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Alianza contra la corrupción, un capítulo clave en PND

Tolerancia y cero corruptos, metas que se cumplirían a través del uso de la tecnología.


Bogotá D.C., marzo 15 de 2019. (Prensa Senado).
Fortalecer las instituciones para combatir la corrupción, afianzar la legalidad y el relacionamiento colaborativo con el ciudadano, es el propósito que lleva al Gobierno a incluir un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo para combatir la corrupción mediante modernas herramientas tecnológicas.


Para tal efecto, se ha anunciado destinar recursos por el orden de los 3 mil 163 millones de pesos que se invertirán en metodologías que garanticen transparencia en los actos administrativos como en la selección de personal en el sistema de contratación.


Es así como el Gobierno plantea en el PND, a través de la Secretaría de Transparencia, formular e implementar una política pública de transparencia, integridad y legalidad orientada a fortalecer las herramientas para promoverla, con el acceso a la información y la lucha contra la corrupción en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos autónomos e independientes y a nivel territorial.


La política pública de transparencia contendrá el desarrollo de un componente de integridad con lineamientos que logren la apropiación de comportamientos preventivos en el servidor público, privados y en la ciudadanía mediante el diseño e implementación de un programa de capacitación dirigido a los servidores públicos y contratistas, además de la conceptualización y reglamentación de los conflictos de intereses generando así las capacidades en la identificación y gestión de los mismos.


Otro elemento es implementar líneas de acción dirigidas a romper paradigmas culturales que valoran más los métodos de atajos y la sensibilización respecto a la responsabilidad en la corrupción, además de la implementación de procedimientos éticos en entidades y cargos vulnerables a la corrupción.


En el sector privado, donde se incluyen además a las empresas estatales, se incentivarán los programas de cumplimiento contra la corrupción con la firma de pactos de integridad y en general, la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción. Otro componente que se incluirá en los procesos de selección de personal a cargo del Comité Nacional del Servicio Civil, CNSC, teniendo en cuenta dilemas éticos y conflicto de intereses.


El Gobierno también diseñará e impulsará cátedras de ética, participación ciudadana, prevención, acceso a la información y lucha contra la corrupción en universidades y colegios, lideradas por la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, considerando los instrumentos existentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y articulado de la Cátedra de la Paz y la asignatura de urbanidad y cívica.


La Vicepresidencia realizará capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos de entidades territoriales para prevenir riesgos de corrupción por medio de jornadas de transparencia, con enfoque territorial en los 32 departamentos del país.


Por su parte, la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia en conjunto con los ministerios de Justicia y del Interior impulsarán un proyecto de ley que establecerá los lineamientos claros sobre la actividad del Cabildeo - que es una forma profesional de ejercer la libre participación política para incidir en el proceso de toma de decisiones de los actores e instituciones -  tendrá como mínimo que cumplir con requisitos estrictos para evitar la corrupción como será la definición y sus límites, la definición de los actores que pueden desarrollar dicha actividad, el registro único de empresas o personas que realizan esta labor, el régimen de derechos y deberes, tanto de funcionarios públicos como de cabilderos y el régimen sancionatorio para quienes ejerzan esta actividad por fuera de lo establecido en el proyecto de ley.


La transparencia y el acceso a la información tendrá un aspecto muy determinante, dado que se pondrá en línea el Portal del Estado Abierto como punto principal de interacción de la oferta institucional hacia la ciudadanía en responsabilidad del MinTic, con la coordinación de La Urna de Cristal, el Departamento Nacional de Planeación y la Vicepresidencia. El portal debe tener entre otros, los desarrollos tecnológicos existentes para incentivar la participación, el control social, la simplificación de trámites y servicios, y los esfuerzos en consulta pública.


A través del Portal debe darse acceso público a, entre otros, los cambios de uso de suelo en los POT, el escrutinio de hojas de vida de candidatos a juntas directivas de empresas públicas, la presentación rigurosa de la agenda del Gobierno, las agendas del Presidente y de los miembros del gabinete, seguimiento al presupuesto en línea con indicadores de desempeño y ejecución, con especial énfasis en la contratación pública, mediante la visualización de los contratistas de grandes proyectos.


El Archivo General de la Nación deberá fortalecer los programas de gestión documental de las entidades del orden nacional y territorial y compatibilizar sus lineamientos con la Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la información pública.


Por su parte, las entidades nacionales y territoriales deberán adoptar lineamientos de la estrategia del lenguaje claro del DNP, con el fin de garantizar el acceso , la comprensión y la utilidad de las comunicaciones públicas dirigidas a los ciudadanos.


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Ultima modificación: Viernes 15 de Marzo de 2019 15:43

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