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Angel Vargas

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Otorgan la orden del Congreso en el Grado de Caballero a Antonio Scocozza

Jueves 15 de Septiembre de 2016 13:21 Relacionado con: Noticias

Bogotá, 15 de septiembre de 2016 (CD). Por iniciativa del senador José Obdulio Gaviria, el Congreso condecorará este viernes al doctor en Ciencias Políticas, catedrático e investigador Antonio Scocozza, por su labor académica en el país y por incentivar el espíritu americanista en Colombia y América Latina.

La propuesta del senador Gaviria fue acogida por la corporación que le otorgará este viernes 16 de septiembre la Orden del Congreso en el Grado de Caballero, que reconoció que este ciudadano italiano se ha interesado por formación científica en Colombia y América Latina.

Antonio Scocozza es Doctor en Ciencias Políticas de la Universitá degli Studi di Nápoli, Ph.D de la Universitá degli Studi di Salerno y ha publicado múltiples obras de contenido americanista, tales como El Maestro de América, La Filosofía del Entendimiento de Andrés Bello, El Gran Majadero de América.

Simón Bolívar: Pensamiento Político y Constitucional, escrito con el profesor Giuseppe Cacciatore. El profesor Scocozza es fundador y director del Instituto de Estudios Latinoamericanos con sede en Salerno, Italia, y ha concentrado su esfuerzo en la fundación de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Católica de Colombia, con el soporte de contenidos y profesorado de la Universitá degli Studi di Salerno.

Las decenas de egresados de la maestría cuentan con la doble titulación reconocida por Colombia y la Unión Europea. Es el líder de una escuela de pensadores y escritores italianos que han centrado sus investigaciones y su tarea pedagógica en el conocimiento de América Latina y en particular de Colombia. Según el senador Gaviria “gracias a su iniciativa, muchos de esos intelectuales nutren hoy con su sapiencia los programas de varias universidades del país y publican sus libros en el fondo editorial creado por el doctor Scocozza en asociación con la Universidad Católica de Colombia y la editorial Planeta”.

La condecoración será impuesta mañana por el senador José Obdulio Gaviria, quien estará acompañado por el rector de la Universidad Católica de Colombia, Francisco José Gómez Ortiz y el rector de la Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti, en una ceremonia que se llevará a cabo en el auditorio Sede las Tres Torres de la Universidad Católica (Avenida Caracas # 46-72), a partir de las 10 de la mañana.

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Órganos de control

Lunes 12 de Septiembre de 2016 22:30 Relacionado con: Noticias

Bogotá D.C., septiembre 12 de 2016.-  Algo está pasando en el país del sagrado corazón de Jesús. Ciertos dirigentes con todos los “títulos” para desempeñar altas responsabilidades de Estado, al final de la jornada presentan un balance decepcionante; “héroes con pies de barro”.

Es el caso de los últimos jefes de los órganos de control e investigación, como la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría. ¿Quién dudaría de los pergaminos para desempeñar esas dignidades en cabeza de Sandra Morelli, Eduardo Montealegre o Alejandro Ordóñez?

Sandra Morelli, la mejor estudiante del Externado donde se hizo abogada al lado del maestro Hinestroza y con un desempeño en su vida profesional excelente, llegó a la Contraloría con arrogancia a tomar decisiones y, sin la austeridad que exige el cargo, terminó enredada en innecesaria y costosa contratación sobre inmuebles para el funcionamiento de la entidad.

Eduardo Montealegre, exviceprocurador, expresidente de la Corte Constitucional, director del Instituto de Criminología del Externado y magíster en esa misma materia en Alemania, asesor de varios gobiernos en temas clave de la administración pública, llegó a la Fiscalía con refrescantes decisiones de avanzada y terminó en innecesaria, costosa e inexplicable contratación con exmagistrados y Natalia Springer, concluyendo su gestión empañada como actor de acciones judiciales contra la ley de equilibrio de poderes para evitar tener jueces que investiguen al Fiscal General y en una controversia propia de políticos de pueblo, reclama al gobierno por incumplimiento de supuestos pactos clientelistas.

Alejandro Ordóñez, toda una carrera de juez hasta llegar al Consejo de Estado y de allí a la Procuraduría, realizando una labor disciplinaria importante en su primer periodo, al lado de mezclar sus convicciones religiosas en política del Ministerio Público, finalmente se convierte en jefe de la oposición al proceso de paz y al gobierno, riñendo con elementales principios de la entidad a su cargo defensora de las minorías, la libertad y garantía de toda la sociedad.

El excesivo poder de los órganos de control, la inmadurez de quienes desempeñaron esos cargos o sus ambiciones políticas, creyendo que habían cogido el cielo con las manos, finalizaron su gestión con un “chorro de babas” y mal ejemplo. Algo está pasando en nuestra sociedad.

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Senador Jaime Amín invita a la Audiencia Pública Habeas Data

Lunes 12 de Septiembre de 2016 11:38 Relacionado con: Noticias
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Bogotá D.C., julio 24 de 2016.-  Carta abierta a familiares, amigos y colegas del ex senador Juan Mario Laserna.

Con dolor en el corazón, quiero ofrecerle un sentido pésame a los familiares, amigos y colegas del ex senador, periodista y ciudadano ejemplar, Juan Mario Laserna, a quien un trágico accidente automovilístico alejó de nosotros.

Juan Mario Laserna fue una de las mentes más lúcidas y comprometidas que hayan servido al país. Su desaparición prematura nos llena de dolor y tristeza. Llevaremos siempre su ejemplo de amor por Colombia en nuestra memoria. Respetuosamente, Mauricio Lizcano Arango Presidente del Congreso de la República. Profunda tristeza por el fallecimiento de Juan Mario Laserna, colega, amigo y gran pensador colombiano.

Un abrazo del alma para su familia.


 

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Estamos a punto de acabar un conflicto armado de más de medio siglo, en un proceso complicado pero meritorio desde todo punto de vista. Al mismo tiempo, infortunadamente, demostramos absoluta incapacidad para resolver el grave problema de la alimentación en los hogares comunitarios y las escuelas de Colombia. Mientras el programa escolar fue administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, no escapó a la politiquería ni a la corrupción en las regiones a donde llega. Para darle transparencia y agilidad, el Gobierno Nacional lo transfirió al Ministerio de Educación que ha demostrado con los años que también se le salió de las manos, con iguales o mayores tropiezos. Para colmo de males, la alimentación escolar pasó luego a un esquema de binomio en el que las gobernaciones y distritos entraron a contratar por su cuenta el programa con recursos que asigna el Ministerio que aparentemente ejerce monitoría y vigilancia. El remedio ha resultado peor que la enfermedad. A falta de una solución y administración apropiadas, la alimentación que es beneficio social sagrado para la población de primera infancia, niños y adolescentes de bajos recursos en grupos vulnerables, enfrenta dos áreas de dificultades. Una se ubica en los hogares comunitarios responsabilidad del ICBF y la otra en los colegios públicos en departamentos, distritos y municipios certificados y no certificados, lo cual en muchos entes territoriales se ha convertido en amenaza contra la cabal aplicación de la jornada única escolar. En ambos casos la corrupción y la politiquería es lo que ha prevalecido, con la anuencia del Gobierno Central que observa, supuestamente controla, aparentemente denuncia pero no llega al fondo de nada y los vicios se mantienen incólumes. En el último lustro el desastre de la alimentación en los hogares comunitarios y en los colegios públicos, ha sido predominante en detrimento de la salud de millones de infantes y jóvenes que esperan esta ayuda del Estado para visionar algún tipo de futuro en sus vidas, ya de por sí desarrollada en condiciones precarias. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y algunas secretarías departamentales de salud han expedido informes contundentes que revelan el negociado de la alimentación en los hogares comunitarios y las escuelas, acompañados de una gran dosis de escándalo y golpes de pecho pero han sido más ruido que nueces. En el Congreso de la República fracasó en la legislatura pasada un intento de creación de la Agencia Nacional de Alimentación, porque las distintas fuerzas políticas no pudieron ponerse de acuerdo y los distintos actores en lugar de consensuar lo que hicieron fue confrontar. También quedó en el camino una propuesta del Contralor General de la República, Edgardo Maya, para crear una Unidad Administrativa Especial, que sacara del Ministerio de Educación el tema de la alimentación escolar. Pese a que las denuncias del ente de control han sido prolijas en casos escandalosos, nada va más allá de un titular de prensa. La Fiscalía hizo operativos con fotos y exceso de videos periodísticos en el Atlántico, pero el tema no pasó de la rueda de prensa del Fiscal General encargado. En resumen, los bandidos siguen sueltos en los departamentos, la plata la siguen girando y se la continúan robando y la alimentación brilla por su pobre calidad cuando la sirven. La alimentación en los hogares comunitarios y en las escuelas tiene que desminarse de la corrupción y la ineficiencia, para que no siga amputando los sueños y la buena salud de nuestros niños y jóvenes. Es por ello que valdría la pena avanzar en soluciones. Soluciones que podrían salir de una gran mesa de trabajo por la unidad nacional en materia de alimentación escolar, con participación del Ministerio Educación, el Congreso, las gobernaciones, las alcaldías, los órganos de control, los bancos de alimentos de la Iglesia Católica, los organismos no gubernamentales que en el país agencian programas de este tipo y el área de grandes superficies de Fenalco que tienen experiencia en la operación de compra y venta de alimentos, cuyo aporte puede ser muy valioso. La FAO también debería estar presente como brazo institucional de las Naciones Unidas, que vive atenta a la solución de conflictos externos e internos. Y es el hambre es uno de los más delicados. Lo que hagamos en este escenario también será para sellar la paz y sembrar para la reconciliación en el posconflicto. Si la buena alimentación hace las paces con la honestidad y la transparencia y la correcta operación del programa, los niños que hoy nutriremos adecuadamente serán los garantes y constructores de la paz del mañana. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Síganos en Twitter y Facebook
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Conozca el compromiso por la Paz en la legislatura 2015-2016 y los Proyectos aprobados para el interés nacional por Senderos de Paz este sábado a las 9:00 Pm.
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La falta de planeación y los sobrecostos marcaron el ayer de la crisis eléctrica, con drásticos racionamientos de energía. Hemos estado al borde de otro apagón hace pocas semanas. La cercanía de la paz y el desafío de un mayor desarrollo obligan hoy a soluciones radicales y prácticas.

 
Colombia y en particular la Costa Caribe requieren garantizar su futuro energético sin más rodeos, en el marco de un proceso que he decidido llamar “Más Energía a la Luz del Posconflicto”. Lo más complicado es el abastecimiento eléctrico en el Caribe colombiano, con tarifas onerosas ante los consumos por altas temperaturas.
 
Vivimos una coyuntura que facilitó adoptar un nuevo plan de expansión eléctrica, con énfasis en energías limpias. Una virtud a la que el gobierno le niega sus fortalezas retrasando inexplicablemente la reglamentación de la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, que es de mi autoría. Mientras los demás países vuelan con alas de energías renovables, nosotros gateamos a paso de tortuga enferma. En lo que al sistema eléctrico refiere, visualizó una solución en tres escenarios con relevancia en el caso de la Costa Caribe.
 
Frente al drama Electricaribe, primer escenario, planteo un futuro basado en un mercado A y un mercado B, que reúne a los clientes de mayor y menor consumo atendidos por dos empresas. En un segundo plano ubico la Cultura de la Legalidad como política de Estado y en el tercero propongo una gran Asociación Púbico Privada como APP Energética que defina un Operador Nacional de Energías Limpias que articule y desarrolle lo que el plan nacional de expansión señala para las fuentes renovables.
 
Pienso que el gobierno seguirá trabajando con Electricaribe el tema regional, que podría ensayar un esquema de mercados A y B bajo la tutela del actual operador. Uno representa el mercado de mayor consumo (A), grandes clientes, y zonas urbanas de intensa productividad. El otro asume el mercado B, al que no se le pueden cobrar las tarifas comerciales que en la práctica definen la rentabilidad de una empresa eléctrica y requiere subsidios del Estado. Hablamos de ciudades y municipios que tienen una economía precaria.
 
Para tal efecto se establecería una tarifa subsidiada de venta, teniendo en cuenta lo siguiente: Quien le vende al gran mercado recibe, por ejemplo, el kilovatio a 8 pesos y lo vende a 16 pesos para tener un diferencial de recuperación de costos. Pero en las zonas deprimidas lo tiene que comercializar a 7 pesos, o sea a pérdidas, lo que obliga a comprar energía subsidiada. Podría convenir entonces la especialización en dos empresas bajo el modelo Electricaribe para las áreas de mayor y menor dinámica, en donde los que pagan más financian a quienes menos tienen. Una especie de Fosyga eléctrico. En este contexto, a Electricaribe debería permitírsele ser generador de la energía que distribuye.
 
Un segundo escenario es la adopción de una política de Estado que incentive la normalización eléctrica en zonas rurales y urbanas y establezca la cultura de la legalidad en aquellas en donde prevalecen las pérdidas técnicas y el robo de energía, poniendo en riesgo la vida misma. Aquí juega la oportunidad de normalizar con base en energías limpias, que sirve en bandeja la ejecución de un tercer escenario.
 
Teniendo a mano la ley 1715, las energías renovables pueden inspirar un plan piloto nacional con inicio en el Caribe para llevar energía sin mayor peligro a zonas subnormales y dotar de una fuente de suministro económico a 225 mil nuevas casas de las que se ha comprometido entregar el Gobierno del Presidente Santos al final de su mandato.
 
Por ejemplo, el costo de dotar un hogar con energía solar es de 1.5 millones de pesos. La mitad es financiada por el Gobierno. La inversión se recupera en un año y el 100 por ciento de ella se obtiene a préstamo. Con el ahorro que se causa se cubre el préstamo. Podría pensarse en tomar un billón de pesos de la venta de Isagen, vía Financiera de Desarrollo Nacional, para avanzar en la solución.
 
Tenemos la urgente necesidad de ir más allá del Plan5Caribe y de las confrontaciones públicas, porque podemos echar mano de lo que tenemos y llegar en menor tiempo posible a las soluciones que queremos. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a  Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

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El Proyecto de Ley N° 212/2016 Cámara – 175/2016 Senado, “por medio de la cual se renueva la emisión de la estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander creada mediante la Ley 85 de 1993,..”, y que tiene su autoría en la Bancada de Congresistas Santandereanos, ha llegado a su cuarto debate en el proceso legislativo que es necesario cumplir; luego de pasar sus dos debates en la Cámara de Representantes y por la Comisión Tercera del Senado, llega a la plenaria de Senado en su sesión del 1 de junio acogiendo esta corporación por unanimidad la ponencia positiva presentada.

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En nuestra pasada columna repasamos la cronología reciente de las crisis eléctricas que ha soportado Colombia por culpa de la equivocada planeación y el favorecimiento indebido a ciertas empresas en detrimento de la calidad del servicio en varias regiones y del bolsillo de los usuarios.

 
Los intereses alrededor del negocio eléctrico podríamos calificarlos de descomunales y las presiones que se ejercen desde distintos flancos sobre las autoridades del sector, son otro tanto. Hay gobiernos que han sucumbido a ellas y en ese colapso se beneficiaron los generadores hidráulicos, quebrándose la defensa que en el caso de la Costa Caribe se tenía con Corelca y sus Electrificadoras subsidiarias.
 
Es imposible desconocer el lastre histórico que significan en la vida regional unas empresas influidas por la injerencia politiquera, la excesiva carga burocrática, la corrupción, y la producción de una energía de alto costo, factores que incidieron en la liquidación del esquema que se traía para pasar a otro de origen privado que nos dejó huérfanos en lo que al sentido de pertenencia territorial se refiere.
 
Sí, huérfanos de un modelo que sintamos nuestro, porque Gecelca (generación), Transelca (transmisión) y Electricaribe (distribución), son tres gigantes autómatas que operan unos equipos y redes bajo el criterio de la rentabilidad pura pero sin alma por la tierra, distinto a lo que pasaba con Corelca que era auténticamente regional, con un alto espíritu  integracionista.
 
A la Costa Caribe la despojaron de su infraestructura eléctrica y hoy por hoy es la más vulnerable al momento de garantizar la prestación del servicio a los usuarios. Miremos lo que está pasando actualmente. La Hidroeléctrica de Urrá en Córdoba no es lo que se dijo que sería, Gecelca a duras penas se conoce por el nombre, Transelca es una empresa de extensión de cables y torres y Electricaribe parece más un contendor de tinglado que un socio de nuestro desarrollo económico y social.
 
Está claro que los dueños españoles de Electricaribe no llegaron para cumplir tareas de beneficencia ni de caridad, sino a invertir en un área de negocios para prestar un servicio público que debe producirles una rentabilidad. Para tales efectos el gobierno lo regula y se hace a unos compromisos que si se cumplen deben verse reflejados en un servicio de calidad. Pero hubo un momento en que la cadena comenzó a reventarse y las partes, como cuando a los equipos en un partido de fútbol les conviene el empate, decidieron hacerse pasito, no lastimarse.
 
Hasta el día del cortocircuito. La actual crisis eléctrica regional comenzó a advertirse hace unos tres años con un gran apagón en Barranquilla, que se ha multiplicado a lo largo y ancho de la Región Caribe. Las sindicaciones corrieron de un lado a otro, los anuncios no se hicieron esperar, como tampoco los supuestos correctivos con inversiones multimillonarias. A la fecha Electricaribe debería invertir con urgencia cerca de 1.1 billones de pesos, pero con una cartera y obligaciones financieras que se equiparan con ese monto prácticamente se hace imposible una exigencia en tal sentido.
 
Electricaribe es la empresa de servicios públicos con más quejas de usuarios en el país ante la Superintendencia de Servicios, entidad que le ha impuesto multas del orden de los 17 mil millones de pesos, que en su mayoría han sido apeladas. Hoy por hoy hemos caído en el círculo vicioso de los dimes y diretes, con un plan de gestión establecido a Electricaribe que lo acepta pero lo condiciona a que cada uno de los actores del servicio eléctrico ponga lo que tiene que poner.
 
Lo más seguro es que ese plan de gestión no llegue a ninguna parte si a la empresa no le pagan lo que le deben y antes que una solución se vislumbran peores relaciones frente a la propuesta de los gobernadores del Caribe de que se designe un nuevo socio gestor operador que le arriende las redes a Electricaribe.
 
Sin lugar a dudas uno de los hechos más interesantes alrededor del tema será el estudio de las conclusiones a la que llega la Contraloría General de la República con la auditoria sobre los dineros que la Nación ha entregado a Electricaribe para la normalización eléctrica y otros asuntos en zonas vulnerables.
 
El operador que llegue, sea cual su nacionalidad u origen, se va a encontrar con los mismos problemas que tiene el actual prestador y sobre esa base hay que definir si el deseo es solo un cambio de nombres y de capitales o si en verdad lo que interesa es prestar un excelente servicio a la comunidad regional de usuarios.
 
No hay que perder de vista que todos los actores del sector están obligados a cumplir unas reglas de juego que en últimas determinan la seguridad jurídica de la inversión, sobre lo cual estarán puestos los ojos de futuros conglomerados empresariales extranjeros que desean acercarse a nuestra Nación. El Todos Ponen del servicio eléctrico en la Costa Caribe es esencial, aunque no sea fácil asegurarlo. En próxima columna examináremos escenarios probables. Por favor visitewww.josedavidname.com o escríbame a  Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
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