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Centro Democrático radicó proyectos de ley para modificar y derogar decretos expedidos por Santos

Que los bienes sean para reparar víctimas, que se evite la creación de nuevos cargos en la Contraloría, entre otros proyectos.

Bogotá. D.C.-julio 27 de 2017Prensa CD). -De acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 150, numeral 10º de la Constitución Política, la bancada del Centro Democrático radicó el día de hoy cinco proyectos de ley a través de los cuales se pretende modificar y derogar algunos de los decretos expedidos por el Presidente Santos en uso de sus facultades extraordinarias.

Estos fueron los cinco proyectos radicados por la bancada:

Esta iniciativa tiene por objeto sanear vacíos jurídicos en el Decreto 903 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC EP", también pretende proteger los derechos de las víctimas y precaver el uso indebido de los bienes entregados, incautados, expropiados, retenidos, ocupados, administrados o en poder del Estado Colombiano y que hubieren hecho parte de los activos de las FARC-EP.

 

Esta iniciativa pretende modificar el Decreto 888 del 29 de mayo de 2017 ““Por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República”.

Se introducen cambios que específicamente recaen sobre los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto Ley 888 de 2017. Con dichos ajustes se pretende modificar la denominación de la Unidad Delegada para el Posconflicto por Grupo Especial Funcional para el Posconflicto, con el propósito de que sus funciones puedan ser desempeñadas por parte de funcionarios del más alto nivel pertenecientes a  las Contralorías Delegadas de la estructura de la Contraloría General de la República.

 

Esto, con el fin de evitar la creación de nuevos puestos de trabajo, y aumento  de recursos de funcionamiento con cargo al presupuesto de la Contraloría General de la República.

 

Este Proyecto de Ley tiene como objeto derogar el Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

La iniciativa se fundamenta en la extralimitación de facultades del Presidente de la Republica, otorgadas por el Acto Legislativo 01 de 2016, como quiera que los argumentos que justifican la necesidad de tramitar un tema tan sustancial como lo es el ordenamiento de la propiedad rural, vía Decreto Ley, no responden a las exigencia que el Tribunal Constitucional ha dispuesto, específicamente la “estricta necesidad”, escenario, que conlleva a solicitar la derogatoria total del Decreto Ley 902 de 2017, al ir en contravía del “principio democrático que entiende el consenso como único instrumento de producción normativa y legitimidad del poder público, rasgos esenciales y definitorios de la Constitución.” , además, de desconocer la restricción prevista en el artículo 150, numeral 10 Constitucional, en la medida en que establece un procedimiento especial que sustituye las correspondientes disposiciones contenidas en el Código Civil y Código General del Proceso.

 

Esta iniciativa busca derogar el Decreto Ley 898 de 2017 “Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, (…)”.

 

Uno de los asuntos más preocupantes de este Decreto es que se le permite a la Unidad Especial de Investigación, en cabeza de su director, usar los recursos investigativos disponibles de la Fiscalía para indagar acerca de hechos o conductas que afecten o atenten en contra de la implementación de los acuerdos de paz, sin que ni siquiera se establezca que tales conductas deben constituirse en un presunto delito. Esto puede prestarse fácilmente para persecuciones judiciales en contra de aquellos que expresen sus críticas a los acuerdos de paz y a su implementación, solamente por el hecho de serlo, pues los fiscales de esta Unidad podrían abrir discrecionalmente investigaciones de acuerdo a su propio criterio de lo que consideran como atentatorio contra el Acuerdo de Paz.

 

Esta iniciativa pretende adicionar un parágrafo al artículo 6 del decreto 890 del 2017.

En caso de que coexistan beneficiarios en un mismo territorio focalizado;  tendrán prevalencia para el otorgamiento de los subsidios señalados las víctimas, pobres extremos y mujer cabeza de familia, frente a los reincorporados a la vida civil.

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Ultima modificación: Jueves 27 de Julio de 2017 12:48

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