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Comisiones primeras, en sesión conjunta, estudiarán mañana prórroga de Ley de Orden Público

Las comisiones primeras de Senado y Cámara  momentos antes de  de abrirse  el registro de los congresistas asistentes. Las comisiones primeras de Senado y Cámara momentos antes de de abrirse el registro de los congresistas asistentes.


La vigencia de la ley vence el próximo 18 de diciembre. La norma ha sido prorrogada, cada cuatro años, en cinco oportunidades.

Bogotá D.C., noviembre 13 de 2018 (Prensa Senado).-  Las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes se reúnen mañana, en sesión conjunta, para estudiar la prórroga de la Ley 418 de 1997 o de Orden Público, cuya vigencia ha sido extendida en varias oportunidades y la última vence el próximo 18 de diciembre. De ahí la urgencia del Gobierno de prolongar la legalidad de la norma.

Aunque las células legislativa fueron convocadas para hoy para iniciar la discusión de la mencionada iniciativa, la ausencia de los ponentes y del Gobierno en el momento en que se disponía a iniciar la sesión, llevó al levantamiento de la misma, la cual fue convocada para mañana, a las 10 a.m.

El Ejecutivo recuerda en la presentación de esta iniciativa que las normas contenidas en la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014, constituyen la normatividad vigente en el ordenamiento jurídico colombiano que consagra las facultades al Gobierno Nacional, con el objetivo primordial de garantizar la existencia de un procedimiento y marco regulatorio para las negociaciones con grupos armados al margen de la ley.

Esta disposición define, entre otros aspectos, los criterios mínimos para establecer los mecanismos de procesos para la dejación de las armas tales como la desmovilización de grupos armados al margen de la ley, el indulto, la protección de testigos y personas amenazadas, entre otros, lo mismo que el marco de juridicidad para su desarrollo legal, así como medidas de impacto y mitigación de la población civil víctimas del conflicto o afectadas por el desarrollo de éste, directa o indirectamente.

En su informe, los ponentes, senador Germán Varón (Cambio Radical) y el representante Alvaro Prada (Centro Democrático), recuerdan que esta ley nació luego de que en el año 1992 se incrementaran las acciones terroristas de la subversión y de los grupos narcotraficantes y se decretara el Estado de Conmoción Interior, a través del Decreto 1793. Teniendo como base las facultades conferidas al Presidente de la República se adoptaron medidas para el otorgamiento de funciones de Policía Judicial a las Fuerzas Militares.

De esta forma, el entonces Jefe de Estado impartió las directrices para el manejo del orden público y se creó el programa de protección a testigos. Así mismo, se establecieron controles sobre el uso de recursos de las entidades territoriales, se les brindó protección a vehículos automotores contra hechos terroristas, se creó una contribución especial para financiar gastos de seguridad, se estableció el control sobre porte de armas, municiones y explosivos, se fijaron restricciones al uso de sistemas de radiocomunicación, se otorgó atención a víctimas de actos terroristas y se dio luz verde a beneficios por colaboración con la justicia, entre otros aspectos.

"La vigencia de la gran mayoría de estas medidas se extendió en el tiempo hasta la expedición de la Ley 104 de 1993, conocida como Ley de Orden Público. Al finalizar su vigencia, fue expedida la Ley 241 de 1995, que por un lado la prórroga por un término igual y por otro, incorpora algunos instrumentos jurídicos que facilitan el acercamiento y la negociación con grupos armados al margen de la ley", señala el Ejecutivo.

En la iniciativa a estudio por las comisiones primeras de Senado y Cámara se precisa que La ley 418 y su marco general de regulación establecida, a través de prórrogas y vigencias sucesivas cada cuatro años, determina los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo con grupos armados al margen de la ley y, por otro lado, brinda los instrumentos para el fortalecimiento institucional en diversas áreas como la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en el nivel territorial.

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Ultima modificación: Martes 13 de Noviembre de 2018 13:18

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