“Uber, desde 2014, el Congreso lucha leyes y debates pero hoy se va”: senador Andrés García Zuccardi

“El primer debate que realizó el Congreso de Colombia frente a Uber fue el 16 de septiembre de 2014 y la primera iniciativa legislativa para regularlo fue en el proyecto de ley 93 de noviembre de 2014. Consideramos vital para la economía de Colombia que multinacionales como Uber inviertan y generen empleo”, recordó el legislador.

Bogotá D.C., enero 14 de 2020 (Prensa s. Andrés García Zuccardi). Los castigos y presiones por parte del gremio taxista al Gobierno Nacional para que saque de circulación a la aplicación Uber de Colombia, llevó a los directivos de la multinacional a tomar la decisión de abandonar el país, dejando de prestar sus servicios a 2 millones de usuarios y dejando a más de 88 mil socios (conductores) desempleados, los cuales usaban la aplicación como medio alternativo de trabajo.

“Esta decisión afecta la economía, el desempleo, la competitividad, la productividad, la pobreza, la desigualdad, la informalidad y los sobrecostos en el país. Es una mala noticia para la economía, los emprendimientos y la generación de empleo en Colombia, pero en especial para los usuarios y socios conductores que utilizan la plataforma ya que son los más afectados o porque quedan sin empleo o pagando costos más altos a cambio de servicios de menor calidad”, aseguró el legislador Andrés García Zuccardi.


Con la salida de esta multinacional de Colombia, el Gobierno está enviando un mensaje negativo y les está cerrando las puertas a las multinacionales que estén pensando en invertir en Colombia, “el mensaje que debe enviar el Estado Colombiano a las multinacionales como UBER, debe ser positivo y que aquí trabajamos día y noche por generar más y mejores oportunidades de empleo, empleabilidad y emprendimiento que mejoran la calidad de vida de los colombianos”, afirmó el senador García Zuccardi.

Para que la multinacional Uber regrese a Colombia, el Gobierno Nacional deberá regular a través de medidas legales y normativas que garanticen su libre funcionamiento y le permitan trabajar en igualdad de condiciones a taxistas y socios de la aplicación en el país.