Senado de la República

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Bogotá D.C., diciembre 1 de 2016 (CD). La Bancada del partido Centro Democrático en el Senado y en la Cámara de Representantes, NO votó la proposición para refrendar el llamado nuevo acuerdo entre el Gobierno y el grupo terrorista Farc en el Congreso.

Así lo anunciaron los 20 senadores y 19 representantes de la colectividad, al participar en los debates de las sesiones plenarias del pasado martes y miércoles sobre refrendación del acuerdo de La Habana.

El expresidente y Senador, Álvaro Uribe Vélez, aseveró que un acto del Congreso, que es de democracia indirecta, no puede sustituir un sistema de refrendación que el mismo Congreso, el Ejecutivo y la Corte Constitucional consideraron que era de democracia directa.

"El Centro Democrático no puede votar una proposición que el Gobierno anunció que tendría el alcance jurídico de refrendación con el efecto de activar el Fast Track, por eso no la podemos votar porque ya hemos dicho que aquí siempre se habló en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Corte de una refrendación de democracia directa", dijo el expresidente.

En ese sentido, Uribe explicó que sin una refrendación popular no es posible activar el Fast Track y las facultades extraordinarias al Presidente.

"Hay una sustitución constitucional en el Acto Legislativo porque el Congreso le aceptó al Ejecutivo cambiar las reglas de reforma de la Constitución, que para reformar la Constitución debe aplicar el mismo Congreso. Por lo que ha salido de la Corte Suprema, la ponencia allí parece que dice lo contrario. Nosotros hemos pensado que hay esa sustitución señor Presidente, pero que además, sin una refrendación popular no es posible activar lo que se ha llamado el Fast Track o ese proceso abreviado y de facultades extraordinarias al Presidente", indicó el ex mandatario.

Por su parte, el senador Iván Duque aseguró que el Congreso no puede pisotear la democracia que se pronunció el pasado 2 de octubre.

"En este Congreso se pretenden refrendar los acuerdos sin hacer esas modificaciones sustanciales. Eso sería una burla a la democracia", afirmó Duque.

Prevaricato

Varios senadores y representantes del partido aseguraron que votar la proposición de refrendación en el Congreso puede ser considerado como un "prevaricato".

"Quieren desconocer la voluntad popular llevando al Congreso a incurrir en un prevaricato. Este Congreso quiere sustituir la voluntad del constituyente primario, y lo quiere hacer sin la legitimidad para hacerlo porque fue derrotado el 2 de octubre pasado. El mismo acuerdo dice que la implementación no se podrá hacer sin una refrendación previa que es lo que pretende hacerse aquí, y ese es un efecto jurídico y no político que llevaría a esta plenaria a incurrir en un prevaricato por no estar dentro de sus funciones constitucionales y legales de acuerdo a la Ley Quinta", dijo el Representante a la Cámara, Santiago Valencia.

Sobre lo mismo, se refirieron los senadores Everth Bustamante y Paola Holguín:

"Aquí están haciendo muchas 'trampitas' jurídicas, nosotros no tenemos la competencia para refrendar, eso no está en la Constitución ni en las leyes que definen nuestras funciones, y si es solo una proposición no tiene valor jurídico, solo tiene valor político", dijo Holguín.

"Hago llamado al Senado en pleno, para que nos abstengamos de votar dicha proposición, toda vez que, tomar una decisión que por su connotación, constituye un acto manifiestamente contrario a la ley, se tipifica en el ordenamiento penal colombiano como un 'prevaricato", dijo Bustamante.

Gobierno rechazó Acuerdo Nacional

Así mismo, la representante María Fernanda Cabal indicó que el Gobierno no permitió un acuerdo nacional de paz.

"El Gobierno perdió una oportunidad histórica para construir un Gran Acuerdo Nacional, donde todos los colombianos estuviéramos incluidos. Esta no puede ser una paz extorsiva para que las Farc no nos maten y debamos entregarles a cambio las ya debilitadas instituciones", dijo Cabal.

No hay nuevos textos, hay maquillaje

Si bien el Centro Democrático ha dicho que hubo temas en los que se avanzó, también ha afirmado insistentemente que hay temas en los cuales subsisten diferencias de mucho fondo. Por ello, ha considerado que lo que llaman 'nuevo acuerdo', sin las reformas de los temas sustanciales, el Acuerdo de Gobierno y Farc es apenas un retoque del Acuerdo rechazado por los ciudadanos.

En ese sentido, el senador Alfredo Rangel dijo que la jurisdicción de impunidad permaneció con algunos retoques prácticamente igual en el nuevo acuerdo.

"Con este nuevo texto del viejo acuerdo se mantiene la impunidad para quienes cometieron crímenes atroces y se les premia con curules gratis en el Congreso de la República. Los militares tendrán que confesar crímenes que no cometieron para tener algunos beneficios judiciales. La política antinarcóticos, que está inundando de coca el país producto de ese pacto entre el gobierno y las Farc, se mantiene prácticamente incólume", dijo.

A su vez, la representante Margarita Restrepo se preguntó: ¿Dónde están los 3 mil niños reclutados por los narcoterroristas de las Farc? ¿Dónde están los 702 secuestrados por los narcoterroristas de las Farc? ¿Qué van a hacer con esos tres mil niños que hoy por hoy tienen secuestrados, reclutados, esclavizados sexualmente, para desaparecerlos, para no pagar por este crimen de lesa humanidad?

Finalmente, el Representante Ciro Ramírez señaló que el Gobierno le hizo 'conejo' a los Colombianos que votaron NO".

"La única realidad es que se le hizo 'conejo' a todos los colombianos que votaron 'No' en contra del soborno, extorsión y presión a todos los funcionarios, alcaldes y gobernadores", dijo Ramírez.

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Bogotá, 30 de noviembre de 2016 (CD). Como una noche oscura para la democracia donde se le dio un golpe de mano a la voluntad popular, calificó el senador Alfredo Rangel el debate en plenaria sobre refrendación.

En su intervención indicó que se pisoteó la decisión que en las urnas se patentó en el plebiscito en contra del acuerdo de paz del gobierno Santos y los terroristas de las Farc. Explicó que el pueblo colombiano le dijo NO a todo el acuerdo de paz de la Habana, y no a una sola parte.

"Lo que quiere decir que no había temas intocables y no había temas inmodificables y que todos absolutamente todos los temas podían ser objeto de ajuste y reestructuración, de revisión y de modificación".

Indicó el senador por el Centro Democrático que muchos temas se saltaron de la discusión entre el gobierno y el NO, y entre el gobierno y las Farc, y no fueron objeto de ningún tipo de modificación. Se volvieron intocables a pesar de que el pueblo colombiano los había rechazado en las urnas, permanecieron tal cual violándose así la libertad popular. La jurisdicción de impunidad permaneció con algunos retoques prácticamente igual, señaló Rangel.

"Con este nuevo texto del viejo acuerdo se mantiene la impunidad para quienes cometieron crímenes atroces y se les premia con curules gratis en el Congreso de la República. Los militares tendrán que confesar crímenes que no cometieron para tener algunos beneficios judiciales. La política antinarcóticos, que está inundando de coca el país producto de ese pacto entre el gobierno y las Farc, se mantiene prácticamente incólume", dijo.

Alfredo Rangel señaló igualmente que hubiese sido una buena oportunidad, después del plebiscito, que el gobierno le hubiera impuesto a las Farc, las exigencias de "quienes votamos por el NO en representación de todos los colombianos", y que ahora lo que se estaba viendo era que el Congreso avalaría lo que el pueblo rechazó en las urnas lo cual a modo de ver del senador Rangel es un contrasentido absoluto en contra de la democracia.

"De aquí no va a salir el pueblo colombiano reconciliado con este nuevo texto del viejo acuerdo. No, no va a salir un país en paz. Va a salir un país absolutamente polarizado y divido", dijo Alfredo Rangel en Plenaria.

El Llano ocupa el quinto puesto de violencia contra las mujeres

Martes 29 de Noviembre de 2016 13:05 Relacionado con: Noticias

Las organizaciones de mujeres piden que se ponga en la agenda pública el tema de la mujer en el conflicto armado del Llano.

Bogotá D.C., noviembre 23 de 2016 (Prensa s. Marco Aníbal Avirama).-En distintas regiones del país han sido denunciados por movimiento sociales, el asesinato de activistas de derechos humanos y líderes comprometidos con la restitución de tierras a las víctimas, la defensa del derecho ciudadano a un ambiente sano y contra la minería que contamina sus tierras.

En los últimos meses han sido asesinados comuneros indígenas tales como, Roberto Taicus Bisbicus, líder del pueblo indígena Awá y profesor en zona rural de Tumaco; Diego Alfredo Chirán Nastacuas, indígena Awá que fue secuestrado por desconocidos y posteriormente arrojado su cuerpo en la vía que conduce de Tumaco a Pasto con signos de tortura e impactos de bala; Luciano y Alberto Pascal García Tumaco, indígenas awá miembros de la guardia indígena de su comunidad, asesinados a bala cuando se desplazaban del corregimiento de Llorente (Tumaco) hacia el territorio de resguardo.

Igualmente campesinos como Nereo y Joel Meneses y Ariel Sotelo, miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), y defensores ambientales que se oponían a la minería, asesinados por hombres camuflados cuando fueron interceptados y luego asesinados en la vereda La Herradura, en Almaguer, Cauca; Simón Álvarez Soscué, Martha Pipicano, Libio Antonio Álvarez y Salvador Acosta, campesinos asesinados en la vereda Pueblo Viejo, municipio de Sucre, Cauca, por hombres que llevaban armas de largo alcance; Cecilia Coicué, líder campesina, atacada con arma blanca cerca de la tierra que planeaba alquilar para instalar una zona veredal transitoria de normalización, acordada entre el Gobierno y las FARC en Corinto, Cauca; Maria Fabiola Jiménez de Cifuentes, líder comunitaria de la vereda Las Lajas, de Barbosa, Antioquia, asesinada a tiros cuando se movilizaba en un bus.

Erley Monroy, líder campesino de la Asociación Campesina Losada-Guayabero, defensor ambiental en el Caguán y opositor al uso del fracking para explotar petróleo en La Macarena, fue encontrado con graves heridas en las cercanías del Batallón Cazadores y posteriormente murió. Otro dirigente de la misma organización, Hugo Cuéllar, se encuentra gravemente herido por motivo del atentado contra su vida cuando regresaba a su casa luego de estar en el sepelio de Erley Monroy; Didier Losada, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Platanillo en La Macarena, Meta, fue asesinado al frente de su familia por un hombre encapuchado que entró en su casa y lo mató.

En el departamento de Nariño fueron atacados dos dirigentes sociales y defensores de derechos humanos: Rodrigo Cabrera, fue interceptado por dos hombres armados y encapuchados, quienes le dispararon y ocasionaron su muerte. Sicarios también atentaron contra la vida de Danilo Bolaños y su esposa, quienes salieron con vida de los ataques.

Tampoco cesa la revictimización de desplazados y desalojados de sus tierras, como Argemiro Lara, reclamante de tierras de la hacienda La Europa, donde familias campesinas fueron desplazadas por el conflicto armado y cuya titularidad aún no se resuelve, quien ha recibido continuas amenazas y salió ileso de un atentado contra su vida con arma de fuego cuando viajaba a Sincelejo.
Conocemos de sobra medidas tales como citar consejos de seguridad en los cuales ni siquiera participan las víctimas, o la entrega de chalecos antibalas o la asignación de uno que otro escolta, y algunas veces vehículos, que en realidad no resuelven el fondo del problema.

Estamos en un escenario de posacuerdos para dar por terminado el conflicto armado interno, y el gobierno está en la obligación de poner en marcha estrategias claras y eficaces en la lucha contra el paramilitarismo y sus herederas, las llamadas bandas criminales, que no han dejado de operar en las regiones contra las organizaciones sociales y comunitarias intimidando y liquidando a sus líderes, amenazando a las comunidades, provocando desplazamientos, entre otros.

Es hora de poner a funcionar los mecanismos que nos permitan conocer la verdad completa sobre los poderes regionales y los distintos intereses que se encuentran detrás de estos crímenes, y controlan en muchos casos la institucionalidad que debe garantizar la libre expresión y movilización ciudadana, así como aquella que debe garantizar los derechos de las víctimas que retornan a sus territorios. Mientras no se desarticulen estos agentes de violencia y se pongan en evidencia los intereses que siguen manejando los hilos del poder en muchas regiones del país, mal podremos hablar de una paz en los territorios que históricamente han sido más golpeados por los actores violentos.

Plenaria del Senado discutirá ascenso de 39 militares y policías

Jueves 10 de Noviembre de 2016 16:23 Relacionado con: Noticias

La Presidencia de la República y la Junta Asesora que preside el Ministro de la Defensa responden por hojas de vida de oficiales en proceso de ascenso.

Aprobado en primer debate en Comisión Primera proyecto de reducción de salarios.

Un intenso debate se llevó a cabo hoy en la Comisión Primera del Senado por un proyecto de acto legislativo que busca reducir el salario de los congresistas. Mientras que la Senadora Claudia López proponía reducir el salario de 40 a 25 salarios mínimos, la propuesta aprobada propone que baje a 32.

Valledupar, noviembre 7 de 2016 (Prensa s. José Alfredo Gnecco).- Las obras de modernización del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, cuya primera fase será inaugurada este martes por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, despegaron tres años atrás, gracias a la gestión del congresista José Alfredo Gnecco Zuleta.

Los recursos - más de $30.000 millones -, con los que se dio inicio a los trabajos de modernización de la infraestructura de la citada terminal aérea, fueron gestionados en el 2012 por el entonces representante a la Cámara, José Alfredo Gnecco, durante la administración de Santiago Castro como director de la Aeronáutica Civil.

Las obras de construcción del cerramiento, la señalización y la pista de aterrizaje de 1.200 metros lineales y 18 metros de ancho, que serán entregadas mañana, fueron ejecutadas tras la incorporación de los recursos al Presupuesto Nacional 2013, iniciativa liderada por Gnecco Zuleta.

El Senador recordó y destacó el compromiso y la voluntad de Santiago Castro y Luis Alberto Monsalvo, en ese entonces director de la de la Aeronáutica Civil y gobernador del Cesar, respectivamente, quienes aunaron esfuerzos para impulsar esta obra que representará desarrollo social y económico para el sur del Cesar e innumerables municipios de departamentos vecinos.

José Alfredo Gnecco anunció que ya está adelantando la gestión necesaria para asegurar el dinero requerido para la ejecución de la segunda fase de ampliación y modernización del aeropuerto Hacaritama, la cual contempla mejoramiento de la infraestructura física de la torre de control, área administrativa y salas de espera, entre otras adecuaciones que aún están pendientes.

Desde el Senado de la República – añadió -, también se está haciendo la tarea para que Satena, por ejemplo, pueda operar y programe vuelos frecuentes hacia Aguachica.

Aprobado en primer debate presupuesto de regalías

Jueves 03 de Noviembre de 2016 17:02 Relacionado con: Noticias

 

En un 23% aumentaría el presupuesto de regalías para el 2017- 2018

Bogotá D. C., 2 de noviembre de 2016 (Prensa s. Daniel Cabrales).- Al menos 20 congresistas de la Costa Caribe firmaron una constancia en la cual le piden al Gobierno Nacional garantías ante una posible intervención de la empresa de Electricaribe. Senadores y representantes sostienen, según dice el documento, que se debe garantizar un agente interventor independiente, con amplia trayectoria gerencial, con independencia política y que ofrezca garantías para el óptimo desempeño y cubrimiento a toda la zona norte de Colombia.

"Tenemos conocimiento de que en cualquier momento el Gobierno Nacional puede decretar la intervención de Electricaribe, estamos pidiendo que el interventor sea una persona con experiencia en el sector energético y que no sea un favor político para premiar o para de alguna manera comprar apoyo político en favor del Gobierno Nacional" afirmó el senador Daniel Cabrales.

El documento se origina luego de un nuevo aplazamiento de un debate de control político a la empresa Electricaribe y en este también se reitera el mal servicio que durante años han padecido los habitantes de los siete departamentos de la Costa Caribe.

"Lo que queremos es que se busque una solución pronta, de lo contrario nos toca considerar la intervención con fines de liquidación como una alternativa real" dijo el senador Fernando Nicolás Araujo.

El senador Jaime Amín también se refirió a los puntos básicos que deben respetarse en el escenario de una intervención a esta empresa prestadora de energía eléctrica: "Estamos lanzando una señal de advertencia firme, pero al mismo tiempo respetuosa del Gobierno Nacional para que de ninguna manera agrave más la condición de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa poniéndole politiquería el tema de la probable intervención de Electricaribe".

Otros de los firmantes son: senador Honorio Henríquez, senadora María del Rosario Guerra, senador Antonio Guerra, senador Bernardo Elías, senadora Nadia Blel, senador Eduardo Pulgar, senador Miguel Amín, senadora Yamina Pestana, senador José Alfredo Gnecco, senador Roberto Gerleín, senador Mario Fernández, senador Álvaro Haston, senadora Sandra Villadiego, senadora Daira Galvis, senador Iván Name y el representante a la Cámara Eduardo Tous.

Los congresistas de la Costa Caribe colombiana informan a la opinión pública lo siguiente:

•Ante el escenario de una probable intervención a Electricaribe, la empresa prestadora del servicio de energía en esta región del país, exigimos un agente interventor independiente, con amplia trayectoria gerencial, con independencia política y que ofrezca garantías para el óptimo desempeño y cubrimiento a toda la zona norte de Colombia.

•Ante la reiterada negativa de la casa matriz de realizar inversiones para actualizar las redes de distribución, ofrecer un servicio competitivo de buena calidad y frente a la permanente incertidumbre de un apagón que viven los ciudadanos de la costa, consideramos que la intervención con fines de liquidación de Electricaribe se convierte en una alternativa real.

•No debemos permitir bajo ninguna circunstancia, que esta oportunidad de mejorar las condiciones del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe nos lleve nuevamente a esa época en la cual las empresas de energía de la Costa eran controladas por personas inescrupulosas, los cuales utilizaron los recursos para su propio beneficio y dejaron a los ciudadanos con un pésimo servicio, aún más precario que el que tenemos hoy en día.

•Exhortamos al Gobierno Nacional y a la empresa Electricaribe a buscar una salida de común acuerdo a esta problemática donde los principales beneficiados sean los ciudadanos de la Costa Caribe.

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