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Pedro Llanos

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El senador Fernando Tamayo (P. Conservador), presidente de la Comisión Tercera, señaló que dependiendo de la urgencia de los proyectos, se convocará a sesión mañana antes de la Plenaria, citada para horas de la mañana, o para el jueves.

Bogotá D.C., mayo 30 de 2017 (Prensa Senado).- La reunión de ponentes para segundo debate del proyecto sobre adición al Presupuesto General de la Nación – PGN, citada en el Ministerio de Hacienda, fue el principal motivo por el que la agenda de hoy en la Comisión Tercera fue aplazada.

Para la sesión de hoy estaba programada la discusión y votación de tres proyectos de ley: la autorización a las asambleas departamentales y distritales, y los concejos municipales para la emisión de la estampilla pro electrificación rural; la creación del fondo de estabilización del café, y la regulación de la política de gasto público en subsidios, los dos primeros de iniciativa congresional y el tercero de iniciativa gubernamental.

Además de la convocatoria por parte del MinHacienda, algunos senadores, incluyendo a algunos de los ponentes de los proyectos en mención, quienes solicitaron además aplazar la votación de los mismos, señalaron que para los proyectos sobre estabilización del café y regulación de subsidios, se necesita, para la discusión de los textos, la participación en la comisión de funcionarios de alto nivel tanto de la Federación Nacional de Cafeteros como del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

Al respecto la senadora Olga Suárez (P. Conservador), ponente del proyecto sobre estabilización del Café, pidió a la mesa directiva de la Comisión Tercera, citar para el día en que se reprograme la discusión de los proyectos, al Gerente de la Federación, pues para ella, la respuesta que este dio a su solicitud respecto a la iniciativa, no fue satisfactoria. Lo mismo hizo el senador Antonio Navarro (P. Alianza Verde) al solicitar la presencia en el debate del nuevo Director del DNP para tratar el proyecto sobre regulación de subsidios. Ambas solicitudes fueron apoyadas por el senador Rodrigo Villalba (P. Liberal), quien señaló que para dar claridad sobre varios aspectos de ambas iniciativas se necesita la presencia del Gobierno.

Respecto la reunión de ponentes de la adición al PGN, sobre la que dijo es necesaria en el trámite de la iniciativa, el senador Antonio Guerra (P. Cambio Radical) señaló que la agenda de la Comisión no debe supeditarse al ritmo que determine el Gobierno cuando tiene en trámite proyectos en el Congreso. “No debemos dejar a un lado la necesidad que tienen los ponentes de participar en la reunión para que no nos vayan a presentar una ponencia que luego quieran (el Gobierno) que la firmemos a la ligera”.

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La senadora Guerra sostuvo que no es un buen negocio entrar a capitalizar Colombia Telecomunicaciones.

Bogotá D.C., mayo 26 de 2017 (Prensa Senado).- Con las mayorías aseguradas en el Congreso el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional, mediante el cual se adicionan al Presupuesto General de Nación $9,3 billones, fue aprobado en su primer debate en las comisiones económicas conjuntas (Senado y Cámara de Representantes), pero varias fueron las observaciones que sobre el mismo hicieron los partidos opositores, entre ellos el Centro Democrático.

Los senadores, y precandidatos presidenciales por dicha colectividad, Iván Duque y María del Rosario Guerra, advirtieron que la capitalización de Colombia Telecomunicaciones, que se propone en el artículo 24 de dicho proyecto, es inconveniente y un mal negocio para el Estado.

Duque fue enfático en señalar que el Gobierno prefirió vender Isagen en vez de entrar a capitalizarla, empresa que, según dijo, generaba ingresos importantes a la Nación, a diferencia de Colombia Telecomunicaciones que según dijo, no representa los activos que producía Isagen.

A su turno, la senadora Guerra aseguró que por segunda vez el Gobierno Central entrará a capitalizar Colombia Telecomunicaciones. La primera vez, dijo, fue en el 2012 cuando el ministro de Hacienda era Juan Carlos Echeverry, quien puso a disposición del Congreso una capitalización cercana a los $8 billones, la cual fe aprobada “y hoy vuelve y le traen a este Congreso una segunda capitalización por cerca de $4,4 billones, en la que la Nación tendrá una participación del 36% y el resto será de Telefónica”, lo cual indica que la Nación sería accionista minoritario. El aporte del Estado estaría por el orden de los $1,3 billones.

La Senadora señaló que en la primera capitalización la participación de la Nación fue del 32,5% y Telefónica con el 64,5%, lo cual hacía responsable al Estado del 32,5% del pasivo pensional de Telecom que estaba en proceso de liquidación, pero diez años después, dijo Guerra, el pasivo pensional de Telecom  sigue en los mismos, $8 billones, “pasado diez años estamos con el mismo monto del pasivo pensional”. Añadió que claramente los beneficios han sido para Telefónica y no para el Estado.

Para la Congresista “la Nación debe salir en el corto plazo de esta sociedad que a todas luces la asume, no solo con capitalización de $1,3 billones y Telefónica con $3,1 billones, sino que le quedará el pasivo pensional de $8 billones de los cuales le corresponden a la Nación $4 billones, que serán asumidos por el Ministerio de Hacienda a través del Fopep (Fondo de Pensiones Públicas)”. Guerra de la Espriella sostuvo que no es bueno para el país esta segunda capitalización y que si se aprueba debe llevar a que la Nación salga de esa sociedad que no le ha traído beneficios.

De acuerdo con el artículo 24 del proyecto de adición, la capitalización de Colombia Telecomunicaciones por parte del Estado sería con el ánimo de garantizar el derecho al pago oportuno de las mesadas pensionales de los ex trabajadores de Telecom y la Teleasociada liquidadas, capitalización que se haría en los mismos términos establecidos en el artículo 1°de la Ley 1509 de 2012.

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Sobre el proyecto de reglamentación del gasto público en subsidios, el senador Antonio Guerra sostuvo que en vista del cambio en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo justo y conveniente sería reunirse con el nuevo Director, al igual que darle curso a la audiencia pública que sobre el tema se había programado desde hace varios días y que está pendiente de realizarse.

Bogotá D.C., mayo 25 de 2017 (Prensa Senado).- El proyecto de autoría del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y del entonces director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria, con el que el Gobierno Nacional pretende fijar las reglas básicas para la creación de cualquier subsidio financiado total o parcialmente con recursos del presupuesto nacional, propinó un encuentro entre los senadores Antonio Guerra de la Espriella (P. Cambio Radical) e Iván Duque (P. Centro Democrático), ambos miembros del grupo de ponentes.

Primero, el  senador Guerra criticó el proceder de algunos directivos de Planeacion Nacional que, según él están "acosando a los ponentes" para que suscriban una ponencia que no ha sido discutida. Por tal razón, el Congresista solicitó a la presidencia de la Comisión Tercera convocar a los seis ponentes para que comiencen la discusión del proyecto y así tener bases sólidas para consolidar una ponencia. Recalcó que no va a firmar hasta que sea analizada.

Insistió el legislador en que es necesario reprogramar la audiencia pública que sobre el tema se había agendado en días anteriores  y que por la discusión de la adición al Presupuesto General de la Nación debió ser aplazada, pues considera que el proyecto "podría afectar directamente a un grupo importante de ciudadanos en el país que hoy reciben, por esa vía, asistencia social de parte del Estado”.

A renglón seguido el senador Iván Duque resaltó que, a pesar de que él hace parte de la línea opositora al Gobierno, reconoce que el proyecto presentado por el MinHacienda y el DPN está muy bien estructurado y sustentado, y que a diferencia del senador Guerra, desde la semana pasada firmó la ponencia “como lo han hecho otros colegas”.

Guerra, por su parte, señaló que no se opone al proyecto pero que respecto a algunos apartes de su contenido tiene algunas observaciones. “Y no es cierto que una institución en cabeza de alguien o un funcionario de mayor o menor rango es quien me va a obligar a mí a firmar una ponencia, ni más faltaba, desafortunadamente me he enterado que ya varios la han firmado y la han radicado y eso lo tendremos en cuenta como experiencia a futuro cuando cualquiera de los colegas no quiera firmar una ponencia simplemente la mayoría procederá”.

Agregó que este tipo de maniobras legislativas ya se han vuelto recurrentes y que “ha venido sucediendo con proyectos del Ministerio de Hacienda, que por lo general se buscan a uno y otro colega cuando los demás no estamos de acuerdo y se consiguen los apoyos, y ya con eso la pueden radicar (la ponencia), me da la impresión de que aquí también hay afán”, dijo Guerra.

Ante este dilema, Guerra concluyó que pareciera que este proyecto sobre reglamentación de los subsidios tuviera un toque de “fast track”. “Como veo que ya está radicado no tengo más que hacer sino entrar en la discusión, y quiero  que quede como constancia mi inconformidad con el procedimiento utilizado para tal efecto”.

Por su parte el senador Iván Duque explicó que el proyecto fue presentado hace ya varios meses y que en una reunión de ponentes se hicieron observaciones. “Nunca he pedido ‘fasta track’, por el contrario, me he caracterizado es por demandarlo, pero lo que sí creo es que con un proyecto tan importante no deberíamos perder la oportunidad de discutirlo antes de que termine la legislatura”, por lo que invitó al senador Guerra a llegar a un consenso para sacar la iniciativa adelante.

La iniciativa presentada por el Gobierno será discutida y votada en primer debate el próximo martes 30 de mayo en la Comisión Tercera y sus ponentes son los senadores Olga Lucia Suarez Mira (P. Conservador), Rodrigo Villalba (P. Liberal), José Alfredo Gnecco (P. de la U), Antonio Guerrra de la Espriella (P. Cambio Radical), Iván Duque Márquez (P. Centro Democrático) y Antonio Navarro Wolff (P. Alianza Verde).    

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De acuerdo con el senador Fernando Araujo, del partido Centro Democrático, se requieren tomar medidas drásticas para generar empleo en Buenaventura que tiene una tasa de desempleo de 18%.

Bogotá D.C., mayo 24 de 2017 (Prensa Senado).- Buenaventura se mantiene en paro cívico y uno de los motivos que dio pie a que los habitantes de esta zona en la región Pacífica colombiana paralizaran todo tipo de actividades, es la tercerización o informalidad laboral que afecta en gran medida a la fuerza de trabajo en sus cuatro puertos.

Frente a esta situación el senador Antonio Navarro Wolff (P. Alianza Verde) propuso formalizar a 985 trabajadores a través de contratos directos e indefinidos, solo de la Sociedad Portuaria de Buenaventura – SPB, pues el análisis en que se basa su propuesta tomó como muestra dicho puerto por ser el más grande, pero advirtió que la misma fórmula se podría aplicar a los otros tres puertos. Sobre esto sostuvo que, en el caso de la SPB, el costo de formalización, frente a las utilidades del puerto, solo representa el 2,7 porciento de sus utilidades (2015) por lo que advirtió que “desde el punto de vista económico, sí es posible la formalización. Más formalización es igual a más productividad, mayor seguridad en el puerto pues habría mayor control”.

Pero el senador Iván Duque (P. Centro Democrático), fue más allá de esta realidad que afecta a un número significativos de Bonaverenses, se refirió a la automatización portuaria, lo cual, según dijo, se está dando en todos los puestos del mundo, lo cual, por efecto natural, desplaza la fuerza laboral. “Nos oponemos a la automatización o empezamos a entender que Buenaventura tiene otros problemas que son críticos relacionado con las cosas que debería gravitar entorno a una gran estructura portuaria”, advirtió el Senador.

Resaltó que es absurdo que un puerto, que tiene una participación entre el 25 y el 30 porciento del flujo de carga que entra al país, "tenga una situación de cobertura social tan precaria en la calidad de la educación, de la salud, soluciones de vivienda y solución de servicios públicos domiciliarios, razón por la cual difícilmente se van a asentar ahí quienes van a generar empleo”.

Duque planteó la posibilidad de convertir a Buenaventura en una ciudad empresa, pensada para los servicios para el desarrollo comercial, para la inversión con miras al desarrollo del Pacífico y “hacerla con una especie de gerente de la ciudad con un período mucho más estable en la ejecución de ciertas inversiones de la ciudad y generar más incentivos para la contratación de mano de obra afrodescendeinte”.

A su turno el senador Fernando Araujo (P. Centro Democrático), frente al tema señaló que el desarrollo económico e industrial está concentrado en el centro del país por lo que advirtió es necesario reubicar la industria y la manufactura colombiana, la cual está alejada de los puertos. 

Sobre la situación de Buenaventura dijo que “se deben tomar medidas extraordinarias, coyunturales y de choque para resolver los problemas sociales que tienen a Buenaventura en paro cívico, y eso hay que hacerlo con urgencia, pero al mismo tiempo hay que pensar en el largo plazo y se requiere de un desarrollo económico no solo hacia la industria, hacia el consumo nacional sino también en la posibilidad de que Colombia haga parte del juego de comercio exterior mundial”.

Por su parte el senador del Polo Democrático, Alexander López, sostuvo que es inconcebible que en Buenaventura funcione a las mil maravillas un puerto y al mismo tiempo se den las peores cifras en materia social, atención a la niñez, salud “y lo que es peor, que una ciudad de 400 mil habitantes no tenga agua potable las 24 horas”.

Añadió que el problema de los trabajadores hace parte de los problemas estructurales de Buenaventura, quienes están, a su juicio, en una situación es sumamente precaria. “Cómo se puede pensar en una democracia donde un Gobierno avale un puerto absolutamente moderno o que este sea la capital de los TLC, pero allí mismo la gente se esté muriendo porque no tienen hospital o no tienen agua. El puerto de Buenaventura es el puerto de mayor tercerización laboral del mundo a pesar de que gran parte del TLC con Estados Unidos abordó la tercerización laboral de los trabajadores portuarios”, dijo López Maya.

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Senadores de la Comisión Tercera coincidieron en señalar que lo ideal no es multar o sancionar a las empresas que estén cometiendo alguna falta relacionada con la tercerización laboral, sino lo conveniente es llegar a consensos que permitan mejorar la calidad de vida de los bonaverenses.  
 
Bogotá D.C., mayo 23 de 2017 (Prensa Senado).- Seis días cumple el paro cívico en el municipio de Buenaventura, sumergido en medio de la pobreza, la hambruna, la violencia y el desempleo. De acuerdo con sus promotores, los casi 50 años de atraso del puerto colombiano que más le aporta al PIB por sus distintas operaciones, es una muestra de la poca intervención del Estado y de la desidia de los gobiernos municipal y departamental.

Y aunque el debate, que tuvo lugar en el seno de la Comisión Tercera sobre la formalización laboral en el puerto de Buenaventura, promovido por el senador Antonio Navarro (P. Alianza Verde), fue propuesto mucho antes que explotara el drama social en esa zona del país, cayó como anillo al dedo para tocar la realidad de la que ya está cansada los habitantes de este municipio de la región pacífica.

De acuerdo con el senador Navarro, la tercerización y la informalidad laboral son uno de los cuatro motivos que le dieron forma al paro cívico, los otros son: la falta de un servicio de acueducto de calidad, la falta de hospital de tercer nivel y la corrupción que está sumiendo al puerto en el atraso.

En Buenaventura existen hoy cuatro puertos: la Sociedad Portuaria de Buenaventura – SPB (el más grande, mueve anualmente 11,3 millones de toneladas), la Sociedad Grupo Portuario (Muelle 13), Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. (SPIA), y la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TC Buen).

Basado en un estudio para la OIT, aun no publicado, en el que se tomó como muestra la SPB, por ser la más representativa, el senador citante explicó que en 2016 el 25% de los trabajadores de este muelle estaban vinculados a través de contratación a término indefinido, el 74% sin contratación estable, y el 85% sin protección social ni laboral.

“Son cerca de 4000 trabajadores que prestan sus servicios a la SPB y a otros 11 operadores, y de estos, 3000 están vinculados a través de 160 empresas que tercerización la mano de obra”, señaló el Senador. Añadió que entre 2012 y 2016 el Ministerio de Trabajo ha impuesto 96 sanciones por incumplimiento de normas laborales por un valor superior a los tres mil millones de pesos, y por intermediación laboral, en los años 2012 y 2016, 15 sanciones por más de $11.500 millones.

Resaltó además que la lucha por la formalización laboral no es nueva. Desde el 2010, con la firma del TLC con Estados Unidos, explicó Navarro, se llegó a un acuerdo previo por exigencias de los congresistas demócratas en el sentido de establecer multas para quienes transgredieran, y condonación para quienes hicieran acuerdos de formalización, además de prohibir las cooperativas de trabajo asociado. Esto se reforzó en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, además de la Ley 1610 de 2013 y la Resolución 321 de 2013.

Luego en 2014 los trabajadores le hicieron una propuesta de formalización laboral a la SPB y a otros operadores, pero no obtuvieron respuesta de los empleadores. Luego, en 2015 la OIT hizo 3 propuestas de formalización laboral, que tampoco tuvieron eco. El último intento de formalización fue el 13 de enero de 2017; se reunieron la exministra de Trabajo, Clara López, directivos y representantes de la sociedad portuaria, operadores portuarios y organizaciones sindicales de Buenaventura.

De este encuentro surgió una propuesta que revive nuevamente el senador Navarro y la pone sobre la mesa para que la actual ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, la impulse desde el Gobierno Central. La propuesta consiste en: Formalizar a un total de 985 trabajadores, con contratos directos e indefinidos, de un total de 1.560 trabajadores indirectos que realizan actividades de bracero (estiba de camión), estiba marítima, estiba terrestre, tarja y winche. "Otro grupo de trabajadores (alrededor de 600) serán vinculados de acuerdo con las necesidades de operación, con vocación de permanencia. Lo la SPB debe aplicarse para todos los otros operadores de ese puerto y para los otros 3 puertos y sus operadores”, explicó el senador. Propuso además que en Buenaventura debe existir una Dirección Territorial Especial de Trabajo.

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Senadores y representantes aseguraron que la inversión en programas como Familias en Acción, los subsidios para algunos servicios públicos en estratos 1 y 2, en educación y salud, entre otros, se mantendrán y mejorarán, gracias a lo Reforma Tributaria.

Bogotá D.C., mayo 18 de 2017 (Prensa Senado).- Los congresistas miembros de las comisiones económicas de ambas cámaras, cercanos al Gobierno Nacional, que contra todo pronóstico y panorama político desfavorable dieron el sí a finales del año pasado a la Reforma Tributaria Estructural, sacaron pecho durante el primer debate del proyecto sobre adición al Presupuesto General de la Nación – PGN, pues, de acuerdo con lo que adujeron, gracias a los recursos percibidos por la reforma, se garantizará la inversión social en los sectores más vulnerables del país.

Criticado y considerado en su momento el proyecto más impopular y contraproducente para las familias de clase media colombianas, al igual que para el sector industrial, entre otros, ahora, según sus defensores en el  Congreso y por parte del Gobierno, el recaudo que hasta la fecha se ha generado por la Reforma Tributaria, permitirá salvar la inversión social, la cual, según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, se hubiese visto en riesgo afectando a cientos de familias colombianas.

Según el senador Rodrigo Villalba (P. Liberal), miembro de la Comisión Tercera, el proyecto sobre adición al PGN, tiene sus raíces en la Reforma Tributaria “que han criticado tanto”, recordó que el mismo Gobierno la consideró inoportuna pero para la cual no había otra oportunidad, pues, según lo explicó el Senador “el presupuesto para 2017 estaba desfinanciado y el sector social sería el más perjudicado”.

Seguidamente el senador Liberal, Luís Fernando Duque, miembro de la Comisión Cuarta, señaló mucho se ha dicho sobre la Reforma Tributaria, “algunos trataron de excluir la responsabilidad que otros asumimos a pesar del costo político que ello nos ha traído, con base a unas críticas injustas que por fortuna hoy, con lo establecido en la adición al PGN, se han ido despejando. Con este proyecto queda demostrado que esos tres puntos del IVA, eje esencial de la reforma, están siendo distribuidos de manera equitativa entre los diferentes sectores que tienen el gran peso de la política social”, dijo el Senador. 

Por su parte el ministro Cárdenas, destacó que la propuesta de adición al PGN, o como la han llamado “la adición social”, es coherente al planteamiento de la Reforma Tributaria. “La reforma permitió resolver el dilema en el que estaba el Gobierno: desfinanciar la inversión social y reducir los niveles de vida de la población más vulnerable del país, o impulsar la Reforma Tributaria para garantizar los recursos que permitieran mantener la inversión social, mantener los programas sociales. Y se tomó la decisión más sabia junto con el Congreso, sacar adelante la Reforma Tributaria”.

La adición de $9,3 billones al PGN que fue aprobada en primer debate por las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes, se nutre, además de los recursos percibidos por los recaudos de la Reforma Tributaria, de las utilidades de las empresas del Estado ($677 mil millones) y el ahorro del servicio a la deuda.

Los $6,1 billones de la Reforma Tributaria se distribuirán de la siguiente manera:

-    $600 mil millones para el sector agropecuario: se mantendrán programas que van desde la compra de tierras, proyectos productivos, distritos de riegos, certificaciones fitosanitarias a través del ICA, etc.

-    $1,16 billones para educación: asegura financiamiento de programas transversales que van desde la educación básica hasta la superior.

-    $1,3 billones para el financiamiento de la fase inicial del posconflicto

-    $870 mil millones para la inclusión social y reconciliación, para seguir con apoyo al programa familias en acción del DPS

-    $700 mil millones para el sector minero-energético destinados a garantizar el subsidio para los servicios de energía eléctrica, gas natural y gas propano para los hogares de estratos 1 y 2.

-    $1 billón para el sector salud

Circunstancias macroeconómicas y otros factores como el comportamiento del dólar, de la inflación y de las tasas de interés para los bonos de la República de Colombia, permitieron una reducción del presupuesto de servicio de la deuda en $975 mil millones, monto asignado al presupuesto de inversión que se distribuirá de la siguiente manera:

-    $100 mil millones en el sector de ambiente y desarrollo sostenible
-    $74 mil millones en defensa y policía
-    $150 mil millones para deporte y recreación
-    $200 mil millones para inclusión social y reconciliación
-    $100 mil millones en el sector de energía
-    $76 mil millones en el sector de organismo de control
-    $180 mil millones en sector transporte

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Los senadores que apoyaron la actual Reforma Tributaria destacaron que gracias a esta reforma la inversión social en el país no se verá afectada lo cual, según señalaron, se ve reflejado en la adición al Presupuesto General de la Nación (PGN), al que han denominado la “adición social”.

Bogotá D.C., mayo 17 de 2017 (Prensa Senado).- En su primer debate en sesión conjunta de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes, fue aprobada, por un total de $9,3 billones, la adición al Presupuesto General de la Nación – PGN, vigencia 2017.

El aumento, cercano al orden de los $1,6 billones, corresponde al incremento, en los últimos días, de las utilidades de las empresas del Estado, al recaudo por parte de establecimientos públicos y a los fondos especiales. A ello se le suma el ahorro por $975 mil millones del servicio a la deuda, a causa de los resultados favorables relacionados con las tasas de cambio, las tasas de interés y la inflación, según lo explicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Aunque el proyecto fue aprobado sin ningún contratiempo en su primer debate, de acuerdo con el coordinador de ponentes, se radicaron 130 proposiciones de las cuales 68 se relacionan con temas de inversión, modificación presupuestal y traslado de rubros; 61 proponen artículos nuevos y una proposición modificatoria del artículo 9°.

Frente a esta situación, el representante Alejandro Chacón (P. Liberal), coordinador de ponentes de dicho proyecto, anunció que todas las proposiciones quedarían como constancias para segundo debate debido a que tenían que ser estudiadas detalladamente por el grupo de ponentes y, además de estas, ninguna contaba con el aval del Gobierno. En total, en el primer debate, fueron aprobados los 25 artículos de la iniciativa con las modificaciones realizadas por el equipo de ponentes.

Modificaciones al proyecto de adición al PGn presentadas en primer debate

La adición de $9,3 billones al PGN corresponde a:

$6,128 billones por recaudo de la Reforma Tributaria
$975 mil millones del ahorro del servicio a la deuda
$677 mil millones de recaudo por utilidades

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La EPS indígena Maexka tiene influencia en 18 municipios, 12 del departamento de Córdoba y 6 del departamento de Sucre, señaló la senadora Arleth Casado.

Bogotá D.C., mayo 11 de 2017 (Prensa Senado).- La senadora Liberal, Arleth Casado de López, aprovechó la presencia del superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, para darle un parte de tranquilidad a los más de 200 mil afiliados que tiene la intervenida EPS indígena, Manexka.

De acuerdo con la Congresista, frente al proceso administrativo adelantado por la SuperSalud, “ha habido mucha incertidumbre por la desinformación al decir que no le van a prestar servicios médicos, ni tratamientos a los afiliados de Manexka. Esto es falso”, aseguró la Congresista cordobesa.

Agregó que la intervención se hizo por factores de corrupción, “porque había que poner en cintura a quienes no le están dando un manejo adecuado a los recursos de la salud para prestar un servicio de calidad y humano”.

Por su parte el Superintendente de Salud, explicó que tras la decisión tomada por la entidad que representa, responsable de la inspección y vigilancia en el sector salud, están abocados a que un juez de la República revoque “una decisión de tipo administrativo que coincide conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría, en los graves hechos de corrupción que se estaban dando al interior de Manexka”, advirtió Muñoz.

Al respecto señaló que “no hay derecho que desde una decisión judicial se busque atravesársele a una decisión de tipo administrativo, que como en el caso de la superintendencia se tomó recientemente sobre la liquidación de Manexka”.

Seguidamente explicó que la intervención se dio, entre otros aspectos, porque los cerca de 200 mil afiliados de esta EPS  “no estaban siendo atendidas. Encontramos que a 180 madres embarazadas no se les prestó atención alguna porque no tuvieron un solo seguimiento, eso es corrupción, igual situación tenemos con algunas IPS públicas”. 

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La Senadora destacó el papel de la SuperSalud pero advirtió que le ha hecho falta más inspección y vigilancia para hacerle frente a algunos casos de corrupción en el sistema de salud.

Bogotá D.C., mayo 10 de 2017 (Prensa Senado).- Graves problemas de infraestructura, de suministro de medicamentos, de corrupción, de falta de especialistas, de calidad en la atención y de congestión, entre otros, son el cáncer, que de acuerdo con la senadora María del Rosario Guerra (P. Centro Democrático), no dejan evolucionar al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, muy a pesar de los avances sustanciales que ha alcanzado el sistema en los últimos 20 años.

Guerra señaló que dichos avances se ven reflejados en el 95% de cobertura que tiene actualmente el SGSSS, por lo que consideró que se está en el punto exacto para eliminar a las EPS. “Para qué continuar con las EPS, porque no movernos a un modelo diferente. El tema no es solo liquidar a las empresas que no funcionan, sino mirar si vale la pena el modelo que tenemos. Hay que evolucionar y mirar otros que ayuden a eliminar esa intermediación ahora cuando el sistema tiene un aseguramiento del 95%, que es casi que universal”, señaló la Congresista.

Como soporte de su misma propuesta la Senadora consideró necesario volver al médico familiar, figura que existía hace mucho tiempo en las familias colombianas, para que ayude a descongestionar las urgencias y oriente a los pacientes hacia los servicios médicos que necesiten. “Es una figura que puede ayudar a orientar al paciente hacia donde debe dirigirse. Eso se aplica en Inglaterra y se aplica parcialmente en Canadá”, anotó.

Sobre la corrupción en el sistema de salud colombiano se refirió, de manera específica, a un escándalo que dejó al descubierto al cartel de los falsos enfermos de cáncer y hemofilia en los departamentos de Córdoba y Sucre, situación que le sirvió de suministro para a través de una iniciativa de su bancada, proponer los carteles o muros de la vergüenza en los que queden en evidencien aquellas personas e instituciones que roban al sistema de salud.

“Si en Sucre o Córdoba se condena a alguien por el cartel de los falsos enfermos de cáncer y hemofilia, que su foto aparezca en todos los sitios públicos porque la gente tiene que saber quiénes son los corruptos, porque robarle a la salud, así como robarle a cualquier recurso del Estado, no puede ser perdonado”, sentenció Guerra de la Espriella. Anotó que ante este tema a la Superintendencia de Salud le ha hecho falta más inspección y vigilancia.

“No puede ser que solo hasta ahora salgan esos casos de corrupción, ahí sí que creo yo debe la Superintendencia de Salud tener una fuerza elite que luche contra esas prácticas corruptas de IPS’s, de EPS’s y de funcionarios de secretarias de salud. En ese sentido todos los hospitales y secretarias de salud deben tener el muro de la vergüenza para los corruptos”, puntualizó la Senadora del Centro Democrático.

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Según el senador Iván Duque los recursos anunciados por el MinHacienda para el sector salud, no corresponden a lo prometido en la Reforma Tributaria Estructural.


Bogotá D.C., mayo 09 de 2017 (Prensa Senado).- Dar la pelea por la defensa de los recursos de la salud, ahora que el Gobierno pidió al Congreso aprobar una adición por $7,7 billones al Presupuesto General de la Nación – PNG, fue el llamado que hizo a los miembros de la Comisión Tercera el senador Iván Duque (P. Centro Democrático) durante el debate de control político, del cual fue citante, en el que puso en evidencia la difícil situación financiera que atraviesa el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS.

De acuerdo con Duque Márquez, la sostenibilidad financiera del SGSS en un contexto de salud preventiva, de envejecimiento de la población, de crecimiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y de capacidad de pago a la red hospitalaria, entre otros aspectos, son los factores determinantes que tienen agonizando al sistema de salud colombiano.

Advirtió que el ministro de Hacienda prometió, en la Reforma Tributaria Estructural, ampliar el presupuesto del sector salud en $1,7 billones “que se componen por 0,5% del recaudo del IVA, y asignaciones del impuesto al tabaco ($140 mil millones) y la ley de licores ($250 mil millones), sin embargo la adición presupuestal presentada solo contempla un monto por cerca de $900 mil millones”, aseguró el Senador.

Pidió a los miembros de la Comisión “desnudar la precaria situación fiscal” del sistema de salud y exigir al Ministro de Hacienda que le asigne a la salud los recursos que le prometió para este año “porque no podemos cargar con el lastre de haber dejada amenazada la cobertura financiera del régimen subsidiado para la vigencia 2017”.

Añadió, que el reto más grande que se tiene, respecto a la política de salud, es la prevención para reducir la incidencia de la prevalencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. “El ejercicio de fortalecer financieramente el sistema de salud tiene que ir de la mano de una política de formalización laboral y de medidas regulatorias que permitan sancionar a las EPS que tengan deudas de más de 90 días con la red hospitalaria”, señaló el Congresista.

En el mismo sentido el senador Fernando Araujo (P. Centro Democrático) planteó cinco (5) temas que, según anotó, preocupan mucho a la comunidad: la poca calidad del sistema de salud, la demora en la asignación de citas con especialistas a causa del déficit de éstos, la corrupción en el sistema a causa de la apropiación indebida de los recursos de la salud, el acceso a los medicamentos y por último solicitó un trato preferencial para con las niñas del Carmen de Bolívar que presentan problemas físicos y de salud a causa, posiblemente, de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH).

Por su parte, tanto la viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila, como el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, reconocieron que el sistema de salud atraviesa por una delicada situación financiera.

De acuerdo con la Viceministra, para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en la presente vigencia, es necesario contar con los recursos definidos para tal fin en la Reforma Tributaria, de los impuestos al tabaco y la ley de licores. “Pero nos preocupa que todavía con estos nuevos recursos y frente a la apropiación presupuestal que se nos ha informado que viene en la adición presupuestal, todavía tendríamos un faltante”, advirtió la funcionaria.

Seguidamente el SuperSalud sostuvo que es necesario darle balance al sistema de salud ya que éste pasa por más recursos probablemente, pero "también pasa por saber en qué nos estamos gastando los recursos. Desde el punto de vista presupuestal hoy la salud es, prácticamente, un gasto inflexible que debería garantizarse antes que cualquier otra cosa. Se requieren más recursos que garanticen más de lo que se tiene”, señaló Muñoz.

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