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Senado no atenderá petición de la Juez, de trasladar a la Presidencia circunscripciones de paz

  • por  Keir Ernesto Villero Damián
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Por considerarse improcedente no cumpliremos  dicha petición, Efraín Cepeda.

Bogotá D.C., diciembre 12 de 2017 (Prensa Senado).- El presidente del Congreso de la Republica Efraín Cepeda, fijo su posición en representación del poder Legislativo y anunció que no acatara determinación de la Juez Catalina García Vargas, que ordena al congreso trasladar el proyecto de ley estatutaria que de discutió la semana pasada, sobre las circunscripciones de Paz que pretendía darle curules a las víctimas.

Cepeda  Sarabia aclaró que es improcedente la petición de la Juez Bogotana, porque usurpa funciones al poder legislativo, cuando este poder determinó como lo indicó el secretario general  Gregorio Eljach, que no completo  la votación necesaria para que fuese aprobada en plenaria.

En forma seguida se presentaron las intervenciones de los congresistas, que respaldaron el anuncio del Presidente del Senado y otros pidiendo que acatara la petición de la Juez quien procedió de acuerdo a una acción de tutela interpuesta por un ciudadano.

Juan Diego Gómez del Partido Conservador, quien avaló la posición de Cepeda Sarabia, “resulta perjudicial la intromisión de un Juez de tutela  al pedir  trasladar el proyecto de ley estatutaria a la presidencia, que incurre en una violación de competencia, por lo tanto pido que se investigue a esta Juez que admitió la acción de tutela por el delito de prevaricato.

El senador del centro democrático Alfredo Rangel  sostuvo, “lo que ha hecho esa Juez  bogotana es un atentado a la división de poderes, demuestra la ingobernabilidad del estado Colombiano.

Jaime Amín, indicó de la misma colectividad, “que resulta irónico, dramático y curioso que una Juez  le ordene al congreso  el traslado de un proyecto de ley, violando la constitución y acabando con el estado social de derecho.

Por otra la senadora liberal Vivian Morales, respaldó la posición del presidente, y elevó una consulta  al ministro del interior, “que nos diga si la persona que interpuso la acción de tutela es contratista del ministerio del Interior”.

Entre tanto el congresista Álvaro Uribe exaltó la posición del presidente  y manifestó, “queremos  que las victimas tengan su representación pero no dárselas a las FARC, por eso respaldo su posición de hacer respetar la independencia de los poderes”.

El senador Luis Fernando Velasco del partido Liberal, propuso  que antes de irse de vacaciones y acaben las sesiones legislativas, se debe hacer un gran acuerdo entre todos los partidos para  darle una salida  a las curules de las víctimas.

El partido verde en cabeza del senador Jorge Prieto afirmó, “las decisiones de los Jueces de la república son de estricto cumplimiento, inclusive para el congreso, con todo respeto pido que se dé cumplimiento y se traslade el proyecto a la Presidencia de la República para obedecer la institucionalidad y reconocer el derecho de  las víctimas a tener sus curules.

Jorge Hernando Pedraza del partido conservador, señalo que lo la Juez ha violentado el poder constitucional, al darle ordenes al congreso, que es la representación máxima de la democracia.

Por último el senador del  partido Liberal, Edinson Delgado,  “propongo que  la comisión integrada por todos los partidos  tenga un diálogo directo con el gobierno nacional para  que se cumpla  el acuerdo y las victimas tengan su representación en el Congreso.

El presidente  del Congreso  procedió a elegir  la comisión accidental, que se encargará de estudiar lo presentado en la `plenaria y lograr un acuerdo entre todos los partidos, conformada por los senadores, Doris Vega de Opción Ciudadana, Luis Fernando Velasco (liberal), Manuel Enrique Rosero (U), Alexander López (Polo Democrático), Jaime Amín del Centro Democrático y Sofía Gaviria del partido liberal.

Finalmente en sesión informal las mujeres víctimas de las FARC denunciaron ante la plenaria que fueron violentadas  sexualmente por los dirigente de este grupo guerrillero en varias ocasiones, luego obligadas a abortar de forma irregular, por estas denuncias  han  pedido protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que brinde seguridad porque uno de los victimario, Alias el Paisa las amenazó de muerte.

La senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, respaldó a las denunciantes y precisó, “son más de 605 violaciones a menores, estos delitos no pueden quedar impunes”.


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Ultima modificación: Martes 12 de Diciembre de 2017 22:00

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