Defensores Públicos piden que sea reconocida su experiencia y mejora en sus condiciones laborales

Audiencia pública sobre Defensores Públicos. Audiencia pública sobre Defensores Públicos. Prensa Senado


Senador Jorge Enrique Robledo dijo que dichos funcionarios son contratados por prestación de servicios, por 3,6 o 9 meses y están sobrecargados de trabajo.

Bogotá D.C., marzo 14 de 2019 (Prensa Senado).
- Frente a un examen convocado por la Defensoría del Pueblo, que será realizado el próximo 31 de marzo por la Universidad Nacional, los defensores públicos solicitaron que  sea aplazado y que se tenga en cuenta su experiencia y se logren mejoras en sus condiciones laborales.

Así lo señalaron en una audiencian pública convocada por el senador Jorge Enrique Robledo, quien dijo que este es un problema que tiene que ver con más de 3.500 abogados que cumplen una función importante, la cual es ser el defensor de aquellos que no tienen cómo pagar uno en los distintos estrados. “Esto no lo reconoce el Estado, pero sobre ellos reposa un punto clave de la justicia”. 

Aseguró el congresista que son contratados por prestación de servicios, por 3,6,9 meses, en total indefensión, bastantes mal pagos, no tienen los derechos que si tienen otros servidores públicos y están sobrecargados de trabajo. 

“Los actuales defensores reclaman con razón que han cumplido con sus deberes, pero el examen no los valora y pueden afectar a muchos de ellos en etapa de pre-pensión o a madres cabezas de familias. El hecho de que una cosa sea legal no la hace conveniente. Ojalá seamos capaces de generar algún tipo de diálogo para encontrar salida a esta problemática”, puntualizó el senador Robledo. 

Según César Huertas, del Colegio de Defensores Públicos, estos funcionarios le han demostrado al Estado que sin ellos la justicia no puede funcionar.  “Hoy nos dicen que no somos idóneos para llevar el contrato de defensores públicos, después de 10, 15 y hasta 20 años de capacitación y experiencia”, dijo. 

Adicionalmente manifestó que no solo son los defensores de los humildes, sino que también personas con recursos económicos solicitan sus servicios por su amplia experiencia. “Queremos que se nos respete y reconozca nuestra dedicación y capacidad para desempeñarnos como defensores públicos. Que no se nos menosprecie”.

En nombre de la Federación Nacional de Defensores Públicos, Juan Enrique Marín sostuvo que se les tilda de simples contratistas, cuando en realidad son profesionales con alta vocación de servicio. “El defensor Público es el único funcionario de este rango  en América latina que no está contratado de planta. Es un acto violatorio, porque está contratado para una función misional de la Defensoría Pública”, advirtió. 

En total acuerdo y respaldo se mostró el expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Gutiérrez, quien aseguró que están en juego los derechos fundamentales de estos funcionarios, puesto que prestan un servicio público, están discriminados y violentados, por lo cual se puede interponer una demanda de constitucionalidad o una acción de grupo.  

Para Francisco Maltes, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, esta situación debería ser motivo de vergüenza para la Defensoría, que sus funcionarios no tengan las condiciones mínimas de trabajo, así cumplan funciones constitucionales por lo cual deberían ser de planta. 

“Creemos que hay que aplicar la primacía de la realidad y es que los defensores ya tienen una idoneidad para permanecer en los cargos y evitar malgastar unos recursos en unos exámenes”, afirmó el sindicalista. 

Entre tanto, según Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, “lo que quiere hacer la Defensoría es un irrespeto. Si tenemos una nómina de Defensores Públicos experimentados y preparados por qué se va a cambiar, eso es improvisar y desconocer su experiencia. Los defensores públicos merecen un mejor trato”. 

En representación de la Asociación de Empleados de la Defensora Pública, Carlos Castro, afirmó: “Lo que debemos hacer es desenmascarar al Defensor, ante los medios se muestra como una persona amable y respetuosa, pero a través de sus hechos demuestra su desprecio por los defensores públicos de la entidad.  No tenemos oficinas adecuadas desde donde trabajar. Nuestro llamado es a que el defensor les dé la cara a sus funcionarios. Nuestro sindicato está integrado mayormente por defensores y lo que quiere es acabar con nuestra organización”.

Como conclusiones, el senador Robledo destacó la presentación de un proyecto de ley para reformar las leyes 941 y 24. “Si queremos tener una Defensoría con condiciones laborales dignas, no sólo para los defensores, sino mejorar el servicio que se le presta a la ciudadanía”. 

Pidió aplazar el examen convocado hasta que se concerte con los defensores públicos, donde se les tenga en cuenta su experiencia y capacitación y donde se les mejores sus condiciones laborales.

Agregó que hay unos abogados con experiencia, la cual debió considerarse desde el principio, buscando el mejor servicio para la ciudadanía.


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Ultima modificación: Jueves 14 de Marzo de 2019 17:21
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