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Informe de gestión legislativa de senadora Maritza Martínez

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Senadora Maritza Martínez. Senadora Maritza Martínez.

Bogotá D.C., enero 10 de 2019 (Prensa S. Maritza Martínez). La senadora Maritza Martínez (Partido de la U) presentó a consideración de los colombianos su informe de gestión legislativa respecto al período 2018-2019. A continuación el documento en mención:

"Estimados ciudadanos,

A través del presente documento, pongo en consideración el informe de gestión para esta mitad de legislatura 2018-2019, en el cual presento el trabajo realizado en el transcurso de esta legislatura en beneficio de Colombia y la Orinoquia.

El presente documento se encuentra dividido en varias partes. En la primera de ellas encontrarán la actividad legislativa, los proyectos de ley y de acto legislativo en los cuales he participado en calidad de autora y ponente. En la segunda, encontrarán referencia al ejercicio de actividades de control político en defensa de las comunidades, los recursos públicos y el Medio Ambiente. En la tercera están consignadas las audiencias públicas y foros realizados en este primer semestre de la legislatura. Finalmente, encontrarán un recuento de otras gestiones y acompañamientos a las comunidades que hemos realizado por fuera del Senado de la República.

Sea esta la oportunidad para reiterar mi compromiso de trabajo para contribuir a la construcción de una Colombia con mayores garantías para nuestra infancia, mejores oportunidades para las mujeres, un sector agropecuario más robusto, y por una Orinoquia más fuerte, unida y en paz.

Cordialmente,

Maritza Martínez Aristizábal
Senadora de la República

1. PROYECTOS DE LEY E INICIATIVAS DE AUTORÍA

1. Proyecto de Ley 091 de 2018 - Cámara / 213 de 2018 - Senado "Por medio de la cual el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM – y se dictan otras disposiciones" (Datacrédito para padres y madres deudores morosos de alimentos)

Proponemos la Creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) como una herramienta análoga a las centrales de riesgo crediticio y financiero, que permitirá imponer sanciones estrictas, al margen de las penales, a todos aquellos sujetos que se encuentren inscritos en éste.

A través de un procedimiento judicial expedito y sencillo se podrá solicitar la inscripción de quien adeude cuotas de alimentos. Así, quien incumpla con tres cuotas alimentarias, seguidas o no, será inscrito por parte de la autoridad judicial competente en el REDAM. Quién esté inscrito en el REDAM no podrá contratar con el Estado ni actuar como representante legal de una persona jurídica que desee contratar con el mismo; no podrá acceder a cargos públicos ni de elección popular; no podrá registrar los negocios jurídicos que versen sobre bienes muebles (carros o motos, por ejemplo) o inmuebles; no podrá solicitar la expedición de escrituras públicas; no podrá salir del país; y cuando solicite o renueve y se le aprueben créditos ante entidades bancarias o de financiamiento, éstas estarán obligadas a depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el REDAM.

2. Proyecto de Ley 187 de 2018 – Senado "Por medio de la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones" (Castración Química Obligatoria para violadores y abusadores de menores de edad)

Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes están siendo violados y abusados: violentados en su sexualidad, en una etapa de la vida en la cual el Estado, la sociedad y la familia, deberían brindarles todas las garantías y condiciones de seguridad. En Colombia, ser un Niño, Niña o Adolescente es un gran riesgo.

Hemos propuesto al Congreso de la República el presente proyecto que busca:

(1) Que los delitos que se cometen contra la integridad y la formación sexuales de los Niños, Niñas y Adolescentes dejen de tratarse como delitos comunes con un agravante. Así pues, se busca la creación de dos tipos penales autónomos y especiales, que se apliquen de manera efectiva y que sean mucho más estrictos y ejemplarizantes a los que se contemplan hoy en día en el ordenamiento jurídico.

Así, hoy en día el acceso carnal violento agravado se castiga con 16 a 30 años de prisión y el acceso sexual violento agravado se condena con 10.5 a 24 años de prisión. Con el proyecto de Ley y con la creación de los dos nuevos tipos penales autónomos se castigaría el acceso carnal violento en menores de edad con una pena de 25 a 41.5 años, y los actos sexuales con menores de edad con una pena de prisión de 15 a 30 años.

(2) Establecer una Política Pública para evitar la reincidencia, estableciendo tratamiento intra y extramural para los condenados por estos delitos; se establece la medida de castración química obligatoria y se contempla el empadronamiento o registro de todos los condenados por estos delitos ante la Policía Nacional, quien deberá hacer seguimiento y monitoreo permanente a través de medios tecnológicos, todo lo anterior con el propósito de frenar la reincidencia y proteger de manera efectiva a nuestros Niños, Niñas y Adolescentes.

3. Proyecto de Ley 224 de 2018 - Cámara "Por la cual se establece el procedimiento de Fast Track judicial en favor de la niñez y la adolescencia"

El presente proyecto tiene por objeto establecer medidas que permitan garantizar la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y su acceso preferencial a la administración de justicia. Así, el proyecto plantea que se le dará un trámite preferencial y prioritario a los litigios y procesos judiciales en los que están de por medio los derechos de los menores colombianos. Adicionalmente, se busca darles aplicación a preceptos constitucionales, imponiendo a los operadores
jurídicos la obligación de seleccionar, tramitar y evacuar en primer lugar todos aquellos procesos en donde existan víctimas o partes menores de edad, todo lo anterior con excepción del trámite de tutela y graves violaciones a los DDHH y al DIDH.

4. Logramos que en la Reforma Política que cursa en el Congreso, se incluya una disposición para sancionar drásticamente a los partidos y movimientos políticos que avalen a violadores y abusadores de menores. Dentro de las sanciones que se contemplan están la no reposición de votos, la no participación en medios de comunicación y hasta la pérdida de la personería jurídica del partido.

5. Proyecto de Ley 116 de 2018 – Senado "Por medio de la cual se dictan normas para implementar e incentivar sistemas de recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias y se dictan otras disposiciones" (Energías limpias y alternativas)

El proyecto de ley pretende implementar e incentivar el establecimiento de sistemas de recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias en las edificaciones nuevas y preexistentes en el territorio nacional, lo anterior con el propósito de cuidar el recurso hídrico, mejorar la eficiencia energética y contribuir a la preservación del Medio Ambiente. Así, en todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, viviendas y obras públicas que se construyan en el perímetro urbano será obligatorio contar con un sistema que permita efectuar la recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias, esto último con el fin de ser aplicados en los inmuebles. En el caso de las edificaciones preexistentes a la entrada en vigencia de la norma, se establece que el Gobierno Nacional determinará incentivos que permitan la adopción de la medida anteriormente mencionada.

6. Proyecto de Ley 115 de 2018 – Senado "Por medio de la cual se declara una moratoria al desarrollo de la actividad del fracturamiento hidráulico para la

exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales y se dictan otras disposiciones"

Se declara una moratoria a la actividad de exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos y se establece un procedimiento para su levantamiento. Lo que pretende el presente proyecto es generar un conocimiento previo suficiente que permita construir una normatividad robusta y adecuada para las condiciones particulares de nuestra geografía, que garantice la participación de las comunidades y a su vez genere un marco de responsabilidad en el cual se tenga la certeza de que es posible mitigar los riesgos e impactos negativos que puedan derivarse del desarrollo de dicha actividad, todo lo anterior si en el marco del procedimiento que se contempla para el levantamiento de la moratoria se considera conveniente.

2. PONENCIAS PRESENTADAS

1. Proyecto de Ley 251 de 2018 – Senado / 196 de 2017 Cámara "Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones"

El proyecto promueve la conservación, protección, propagación, investigación y uso sostenible de las abejas, desarrollo de la apicultura y los polinizadores, en el entendido que son los polinizadores juegan un papel fundamental en la prestación del servicio ecosistémico de la polinización que en caso de afectarse no permite la regeneración vegetal y la inmunidad de los ecosistemas se deteriora con riesgos adicionales para el bienestar humano, por ejemplo bosques empobrecidos susceptibles a las plagas y sin posibilidad de regulación climática e hidrológica.

Para lograr ese objetivo el proyecto crea dos instrumentos institucionales:

1. Sistema Nacional de Protección de Abejas, Desarrollo de la Apicultura y Polinizadores SNAP: que es coordinado por el MADR, tiene un consejo directivo y debe definir entre otros las políticas, estrategias, programas y proyectos destinados a la armonización entre el renglón apícola y el sector agropecuario, realizar el Censo Nacional Apícola (actualizarse cada 10 años), ppromover la investigación, restauración y conservación de flora que soporta la población de polinizadores que habitan las áreas rurales y urbanas del territorio nacional, caracterizar las especies de abejas y otros polinizadores y los servicios ambientales que prestan, formular los lineamientos que permitirán identificar las zonas de concentración de polinizadores y las zonas significativas de producción de polinizadores, proteger a los polinizadores (entre ellos las abejas) de la acción contaminante de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola PQUA y su uso indiscriminado e irresponsable a través de la implementación de protocolos de evaluación del riesgo y la elaboración de estudios e investigaciones que permitan determinar los efectos de esa industria sobre las poblaciones de abejas y los agentes polinizadores.

2. Política Nacional de Conservación, Protección y Uso Sostenible de Polinizadores: que integra el SNAP y se especializa en armonizar la gestión y uso sostenible de las abejas, la apicultura, el servicio de polinización dirigida en cultivos agropecuarios y conservación de los agentes polinizadores con la creación de las Zonas de concentración de polinizadores y regular aspectos relativos al uso de agroquímicos, la deforestación y el manejo de abejas en lugares urbanos.

Para lograr articular las disposiciones relativas a la protección de los polinizadores sin entrar en una posición radical de prohibir por completo la utilización de PQUA dadas las serias afectaciones en la producción agrícola (proliferación de plagas, enfermedades y disminución de rendimientos), se propone la creación de 3 zonas que permita la coexistencia de los polinizadores, la apicultura y el desarrollo de la agricultura:

• Zona de concentración de polinizadores: áreas del territorio nacional que brindan las condiciones necesarias para la habitación y reproducción de los polinizadores, sin riesgo de verse afectados por actividades humanas y que pueden ser declaradas por las autoridades competentes.

• Zonas significativas de producción de polinizadores: áreas del territorio nacional donde se registra la presencia de apiarios y/o grandes concentraciones de polinizadores cultivados o criados.

• Zonas de refugio para polinizadores: áreas que mantienen los productores agropecuarios en el marco de sus cultivos para asegurar la alimentación y el refugio de polinizadores.
• En ese sentido, tanto el SNAP como la Política tienen el deber de establecer los criterios técnicos para identificar, delimitar y crear los 3 tipos de zonas, ejercer la vigilancia, seguimiento y control sobre los usos y aplicaciones de los PQUA en los cultivos agropecuarios que colinden con las zonas de concentración y significativas de producción, implementar protocolos de evaluación del riesgo, elaborar estudios e investigaciones que determinen los efectos de la industria agroquímica sobre las poblaciones de abejas y los agentes polinizadores e implementar los mecanismos necesarios para que los agricultores que colinden con las zonas significativas de producción de polinizadores y de conservación, se certifiquen en Buenas Prácticas Agrícolas y Apícolas.

• Un elemento importante del proyecto, es que pone en cabeza de la Autoridad Nacional Competente ANC –que viene siendo el ICA conforme a la Norma Andina para el Registro y Control de PQUA-, la competencia para prohibir el uso en el territorio colombiano de aquellos PQUA cuyo uso y aplicaciones deriven en envenenamiento y mortandad de abejas y otros polinizadores.

• El proyecto también establece disposiciones relativas a incentivos económicos y de fomento para establecer zonas de refugio que aseguren la alimentación y hábitat de los polinizadores y abejas, mediante la conservación de flora nativa y el establecimiento de colmenas, fomentar la producción en términos de aumentar el número de colmenas y los rendimientos de las colmenas, programas de sanidad de las abejas, inocuidad de los productos de la colmena, incentivar el consumo de productos apícolas, sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la protección de las abejas y otros polinizadores en los ecosistemas, la inclusión de productos de las abejas en el menú de compras estatales, entre otros.
Para frenar de manera inmediata la afectación a las poblaciones de abejas, ante la denuncia de un caso de envenenamiento y/o mortandad las autoridades -ANLA e ICA-, deberán orientar el procedimiento y protocolo de diagnóstico para la determinar los factores químicos y/o agentes biológicos que causaron el evento.

2. Proyecto de Ley 38 de 2018 – Senado. "Por la cual se crea la licencia ambiental para exploración minera y se dictan otras disposiciones"

El proyecto de ley en cuestión propone retomar una disposición existente en la Ley 99 de 1993 y el Decreto reglamentario 1753 de 1994, esto es, el requisito de licencias ambientales para la etapa de exploración minera. Dicha disposición desapareció del ordenamiento jurídico colombiano con la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001 y con el Decreto 1728 de 2002 . A raíz de lo anterior, quedaron desprotegidos los recursos naturales durante las etapas tempranas de los proyectos mineros.

Creemos que un mayor control a la explotación de nuestros recursos naturales no renovables es un paso importante para garantizar la prevalencia de los derechos de todos los colombianos e implementar un modelo de desarrollo sostenible en nuestro país.

3. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO REALIZADOS

Acorde con los preceptos establecidos en el Artículo 150 de la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, el Senado de la República tiene, entre sus diversas funciones, el ejercicio del control político al Gobierno Nacional. En uso de las facultades anteriormente mencionadas, durante la legislatura 2015 – 2016, cité, en el seno de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República:

1. Ejecución presupuestal del sector agropecuario y presupuesto asignado a las carteras de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía, dentro del Proyecto de ley No. 59 de 2018 Senado – 52 de 2018 Cámara – Presupuesto General de la Nación 2019

Citamos a los Ministros de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía para plantear nuestras inquietudes respecto al Presupuesto General de la Nación para el año 2019 destinado al sector Agricultura, Medio Ambiente y Minas.

Manifestamos que una nueva reducción del presupuesto al sector agropecuario es una decisión que debería haberse reconsiderado (11% menos recursos se asignaron para el 2019). En ese sentido, expresamos a los delegados del Gobierno Nacional que la difícil situación del sector y sus graves problemas acumulados eran razones suficientes para que, buscando sostener el gasto público sin afectar los recursos destinados a otros sectores del presupuesto.

Creemos que atender las necesidades de los habitantes rurales no solo es un problema relacionado con la economía, también hace parte de la política. Los municipios rurales de Colombia albergan al 32 por ciento de la población y ocupan más del 85 por ciento del territorio nacional.

En el caso de la Cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, consideramos inadecuada la decisión de disminuir los recursos asignados para la siguiente vigencia (18% menos), insistiendo en la necesidad de otorgar una mayor participación en el Presupuesto General de la Nación, preponderancia, capacidades y cohesión a ésta, todo lo anterior debido a la importante tarea que tiene: proteger, preservar y administrar de manera adecuada y sustentable el patrimonio natural de todos los colombianos.

Finalmente, para el caso del sector de Minas y Energía, manifestamos nuestra preocupación por los recortes planteados en el proyecto, e insistimos en la necesidad de encontrar los recursos necesarios para la garantía del ejercicio misional del Ministerio y, sobre todo, para asegurar el cubrimiento a los subsidios para la población más vulnerable perteneciente a los estratos 1, 2 y 3.

2. Implicaciones de los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012 en materia de inocuidad y sanidad en el proceso de sacrificio, desposte, desprese y disposición final para el consumo de productos cárnicos, en razón al cierre de plantas de beneficio animal (mataderos)

Citamos a los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural; Salud; y al Director del ICA y del Invima a debate de control político sobre el cierre anunciado de cientos de plantas de beneficio (mataderos) dedicadas a suplir la demanda de carne en cientos de municipios pequeños y rurales de nuestro país.

Denunciamos el desasosiego en el que se van a ver inmersos los municipios más pequeños, con alto nivel de ruralidad es inmenso, ya que de un lado se van a cerrar las plantas pequeñas de autoconsumo a nivel municipal y del otro los productores ganaderos tendrán que asumir sobrecostos de transporte por unas carreteras de muy baja calidad que caracterizan a nuestras regiones como la Orinoquia (recordemos lo que está pasando actualmente en Casanare).

Frente a lo anterior, propusimos:

1. Establecer un régimen de transición especial y acompañamiento a las plantas de autoconsumo de las regiones y municipios más pequeños, flexibilizando las requisiciones técnicas (para las entidades municipales de categoría 4, 5 y 6). Estas requisiciones técnicas deben ser acordes a la realidad de las poblaciones y el aparato productor de la Colombia rural. ¿Cómo les podemos pedir servicios públicos ininterrumpidos y planes de contingencia de electrificación a las áreas rurales, cuándo el Estado ha fallado en la provisión de esos viene público?

2. Exigir a las plantas de autoconsumo los requisitos básicos mínimos establecidos por las CAR y que el Invima ajuste sus requerimientos a la situación de los municipios donde se ubican dichas plantas.

3. Dentro de las finanzas públicas, el Gobierno debe destinar una partida presupuestal para apalancar la construcción y habilitación de las plantas de autoconsumo de las entidades territoriales que han sido azotadas por el conflicto armado interno y destinar parte de los dineros recaudados por la cuota de Fomento Ganadero y Lechero para tal fin.

Como resultado del debate de control político, logramos que el Ministerio de Agricultura, el ICA y el INVIMA acordaran crear una comisión especial de seguimiento con el Congreso de la República, todo lo anterior con el propósito de

revisar la aplicación de los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012 y encontrar soluciones a la problemática en ciernes descrita.

3. Vía al Llano: "Debate de control político sobre el colapso del puente de Chirajara y otros problemas técnicos que viene presentando la vía Bogotá Villavicencio"

Citamos a debate de control político al señor Ministro de Transporte; al Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura; y al Gerente General de Coviandes, a un debate de control político para determinar las responsabilidades frente a la caída del puente atirantado de Chirajara, así como también para determinar qué acciones se desplegarán con el propósito de dar continuación a la doble calzada actualmente en construcción.

Adicionalmente, en el marco del debate se expusieron una serie de irregularidades técnicas que se aprecian a lo largo del corredor vial, a cargo de Coviandes, como lo son: (1) continuos derrumbes sobre la vía a lo que se aúna un inadecuado mantenimiento y gestión del riesgo; (2) dilataciones de más de 30 cm en el puente La Caridad, que tienen la vocación de generar una tragedia a largo plazo si no se intervienen inmediatamente; (3) Caída y desprendimiento de rocas en los túneles de Quebradablanca; (4) Presencia intencionada de obstáculos (maletines) que hacen inoperantes ciertos sectores de la doble calzada que conecta la Orinoquia con el resto del país.

4. Emergencia ambiental Pozo Lisama 158

Citamos a debate de control político a los Ministros de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, para solicitar respuesta y atención inmediata a la tragedia que se registró en el Pozo Lisama 158, en la cual se vertieron cerca de 550 barriles a los afluentes La Lizama y Caño Muerto y que derivó en la reubicación preventiva

temporal de 79 personas que habitaban un total de 19 viviendas, se practicaron 107 evaluaciones médicas a los habitantes de la zona, el rescate de 1.357 animales que se encuentran en refugios y protección vegetal a 2.770 árboles que se ya se encuentran en inventario.

Se llamó la atención sobre la gravedad del accidente y puso de manifiesto que lejos de considerarse un evento fortuito, los antecedentes en materia de derrames de petróleo, evidencian que esta situación responde a una flagrante debilidad institucional y laxitud normativa en materia ambiental, toda vez que entre el 2008 y el 28 de febrero de 2018, Ecopetrol ha sufrido 1004 incidentes operacionales en los cuales se han vertido sobre el entorno 534 mil barriles de petróleo y derivados.

Esta aseveración se funda sobre los siguientes hechos:

• La ANLA tardó 9 días para iniciar el seguimiento a los hechos, fue una respuesta tardía que relieva la laxitud normativa en materia ambiental.

• Producto de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República a Ecopetrol para la vigencia 2016, se encontró que en los pozos Orito 17, Orito 22, Orito 31, Orito 51, Orito 116 y Orito 163, se manifestaron solicitudes de autorización de abandono no convencional, figura que no es especificada en la norma vigente para tal efecto -Resolución 40048 de 2015 que modifica parcialmente a la 181495 del 2009-, donde cabe destacar que dicha resolución indica que el procedimiento para el abandono es definitivo o temporal (no puede exceder los 6 meses) pero no contempla la figura del abandono no convencional que básicamente consiste en un abandono temporal de más de 6 meses. Es así, que en el caso del pozo Lisama 158 se encontraba en estado de suspensión desde 2016 para ser reactivado en el 2017, reactivación que nunca ocurrió; lo cual permite concluir que se ha presentado una gestión insuficiente por parte de Ecopetrol para atender el estado de los pozos en su respectiva área y que al no ser intervenidos de manera oportuna generan inactividad sin planes de abandono específicos para cada área y desatendiendo lo establecido en la norma vigente.

4. FOROS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS

1. Socialización del Proyecto de Ley 251 de 2018 – Senado / 196 de 2017 – Cámara "Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones".

Lugar: Recinto de la Comisión Quinta del Senado
Fecha: 19 de septiembre de 2018

Citados: Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Presidente del Banco Agrario, Director del ICA, Director de la ANLA y Director de AGROSAVIA.

En foro de socialización del proyecto de ley para promover la protección de polinizadores, advertimos sobre el riesgo para la biodiversidad y la seguridad alimentaria debido a pérdida de polinizadores en el territorio nacional y señalamos la urgencia de una política pública de promoción y protección.

Por su importancia para la biodiversidad, la agricultura y la seguridad alimentaria, a través del proyecto de ley 196 de 2017 - Cámara / 251 de 2018 - Senado, del cual somos ponentes, se pretende impulsar una política nacional mediante la cual se vele por la conservación de las abejas y otros polinizadores, y de esta manera promover el desarrollo apícola en el territorio nacional y la producción agrícola sostenible.

Durante el foro, que tuvo el propósito de escuchar a expertos, entidades del Gobierno Nacional; representantes de los gremios apícola y agrícola;

organizaciones de la sociedad civil y la academia, advertimos que a pesar que en Colombia no existen cifras oficiales que den cuenta de la situación de los polinizadores, investigaciones de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, señalan que por año, en el país, desaparecen alrededor de 10.500 colmenas por el uso de algunos agroquímicos, y que en los últimos 3 años se han registrado envenenamientos y muertes masivas en al menos el 34% del total de colmenas registradas en el país.

Los aportes recibidos durante el foro fueron tenidos en cuenta por en la construcción y posterior presentación de la ponencia del proyecto para primer debate, el cual fue aprobado por parte de la Comisión Quinta del Senado en los primeros días del mes de diciembre.

2. Socialización de los Proyectos de Ley 058 de 2018 – Senado / 071 de 2018 – Senado / 115 de 2018 – Senado que versan sobre la prohibición o la declaración de una moratoria al desarrollo del fracking en el territorio nacional.

Lugar: Auditorio de la Cámara de Comercio de Villavicencio
Fecha: 04 de octubre de 2018

Por iniciativa nuestra, la Comisión Quinta de Senado se trasladó hasta Villavicencio para adelantar el foro "Fracking, ¿Está Colombia preparada?", al que están citados los ministros de Minas y Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompañados del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El foro contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, la academia y la industria.

Consideramos que este es un tema fundamental para la región. El Meta produce más de la mitad del petróleo del país y eso hace que el departamento y la Orinoquia deban ser escuchados.

Este foro tuvo el propósito de que los altos funcionarios del Gobierno se desplazaran a la región, escucharan las inquietudes de las comunidades y tomaran en consideración los puntos de vista y las ideas que muchas veces no resultan tan claros desde sus despachos.

5. GESTIÓN LEGISLATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES

En la presente legislatura, además del trabajo legislativo desarrollado en el Senado de la República, realizamos las siguientes actividades en beneficio de la comunidad y en pro del interés nacional y regional:
• Participamos en plantón frente al Palacio de Justicia, rechazando la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el artículo 147 de la Ley Estatutaria de la JEP, de nuestra autoría, que establecía máximas penas de prisión para violadores y abusadores de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del Conflicto Armado Interno.
• Conformamos la Comisión Legal de la Mujer, con el propósito de generar espacios de discusión y soluciones tangibles para los problemas e inequidades que aún aquejan a miles de niñas y mujeres en nuestro país.
• En compañía del presidente y los ministros del despacho, visitamos Puerto Carreño (Vichada) e Inírida (Guainía), con el propósito de encontrar soluciones y brindar atención urgente a las comunidades afectadas por la fuerte ola invernal que azotó ambos Departamentos.
• Denunciamos en la Plenaria del Senado la crítica situación que padecen las zonas rurales de los departamentos de la Orinoquia en materia de interconexión al sistema eléctrico nacional. Expresamos a la ministra de Minas y Energía que no están llegando suficientes recursos de los fondos FAZNI, PRONE y FAER y solicitamos tomar acciones inmediatas para garantizar la prestación de este servicio al 100% del sector rural de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare.
• Expresamos nuestra preocupación en la Plenaria del Senado por la destinación de los recursos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a la resiembra de cultivos de coca en el departamento del Guaviare.
• Cierre de la Vía al Llano: Solicitamos a la Ministra de Transporte verificar hacer seguimiento y control al corredor vial Bogotá-Villavicencio, incluyendo las obras que actualmente se encuentran en ejecución. Así mismo, solicitamos que los recursos por concepto de multa generada por el incumplimiento en la entrega del tramo El Tabón – Chirajara se les reconozcan a los usuarios de la vía a través de una disminución sustancial en la tarifa de los peajes.
Logramos, a través de la Aeronáutica Civil, que diferentes aerolíneas cubrieran de manera temporal la ruta Bogotá-Villavicencio con precios especiales ante la grave situación que aquejó la vía.
• Solicitamos la intervención de la ruta alterna a la vía al Llano (Sisga – Guateque – El Secreto – San Luis de Gaceno) e insistimos en la necesidad de dotar a la ciudad de Villavicencio con un aeropuerto competitivo, abierto las 24 horas, que permita el flujo constante de pasajeros y mejore la competitividad de la región.
• Solicitamos al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura que, en consonancia con sus potestades legales, adelantara las acciones necesarias encaminadas a garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público; de esta forma, requerimos que se adopten las medidas necesarias para frenar eventuales incrementos tarifarios en los peajes de este corredor estratégico, hasta que no se constate el incumplimiento de todos y cada uno de las obligaciones contempladas en los instrumentos contractuales.
• Fruto de nuestra visita de trabajo al departamento del Guaviare, solicitamos la intervención inmediata de la vía San José del Guaviare – El Retorno – Calamar, fundamental para el desarrollo agrícola, pecuario y turístico del departamento del Guaviare, y que hoy en día se encuentra completamente abandonada.
• Constituimos la Bancada Llanera, espacio en el que confluimos todos los Senadores y Representantes a la Cámara de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare. En el marco de ésta, gestionaremos proyectos trascendentales para el desarrollo de toda la Orinoquia.
• Acompañamos al gremio arrocero en el marco de la crisis sufrida por el sector. Hemos solicitamos que se revisen las medidas para fortalecer el acceso de productores a alivios financieros y deudas con la banca y agrocomercios, así como la necesidad de proteger nuestro producto nacional frente al ingreso de arroz importado y/o de contrabando".

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Ultima modificación: Martes 15 de Enero de 2019 16:58

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