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Reducir la inequidad en el cobro de servicios públicos reclamó el senador Cesar Tulio Delgado

Senador Cesar Tulio Delgado Senador Cesar Tulio Delgado Prensa Senado

Las tarifas por revisión técnica de gas domiciliario son injustificadas, afirmó el Ministro de Minas y Energía, durante debate de control político en la Comisión Sexta.

Bogotá D.C., abril 24 de 2012 (Prensa senador César Tulio delgado).- "En Colombia urge la implementación de una verdadera política social que reduzca la inequidad en el cobro de las tarifas de servicios públicos; la CREG y el Gobierno Nacional no pueden seguir peloteándose esa responsabilidad", afirmó el senador Cesar Tulio Delgado Blandón (Conservador).

El Ministro de Minas y Energía Andrés Cárdenas Santamaría y el director de la CREG German Castro Ferreira se comprometieron ante la Comisión Sexta del Senado a revisar las tarifas que cobran las empresas de gas domiciliario por revisión técnica. La afirmación fue hecha tras las denuncias presentadas por el senador citante Cesar Tulio Delgado Blandón; quien presentó estadísticas del incremento aplicado en los últimos años por ese concepto, lesionando los intereses de los usuarios.

El senador Delgado Blandón denunció que la Comisión Reguladora emplea solo el criterio técnico sin tener en cuenta la realidad socioeconómica que vive el país, descargando todo el compromiso en el gobierno nacional y finalmente nadie responde a los usuarios por la falta de sensibilidad.

El congresista Vallecaucano se mostró satisfecho con el anuncio hecho por el titular de la cartera ministerial, quien confirmo que la ampliación de redes de infraestructura que requiere el país para la prestación del servicio de gas domiciliario, no tendrá que ser pagada por los usuarios vía factura, afirmando que se tienen aforados dentro del presupuesto 600 mil millones de pesos para ese propósito.

Delgado Blandón exigió de nuevo la revisión de la ley 142 de servicios públicos, que en la actualidad está estructurada a la medida de las empresas prestadoras, olvidándose de su naturaleza constitucional que es la defensa de los intereses ciudadanos.

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