territorio colombiano.

Así lo dejo plasmado en un gran debate realizado al seno de esta comisión la senadora del partido Liberal Laura Fortich Sánchez, quien pidió al gobierno urgentes medidas para frenar el daño ecológico que causa este fenómeno de la erosión costera, donde el mar con su movimiento ondulatorio en las costas se va comiendo el territorio continental.

La congresista atlanticense hizo un recorrido por todo el territorio nacional mostrando con imágenes y estadísticas regionales los daños que se han presentado en las costas del Pacifico y del caribe Colombiano, donde la población ribereña de escasos recursos son los más afectados, comenzando por los pescadores.

En el debate quedó en claro que todo un departamento se encuentra en peligro de desaparecer si no se toman las debidas precauciones en frenar o mitigar en gran parte este daño ambiental. El departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiende a hundirse más y su territorio disminuido por la erosión costera.

En este mismo sentido, la Comisión propuso por parte de la subcomisión conjunta de ordenamiento territorial, orientada por el senador Efraín Cepeda Saravia, la creación del Código Raizal, para favorecer a los nativos de este departamento insular del caribe colombiano.

Los congresistas Cepeda Saravia (PC), y Nicolás Fernando Araujo (CD) pidieron sesionar en San Andrés, para trabajar la construcción de este código raizal, realizando audiencias públicas allí, para dar soluciones al tema de la sobrepoblación, la salud, la movilidad y los temas ambientales.


Balance legislativo, del senador José Alfredo Gnecco

Viernes 28 de Diciembre de 2018 11:13 Relacionado con: Noticias

El congresista entrega informe de sobre su gestión durante el primer semestre del periodo 2018 – 2022.

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2018 (Prensa S. José Alfredo Gnecco). El senador José Alfredo Gnecco Zuleta (Partido de la U), integrante de la Comisión Tercera constitucional, entregó un balance de su gestión legislativa al finalizar el primer semestre de la legislatura 2018 – 2022.

Dijo que es un compromiso, principalmente con sus electores, informar cuales fueron las actividades desarrolladas este período de labores legislativas.

En este primer tramo de tareas congresionales – explicó -, se avanzó positivamente en la consecución de herramientas y condiciones que faciliten el desarrollo social y económico de las regiones.

"El balance de este primer periodo de sesiones ordinarias es satisfactorio. De ello hablan los resultados alcanzados, a través de las diferentes tareas adelantadas desde junio de este año", señaló el legislador.

Proyectos de iniciativa propia

· Proyecto de Ley 93 de 2018, por medio del cual se incentiva la donación de sangre en el país y se dictan otras disposiciones. Está a la espera de ponencia para primer debate. Esta iniciativa tiene como objeto incentivar la donación de sangre en Colombia, brindando beneficios especiales para aquellos trabajadores que actúen como donantes. Por ejemplo, se les otorgará un día de trabajo remunerado a los funcionarios públicos que hagan una donación. Este permiso se podrá solicitar dos veces al año.

· Proyecto de Ley 36 de 2017, por medio del cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional – Sede La Paz y se dictan otras disposiciones (Estampilla Pro Universidad Nacional – Sede La Paz). Aprobada en tercer debate. Esta iniciativa plantea la autorización de la emisión de una estampilla, a través de la cual se recaudarán $100.000 millones para el plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos en mantenimiento, ampliación de la planta física, promoción de la investigación científica, desarrollo y fortalecimiento de posgrados y dotación de bibliotecas y centros de documentación.

No se gravarán contratos de prestación de servicios.

· Proyecto de Ley 94 de 2018, por medio del cual se extienden beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. Se encuentra a la espera de ponencia en primer debate.

A través de esta iniciativa se busca modificar el Decreto Ley 2090 de 2003, con fines exclusivos de reducir la edad de jubilación anticipada, de 55 a 50 años, para actividades de alto riesgo. También pretende incluir la minería a cielo abierto entre las actividades de alto riesgo, para que los trabajadores puedan ser beneficiarios de la jubilación anticipada.
Este Proyecto de Ley se encuentra en proceso de acumulación con el P.L. del senador Jesús Alberto Castilla para modificar también el Decreto 2090 de 2003.

· Acto Legislativo 013 de 2018, por medio del cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política, para crear el Fondo de Compensación Ambiental y se dictan otras disposiciones. El objetivo del proyecto es crear el Fondo de Compensación Ambiental que destinará recursos a la financiación de proyectos de desarrollo de impacto regional o local en las entidades territoriales más pobres del país, en las zonas costeras, fronterizas y de periferia. Estos recursos tendrán cargo al Presupuesto Bianual de Regalías.

Apoyo a proyectos del gobierno nacional

· Proyecto de Ley 52 de 2018, por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. [Presupuesto General de la Nación 2019]

Es Ley de la República. Las plenarias del Congreso de la República aprobaron el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019, por un valor total de $258,9 billones, en el cual se destacan incrementos en las partidas para salud, educación, inclusión social, agricultura, deporte y ambiente. En este mismo presupuesto, el senador Gnecco Zuleta logró la aprobación de inversión para la Universidad Nacional sede La Paz por $20.000 millones.

· Proyecto de Ley 78 de 2018, por medio del cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes, en el Ministerio del Deporte. La iniciativa pasó a sanción presidencial Se prevé la creación de un Ministerio del Deporte que tendrá como sede la ciudad de Cali.

· Proyecto de Ley 250 de 18, a través del cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones. Pasó a sanción presidencial. Su objeto es crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y hacer ajustes o modificaciones a la Ley 1286 de 2009.

· Proyecto de Ley 198 de 2018, por medio del cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones. También pasó a sanción presidencial. Este proyecto le permitirá a la Superintendencia de Salud tener una actuación oportuna frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud en el país, elevando las multas que ahora pasan de un máximo de 2.500 salarios mínimos a 8.000 salarios mínimos para personas jurídicas y hasta de 2.000 salarios mínimos para personas naturales.

Asimismo, el proyecto le da facultades a la Superintendencia para suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas, e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ponencias presentadas por el senador José Alfredo Gnecco
Acorde con lo establecido en la Ley 5ta de 1992 (Reglamento del Congreso de la República), el senador Gnecco Zuleta ha cumplido a cabalidad como ponente en cada proyecto en el cual se le ha designado. En este sentido, ha sido un apoyo fundamental en la consolidación de proyectos que fomentan el desarrollo social y mantienen el equilibrio fiscal y económico del país. Entre sus principales ponencias se encuentran las siguientes temáticas:
Presupuesto, Economía, Impuestos, Estampillas, Comercio, Industria y Turismo, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

· Proyecto de Ley 189 de 2018, por medio del cual se modifica la Ley 654 de 2001, que autorizó a la Asamblea Departamental del Magdalena ordenar la emisión de la estampilla Refundación Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio, y se dictan otras disposiciones. El objeto del citado proyecto, aprobado en tercer debate, es modificar la Ley 654 de 2001, en el sentido de autorizar a la Asamblea Departamental del Magdalena, para que ordene la emisión de la Estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio, hasta por la suma de $300.000 millones a precios constantes de 1999.

Se autoriza la emisión de la estampilla, para su recaudo, por un término de 30 años, a partir de la entrada en vigencia de la aplicación de la presente ley.

· Proyecto de Ley 167 de 2018, por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020 por $24.2 billones. Fue aprobado en tercer debate.

Por regiones, la Caribe contará con $6,6 billones (con incremento de 55 % con respecto al periodo anterior, según las cifras del Ministerio de Hacienda); la Pacífico, $3 billones (55 % más); los Llanos, con $3,3 billones (con incremento 53 %); el Eje Cafetero, $2 billones (53 % más); Centro-Oriente, con $3,1 billones (55 % más); y Centro-Sur, $2,3 billones (60 % más).

Finalmente, el Legislador cesarense dijo que el trabajo en este periodo fue arduo, pero todavía hay muchas cosas por hacer. "Nuestro gran compromiso y propósito será respaldar todas las tareas e iniciativas del gobierno nacional que persigan el bienestar y desarrollo de los colombianos", concluyó.

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