Contra los ciberacosadores: senador Richard Aguilar Villa

Bucaramanga, marzo 23 de 2021 (Columna del s. Richard Aguilar).-El caso es aberrante. Ocurrió en Tocancipá, un apacible municipio de treinta mil habitantes, en las afueras de Bogotá. Un hombre de 21 años entabló amistad, a través de redes sociales, con una niña de 13, se ganó su confianza, la sedujo y la convenció para que le enviara fotos íntimas. Luego la presionó para que le revelara la clave de sus redes sociales. Al poco tiempo, el hombre comenzó a suplantarla en su red social. Ofrecía las imágenes íntimas a precios que oscilaban entre veinte mil y cincuenta mil pesos, que los interesados debían pagar mediante giros bancarios. Llegó, incluso, a ofrecer la virginidad de la niña, según consta en el boletín de la policía.
La menor denunció el caso ante las directivas del colegio, que entraron en contacto con los padres y con las autoridades, quienes detuvieron al hombre días después.
El victimario solo pudo ser acusado de extorsión, debido a que, en Colombia, aunque parezca absurdo en estos tiempos de conexión global, no existe un delito específico dirigido a castigar a quien divulgue imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento.
Tampoco existen estadísticas oficiales sobre la totalidad del fenómeno. Sin embargo, al hacer una búsqueda en medios periodísticos aparecen casos horrendos que, enmarcados en el creciente fenómeno de uso de redes sociales y de otras plataformas digitales, nos revelan la urgencia de entregar a nuestras autoridades la base legal para combatir esta práctica que afecta, especialmente a niñas, jóvenes y mujeres adultas.
Por esa razón, he radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca sancionar la violencia sexual que se ejerce contra una persona mediante la divulgación de documentos, en cualquier formato, de la vida íntima o sexual, sin el consentimiento de ella, a través de medios analógicos, digitales y/o internet.
Las escasas cifras existentes señalan que, en el 2019, se denunciaron por lo menos 157 casos de publicación de imágenes no consentidas por la víctima, frente a 134 denuncias presentadas en 2018, lo que equivale a un 17 por ciento de incremento.
Los datos también revelan que, al igual que en el caso de Tocancipá, los victimarios solo son acusados de extorsión. Eso sucedió con las 33 personas, la mayoría hombres, capturadas en el 2019 en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Cúcuta, por amenazar a sus víctimas con revelar material que compromete su integridad y su intimidad.
La urgencia de legislar al respecto está relacionada con el aumento exponencial del riesgo debido al incremento alucinante de las plataformas digitales. En Colombia existen unos 34 millones de usuarios de Internet y es el cuarto país del mundo donde más tiempo se invierte en esta plataforma virtual. Un colombiano navega nueve horas diarias en internet y pasa cerca de cuatro horas en redes sociales.
Ese fenómeno ha favorecido la aparición de nuevas prácticas de acoso, especialmente contra las mujeres, a través de canales digitales: ciberacecho (ciberstalking), ciberacoso sexual (sexting), extorsión (sextorsión) y ciberacoso psicológico (ciberbullying).
En numerosos casos las autoridades han comprobado que el ciberacoso proviene de personas cercanas. El sexting, por ejemplo, ha sido utilizado como un arma de presión, humillación y chantaje grotesco, sobre todo contra las mujeres, por parte de exparejas que exponen en redes sociales material erótico o sexual de escenas íntimas que tuvieron lugar durante el tiempo en que convivieron.
Este tipo de violencia de género en línea se multiplica de forma vertiginosa y, generalmente, deja consecuencias impredecibles y, —más grave aún— hasta ahora, desconocidas, pues el Ministerio de Salud y Protección Social no cuenta, a la fecha, con estudios relacionados con los efectos en la salud de las víctimas de acoso sexual o delitos relacionados con el sexting o acoso cibernético.
Por todo lo anterior, considero que Colombia debe responder con dignidad frente a este desafío por el bien de miles de personas, sobre todo niñas, jóvenes y mujeres adultas, que enfrentan a diario situaciones como las descritas en esta columna, y que muchas veces callan para no ser revictimizadas o estigmatizadas, y sin que exista una ley específica que las proteja de los acosadores que parecen abundar en las plataformas digitales.