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Senadores exigen plan de rehabilitación económica, social y cultural para Nariño

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Con el propósito de visibilizar la situación de los residentes de las zonas de amenaza volcánica alta de los municipios de Pasto, Nariño y la Florida, la Comisión Segunda pidió al Gobierno resarcir a esta población.

Bogotá, D.C., mayo 28 de 2013. (Prensa senado).- "El Gobierno no puede seguir manejando el tema de políticas públicas con el mismo acceso para la población que está en proceso de asentamiento", afirmó la senadora Myriam Paredes (Partido Conservador), durante el debate de control político sobre las medidas tomadas por el Gobierno en las zonas de amenaza volcánica alta del Galera, junto a sus compañeros de Nariño, los senadores Guillermo García Relape y Camilo Romero, exigieron claridad en la reglamentación de la Ley 1523 sobre la política de gestión del riesgo de desastre.

La senadora Paredes, denunció que los albergues temporales no cuentan con unas vías óptimas, no tienen el equipamiento, "es urgente obligación del gobierno, a través de las entidades correspondientes, mantener los albergues, saber que en caso de emergencia vamos a tener un sitio de evacuación y no simplemente un área donde la gente opte por no ir por que no tiene las condiciones", agregó.

También explicó que no se concibe que no allá existido una educación frente a los riesgos, no hayan creado un simulacro de evacuación colectivo para los tres municipios, ni han existido estudios de alertas tempranas, temas que la comunidad ha venido reclamando en la existencia de un estudio de mitigación del riesgo.

En su intervención el senador Guillermo García (Partido Liberal), expresó "nosotros no podemos tener la misma consideración en las normas de contingencia, circunstancias extraordinarias de riesgo inmediato con la normas macro".

"Es necesario un marco normativo de corto y mediano plazo que contemple la política pública con un serio consenso y concertación, un reasentamiento colectivo implica consultar las circunstancias específicas de los usos, las costumbres y las circunstancias de vida", recalcó García.

Por su parte, el senador Camilo Romero explicó que se declaró zona desastre un lugar en el que nunca ha ocurrido catástrofe, "nos quedamos apegados a esa normatividad que impide la inversión pública, lo que ha llevado a la disminución de la inversión privada, espantaron el posible progreso que la sociedad naturalmente crea para el beneficio social, entonces hay una desvalorización total no solo de los predios, de la tierra, de toda la comunidad en términos culturales y sociales".

En la sesión tuvieron participación el Gobernador de Nariño, los Alcaldes, Concejales y líderes comunitarios de los municipios afectados, quienes fijaron un ultimátum de dos meses para que el gobierno presente una restitución y un plan integral de gestión del riesgo sin improvisaciones.

Además solicitaron que hasta tanto se adopte y se implemente este plan integral para la gestión del riesgo no se expida un nuevo decreto sobre reasentamiento.

El viceministro de Interior, Aníbal Fernández de Soto, en representación del Gobierno se comprometió a trabajar y acordar unos roles y principios como metodología para superar la problemática de estas zonas, revisar las decisiones que se deben consultar y avanzar en los estudios de riesgo.

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Ultima modificación: Martes 28 de Mayo de 2013 19:05

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