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Cesar Augusto Penagos

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La Comisión Séptima del Senado logró lo que parecía imposible: llevar a las directivas de la EPS más grande de Colombia a un debate de control político. La sesión especial tendrá lugar en el recinto de la célula legislativa el miércoles 26 de abril, a partir de las 10 a.m.

Bogotá, D.C., Abril 21 de 2017 (Prensa Senado). Luego de cinco aplazamientos, las directivas de Cafesalud asistirán al anunciado debate de control político a la EPS más grande de Colombia, que tiene alrededor de seis millones de afiliados, la mitad de los cuales, proceden de la liquidada EPS SaludCoop.

El presidente de Cafesalud, Luis Guillermo Vélez Atehortúa, contestará cientos de preguntas de los senadores de la Comisión Séptima, con el fin de establecer varios asuntos, entre ellos, el pasivo pensional de la EPS, su número de afiliados, las razones de las multitudinarias quejas por negación de servicios y su proceso de venta.

Al final de 2016, las directivas de Cafesalud hablaban de deudas por 600 mil millones de pesos, mientras algunos senadores advertían sumas muy superiores y cercanas a los dos billones de pesos.

Recientemente, en una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos, realizada en Cali, se recibieron más de 200 quejas de pacientes, familiares de pacientes y veedurías ciudadanas, todas tendientes a denunciar la negación de las EPS de esa región del país. En contra de Cafesalud se reportaron los mayores casos.

En general, los afiliados a Cafesalud denuncian a diario la falta en la entrega de medicamentos, negligencia en la autorización de procedimientos quirúrgicos, negación de tratamientos y dificultades en el acceso al derecho a la salud.

Los cinco aplazamientos del debate de control político habían tenido relación a las más de 70 órdenes de captura que recaían sobre el anterior presidente de Cafesalud, Carlos Cardona. El ex directivo argumentaba que si salía a la calle sería detenido y encarcelado por la policía. Las órdenes de captura estaban relacionadas a las tutelas falladas a favor de afiliados a dicha EPS.

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Al Proyecto de Ley que busca rebajar el porcentaje de cotización en salud de los pensionados que devengan hasta cuatro salarios mínimos, le hace el último debate en plenaria del Senado. El presidente de la Comisión Séptima solicitará que el proyecto se ponga en el orden del día, antes de que termine la actual legislatura.


Bogotá, D.C., Abril 20 de 2017 (Prensa Senado). Más de dos millones de pensionados siguen en vilo por el futuro del Proyecto de Ley que les permitiría pagar al sistema de salud el 4% y no el 12%, como sucede en la actualidad. Dicha disminución representa un ahorro considerable para los jubilados que además de sus mesadas, no tienen pagos por vacaciones, ni primas de ninguna índole.


Al Proyecto de Ley solamente le falta un debate en plenaria del Senado, luego de que la Comisión Séptima, a mediados de diciembre de 2016, le diera trámite en esos términos: disminución en el pago de salud del 12% al 4% para aquellos jubilados con mesadas inferiores a cuatro salarios mínimos. “La Comisión Séptima se va a ratificar en la decisión que tomó en tercer debate, que es hasta cuatro salarios mínimos, rebajar del 12 al 4 por ciento; el Congreso va a actuar en esa línea porque tiene una responsabilidad con el pueblo colombiano. Vamos a pedirle al presidente del Senado que agende el debate, antes de que termine la legislatura”, aseguró el presidente de la Comisión Séptima, senador Edinson Delgado.


De cara a ese último debate, a mediados de esta semana, algunos senadores de la Comisión Séptima se reunieron con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas. Al parecer, el gobierno contempla apoyar dicha iniciativa que beneficiaría a cerca de 2 millones 100 mil pensionados del país.


En diciembre pasado, el senador Jorge Iván Ospina, autor del Proyecto de Ley, indicó que mientras a los pensionados les descuentan el 12 por ciento de su mesada, a cualquier otro empleado le descuentan el 4%. “Cuando uno es adulto mayor, es cuando más necesita recursos, porque es cuando más se
enferma, es cuando demanda transporte especializado”, explicó el congresista, autor de la iniciativa.

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Por considerar que los agentes de inteligencia y contrainteligencia ponen en riesgo sus vidas en el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Séptima, aprobó en primer debate un Proyecto de Ley que propone trasladar los aportes de dichos funcionarios al régimen especial de pensiones de las fuerzas militares.

Bogotá D.C., abril 18 de 2017 (prensa senado). Cerca de mil agentes de inteligencia y contrainteligencia del Estado podrían hacer parte del régimen especial de pensiones de las Fuerzas Militares, si el Congreso llegase a aprobar el Proyecto de Ley 140 de 2016 del senador liberal, Juan Manuel Galán.

La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el mencionado articulado que en primera instancia busca proteger la identidad de esos funcionarios cuyas tareas están relacionadas a las actividades de infiltración con fines de garantizar la seguridad nacional. 

"Luego de hacer un análisis se estableció que ellos sí hacen parte de las fuerzas militares, la diferencia es que no se ponen el camuflado ni participan en actividades bélicas; no serían más de mil personas que devengan menos de un millón de pesos”, aseguró el senador Luis Evelis Andrade, ponente único del Proyecto de Ley

El senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, aclaró que la iniciativa no incluirá al personal del Departamento Nacional de Inteligencia, DNI, como estaba contemplado en un principio, razón por lo cual, el impacto fiscal del traslado de los agentes de un régimen pensional a otro, sería mínimo.

“Desde el 23 de diciembre de 1993 los agentes de inteligencia y contrainteligencia hacen parte del sistema de seguridad social integral como cualquier otro colombiano. Lo que no tuvo en cuenta el legislador al momento de levantar esa excepción, es que dentro del personal civil de las fuerzas militares hay hombres y mujeres que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia cuya labor es de alta importancia para la seguridad nacional, constituye un alto nivel de peligrosidad y pone en riesgo su vida y su salud, si se compara con otros oficios y profesiones”, reza la justificación del Proyecto.

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La Comisión Séptima del Senado propuso que el Gobierno Nacional rinda un informe trimestral sobre el consumo de drogas ilícitas en el país, como una medida que permita la creación de una política pública integral.
 

Bogotá D.C., abril 19 de 2017 (Prensa senado).- En un nuevo debate sobre el uso de drogas psicoactivas, realizado en la Comisión Séptima del Senado, fue mostrada una nueva cara de dicho flagelo: la incursión de niños en las redes del microtráfico en pequeñas y grandes ciudades del país.


Según lo expuso el senador Orlando Castañeda, la edad promedio de inicio de consumo de drogas sintéticas, es de 13 años. El legislador del Centro Democrático, tomando como fuente cifras del Gobierno Nacional, aseguró que el 40% de los estudiantes considera que sus compañeros prueban sustancias psicoactivas en los alrededores del colegio.


“Al principio, la droga puede ser entregada gratuitamente, pero luego los niños se vuelven en ayudantes del delito por cambio de droga. Durante el 2015, nueve menores de edad murieron por sobredosis de sustancias psicoactivas, según Medicina Legal”, aseguró el senador Castañeda.


En el mismo sentido, el congresista reveló que 162 niños, entre los cero y los cinco años, quedaron bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, luego de que se estableciera que los menores usaban algún tipo de drogas ilícitas. “El Estado debe dejar de enviar mensajes ambiguos sobre el consumo de drogas”, exigió el congresista, al tiempo que propuso al gobierno entregar un informe trimestral del consumo de drogas con el fin de construir una política pública eficaz.


Mea Culpa del Gobierno Nacional


A pesar de las cifras que cada ministerio o entidad del Gobierno Nacional presentaron en el debate, todos sus representantes reconocieron que el país se quedó corto en la aplicación de una política pública de prevención del uso de drogas ilícitas.


El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, dijo que un mundo sin drogas es una utopía, si se tienen en cuenta las corrientes de consumo del mundo entero. El funcionario también se refirió al aumento de los cultivos de coca en el país, pues a ello se asocia el incremento el uso de sustancias psicoactivas al interior de Colombia.


“No desconocemos que ha habido un gran incremento de los cultivos, pero tenemos que ponernos de acuerdo cuál sistema de medicación vamos adoptar, si el sistema de los Estados Unidos o el de la ONU”, declaró el jefe de la cartera de justicia.


Según el ministro Botero, Colombia tendría 188 mil hectáreas de coca si se toma como referencia el sistema de medición de los Estados Unidos y, 120 mil hectáreas si es aplicado el sistema de las Organización de las Naciones Unidas.


Por su parte, el ministro de salud, Alejandro Gaviria, reconoció que Colombia ha adolecido de una política pública tendiente a prevenir la drogadicción. Igualmente, lamentó que los proyectos direccionados en ese sentido están desfinanciados en comparación con la magnitud del problema.


En su exposición el ministro Gaviria, presentó cifras relacionadas al consumo de drogas en los ambientes escolares, según las cuales, la prelación del alcohol es del 40%, el cigarrillo 10% y las drogas ilícitas el 5%. No obstante, dentro de las drogas ilícitas, mientras bajó el consumo de bazuco, subió el uso de la cocaína.


Finalmente, la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, reiteró que Colombia ha fracasado en la estrategia para evitar el consumo de drogas. “El 93% de los jóvenes que ingresan al programa Responsabilidad Adolescente, han usado drogas”, dijo la funcionaria que instó en fortalecer las familias como primer paso para ganar la batalla contra la adicción.

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La Comisión Séptima del Senado debatirá y votará en tercer debate el Proyecto de Ley con el que se le devolverían dos horas de recargo nocturno a los trabajadores de Colombia. Inicialmente, el articulado pretendía fijar dicho pago, a partir de las 6 p.m. como estaba reglamentado antes de la sanción de la Ley 789 de 2002.

Bogotá D.C., abril 18 de 2017 (prensa senado). En tercer debate será considerado el Proyecto de Ley que cambiaría nuevamente la reglamentación en torno al pago del recargo nocturno. El articulado propone que el horario laboral nocturno empiece a las 8 p.m.. y no a las 10 p.m.. como está legislado desde el año 2002, por medio de la Ley 789.

“Lo que estamos buscando por todos los medios es que este proyecto no se vaya a hundir y por eso la comisión reitera la necesidad de incluirlo en el orden del día", aseguró el presidente de la Comisión Séptima del Senado, Edinson Delgado. En consecuencia, dicha célula legislativa debatirá el Proyecto de Ley el próximo martes 2 de mayo, a partir de las 10 a.m., cinco meses después de que en dicho recinto se hubiera realizado una audiencia pública en la que se escucharon a los representantes de los sindicatos, empresarios y al Gobierno Nacional.

Es necesario contextualizar que las iniciativas pasaron a primer debate en la Comisión Séptima del senado con el único objetivo de devolverles a los trabajadores el pago de dos horas de recargo nocturno, es decir, a partir de las 8 p.m. y no desde las 6 p.m. como se propuso originalmente. Durante los dos debates en Cámara de Representantes fueron eliminadas las pretensiones relacionadas al pago de horas extras dominicales y festivos en un porcentaje del 100%.

En su momento, la entonces ministra de trabajo, Clara López, dijo que de aprobarse dicho Proyecto de Ley, se beneficiaría una población de 455 mil personas ocupadas formalmente y que el costo total anual sería de 411 mil millones de pesos.

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Piden recursos para la implementación de la Ley de Víctimas

Domingo 09 de Abril de 2017 16:36 Relacionado con: Noticias

El número de víctimas desbordó las estadísticas con las que nació la ley 1448 de 2011. Actualmente, están más de 8 millones de víctimas siendo los desplazados por la violencia, el grupo mayoritario. La Ley de Víctimas está proyectada hasta el año 2021.

Bogotá, D.C. abril 9 de 2017 (Prensa Senado). La Ley de Víctimas nació en el año 2011, cuando las víctimas del conflicto armado se contabilizaban en 4 millones 500 mil personas. Hoy, seis años después, dicha cifra desborda todos los pronósticos estadísticos, pues el país tiene registrados 8 millones 400 mil colombianos que exigen algún tipo de reparación.

El senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, argumentó que la Ley está desfinanciada y que el país se expone a una gran frustración en los esfuerzos por alcanzar la paz.

“Apenas tenemos indemnizados 44.457 hogares, es decir el 2.4% del universo de las víctimas; en materia de restitución de tierras de las 102.292 solicitudes, apenas va el 0.02% de esas solicitudes. Esta ley de víctimas y este proceso de paz se puede convertir en una de las más grandes frustraciones de nuestra historia”, aseguró el senador del Partido Liberal.

A su turno, el director de la Unidad de Reparación de Víctimas, Alán Jara, reforzó lo expuesto por el senador Galán, indicando que inicialmente la Ley no mencionaba a las víctimas del desplazamiento forzado, que constituyen más del 80% de los afectados por la violencia en el país.

“Inicialmente, no estaban previstas que las víctimas del desplazamiento forzado tuvieran esa indemnización administrativa y, las víctimas de desplazamiento forzado, son más el 80 por ciento del registro, es decir, más de 7 millones de víctimas; ahí se produce ese desequilibrio”, aseguró Alan Jara.

No obstante, según el reporte entregado durante la sesión del congreso en pleno, con motivo de la conmemoración del día de las víctimas, el gobierno ha realizado 670 mil giros de indemnización administrativa por más de 4 billones pesos y ha invertido en personas con carencias de vivienda y salud, más de 3 billones de pesos.

La Ley 1448, cuya vigencia está proyectada hasta el año 2021, cuenta con una asignación presupuestal de 7, 9 billones de pesos, cuya inversión ya alcanza el 90%.

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Proponen ley para salvar a los hospitales universitarios

Viernes 07 de Abril de 2017 16:10 Relacionado con: Noticias


La crisis de los hospitales universitarios requiere soluciones en el corto y mediano plazo con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar la formación profesional de calidad de los estudiantes de medicina. La Comisión Séptima abordó el asunto en un extenso debate de control político, donde quedó claro que las unidades de urgencias son las únicas que no se entregan a privados.


Bogotá D.C., abril 7 de 2017 (prensa senado). En el debate de control político sobre la crisis de los hospitales universitarios del Caribe y Valle del Cauca, quedaron expuestas las dificultades financieras y administrativas de los centros asistenciales. En el caso del Hospital Universitario del Caribe, su pasivo sobrepasa los 80 mil millones de pesos, una cifra contrastante con una menor cuantía reportada por las autoridades de la región.


En esa perspectiva, la senadora Nadie Blel Scaff, aseguró que los bolivarenses se quedarán sin un hospital de calidad y sin una facultad de medicina, afectando a unos 600 estudiantes que realizan sus prácticas en el centro hospitalario. Para la senadora del Partido Conservador el gran problema de los hospitales universitarios es el modelo del sistema de salud colombiano, especialmente la ‘tercerización’ de los servicios médicos de dichos centros asistenciales.


“Estamos no frente a un hospital, sino frente a un centro comercial que arrienda locales”, criticó la Senadora Nadia Blel Scaff con relación a la rendición de cuentas del gerente interventor del Hospital Universitario del Caribe. Dicha intervención fue autorizada por la Superintendencia de Salud, en noviembre de 2016.

Una realidad muy similar es la que padece el Hospital Universitario del Valle, HUV, intervenido a finales del año pasado y sometido a la Ley de Quiebras. En dicho proceso, fueron despedidos 530 empleados, entre ellos, los más antiguos de la institución. Los males del HUV son los mismos: la gobernación y las EPS no le pagan a tiempo o sencillamente no pagan los servicios POS y no POS, es decir, aquellos procedimientos suministrados a pacientes cuyas enfermedades no las cubre el sistema. Afortunadamente, en las últimas horas, las autoridades llegaron a un acuerdo para no liquidar este hospital.


Gastamos más de lo que tenemos: Ministro de Salud



El propio ministro de salud, Alejandro Gaviria, confirmó que la crisis de los hospitales universitarios en el país es grave. En el mencionado debate de control político, el ministro dijo que las deudas de los entes territoriales (gobernaciones y alcaldías) con los centros asistenciales es de un billón de pesos.
“Antioquia debe 300 mil millones de pesos, mientras el Valle del Cauca, debe 100 mil millones de pesos”, concretó el ministro Alejandro Gaviria, para quien el gran problema ‘subyacente’ es que “estamos gastando más de lo que tenemos”.


Una ley para salvar a los hospitales universitarios


Ante ese panorama desolador del que tampoco se salvan los hospitales Universitario de Santander (le adeudan 100 mil millones de pesos), la IPS Universitaria de Medellín (le deben 310 mil millones) y el Hospital Universitario San Vicente, de la capital antioqueña (le deben 250 mil millones de pesos). En Colombia hay 18 hospitales universitarios, la mayoría de ellos de carácter público.

“La crisis financiera en general no es un fenómeno sencillo sino que se trata de un problema multicausal que se agudizó con la implementación del Sistema General de Seguridad Social sumado a casos de corrupción como nóminas paralelas, despilfarros, exceso de personal, tercerización de servicios y exageradas prebendas a algunos sectores sindicalizados”, dice el borrador del Proyecto de Ley para salvar los hospitales universitarios, autoría del senador
Jorge Iván Ospina.

El proyecto será radico en los próximos meses y pretenderá reglamentar nuevos mecanismos para que los hospitales universitarios sean viables, impulsará una política pública hospitalaria y unas reglas de juego claras para sostener estas entidades y garantizar la calidad del servicio, la formación de nuevo talento humano, los avances científicos y la preservación de la vida y la promoción y prevención de la salud de los colombianos.

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La audiencia pública tuvo lugar en el Concejo de Cali, donde asistieron numerosas agremiaciones de usuarios que denunciaron casos puntuales de negación de los servicios de salud por parte de las EPS. El senador Alexander López presidió la sesión que contó con la viceministra de salud, Carmen Eugenia Dávila. En el recinto se recibieron 208 quejas, que serán revisadas por la Superintendencia del sector.
 

Bogotá D.C., abril 07 de 2017 (Prensa Senado). La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República escuchó a pacientes, veedurías ciudadanas y agremiaciones de pacientes que se declararon ‘victimizados’ por el Sistema General de Salud. En el recinto del Concejo de Cali, donde tuvo desarrollo la sesión, se escucharon casos dramáticos de desatención por parte de las EPS, relacionados a personas con discapacidad severa, pacientes terminales, de la tercera edad, militares con discapacidad, afiliados con síndrome de Down y enfermedades huérfanas o raras.


El senador Alexander López, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se comprometió a hacerle seguimiento a cada uno de los casos denunciados y anunció que el Ministerio de Salud, la Superintendencia y la Defensoría del Pueblo, acordaron realizar una mesa interdisciplinaria que se encargará de investigar las faltas, tanto de las Empresas Promotores de Salud, EPS, como de las Instituciones Prestadores de Salud, IPS.


“Quiero expresar la necesidad que tiene la Comisión de Derechos Humanos de que esta audiencia no termine con este comité; en los próximos días va a venir la viceministra de salud a verificar algunos de los casos denunciados. El tema de la salud sigue generando el mayor malestar de los colombianos, hay necesidad de que este servicio mejore cada día”, aseguró el senador  López.


En la audiencia, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Alexander Rojas, dio a conocer que de las de 617 mil tutelas que han instaurado los colombianos, más de 163 mil están relacionadas a la negación del algún servicio de salud. “El 84% fueron pertinentes y de ese 84%, el 64%, son procedimientos que están en el plan de beneficios”, argumentó el señor Rojas.


Solamente en el departamento del Valle del Cauca, las autoridades consideran que se han instaurado unas 17 mil tutelas contra las EPS que operan en la región, representando el 12% del total de acciones radicadas en todo el país. “No me explico cómo frente al caso de Cafesalud y otras EPS, pidan anticipos para poder atender a paciente de cáncer, eso es intolerable; que pongan a los pacientes como carne de cañón. Eso no puede suceder y la Superintendencia tiene que ser contundente en la revisión de esos casos”, aseguró la Viceministra de Salud, Carmen Eugenia Dávila.

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Avanza proyecto para profesionalización del entrenador deportivo

Martes 04 de Abril de 2017 17:52 Relacionado con: Noticias

A último debate en Plenaria del Senado de la República pasó un Proyecto de Ley para regular la profesión de entrenador deportivo. El articulado apunta a mejorar los resultados de los deportistas colombianos en certámenes internacionales.


Bogotá D.C., abril 04 de 2017 (Prensa Senado). Por segunda vez el Congreso de la República aprobaría un proyecto para exigir la profesionalización de los entrenadores deportivos en Colombia. Al Proyecto de Ley que regularía la actividad de más de 500 mil personas relacionadas al deporte, le hace falta un debate en el Plenaria del Senado, luego de que la Comisión Séptima le diera el trámite respectivo.
 

La primera vez, el mismo proyecto fue objetado por la Presidencia de la República aduciendo vicios de inconstitucionalidad, lo que conllevó a que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-307 del año 2013, exigiera la formación científica de los entrenadores deportivos en aras de garantizar la salud de los deportistas colombianos.


Ahora, el impulsor de la iniciativa es el represente Oscar Hernán Sánchez, la cual cuenta con el apoyo de Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, las agremiaciones académicas de carácter deportivo y el gobierno, en general.


"A nivel de profesionales que tengan que ver con el deporte, tenemos alrededor de 2.700 profesionales, la idea es que los que consideren que pueden ejercer la labor de entrenador apliquen, a través de la reglamentación”, aseguró el senador Edinson Delago, ponente del proyecto en la Comisión Séptima.


Es decir, de llegar a declararse Ley la República, los entrenadores deportivos deberán tener una matrícula profesional certificada por el Colegio Colombia de Entrenadores con sede en Cali. En ese sentido, la Ley daría un periodo de transición de ocho años para certificar a las personas que hasta el momento han guiado empíricamente a los deportistas del país.


“Tenemos un censo de cerca de 500 mil entrenadores entre profesionales, empíricos tecnólogos y, creo que es una base suficiente de entrenadores formados, preparados y capacitados para orientar a los jóvenes deportistas”, aseguró Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano.


Actualmente, la práctica del fútbol es la que más cuenta con entrenadores empíricos en Colombia, según datos de Coldeporte y el Comité Olímpico Colombiano.

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Comisión Séptima busca fecha para sesionar en Mocoa

Martes 04 de Abril de 2017 17:02 Relacionado con: Senadores / Noticias

El presidente de la Comisión Séptima del Senado, Edinson Delgado, proyecta una sesión en especial en la ciudad de Mocoa, tras la avalancha que dejó más de 250 personas muertas, el pasado sábado 1 de abril. Los integrantes de la célula legislativa realizarán un debate de control sobre las medidas desplegadas por el gobierno.
 

Bogotá D.C., abril 04 de 2017 (Prensa Senado). La Comisión encargada de los Proyectos de Ley relacionados al sistema general de salud, pensiones, asuntos laborales, deportes y cultura, planea una sesión en Mocoa, con el fin de hacer un seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional para atender la emergencia provocada por la avalancha que dejó más de 250 víctimas fatales.


Dicha sesión de la Comisión Séptima se realizaría luego del 12 de mayo, fecha para la cual, los integrantes de dicha célula legislativa realizarán un debate de control político a Coldeportes y al Comité Olímpico Colombiano de cara a la realización de los Juegos Bolivarianos y Juegos Centroamericanos.


“Vamos a estar haciendo un seguimiento para que después de dos o tres meses no se olvide la tragedia de Mocoa, porque muchas veces pasa eso, cuando hay una calamidad, los primeros días están los medios y el gobierno y, después se olvida”, aseguró el senador Edinson Delgado.


En el mismo sentido, el senador del Partido Liberal aseguró que es necesario hacer una vigilancia permanente a la correcta inversión de los recursos propios y los donados por países que han realizado generosas donaciones. “Esperamos que el gobierno establezca todos los parámetros de control”, agregó el legislador Delgado.
 

El drama de Mocoa


Luego de un intenso aguacero en la noche del viernes 31 de abril y del amanecer del 1 de abril de 2017, tres ríos embravecidos que atraviesan la población, barrieron varios barrios a su paso. El número de víctimas mortales sobre pasa las 250, mientras que una buena cantidad de cuerpos siguen sin ser rescatados. Según las cifras del gobierno, la mitad de las víctima fueron niños y mujeres.

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