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Noticias Senado

La anunciada reforma política, que impulsaría el Gobierno Nacional, empieza a ser discutida con las distintas bancadas de los partidos políticos, con el objetivo de encontrar consensos en torno a las propuestas de ampliar el período presidencial, eliminar la vicepresidencia e imponer el voto obligatorio, entre otras.

Bogotá D.C., Febrero 27 de 2017. El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, y el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, discutirán cada uno de los puntos de la reforma política que impulsa el Gobierno Nacional, en un contexto de escándalos de corrupción y de descontento popular.
 

A fin de su posible aprobación, la reforma política debe contar con el consenso de cada uno de los partidos políticos, una tarea álgida si se tiene en cuenta que el proyecto aparece en un año preelectoral, lo que haría muy difícil cambiar las reglas de juego.


“No le veo ambiente al tema de ampliar el periodo presidencial (cinco años), eso implicaría hacer muchos cambios en la constitución, no solamente tendríamos que cambiar el artículo del presidente, sino el de los alcaldes, los gobernadores, los contralores, la Corte Constitucional”, dijo el senador Mauricio Lizcano.


En el mismo sentido, el presidente del Congreso aseguró que no ve ambiente al eliminar la vicepresidencia, una de las propuestas de la Reforma Política. Para el legislador, habría que hacerle grandes cambios a la Constitución Política de Colombia.


Para el presidente del Congreso, el país pide con urgencia reformas en lo relacionado a las listas cerradas, la financiación de las campañas y el voto obligatorio. “Tal vez, hay ambiente en mejorar el sistema electoral y discutir con juicio el voto obligatorio y la votación de los menores de 16 años”, agregó.


Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, dicha carta magna ha tenido 12 modificaciones relacionadas a los partidos políticos y al ejercicio de representación de los mandatarios nacionales, departamentales y locales.

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Ultima modificación: Lunes 27 de Febrero de 2017 13:10

Primera en el mundo que le permite al ciudadano participar con su voto en las decisiones del Senado reconocida por representantes del Congreso de Estados Unidos y por la Red Independiente de legislaturas nacionales de 35 estados.

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Ultima modificación: Lunes 27 de Febrero de 2017 12:34


Los senadores Nortesantandereanos junto con el alcalde de Cúcuta solicitaron con urgencia a Mintransporte reglamentar el artículo 2º. Del Decreto 400 de 2005.



Bogotá D.C., febrero 24 de 2017 (prensa senado).- la propuesta de insistir en  internación de vehículos venezolanos en Cúcuta, fue presentada esta semana al ministro de transporte Jorge Enrique Rojas, por iniciativa de los senadores Andrés Cristo Bustos, Juan Manuel Corzo Román y el actual alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas, quien es el más interesado para que la ciudad regularice el parque automotor de placas venezolanas, con fin de obtener recursos para invertir en seguridad vial.


Según el alcalde 20 mil vehículos venezolanos entrarán en proceso de internación, y aplicará para los conductores de vehículos, motocicletas y embarcaciones menores que demuestren su permanencia en la ciudad y el departamento desde antes del 19 de agosto del 2015.


La internación temporal de vehículos es un documento que expide la administración municipal para autorizar a los colombianos residentes en zonas de frontera, movilizarse en vehículos o medios de transporte cuya matrícula sea de un país vecino.

El decreto 400 de Febrero 17  de 2005 en su artículo 2º. Contempla los requisitos para adelantar dicho trámite.

El interesado debe presentar ante el Alcalde del municipio en cuya jurisdicción se encuentra la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo, correspondiente al domicilio del solicitante, los siguientes documentos:


1.  Fotocopia del documento de identificación del solicitante.


2.  Fotocopia del documento que de conformidad con las normas vigentes en el país vecino, acredite la propiedad del vehículo automotor, motocicleta o embarcación fluvial menor y certificación expedida por la autoridad competente del país vecino, en la que conste la legalidad de la matrícula o registro, según corresponda, del bien que se pretende internar.


3. Improntas de los números de chasis y de motor que identifiquen el vehículo o de los seriales de identificación de la Motocicleta o embarcación fluvial menor.


4. Permiso de permanencia en el país, expedido por la Capitanía del Puerto del Departamento por donde arribó la embarcación.


Cabe anotar que Cúcuta es la única ciudad de frontera que no tiene legalizada la  internación de vehículos.


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Ultima modificación: Viernes 24 de Febrero de 2017 18:12
Viernes 24 de Febrero de 2017 11:31

Cafesalud en venta ¿un bocado de cardenal?

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por César Penagos

La EPS más grande del país, Cafesalud, sigue siendo blanco de las críticas, no sólo por las deficiencias en el préstamo de los servicios, sino, por su posible venta. El Congreso de la República espera detalles de dicho proceso por parte del Gobierno Nacional, pues está en juego la salud de más de seis millones de afiliados.

Bogotá D.C., febrero 22 de 2017 (Prensa Senado).- El sistema de salud colombiano es una bomba que puede estallar en cualquier momento. Con esa frase culminaron las sesiones ordinarias la Comisión Séptima del Senado, a finales de 2016. Los congresistas de dicha célula legislativa, hacían alusión al sonado caso de la EPS Cafesalud, cuyo presidente, Carlos Cardona, hizo caso omiso a las citaciones del Congreso, argumentando que no podía ingresar al Capitolio, porque tenía 70 órdenes de captura en su contra.

Ahora, con nuevo presidente (Luis Guillermo Vélez Atehortúa) y en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, Cafesalud continúa en el centro del debate por la venta de dicha empresa, una transacción que no ha sido oficializada por el Gobierno Nacional y de la que no se conocen detalles. En juego están los casi seis millones de afiliados a esa EPS.

En ese sentido, el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, ha llamado la atención del ministro de salud, Alejandro Gaviria, preguntando por los nombres de los posibles compradores de Cafesalud y el monto de la venta. “Un negocio de privatización de 6 millones de clientes!! y de plata pública!! no puede hacerse a las escondidas, den los datos”, escribió el senador Robledo en su cuenta de twitter.

Seis millones de afiliados en el aire

A pesar de los rumores de la venta de Cafesalud, el pasivo de la EPS, no ha sido plenamente establecido. Mientras las directivas hablan de deudas por 600 mil millones de pesos, algunos senadores advirtieron que la suma podría alcanzar los dos billones de pesos. “Esas entidades nunca van a concretar cuál es el pasivo, porque se hablan de muchas cifras, se habla de 1.5 billones y de 2 billones; Cafesalud y SaludCoop, una era dueña de la otra, y ahí no es posible precisar”, aseguró el senador Carlos Enrique Soto.

El mismo congresista del partido de la U, lamenta que a pesar de que a través de la Reforma Tributaria, el Sistema de Salud recibirá 1.5 billones de pesos anuales, los recursos no son suficientes para curar el mal de la EPS. “Entra en vigencia la Ley Estatutaria de Salud, es decir se acaba el POS. Ahí va haber otra dificultad mayor, porque mientras se organiza todo esto, la situación va a ser bien difícil ante una mayor demanda de recursos económicos”, recalcó Soto.

Entra tanto, el senador Horacio Serpa, advirtiendo que la red pública hospitalaria está quebrada por las deudas de las EPS, llamó la atención sobre el futuro de los seis millones de afiliados de Cafesalud: “No se sabe qué va a pasar con los usuarios, ni con los acreedores; se va a vender a unos particulares y resulta que es una institución que está atendiendo a seis millones de usuarios ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién va asegurar que van a tener un buen servicio? ¿Quién le va a pagar a los hospitales de la red pública hospitalaria de Colombia la plata que les debe Cafesalud?

Cafesalud, un ‘bocado de cardenal’

Así como no ha sido posible establecer el pasivo de la EPS, tampoco ha sido establecido o dado a conocer el valor de Cafesalud. En todo caso, los senadores consultados consideran que el mayor activo de la empresa son sus seis millones de afiliados, un ‘bocado de cardenal’ para las empresas interesadas, según la opinión del senador Jorge Iván Ospina.

“Al final debe ser vendida (Cafesalud), porque el elemento logístico y técnico con que se cuenta no es suficiente, lo importante es que sea bien vendida y no sea depreciada, sino que sea vendida de una manera apropiada, porque seis millones de afiliados significará un ‘bocado de cardenal’ para cualquier EPS seria que la quiera comprar”, expresó el senador Ospina.

La peculiar frase ‘bocado de cardenal’, procedente del italiano bocatto di cardinali, está relacionado a comidas exquisitas o aquello que es de excelsa calidad.

Si bien el senador Antonio José Correa no se opone de frente a la venta de Cafesalud, sí considera que es indispensable que el Gobierno no la vaya a vender a un precio irrisorio, toda vez que la EPS ha recibido, recientemente, un importante desembolso económico por parte del Estado (unos 200 mil millones de pesos).

“Lo fundamental aquí es que el Gobierno Nacional garantice que el que la vaya a comprar, lo haga con una mejor propuesta, que no afecte la continuidad de la prestación de servicios de los miles de afiliados”, manifestó el congresista del partido Opción Ciudadana.

Posición del Ministro de Salud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no se ha pronunciado sobre la posible venta de Cafesalud, sin embargo, en un artículo de índole económico es enfático en asegurar que el sistema de salud no puede tener un pagador ciego que ‘paga y paga’ sin importar su valor social.

“El problema (sistema de salud) no se soluciona cambiando el pagador, de privado a público o viceversa. Incluso puede exacerbarse si el sistema de salud asume la forma de un pagador ciego que paga y paga, que remunera los servicios sin importar su valor social.

Infortunadamente, esta es la reforma a la salud que se propone con frecuencia en Colombia”, escribió el ministro Gaviria. En conclusión, mientras se resuelve la posible venta de Cafesalud, sus seis millones de afiliados continúan denunciando graves fallas en el préstamo de los servicios y exigiendo cambios que permitan salvar vidas. Se espera que el nuevo presidente de la EPS, Luis Guillermo Atehortúa, dé las explicaciones del caso en la Comisión Séptima del Senado y que convierta a la empresa en un ‘bocado de cardenal’ para todos sus afiliados.

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Ultima modificación: Viernes 24 de Febrero de 2017 12:29

Así se ratificó luego de la aprobación del Proyecto de Acto Legislativo que conformará la Jurisdicción Especial para la Paz, durante su tercer debate en Comisión Primera de Senado. 


Bogotá D.C., febrero 24 de 2017 (Prensa Senado).- Tras un acalorado debate, que se prolongó por dos días, la Comisión Primera de Senado, aprobó el Proyecto de Acto Legislativo que implementará la Justicia Especial para la Paz (JEP), con un total de 11 votos y 13 proposiciones avaladas por el Gobierno.


La iniciativa que se discute en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tiene en cuenta un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la creación de una estructura judicial que garantice el proceso, así como el tema de extradición, participación en política y normas aplicables a miembros de la Fuerza Pública.


Es precisamente este aspecto el que mayor controversia ha generado, sobre todo en los altos mandos militares, quienes a través de medios nacionales, expresaron su preocupación sobre la responsabilidad por mando y la posible inclusión del artículo 28 del Estatuto de Roma, el cual hace referencia a este tema.


Según expresó el senador Roy Barreras el artículo en mención no hará parte del Acto Legislativo. “La JEP les ofrece beneficios y solución jurídica a las Fuerzas Militares, invito a los retirados a que lean con detalle los textos finales del proyecto. El artículo 28 no va en la ponencia porque nuestra justicia interna funciona y da garantías a nuestros soldados y policías”, aseguró el legislador del partido de la U.


En lo que concierne a la responsabilidad por mando se aplicará entonces el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH.


Asimismo se tendrán en cuenta las siguientes condiciones concurrentes:


1. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando, según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad.


2. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir.


3. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles, conforme al nivel de mando correspondiente.


4. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión.


Para el General Jaime Ruiz, Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, hay mayor claridad con las proposiciones presentadas. “Hago un reconocimiento a los senadores de la Comisión Primera por su interés en corregir los textos nocivos que afectaban a la Fuerza Pública. La legislación colombiana es precisa y determina con claridad la imputación por delitos relacionados al ejercicio del mando”, dijo.


De otro lado denunció que sectores de la izquierda tenían interés en incluir el artículo 28. “Hay grupos que quieren causarle daño a nuestras Fuerzas Militares, Organizaciones no Gubernamentales con financiación de izquierda. Nosotros lo que pedimos es ser juzgados aquí con nuestra legislación, sin tribunales extranjeros”, puntualizó el General Ruiz.


En caso de modificar la Constitución, la iniciativa cobijaría a unos 5.500 miembros de la Fuerza Pública ya procesados. En este sentido el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo se refirió, "por ahora estamos analizando cerca de 1.200 casos, uno por uno, la idea es tener un listado impecable, que no sea objeto de críticas y se ajuste a la nueva legislación”, indicó.


Asimismo  dijo que el Estatuto de Roma es justicia subsidiaria a la colombiana, es decir, no podrá aplicarse hasta que no se agoten todas las instancias del derecho interno.


“No es necesario que las imputación a nivel nacional se califiquen dentro del Estatuto de Roma, aplicaremos plenamente la legislación nacional, la cual cumple estándares internacionales”, enfatizó el Ministro del Interior.


ACORE y otras asociaciones que reúnen militares retirados, estarían preparando una misiva para el Presidente Juan Manuel Santos, en la que pedirán claridad en estos aspectos, sobre todo en la modificación del capítulo VII del proyecto, relacionado al tratamiento diferenciado de la Fuerza Pública.


Por su parte la senadora Claudia López pidió incorporar un régimen para las dos partes. “Con este proyecto se da un tratamiento inequitativo a la Fuerza Pública frente a los miembros del secretariado de las FARC, es un engaño ya que el Estatuto de Roma es vinculante y no por no estar escrito, no aplica”, aseguró.


Desde el Centro Democrático, la senadora Paola Holguín dijo que la JEP es ilegal, ilegítima y va en contra vía del sistema judicial colombiano. “No se puede igualar a nuestra Fuerza Pública con la guerrilla de las FARC. Nos oponemos a este chantaje a soldados y policías. Desde la bancada se promoverá un referendo derogatorio para este tribunal”, expresó la congresista.


Finalmente el Ministro de Justicia, Jorge Londoño, aclaró que en el Acuerdo de Paz queda descrita la responsabilidad por mando de los integrantes de las FARC, “el artículo 59 del Acuerdo estipula que dicha responsabilidad se funda en el control efectivo de la conducta. Estos hechos tendrán como referente jurídico el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal”.

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Ultima modificación: Viernes 24 de Febrero de 2017 14:37

Más controles para los funcionarios que gestionen recursos del estado, incentivos para las personas que denuncien actos de corrupción, son algunos de los beneficios del proyecto.


Bogotá D.C., 24 de febrero de 2017(Prensa Senado). - Por iniciativa de los senadores Álvaro Uribe Vélez y María del Rosario Guerra de la Espriella; del Centro Democrático, se radicó proyecto de ley para fortalecer los mecanismos de prevención a los actos de corrupción y control de la gestión pública en Colombia.

Busca que la Procuraduría General de la Nación crea del registro de agenda pública para todos los funcionarios públicos y elegidos a las diferentes corporaciones, con el fin que la ciudadanía conozca, la gestión pública.

Según la senadora María del Rosario Guerra, la iniciativa propone que cualquier adición a un contrato de obra con recursos del Presupuesto General de la Nación, que supere el 10% del valor inicial, deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y puesto para comentarios de los ciudadanos en el portal de contratación pública, por unos 15 días.

Además, dijo que se plantea que los condenados por actos de corrupción, queden inhabilitados para ejercer labores de docencia, que hagan labores sociales y sus nombres sean publicados en espacios públicos llamados “Los muros de la corrupción”. De la misma manera la iniciativa propone que se reactive la comisión de moralización, para que esta le rinda informe a la ciudadanía, sobre los avances de la lucha contra la corrupción.

Guerra de la Espriella indicó que cualquiera persona que haya sido juzgada por corrupción no podrá ser ni contratista ni funcionario público. “Así mismo buscaremos que se amplíe la inhabilidad para los servidores públicos, contratista funcionarios o no, condenados por delitos relacionados con corrupción, que estén afectando el patrimonio del Estado”.

Otros apartes de la Iniciativa:

El Proyecto formula la creación del Registro de Agenda Pública –RAP, a cargo de la Procuraduría General de la Nación, donde los miembros de las Corporaciones de Elección Popular, deberán registrar cualquier gestión que realicen ante el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal para la asignación de recursos a proyectos de inversión. El no cumplir con el registro, será causal de perdida de la investidura.

Se proponen incentivos para las personas naturales o jurídicas que denuncien ante la autoridad competente delitos contra la administración pública, y colaboren con la entrega de información y de pruebas que demuestren ser idóneas para el proceso. También establece que, dentro de las investigaciones en curso en los entes de control, éstas tengan prioridad.

Con esta norma, los corruptos no tendrán beneficios penales, quienes deberán pagar su pena con toda severidad. Se prohíbe el otorgamiento de subrogados y beneficios penales a los condenados por corrupción. 

En la parte final el proyecto establece que se permitirá la contratación directa hasta por máximo dos años, desde el momento en que se configura la urgencia, pasado ese tiempo toda contratación relacionada, tendrá que someterse a las demás modalidades que contemple la contratación.


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Ultima modificación: Viernes 24 de Febrero de 2017 11:52
Jueves 23 de Febrero de 2017 17:26

Madres comunitarias exigen sus derechos laborales

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por Álvaro Murillo

El senador Alexander López Maya, durante una audiencia pública en defensa de los niños y las madres comunitarias, exigió sus derechos laborales y cumplimientos por parte del gobierno y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Bogotá D.C febrero 23 de 2017 (Prensa senado). En una extensa audiencia pública llevada a cabo en el recinto del Senado de la República, el senador Alexander López Maya (Polo Democrático) denunció varias Irregularidades que se vienen presentando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que afectan directamente a los niños y a las madres comunitarias de todo el país.

“Pretendemos examinar la política pública del ICBF y su grado de cumplimiento con su deber de proteger los derechos de los niños y niñas que se encuentran bajo su tutela y con los derechos laborales, prestacionales y de seguridad social de las madres comunitarias, sustitutas, fami y tutoras que desarrollan los programas de cuidado y atención de la primera infancia en Colombia”, argumentó el senador del Polo Democrático.

El evento contó con la masiva asistencia de cientos de mujeres venidas de todo el territorio nacional, que manifestaron su inconformidad y su protesta por la discriminación y las políticas erradas del ICBF que afectan gravemente la calidad de vida de ellas y de los infantes bajo su tutela.

“Debemos contarle al país la realidad de la contratación con el ICBF cuando las entidades privadas y los operadores son los verdaderos contratistas, estamos siendo subordinadas y tercerizadas , a pesar de tener un contrato laboral no se nos respeta la estabilidad y al presidente Santos y a la directora del ICBF se les olvida que tienen una deuda social con las madres comunitarias”, dijo Blanca Albarracín (madre comunitaria de Cúcuta)

“Expresamos todo el apoyo a las madres comunitarias y una falta de vinculación clara, atenta contra la dignidad de estas servidoras de la patria”, dijo en su intervención Gabriel López, de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CGT).

Por su parte Olinda García, del sindicato de madres comunitarias manifestó: “ No entendemos cómo el Presidente de la República nos niega un derecho aprobado por el poder legislativo”. La senadora Sofía Gaviria ( Partido liberal ), también participante en el evento, manifestó “ no entiendo el por qué el Gobierno Nacional no quiere reconocer un salario digno más que merecido para estas servidoras públicas” y agregó “ no es posible que a una persona con un fusil se le reconozca todo y a una madre que vela por la primera infancia nada”.

Faruk Urrutia, senador del Centro Democrático, sostuvo que “prefieren ver niños en manos de las FARC que fortalecer los hogares comunitarios, este gobierno no es doliente”.

Para finalizar, el senador Alexander López Maya hizo un extenso y duro análisis sobre la situación: “No es posible que el ICBF incumpla los acuerdos pactados y avalados por la procuraduría y el ministerio de trabajo que por lo tanto son de obligatorio cumplimiento, el ICBF no es malo, lo malo es quien lo dirige, durante esta administración aumentaron las muertes de los niños por diferentes causas”.

El senador del Polo también reclamó enfáticamente por la ausencia durante el debate de la directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, la ministra de trabajo, Clara López Obregón, y el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y recalcó su falta de compromiso con las clases menos favorecidas de Colombia.

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Ultima modificación: Jueves 23 de Febrero de 2017 17:38
Jueves 23 de Febrero de 2017 12:08

No más cirugías plásticas de “garaje”

Relacionado con: Noticias
por Stephanía Ortega Agón

Bogotá  D.C., febrero 23 de 2017 (Prensa Senado).- Colombia se encuentra en la lista de los países con mayor demanda y oferta de cirugías plásticas, junto con otros  como Brasil, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Este hecho ha traído consigo la sobre oferta de estos servicios, y por consiguiente, la apertura de lugares donde se realizan los procedimientos, empero, existe una gran problemática y recae en que no todos estos sitios cuentan con los estándares requeridos ni aplican las prácticas adecuadas, muchos de ellos son “garajes” en los cuales han muerto personas, o les han causado un irreparable daño a su salud.

Ante esta situación el senador Jorge Iván Ospina -Alianza Verde-, ha trabajado en un proyecto de ley que se encargue de regular de manera estricta esta temática, no obstante esta iniciativa se hundió la legislatura pasada, por lo que se volvió a radicar el pasado octubre de 2016.

Algunas de las regulaciones más importantes que incluye la iniciativa en ámbito de Régimen y sanciones consisten en que los profesionales de la salud que realicen procedimientos médicos o quirúrgicos con fines estéticos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, serán sancionados por parte del Tribunal de Ética de la profesión correspondiente con multas de hasta dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos mensuales vigentes y suspensión del ejercicio profesional hasta por un término de quince (15) años; en el mismo sentido las Sanciones a los Prestadores de Servicios de Salud podrá acarrear pérdida de la habilitación y cierre temporal o definitivo del servicio, así como multas de hasta diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social ajustará el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) con el fin de hacer públicas las sanciones de que sean objeto los prestadores de servicios de salud.

*Hablamos con el senador Jorge Iván Ospina, autor del proyecto, quien defiende la iniciativa con vehemencia y espera en esta oportunidad sí se vuelva ley de la República*

 ¿Cuál es el objeto del proyecto?

Este proyecto busca reducir los daños a la salud y a la vida que generan cirugías estéticas y plásticas mal realizadas, por personal no competente, en espacios no idóneos y sin la tecnología e insumos debidamente registrados.

¿Hubo algún cambio en el proyecto radicado en esta legislatura con respecto al anterior?

Los Ministerios de salud y de Educación coadyuvan para que el mismo salga adelante y  también proponen unos artículos orientados a normalizar la homologación de títulos de cirujanos especialistas en el exterior.

¿Tiene alguna estrategia para que esta vez no se hunda el proyecto?

Este proyecto se ha venido hundiendo durante las últimas tres legislaturas, existe un lobby importante por parte de personas que trabajan en cirugías de garaje que quieren que el mismo no prospere, nosotros nuevamente insistimos en él , en las comisiones séptimas de Senado y Cámara en el entendido de que Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde más cirugías plásticas se realizan, y donde desafortunadamente una persona muere por mes a causa procedimientos mal realizados, y  los casos de efectos completamente distintos a los deseados son innumerables. Ello unido a la necesidad de fortalecer este renglón de los servicios de salud, es fundamental para que se tome la medida y se ajuste la regulación de la cirugía estética y plástica en Colombia.

Hoy somos conscientes que hay un buen espacio para ser debatido y la ley saldrá a delante.





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Ultima modificación: Viernes 24 de Febrero de 2017 12:15

La iniciativa del senador Juan Manuel Galán, busca que las víctimas sigan siendo el centro de la implementación de los acuerdos de paz.

Bogotá .D.C 22 de febrero de 2017. (Oficina J.M Galán). Por iniciativa del  Senador, Juan Manuel Galán, La Comisión Primera del Senado aprobó en el Proyecto de Justicia Especial Para la Paz una propuesta según la cual las víctimas no solo tendrán derecho a la verdad histórica sino también a  la verdad judicial.

Explicó  Galán  que con la decisión que tomó la Comisión y que contó con el aval del Gobierno, se permitirá que las víctimas tengan   acceso a la  verdad judicial,   específica y concreta frente a los casos que las han afectado. De esa manera  se les garantizará sus cuatro derechos fundamentales y  concurrentes: verdad, justicia, reparación y no repetición.

“No solo se requiere la verdad histórica y la narrativa general de lo que ocurrió en el conflicto armado colombiano a lo largo de los años, sino un camino  complementario que debe ser el acceso de las víctimas a la verdad judicial” sostuvo Galán.

De otro lado dando cumplimiento al derecho  que tiene la Mesa Nacional de Víctimas para participar en los debates del Fast Track,  su presidente Odorico Guerra,  presentó varias propuestas para que en la Justicia Especial Para la Paz, se les  garantice  acceso, acompañamiento, asistencia institucional y seguridad.

Así mismo pidió que el Gobierno  se comprometa a que los bienes declarados por guerrilleros de las FARC o terceros sean  incautados y utilizados en la reparación de las víctimas.

“Las victimas estamos con la Paz y a favor de la implementación de los acuerdos para garantizar nuestra reparación integral, lo vemos como un camino para la reconstrucción del tejido social de nuestro país. Y consideramos que este  escenario es una oportunidad para aportar de manera propositiva con el objetivo de establecer garantías plenas de acceso a la justicia” agregó el señor Guerra.

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Ultima modificación: Jueves 23 de Febrero de 2017 18:47
Miércoles 22 de Febrero de 2017 22:37

Senado divido por la fiesta brava

Relacionado con: Noticias
por Nancy Piedad Sánchez Pérez

Julio Miguel Guerra Soto, Senador de Opción Ciudadana, anunció que presentará un proyecto de ley a favor de las corridas de toros, corralejas, coleo y peleas de gallos, donde se aducirá que son expresiones culturales de tradición en nuestro país.


Bogotá D.C., febrero 22 de 2017 (prensa senado).- El congresista Julio Miguel Guerra Soto, condenó el atentado del domingo pasado en el barrio La Macarena de Bogotá, que dejó varios policías heridos, y lamentó la muerte de uno de ellos; cree que los anti taurinos son quienes han dirigido estos atentados y no un grupo al margen de la ley, “ellos dicen ser gente de paz y lo que vemos en esta corridas es agresión verbal y física con los aficionados, yo fui agredido entrando a una corrida de toros”, sostuvo el senador.

Guerra Soto, quien próximamente reabrirá el debate que tiene enfrentados a los defensores de animales y a los amantes de la fiesta brava con la radicación de un proyecto de ley en el que se defenderá a carta cabal estas expresiones culturales, comentó al respecto: “Hay una minoría que necesitamos que nos respeten nuestros derechos, es la libre expresión; además yo que soy de la Costa, donde la cultura gallera está arraigada, no puedo llegar a decir que las peleas de gallos se acabaron y no hicimos nada, eso desencadenaría una protesta social, además es el esparcimiento de muchas  de esas regiones”.

Consideró gravísimo  que los  senadores Guillermo García Realpe y Carlos Fernando Galán quieran presentar un proyecto de ley para acabar con estas expresiones culturales, “yo voy a presentar junto con Luis Emilio Sierra, Musa Besayle y otros colegas del Centro Democrático, un proyecto a favor de las corridas para que esto tenga vigencia en el país, y no se sigan atropellando las tradiciones de los pueblos, sobre todo en la Costa”, precisó.

En torno a la propuesta que en las corridas no se mate el toro, tuvo una respuesta vehemente: “Las corridas de toros son el rito a la muerte; cualquier cambio que se haga acaba automáticamente con la fiesta brava”,  en cambio se mostró de acuerdo que las corralejas tengan una reglamentación: “Que no entren borrachos al ruedo,  y únicamente ingresen los garrocheros; que los caballos tengan la protección adecuada, que entren los banderilleros, y que sea organizado, “hoy en día esto es un despelote, pero en los gallos, los toros y el coleo, que es similar al rodeo americano, ya están regulados; cambiar cualquier punto sería acabar con esta expresión cultural, no veo cuál es el maltrato al animal”, declaró.

Para el congresista sucreño, esto es una persecución que atenta contra  las expresiones culturales de Colombia, “yo soy un amante de los animales, tengo dos perros shar pei, aquí en el congreso aprobamos la lucha contra el maltrato animal, pero con los caballos cocheros de Cartagena, el que maltrata un perro, un caballo; esos son unos maltratos inhumanos que tenemos que regular, pero no estas expresiones culturales que están arraigadas”.

El senador Julio Miguel Guerra manifestó que esta filosofía que encarnan los pueblos no la van a entender los animalistas, por más de que se les explique, y sentenció: “Los aficionados a los toros, al coleo, los gallos y las corralejas, son agredidos por los animalistas, los anti taurinos, que son unos antisociales”, y argumentó además que la biblia dice que los seres humanos dominamos a los animales.

Finalmente sostuvo que como aficionado a los toros en la temporada taurina fijaron algunas mensajes como  “nosotros los taurinos vamos a la Santamaría en paz,  vamos a la fiesta en paz”, e hizo alusión también a la máxima de Gabriel García Márquez que defiende los toros “Si la tauromaquia está destinada a morir, quisiera verla morir con honor y como se merece, cuando los taurófilos dejemos de ir a las plazas, y no cuando alguien ajeno me lo quiera imponer”,  y remató con la frase de Federico García Lorca: “Los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo”.

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Ultima modificación: Jueves 23 de Febrero de 2017 12:11
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