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Comisión Primera aprobó informe de ponencia de reforma a la justicia

Miércoles 10 de Octubre de 2018 16:27 Relacionado con: Noticias

Bogotá D.C., octubre 10 de 2018 (Prensa Senado).- Elevar a rango constitucional el presupuesto para la rama Judicial con el fin de fortalecerla; la creación de un Comité Interinstitucional del sector jurisdiccional, que reemplazaría al Consejo Superior de la Judicatura; la conformación de un Tribunal de Aforados, integrado por tres magistrados, y el robustecimiento de la primera instancia son algunos de los aspectos que plantea el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, que comenzó a discutir la Comisión Primera del Senado.

 

Tras la suficiente ilustración, esta célula legislativa aprobó la proposición con que termina el informe de la ponencia, en la que también se propone el otorgamiento de una mayor contribución ciudadana en las audiencias de participación y la consolidación de los requisitos para ser magistrado de altas cortes.

 

En medio de la presentación de la ponencia, conformada por 30 artículos, la senadora Paloma Valencia planteó la posibilidad de que los procesos de embargos que solicitan los bancos pasen de la justicia a otra autoridad administrativa, para que los jueces se dediquen al conocimiento de temas que realmente demanda la ciudadanía.

 

La ministra de Justicia, Gloria Barrero, recalcó que se acumularon los tres proyectos presentados sobre el tema, a la vez que subrayó que “en la ponencia la tutela no se toca”.

 

La propuesta original del gobierno de modificar la tutela originó un rechazo de la mayoría de los partidos representados en la Comisión Primera. Incluso la defensa de esa acción se convirtió en una especie de punto de honor de varios de los partidos políticos.

 

La jefe de la cartera de Justicia anunció que una de los objetivos del Gobierno es digitalizar la rama Judicial.

 

Seguidamente reveló algunas de las funciones que tendrá a su cargo el Comité Interinstitucional de justicia. Una de sus tareas será aprobar el plan de desarrollo de ese sector; sincronizar el mapa judicial con el territorio y defender ante el Congreso el presupuesto de la rama judicial.

 

El senador Miguel Ángel Pinto aplaudió la decisión de no modificar la tutela y respaldó que el régimen presupuestal tenga rango constitucional.

 

El Presidente de la Comisión, Eduardo Enríquez, dijo que en la actualidad hay más de cien mil audiencias represadas, a la vez que dijo que la reforma que se estudia no soluciona todos los problemas de la justicia. Propuso acabar con los anónimos, a la vez que destacó la acción de tutela. Recordó que la Fiscalía tiene más recursos que la propia rama Judicial

 

En otro de los momentos del debate intervino el senador Iván Name, quien se mostró partidario de que los procuradores delegados asuman funciones de jueces para de esa manera ayudar a fortalecer la justicia.

 

El legislador Gustavo Petro se mostró en desacuerdo con el tribunal de aforados, a la vez que dijo que en una reforma a la justicia lo importante es el acceso que tiene la ciudadanía a ésta.

 

Igualmente tomó la palabra el congresista Temístocles Ortega, quien dijo: “este proyecto no mejora el acceso del ciudadano a la justicia. No se mejora en nada la justicia que necesita el país”. Al concluir su intervención anunció su voto negativo a varios artículos del proyecto.

 

Por su parte, el senador Santiago Valencia también apoyó la propuesta de que los procuradores delegados desempeñen las tareas de juez y que se ocupen de estudiar los procesos de las llamadas pequeñas causas.

 

La Comisión fue citada para el próximo martes, cuando comenzará a votar en primer debate el articulado del proyecto de acto legislativo, que requiere de un total de ocho.


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Bogotá. D.C. Octubre 9 de 2018 (Prensa Senado).- La Comisión Primera del Senado dispuso hoy eliminar los privilegios que ostentan algunos servidores públicos que pagan sus condenas en centros de reclusión especiales, a la vez que avaló que los contadores y los curadores, entre otros, quedan obligados a reportar ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) la operaciones contables sospechosas de las que tengan información.

Así mismo acordó aumentar las penas para delitos como el enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y falsedad, cuando el afectado sea un menor de edad, al tiempo que tipificó como delito la manipulación del reparto judicial y extendió el testaferrato para los punibles contra la administración pública.

Estas decisiones fueron adoptadas por la Comisión Primera al debatir y aprobar el proyecto de ley, a través del cual se toman medidas para combatir la corrupción. Con dicho aval, a la iniciativa no le resta sino un solo debate en la plenaria del Senado, para luego pasar a sanción presidencial.

Por más de seis horas, la mencionada célula legislativa debatió ampliamente los alcances de la citada iniciativa, cuyo autor es el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien afirmó que con la aprobación del conjunto de normas, en las que se incluyeron algunos artículos que contenía la consulta popular votada por cerca de 12 millones de colombianos, el pasado 26 de agosto, "se avanzó en la lucha contra la corrupción".

En el curso del debate se convino también prohibir que las empresas que financian campañas políticas de candidatos a corporaciones públicas o a alcaldías y gobernaciones se beneficien con contratos, luego de que sus aspirantes avalados económicamente logren el triunfo en las urnas.

Este tema generó una fuerte discusión, ya que la norma guarda relación con la reforma política, en la que se dejó viva para la plenaria del Senado la propuesta de que las campañas políticas sean financiadas por el Estado. Falta definir si total o parcialmente.

La senadora Paloma Valencia propuso que esa financiación fuera parcial, por cuanto el Estado no contaría con el presupuesto necesario para ese fin.
Otros congresistas afirman que como habría lista cerrada, el Estado se ocupe de financiar totalmente a los partidos políticos.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal recordó lo necesario que es reglamentar el lobby, a la vez que dijo que no se debe satanizar a los empresarios que producen riqueza y generan empleo en el país. "La inseguridad jurídica produce corrupción".

El legislador Germán Varón, ponente de la iniciativa, propuso una reunión entre el Fiscal General y la ministra de Justicia, Gloria María Barrera, para redactar mejor el alcance de varios artículos que tienen que ver con la detención preventiva.

Los integrantes de la Comisión Primera también le dieron luz verde a cinco artículos nuevos del citado proyecto, que otorga dientes a la Fiscalía General de la Nación para luchar a fondo contra la corrupción.

Sin embargo, el senador Luis Fernando Velasco dijo que con este proyecto se le está otorgando más poder a la Fiscalía, y que ojalá pueda administrar bien esa potestad.


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