Senado de la República
Estás en: Inicio » Brigitte Mendoza
Brigitte Mendoza

Brigitte Mendoza

URL del sitio web: E-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

Tensión por presunto armamento de las FARC en Venezuela

Martes 28 de Marzo de 2017 20:29 Relacionado con: Noticias

Acalorado debate se dio en la Comisión Segunda de Senado luego de las declaraciones del presidente del periódico El Nacional, Miguel Otero, sobre presencia de armas de las FARC en su país.

 

Bogotá D.C., marzo 28 de 2017 (Prensa Senado).-La visita de Leopoldo López Gil , padre del condenado opositor en Venezuela, Leopoldo López, y del propietario y director del periódico El Nacional, Miguel Otero, al Congreso de Colombia, estuvo cargada de explosivas denuncias.

 

Los personajes plasmaron una triste y preocupante radiografía de la difícil situación que enfrenta la vecina nación. No solo cuestionaron la desestabilización institucional, sino que también arremetieron contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, al que tildaron de dictador y gobernante de una narcodictadura.

 

"Venezuela ya no es una dictadura, es una narcodictadura, con todos los carteles insertados en las altas esferas del poder, donde la alianza de Chávez con las FARC y el ELN ha llevado a un extremo tal, que hay 4 estados venezolanos en manos de ellos, prácticamente con el aval de las autoridades", afirmó Otero.

 

Asimismo aseveró que en territorio venezolano aún existen caletas de armas de las FARC.  "Tras la firma del Acuerdo de Paz no veo que esas armas estén incluidas en la entrega del proceso de desmovilización", dijo el extranjero, quien no dejó de cuestionar a las autoridades de su país  como cómplices de estos hechos.

 

Los invitados venezolanos volvieron a recordar que el fallecido Hugo Chávez y el hoy Presidente Nicolás Maduro dieron amparo y protección a los grupos alzados en armas para perpetrar sus actividades ilícitas.

 

"Colombia debe sentar un precedente frente al tema del narcotráfico que es la fuente de financiación de estos grupos", expresó Otero en su intervención.

 

Las fuertes declaraciones despertaron la reacción inmediata de senadores como Iván Cepeda, quien las calificó como un "saboteo al proceso de paz". El congresista del Polo Democrático exigió, al director del medio de comunicación venezolano, que muestre las pruebas de esas afirmaciones, ya que la guerrilla se encuentra en un proceso de dejación de armas y esto lesiona gravemente los acuerdos.

 

Para el senador Carlos Fernando Galán lo dicho por los personajes venezolanos no es nuevo y, por el contrario, manifestó que no es un secreto que el territorio venezolano, lamentablemente, sirvió de refugio para estos delincuentes.

 

A su turno el senador Luis Fernando Velasco pidió prudencia y mesura para lanzar acusaciones de esta índole.

 

Ante las denuncias hechas por Miguel Otero, los congresistas pidieron que se investiguen los hechos.

 

Síganos en Twitter y Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

De manera unánime se manifestaron los senadores de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores del Senado, respecto a la situación que vive el vecino país.

 

Bogotá D.C., marzo 28 de 2017 (Prensa Senado).-Tras la visita de Leopoldo López Gil, padre del detenido líder de la oposición en Venezuela, Leopoldo López, y Miguel Otero, Presidente del periódico El Nacional, a la Comisión Segunda de Senado, se escucharon voces de apoyo en torno a la crisis que enfrenta la vecina nación.

 

La falta de medicamentos, de productos básicos de la canasta familiar, de empleo, de seguridad, la situación de más de 130 presos políticos, los 30 mil asesinatos en el último año, el éxodo masivo de 1.200.000 ciudadanos venezolanos hacia Colombia, la poca independencia de poderes, entre otras, fueron las denuncias presentadas por los invitados en sesión informal.

 

En este sentido, Leopoldo López Gil solicitó apoyo del Congreso de Colombia para influir en la recuperación de la democracia en Venezuela. “Agradezco la oportunidad de ser escuchado. Pido de manera especial el respaldo para restablecer los valores democráticos en mi país, no nos abandonen”, expresó López.

 

Para el padre de Leopoldo López, hoy condenado a más de 13 años de cárcel por el régimen de Nicolás Maduro, tras considerarlo culpable de participar en manifestaciones antigubernamentales, Venezuela enfrenta una guerra social, con un Ejército violento y autoridades paralelas. "El sistema judicial es manipulado por el Gobierno, a la fecha hay 30 presos políticos que recibieron boletas de excarcelación y aún no han sido liberados. Pedimos que la comunidad internacional intervenga”, enfatizó López.

 

Y es que en Venezuela todo ha venido de más a menos. La democracia está en vilo, mientras que la miseria, el hambre y el desempleo aumentan. La comida escasea y la censura de prensa impera.

 

"La libertad de expresión se reduce a una pequeña ventana, nosotros somos el único periódico impreso que queda, ellos atacan a la web, bloquean, abren procedimientos criminales a tuiteros, deterioran el acceso a internet y hasta contratan hackers para atacar páginas", enfatizó Miguel Otero, propietario del diario El Nacional. Este medio de comunicación, pese a los ataques del Gobierno, se ha mantenido en pie de lucha y ha sobrevivido a los embates de la administración de Nicolás Maduro.

 

Luego de escuchar a los extranjeros, la reacción de los senadores no se hizo esperar. La senadora Thania Vega, del Centro Democrático, aseguró que los venezolanos exiliados cuentan con el respaldo de su bancada. En el mismo sentido se expresó el senador Luis Fernando Velasco, quien dijo que 170 senadores de Latinoamérica firmaron una carta en solidaridad con la crisis democrática que enfrentan los venezolanos.

 

Por su parte, el senador Carlos Fernando Galán se mostró solidario y dijo que “en Venezuela la democracia está resquebrajada, es el momento de no callar frente a los abusos y atropellos del Gobierno de Maduro”.

 

La visita de estos personajes fue coyuntural con la reciente invasión de militares venezolanos a zona rural de Arauca, por lo que el senador José David Name no desaprovechó la oportunidad para citar a debate a la Canciller María Ángela Holguín, quien deberá explicar y responder por lo sucedido.

 

Cabe resaltar de otro lado, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, llevada a cabo el día de hoy, en la que Venezuela ocupó el primer lugar del debate, al poner sobre la mesa el informe presentado por el secretario de este organismo, Luis Almagro, donde se alude a la situación política, económica y social del vecino país.

 

La sesión de más de cuatro horas produjo el anuncio de que una amplia mayoría de la organización, 20 países en total, acordaron utilizar los mecanismos de la OEA para establecer una hoja de ruta, que permita en el menor tiempo posible, restaurar el funcionamiento de la democracia en Venezuela, según lo publicó el diario El Nacional en su portal web.

 

"De no haber respuesta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, la OEA procederá a activar la Carta Democrática, expulsando eventualmente a Venezuela de este organismo", aseguró Miguel Otero.

 

Tras el oscuro panorama y la preocupante y triste radiografía expuesta por los visitantes, la mayoría de integrantes de la Comisión Segunda de Senado reiteraron su respaldo y solidaridad con el pueblo venezolano e hicieron votos por el retorno de la sana política y el buen funcionamiento de la institucionalidad.

Síganos en Twitter y Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Así lo declaró el senador del Polo Democrático durante la audiencia pública ‘Hacia una Política Cultural Integral', en la que artistas se expresaron sobre su condición laboral.

 

Bogotá D.C., marzo 27 de 2017 (Prensa Senado).- El encuentro cultural convocado por el senador Iván Cepeda y los representantes Ángela María Robledo y Víctor Correa, fue el espacio para que artistas de distintas regiones del país manifestaran sus inquietudes respecto al aparente incumplimiento del Estado en el sector cultura, denunciado por el gremio.

 

En la audiencia se materializó la participación e inclusión de artistas para discutir proyecto de ley que pretende regular la industria, según dijo el senador Cepeda. “No permitiremos que la cultura se transforme en un negocio. Que cierra las puertas a muchas expresiones artísticas, artesanales y culturales, es importante la consolidación de una política integral para el arte y la cultura”, dijo.

 

Asimismo se refirieron participantes de la audiencia, quienes pidieron mayor intervención del Gobierno.

 

"El sector cultural y artístico recuerda lo amargo del incumplimiento del gobierno y se levanta para exigir respeto", afirmó Gladis Quintero, artista.

 

Finalmente, Angélica Riaño, del Consejo Distrital de Arte, aseguró que "este es un drama sistemático, exigimos que la historia de las artes en Colombia cambie".

Síganos en Twitter y Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Transmilenio a sesión de control público en el Congreso

Viernes 17 de Marzo de 2017 14:29 Relacionado con: Noticias

Esta fue la conclusión de la audiencia pública sobre derecho de los trabajadores y usuarios de transporte masivo en Colombia, citada por el senador Iván Cepeda y los representantes Ángela Robledo y Alirio Uribe.

 

Bogotá D.C., marzo 17 de 2017 (Prensa Senado).- La crisis del transporte masivo en el país, así como las alzas en el servicio y las continuas denuncias de usuarios, motivaron el encuentro en el que congresistas, ciudadanos, operadores, entre otros, le midieron el pulso al sistema de movilidad de Colombia y sobre todo de Bogotá.

 

En este sentido se analizó la situación de los trabajadores de Transmilenio, del Sistema Integrado SITP, las afectaciones a usuarios y las dificultades que presentan otros sistemas a nivel nacional.

 

Para el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, el panorama es preocupante. “Se evidencia un colapso en el sistema, hay precarización en todos los niveles y las respuestas del ente privado son ambiguas. En consecuencia se citará a sesión de control público, estas empresas deben responder por los derechos de los ciudadanos”, enfatizó Cepeda.

 

Entre las funciones del Congreso, contempladas en la Constitución Política y en la Ley Quinta de 1992, se destacan la de control político y control público, para este caso se ejecutará la segunda.

 

Mediante control público se cita a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto de que rinda declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con las indagaciones que adelante cualquiera de las Cámaras.

 

El senador Cepeda se refirió, además, a que la tercerización y privatización de servicios públicos esenciales, como es el caso del transporte, a largo plazo termina por desplomarse. “Al pasar el tiempo la prestación del servicio se empobrece y la atención que brindan los privados se vuelve insuficiente”, denunció.

 

La audiencia pública sirvió de escenario, también, para que ciudadanos alzaran la voz respecto al anuncio hecho esta semana por la Alcaldía de Bogotá, sobre el ajuste en la tarifa de Transmilenio, la cual pasará de 2.000 a 2.200 pesos y la del SITP, de 1.700 a 2.000 pesos.

 

“Como usuarios exigimos soluciones de fondo, ¿para dónde se va el dinero por concepto de tiquetes que genera la operación diaria en Bogotá?, son 7 mil millones de pesos que recibe Transmilenio al día, es injusto el aumento de la tarifa”, expresó Bryan Rojas.

 

De las denuncias presentada por los usuarios, coinciden el hacinamiento en estaciones y buses, la inseguridad y la poca continuidad en el servicio.

 

Finalmente el Subgerente de Transmilenio, Gustavo García aseguró que la empresa tomará acciones con los concesionarios para garantizar el cumplimiento del manual de operaciones del sistema.

 

“El compromiso con la ciudadanía es que el sistema funcione apropiadamente, brindar un servicio de calidad, establecer una política tarifaria y sostener las finanzas para que sea más eficiente” expresó García.

Síganos en Twitter y Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tensión entre Gobierno y FARC por adecuación de Zonas Veredales

Viernes 10 de Marzo de 2017 18:06 Relacionado con: Noticias

Así lo evidencia el informe que rindió el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, esta semana. Reacciones al interior del legislativo no se hicieron esperar. 

 

Bogotá D.C., marzo 09 de 2017 (Prensa Senado).- Tras la movilización de casi 7.000 miembros de las FARC a las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, dispuestas por el Gobierno para la dejación de armas y la reincorporación de estos guerrilleros a la vida civil, se abrió el debate por los retrasos que se presentan en su adecuación.

 

De una parte el Gobierno alega que los impedimentos los ha hecho la misma guerrilla una vez en terreno. Según expresó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el Secretariado de las FARC tiene voluntad en el proceso de dejación de armas, sin embargo los comandantes en las zonas ponen el traspié. 

 

“Exigencias de los guerrilleros, no contempladas en el acuerdo, dilatan la implementación de estas zonas”, puntualizó Jaramillo.

 

En contra parte el senador de Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, dijo que las zonas veredales no deben ser un paraíso, pero sí un espacio que brinde condiciones dignas a sus ocupantes. “Planteamos al Gobierno consolidar las zonas veredales con todas las garantías, que sean unos espacios dignos que faciliten el desarrollo armónico del acuerdo de paz, con baterías sanitarias, agua, sistema eléctrico, entre otros”, anotó Ospina.

 

Asimismo planteó que faltó previsión para ubicar a los 7.000 hombres y mujeres de las FARC. “El Gobierno no hizo una gestión integral en este aspecto, teniendo en cuenta que desde hace un año se proyectó la creación de estos espacios”, expresó el senador Verde.

 

La distribución del terreno se configuró en 19 zonas veredales, que contienen varios campamentos y 7 puntos de menor tamaño que una zona veredal, con un solo campamento.

 

Precisamente la Subcomisión de Seguimiento al Acuerdo de Paz del Senado, visitó los Llanos del Yarí la semana anterior, esto con el fin de monitorear las acciones que allí tienen lugar.

 

Para la senadora Rosmery Martínez, quien estuvo en esta región del Meta, las inconsistencias están relacionadas al tema logístico. “El problema no es de fondo si no de forma, es importante la planificación y el acompañamiento de profesionales en ciencias sociales. Que la guerrilla se abra a la presencia del Estado”, dijo la senadora de Cambio Radical.

 

Según el texto final del acuerdo firmado por Gobierno y FARC en noviembre pasado, las zonas veredales son temporales y transitorias, alrededor de 180 días, definidas, delimitadas, con un mecanismo de monitoreo y verificación.

Sin embargo un grupo de altos mandos militares en retiro, mostraron su preocupación en este aspecto, pues según le expresaron al Presidente Juan Manuel Santos, existe un interés por la permanencia de las zonas en el tiempo.

 

Es así como el senador Iván Cepeda aseguró que las FARC están en un proceso de dejación de armas que va por buen camino. “No debemos crear mayor incertidumbre en la opinión pública, vimos en la zona una eficiente presencia de las Fuerzas Militares y del mecanismo operado por Naciones Unidas. La voluntad política debe expresarse con la consolidación de la paz y asumir con responsabilidad los compromisos acordados durante el proceso”, afirmó el senador del Polo Democrático.  

 

A esta situación se suma la denuncia presentada por la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, quien alegó que las zonas veredales son un engaño a los colombianos. “Recibimos denuncias de la comunidad aledaña y nos expresan que la guerrilla sigue en armas, haciendo proselitismo y extorsionando a la ciudadanía”, dijo Holguín.

 

Por último exigió al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares dar a conocer los informes de inteligencia, donde constan los estimados del número de integrantes de las FARC, sus milicias y armamento. “Sin claridad sobre estas cifras es imposible que se ejerza control real sobre la entrega, concentración, verificación y destrucción de armas”, puntualizó la senadora Holguín.

 

Síganos en Twitter y Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Así se ratificó luego de la aprobación del Proyecto de Acto Legislativo que conformará la Jurisdicción Especial para la Paz, durante su tercer debate en Comisión Primera de Senado. 

 

Bogotá D.C., febrero 24 de 2017 (Prensa Senado).- Tras un acalorado debate, que se prolongó por dos días, la Comisión Primera de Senado, aprobó el Proyecto de Acto Legislativo que implementará la Justicia Especial para la Paz (JEP), con un total de 11 votos y 13 proposiciones avaladas por el Gobierno.

 

La iniciativa que se discute en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tiene en cuenta un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la creación de una estructura judicial que garantice el proceso, así como el tema de extradición, participación en política y normas aplicables a miembros de la Fuerza Pública.

 

Es precisamente este aspecto el que mayor controversia ha generado, sobre todo en los altos mandos militares, quienes a través de medios nacionales, expresaron su preocupación sobre la responsabilidad por mando y la posible inclusión del artículo 28 del Estatuto de Roma, el cual hace referencia a este tema.

 

Según expresó el senador Roy Barreras el artículo en mención no hará parte del Acto Legislativo. “La JEP les ofrece beneficios y solución jurídica a las Fuerzas Militares, invito a los retirados a que lean con detalle los textos finales del proyecto. El artículo 28 no va en la ponencia porque nuestra justicia interna funciona y da garantías a nuestros soldados y policías”, aseguró el legislador del partido de la U.

 

En lo que concierne a la responsabilidad por mando se aplicará entonces el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH.

 

Asimismo se tendrán en cuenta las siguientes condiciones concurrentes:

 

1. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando, según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad.

 

2. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir.

 

3. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles, conforme al nivel de mando correspondiente.

 

4. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión.

 

Para el General Jaime Ruiz, Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, hay mayor claridad con las proposiciones presentadas. “Hago un reconocimiento a los senadores de la Comisión Primera por su interés en corregir los textos nocivos que afectaban a la Fuerza Pública. La legislación colombiana es precisa y determina con claridad la imputación por delitos relacionados al ejercicio del mando”, dijo.

 

De otro lado denunció que sectores de la izquierda tenían interés en incluir el artículo 28. “Hay grupos que quieren causarle daño a nuestras Fuerzas Militares, Organizaciones no Gubernamentales con financiación de izquierda. Nosotros lo que pedimos es ser juzgados aquí con nuestra legislación, sin tribunales extranjeros”, puntualizó el General Ruiz.

 

En caso de modificar la Constitución, la iniciativa cobijaría a unos 5.500 miembros de la Fuerza Pública ya procesados. En este sentido el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo se refirió, "por ahora estamos analizando cerca de 1.200 casos, uno por uno, la idea es tener un listado impecable, que no sea objeto de críticas y se ajuste a la nueva legislación”, indicó.

 

Asimismo  dijo que el Estatuto de Roma es justicia subsidiaria a la colombiana, es decir, no podrá aplicarse hasta que no se agoten todas las instancias del derecho interno.

 

“No es necesario que las imputación a nivel nacional se califiquen dentro del Estatuto de Roma, aplicaremos plenamente la legislación nacional, la cual cumple estándares internacionales”, enfatizó el Ministro del Interior.

 

ACORE y otras asociaciones que reúnen militares retirados, estarían preparando una misiva para el Presidente Juan Manuel Santos, en la que pedirán claridad en estos aspectos, sobre todo en la modificación del capítulo VII del proyecto, relacionado al tratamiento diferenciado de la Fuerza Pública.

 

Por su parte la senadora Claudia López pidió incorporar un régimen para las dos partes. “Con este proyecto se da un tratamiento inequitativo a la Fuerza Pública frente a los miembros del secretariado de las FARC, es un engaño ya que el Estatuto de Roma es vinculante y no por no estar escrito, no aplica”, aseguró.

 

Desde el Centro Democrático, la senadora Paola Holguín dijo que la JEP es ilegal, ilegítima y va en contra vía del sistema judicial colombiano. “No se puede igualar a nuestra Fuerza Pública con la guerrilla de las FARC. Nos oponemos a este chantaje a soldados y policías. Desde la bancada se promoverá un referendo derogatorio para este tribunal”, expresó la congresista.

 

Finalmente el Ministro de Justicia, Jorge Londoño, aclaró que en el Acuerdo de Paz queda descrita la responsabilidad por mando de los integrantes de las FARC, “el artículo 59 del Acuerdo estipula que dicha responsabilidad se funda en el control efectivo de la conducta. Estos hechos tendrán como referente jurídico el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal”.

Síganos en Twitter y Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Menores reclutados por FARC serían entregados antes del 1 de abril

Martes 14 de Febrero de 2017 15:22 Relacionado con: Noticias


Así lo confirmó el Presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, luego de reunión reservada con delegados de las FARC y Gobierno.


Bogotá D.C., febrero 14 de 2017 (Prensa Senado).- La Subcomisión del Congreso para seguimiento del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno y las FARC, se reunió este martes para pedir informe respecto a la situación de niños y niñas a manos de esta guerrilla.


El senador Mauricio Lizcano, Presidente del Congreso, aseguró que se estableció un cronograma para ejecutar el protocolo de entrega de los menores. “Antes del 1 de abril estarían por fuera de las filas todos los niños. El protocolo se está coordinando junto a la Cruz Roja Internacional”, expresó Lizcano.


Asimismo enfatizó que aún no se tiene una cifra exacta sobra la cantidad de infantes reclutados. “Es mejor no especular en este aspecto, creemos que pueden ser 150. Aquí lo importante es que las FARC cumplan con el compromiso de devolverlos”, dijo.


De otro lado se abordaron temas como el asesinato de líderes sociales, la seguridad en áreas desalojadas por las FARC y la situación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. En este sentido el senador Lizcano confirmó que la próxima semana se realizará una visita a los Llanos del Yarí, para evaluar las condiciones en la región.


Durante el encuentro se dieron cita el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo y senadores de diferentes bancadas como Roy Barreras, Hernán Andrade, Carlos Fernando Galán, Luis Fernando Velasco, Antonio Navarro e Iván Cepeda, miembros de la Subcomisión del Congreso.


Finalmente el delegado de las FARC, alias Iván Márquez, aseguró que la guerrilla entregará resultados lo antes posible en el tema de los menores, sin embargo no quiso referirse a puntos álgidos como el aumento de cultivos ilícitos y el narcotráfico.


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

En el emblemático Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, un grupo de ciudadanos, dirigentes políticos y sindicalistas, rindieron tributo a Clara López Obregón por su loable desempeño como Ministra de Trabajo.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

El compromiso quedó por sentado durante visita diplomática de Francia al Congreso de Colombia, en donde se abordaron entre otros, temas de cooperación bilateral y financiación al postconflicto.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

La agenda legislativa de la próxima semana inicia el martes 24 de enero, con la sesión conjunta de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, a partir 10:00 a.m. en el Recinto del Senado.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Página 1 de 4